La reciente denuncia interpuesta por Javier Villa Stein contra Ojo-Publico.com parece insólita pero es una historia familiar. Cada vez más, la Ley de Protección de Datos Personales está siendo usada como una forma de detener la difusión de cualquier contenido que, sin ser difamatorio, simplemente no le agrada al involucrado. ¿Es esta realmente la mejor forma de aplicar una ley orientada a proteger la privacidad de los peruanos?

Lo que sabemos hasta ahora es que existe una denuncia presentada por el ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, contra este medio de investigación ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. La razón aparente es que Ojo-Publico.com estaría llevando a cabo un tratamiento no autorizado de los datos personales del jurista en reportajes elaborados sobre la base de sus declaraciones juradas, incluido el uso de su voz (un dato personal, según la Ley peruana) en la grabación de una entrevista telefónica concedida por el denunciante.

Es decir, un juez supremo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia a un grupo de periodistas por publicar en Internet una entrevista que él mismo concedió. No cuestiona el sentido de la entrevista, ni niega haberla prestado; simplemente no quiere que aparezca su voz.

En el poco tiempo que lleva vigente esta Ley, es preocupante que hayamos llegado hasta este punto tan pronto. La legislación de protección de datos personales se planteó como una herramienta para devolverle a los ciudadanos el poder de decisión sobre su información personal. Es decir, para que una persona pueda impedir que su número telefónico sea vendido entre empresas de telemarketing o que la información de sus ingresos circule entre quienes venden seguros o tarjetas de crédito.

DENUNCIA. Ojo-Publico.com informó sobre los pedidos de información hechos por la Dirección de Supervisión y Control de dicha entidad.

Sin embargo, en nuestro país parece estar consolidándose como la mejor y más barata forma de eliminar del alcance público información que nunca podría eliminarse de otra manera. A través de denuncias ante la Autoridad de Datos Personales, diversos personajes públicos están intentado lograr aquello que nunca podrían lograr a través de una denuncia por difamación o una solicitud de rectificación.

La Ley de Protección de Datos Personales está siendo usada como una forma de detener la difusión de cualquier contenido.

Un repaso del historial reciente de casos deja el panorama claro. A pocos meses de creada la Autoridad de Protección de Datos, un ex ministro intentó que se sancione a El Comercio y a La República por haber usado su nombre sin su permiso en dos noticias sobre su gestión. Meses después, un policía sancionado y un funcionario municipal separado de su cargo lograron que se sancione a otra web por publicar las normas legales aparecidas en el Boletín Oficial donde se daba cuenta de sus faltas. Más recientemente, un profesor universitario logró que se sancione a Google por incluir en sus resultados de búsqueda enlaces a páginas donde aparecía la noticia de la denuncia penal que se abrió en su contra. Todo esto bajo la misma ley y ante la misma oficina del Ministerio de Justicia.

¿Puede ser sancionado Ojo-Publico.com y obligado a retirar la entrevista de Internet? Es una pregunta que ni siquiera deberíamos de hacernos y, sin embargo, la hacemos. Una denuncia como la ensayada por el juez Villa Stein no debería de ser posible ni de plantearse y, sin embargo, lo es. Hasta aquí nos ha traído esa lectura tan personal de la Ley de Protección de Datos que se viene imponiendo desde la Autoridad.

Es muchísimo lo que la Autoridad de Protección de Datos está llamada a hacer y corregir en nuestro país. Pero este no es uno de esos casos. Ojalá que en el Ministerio pueda primar el sentido común y se aprecie esta denuncia como lo que realmente es: el intento de eliminar de Internet información cierta y de castigar a quienes tuvieron la valentía de descubrirla. Este caso importa y mucho. No solo por los hechos en discusión sino, sobre todo, por lo que puede significar para otros periodistas y medios de comunicación en el país.

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*Miguel Morachimo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Péru. Directo Ejecutivo de Hiperderecho, una asociación civil dedicada a defender los derechos humanos en entornos digitales en Perú.