Tienen todos los elementos para ser virales en las redes sociales. En uno de los videos, registrado a mediados de agosto, la mujer –vestida con un poncho marrón y un mate entre las manos– asegura que los argentinos están siendo utilizados para un experimento peligroso:

“Todos tenemos que pedir por recobrar nuestra libertad, nuestra dignidad. No somos ni seremos conejillos de Indias para que nos inoculen vacunas de nuestro enemigo ancestral: Inglaterra”, arenga desde el jardín de su casa.

En otro, grabado el 13 de octubre, durante un foro virtual antivacunas, la mujer rubia aparece, de nuevo, con el peinado prolijo, ojeras marcadas y el ceño rígido. Esta vez, está sentada frente a un crucifijo de madera y viste un guardapolvo. Desde allí, insinúa que la pandemia fue planificada como un arma biológica, y dice que las candidatas a vacunas van a “provocar enfermedades, modificar nuestro genoma y producir la esterilización de la gran mayoría de los varones”.

La protagonista de las grabaciones es Chinda Concepción Brandolino, una médica argentina habilitada para ejercer en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Aunque sus declaraciones fueron desmentidas en reiteradas oportunidades, su popularidad ha crecido durante la pandemia. En los últimos meses lideró movilizaciones sociales, participó en conversatorios regionales e integró, junto a otros profesionales de la salud y abogados, una reunión con un grupo de asesores políticos y senadores, en la que hizo lobby en contra de la vacunación.

El encuentro se realizó a fines de octubre, días antes de que la Cámara Alta del Congreso trate un proyecto de ley para declarar de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de futuras vacunas contra la Covid-19. Si bien su influencia parece haber quedado en entredicho –la ley 27.573 fue  promulgada semanas después–, las conexiones políticas de esta médica no son recientes. 

Hace una década, Brandolino ya estaba vinculada a los sectores argentinos más conservadores. Pero, en los últimos cinco años, sus aspiraciones políticas se han hecho evidentes. En 2015, por ejemplo, participó de las elecciones primarias, como candidata a diputada nacional del extinto partido Todos por Buenos Aires; y en 2019 fue voceada como una de las posibles precandidatas a la presidencia del Frente Unite.

Su activismo no se limita a una agenda antivacunas. En los últimos años participó en conferencias contra el enfoque de género, se manifestó públicamente en contra del matrimonio igualitario y fue una de las expositoras que se opuso al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018.

ANTE EL CONGRESO. En 2018, Chinda Brandolino participó de las reuniones de comisiones del Senado que trataron otro proyecto de legalización del aborto. 

Crédito: Luciano Ingaramo /Comunicación Senado Argentina

 

Desde aquella intervención, la “Mujer de la Ola Celeste” –como la llaman en las redes sociales– se convirtió en una referente del movimiento provida. Y este año no fue la excepción: mientras la Cámara de Diputados trató el nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, la médica convocó marchas en contra de la iniciativa. Y, además, protagonizó una entrevista televisiva, donde dijo que “los fetos abortados se utilizan para elaborar vacunas”. Estas declaraciones también fueron desmentidas, pero el vídeo ya ha superado las 75 mil reproducciones en Twitter.

Brandolino, sin embargo, no es la única activista que ha tenido un discurso conservador y negacionista durante la pandemia. Para determinar el alcance de estos referentes y sus alianzas en América Latina, OjoPúblico realizó una investigación en la que identificó preliminarmente a más de 30 líderes religiosos, 70 líderes de la sociedad civil y más de 200 políticos que impulsaron una agenda alineada a grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia, en la Argentina.

Como parte de esta investigación se detectó, en simultáneo, la presencia de más de 85 organizaciones civiles y religiosas ultraconservadoras (algunas de ellas, filiales de movimientos internacionales; y otras, con soporte de agrupaciones transnacionales como Hazte Oír-Citizen GO, Capitol Ministries, Juventud Con Una Misión-JUCUM, y Human Life International).

Durante la emergencia sanitaria, estos espacios han apelado a discursos contra las políticas de salud sexual y reproductiva, el enfoque de género y, en algunos casos, mensajes antivacunas. Sus acciones, articuladas con referentes de distintas agrupaciones políticas, se incrementaron a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2021 y, especialmente, con el impulso del Ejecutivo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el pasado 11 de diciembre obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Este reportaje forma parte de la segunda entrega de Poderes no santos, una investigación periodística liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, que busca entender las alianzas de los grupos ultraconservadores durante la pandemia.

 

Hombres de fe

La relación de estos actores con numerosos funcionarios del Poder Legislativo deja en evidencia las alianzas –políticas y económicas– que se juegan en torno a derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, el enfoque de género, la diversidad sexual e, incluso, la salud pública. 

En las semanas previas al primer debate en el Congreso sobre la legalización del aborto, esos lazos se reavivaron. Si fueron menos exitosos que otros años –o no–, es una discusión que se resolverá en los próximos días, cuando el Senado trate el proyecto. Pero ahora las negociaciones continúan, y los  sectores religiosos han cobrado protagonismo por su cercanía a varios representantes de la Cámara Alta.

En Argentina, el 62,9% de la población se identifica como católica, según la “Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Aunque esta representación ha tenido una caída radical en las últimas seis décadas –se estima que bajó más de 27 puntos porcentuales–, el poder de la Iglesia Católica todavía es incuestionable en el ámbito de las políticas públicas. 

“La Iglesia Católica y sus sectores aliados nunca dejaron de ser un actor político en nuestro país”, explica el doctor en Sociología y Derecho, Juan Marco Vaggione. El rol al que hace referencia el investigador del Conicet se evidenció en momentos claves de la historia argentina y, también, de manera reciente. 

ACTOR POLÍTICO. En las últimas décadas la Iglesia impulsó una agresiva convocatoria para movilizar a sus fieles contra los derechos sexuales y reproductivos.

Foto: Tiempo Argentino. 

 

Mientras el Papa Francisco parece empeñado en no confrontar de manera directa con el gobierno argentino, las autoridades eclesiásticas locales despliegan una agenda opositora al proyecto de ley cada vez más activa. Esto atraviesa por igual a las áreas más conservadoras de la Iglesia Católica como a otras, consideradas más “progresistas”.

Hace unas semanas, por ejemplo, los obispos Óscar Vicente Ojea y Carlos Humberto Malfa –presidente y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), respectivamente– emitieron un comunicado en el que invocaron a los sacerdotes a “realizar plegarias por el cuidado de la vida no nacida” en todas las celebraciones religiosas del 8 de diciembre. 

En paralelo, otros representantes de la Iglesia participaron en las reuniones en comisiones del Congreso. Dentro de ellos, destacaron Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires), José María "Pepe" Di Paola (del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares) y Andrea Imbroglia, funcionaria de la organización Cáritas Argentina. Para los próximos días, la CEA ha anunciado, además, una serie de actividades “en favor de la vida por nacer”, que incluyen misas y ayunos en todo el país.

“Los sectores conservadores de la iglesia tienen una defensa de la moral que no es nueva. Lo que sí es novedoso es su capacidad de adaptación y mutación para encontrar, en nuevos argumentos, formas de defender esos viejos principios morales”, asegura Juan Marco Vaggione. El proceso, señala en un artículo, comenzó con el progresivo reconocimiento de derechos civiles, demandados durante décadas por los movimientos feministas y LGBTIQ+.

Dichos avances implicaron una profunda crítica a la influencia de la religión sobre la política, la cultura y el derecho. Pero esto, indica Vaggione, fue resistido desde la Iglesia Católica con la construcción de dos amenazas: la “cultura de la muerte” (vinculada al aborto y la eutanasia, pero también a “una mentalidad no reproductiva”) y la “ideología de género” (un rótulo que agrupa y tergiversa demandas de los movimientos feministas y LGBTIQ+).

“Los dos conceptos surgen a mediados de los años 90 desde la Iglesia Católica. ‘Cultura de la muerte’ mucho más conectado a la jerarquía, con Juan Pablo II. E ‘Ideología de género’, por otro lado, es una construcción que empiezan a circular entre intelectuales católicos de Estados Unidos para dar sentido a algo que les explotó en la cara, que fue el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas a los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos”, señala el investigador.

El progresivo reconocimiento de derechos civiles fue resistido por la iglesia con la construcción de dos amenazas: la 'cultura de la muerte' y la 'ideología de género'.

Las dos décadas siguientes estuvieron marcadas por la circulación y perfeccionamiento de estos conceptos en esferas intelectuales católicas de América Latina, y la publicación de libros que ponían en escena estas ideas. “Es recién en los últimos cinco años que los conceptos tienen un nivel de erupción masiva –detalla Vaggione–, y ya no son utilizados solo por el campo católico: inmediatamente lo usan los evangélicos pentecostales conservadores; y empiezan a trascender el campo religioso y de la sociedad civil para incorporarse en la sociedad política”.

En esos años, la Iglesia Católica impulsó una agresiva convocatoria a movilizarse contra los derechos sexuales y reproductivos –que incluyó a los fieles, gobernantes, legisladores, jueces, intelectuales y académicos–, la politización de los derechos religiosos y, por último, una serie de alianzas con otros cultos y sectores conservadores.

Dentro de ellos, sobresale la actividad de algunas organizaciones evangélicas, como la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y el rol de líderes como Hugo Márquez, un pastor que preside la Confederación Evangélica Bautista Argentina y tiene lazos regionales influyentes dentro de los sectores ultraconservadores.

En los últimos años, este referente religioso ha participado, al menos, en cuatro eventos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia –un movimiento regional que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, al enfoque de género y a la educación sexual integral; y aboga por “la defensa de la familia” desde las políticas públicas–, en Argentina, México, Panamá y Perú.

En 2018, como vocero de esta agrupación, Márquez participó de la 48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington. En ese evento –al que también asistieron los pastores Gilberto Rocha (México) y Glaucio Coraiola (Brasil), junto a Christian Rosas, uno de los fundadores del movimiento Con mis hijos no te metas, de Perú–, el religioso ofreció un discurso en el que rechazó la educación sexual integral, habló de un “avance de los Estados nacionales como adoctrinadores y propulsores de la ‘ideología de género’” e hizo referencia a la interrupción legal del embarazo como un “atentado a la vida”.

En Argentina, donde se desempeña como pastor de la Iglesia Jesús es Rey, Márquez ha encabezado movilizaciones contra la legalización del aborto. Y el colegio Amén –una institución educativa que fundó en los años 80– fue denunciado, en 2018, por no cumplir con el programa de educación sexual integral en su currículo educativo.

CONEXIONES INTERNACIONALES. Hugo Márquez participó como vocero del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en la 48° Asamblea General de la OEA.

Crédito: Nelson Rodriguez/OAS

 

Las figuras evangélicas que impulsan una agenda regional antiderechos son numerosas, pero destacan otros tres pastores argentinos: Gabriel Ballerini (integrante de la junta directiva de la Confederación Evangélica Bautista y presidente del frente político NOS en la Ciudad de Buenos Aires), Rubén Proietti (líder de ACIERA y presidente de la Alianza Evangélica Latina) y Luciano Bongarrá (fundador y presidente de Parlamento y Fe Internacional, un grupo que se creó con el “propósito de acompañar a los hombres y mujeres de gobierno, fomentando principios y valores acordes a la necesidades del siglo XXI“).

Las esferas evangélicas más conservadoras de Argentina incluyen, asimismo, a referentes más discretos. Y, al menos, a un pastor –Bernardo Affranchino, de la iglesia bonaerense Cristo Para Todos– vinculado a Capitol Ministries, la organización evangélica ultraconservadora patrocinada por el Departamento de Estado estadounidense, que promueve la evangelización de líderes políticos.

 

Dios está en todas partes

Pequeñas, transnacionales, activistas, evangelizadoras o explícitamente políticas. Las fundaciones y ONGs autodenominadas provida –o afines a esta idea– nunca fueron tan numerosas e influyentes. El fenómeno no es espontáneo: responde al llamado de la Iglesia Católica a movilizarse en defensa de la “cultura de la vida”. 

Su conexión con la religión, sin embargo, muchas veces resulta ambigua. Así, mientras algunas se identifican públicamente como organizaciones católicas, otras se presentan como laicas, aunque su agenda está alineada a la de grupos ultraconservadores. “Ese desplazamiento ha tenido diversas consecuencias sobre el activismo católico conservador, entre las que destacan su mayor profesionalización, la intensificación de sus alianzas con sectores evangélicos y la federalización de su política”, explica Vaggione.

En Argentina, uno de los primeros referentes de este tipo fue Jorge Scala. Este abogado, vinculado a El Portal de Belén –organización conocida por judicializar procesos legales para evitar la entrega gratuita de anticonceptivos y la aplicación de protocolos de atención de abortos no punibles– es, además, uno de los principales teóricos de la “ideología de género”.

Aunque este tipo de organizaciones se han replicado de manera asombrosa, hay una que llama la atención por sus conexiones internacionales: Fundación Libre, que se presenta como un centro de estudios enfocado en “contrarrestar la ideología progresista” e impulsar “ideales de libertad individual, responsabilidad y republicanismo”, dirigida por el politólogo, escritor y conferencista Agustín Laje.

Conocido por afirmar que el feminicidio no existe o que el aborto le quita el estigma al incesto y la pedofilia, las actividades de Laje y su fundación se centran en una crítica feroz al feminismo, a la educación con enfoque de género, a la interrupción legal del embarazo y a las demandas de la comunidad LGBTIQ+.

Dentro del consejo consultivo de su organización se encuentran el economista Javier Milei –precandidato a diputado nacional por Avanza Libertad, que propone dolarizar la economía, eliminar el Banco Central y reducir el gasto estatal en obras públicas– y otros representantes del campo político y económico conservador.

A diferencia de otros referentes, Laje no tiene reparos en admitir su rol como actor político: busca convertirse en un referente intelectual de la derecha".

“Laje encarna un conservadurismo moral y otro, en términos económicos. Tiene la capacidad de articular esas dos cuestiones que, después, se convierten en la agenda de muchos partidos de derecha. Y, a la vez, [deja en evidencia] cómo estas dos racionalidades distintas se requieren entre sí”, explica Vaggione.

A diferencia de otros referentes, Laje no tiene reparos en admitir su rol como actor político: busca convertirse en un referente intelectual de la derecha. Así, su discurso apela a la pluralidad religiosa y giros académicos, junto a estrategias más provocadoras: él mismo reconoce que actúa como troll en las redes sociales para acaparar la atención de los centennials. E incluso tiene una cuenta activa en la plataforma de streaming Twitch.

Con esa idea, las actividades que promueve a nivel local recurren a influencers provida, críticos del feminismo, economistas liberales y políticos vinculados a la derecha. Su proyección regional, mientras tanto, responde a conexiones internacionales estratégicas dentro del ámbito conservador que se opone al enfoque de género y a las políticas de salud sexual y reproductiva.

“BATALLA CULTURAL”. En 2019, Agustín Laje fue premiado por la organización ultraconservadora Hazte Oír en dicha categoría, por denunciar lo que consideran “ideología de género”.

Crédito: HazteOír.org

 

En 2018, por ejemplo, protagonizó una gira de conferencias por nueve ciudades de España, organizada por Hazte Oír. Un año después, esta misma asociación ultraconservadora que promueve la defensa de la vida, la familia y la libertad le otorgó un premio por “combatir la ideología de género”. Admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, durante esa visita a España, logró cierto acercamiento al VOX y, en México, ha conseguido lo mismo con algunos referentes del Partido Morena. 

Las actividades de Laje y su fundación no se pausaron con la pandemia: solo considerando los tres últimos meses, el argentino lideró una decena de conversatorios virtuales en Perú, Chile, Costa Rica, España, República Dominicana, México y Guatemala, además de participar en la Cumbre Iberoamericana Gobierno, Vida, Familia, un espacio que, en setiembre, congregó a referentes conservadores y provida de la región.

“Lo más preocupante –opina Vaggione– es que estos espacios hacen construcciones maniqueas, que le ponen un potencial destructivo a los movimientos feministas y por la diversidad sexual, que permea en ciertos sectores de la sociedad y se vuelven riesgosos para los sistemas democráticos”.

Esos discursos no están destinados únicamente a sectores mayores de la población o actores conservadores clásicos. También han comenzado a aglutinar a un importante número de jóvenes. Dicho alcance se puede observar en el caso de Laje y, también, en otros referentes argentinos con proyección internacional, como la asociación civil Frente Joven. 

Esta agrupación, dirigida por el activista Leandro Flocco, tiene una marcada agenda contra la legalización del aborto y cuenta con representantes en Perú, Ecuador y Paraguay. Aunque sus líderes no hacen declaraciones públicas vinculadas a la religión, se definen como una agrupación que promueve la participación de los jóvenes en acciones sociales y políticas públicas de “promoción del derecho a la vida y a la salud integral de la mujer embarazada y su hijo”.

Sus actividades se centran en la formación de dirigentes políticos y sociales “comprometidos con la vida”, además de impulsar programas como “Defensores de mamás”, un proyecto destinado a “contener y acompañar” a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, y “Derecho al futuro”, una iniciativa que incluye intervenciones urbanas y conversatorios en rechazo a la legalización de la interrupción del embarazo.

EN LA OEA. Santiago Santuario y Leandro Flocco, director de relaciones institucionales y presidente de Frente Joven respectivamente, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en 2019.

Crédito: Captura Instagram Frente Joven Argentina.

 

Las conexiones de esta organización han permitido que sus dirigentes participen, al menos, en dos oportunidades en la Asamblea General de la OEA. Y a nivel local, de acuerdo a su anuario 2019, cuentan con el auspicio de conocidas organizaciones civiles –entre ellas, Familia CONIN, Unidad ProVida, Fundación Más Humanidad y Juventud Con una Misión (JUCUM)– además de empresas, como el Banco Macro y la compañía de seguros San Cristóbal.

La agenda de Frente Joven y Fundación Libre coincide con la de otras importantes organizaciones civiles que se oponen a la legalización del aborto en Argentina. Entre ellas destacan la Mesa de Enlace Provida –que nuclea a varios colectivos–, la Fundación Más Vida –dirigida por Raúl Magnasco–, Acción por la Vida y la Familia –a cargo de Oscar Botta, representante de Human Life International en Argentina– y la sede local de Hazte Oír. 

La complejidad de este fenómeno, sostiene Vaggione, radica en la capacidad que han mostrado los grupos ultraconservadores para adaptarse a un Estado laico. En otras palabras, los debates públicos, salvo raras excepciones, ya no giran en torno a argumentos religiosos; sino a ideas más vinculadas a la legislación y a cierta concepción de la bioética. “Y eso –remarca el investigador– muestra la capacidad que tienen ciertos sectores para desarmar la democracia con el mismo juego de las reglas democráticas”.

 

El Señor es mi pastor

Aunque los sectores religiosos no tienen estructuras partidarias propias en Argentina, los referentes ultraconservadores no son ajenos al terreno político. “Esa carencia hace que los fieles se integren a expresiones políticas que, muchas veces, tienen posicionamientos ideológicos antagónicos”, explica Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Conicet.

La investigación de OjoPúblico identificó, de manera preliminar, a más de 200 funcionarios –en diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales– que promueven una agenda común a la de grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia. Dentro de ellos hay representantes de la oposición. Pero, también, líderes provinciales del Frente de Todos –la coalición que llevó al poder a Alberto Fernández–, con una postura más conservadora en términos de derechos sexuales y reproductivos.

Más de 150 de los referentes identificados son diputados y senadores –integrantes, en su mayoría, de Propuesta Republicana (PRO), el Frente de Todos y la Unión Cívica Radical (UCR)– que han impulsado acciones en contra de la legalización del aborto; junto a 22 representantes de ambas cámaras –casi todos del PRO– con una agenda contrapuesta a la perspectiva de género.

Más de 200 políticos y funcionarios argentinos promueven una agenda común a la de grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia".

Si bien el entorno de Alberto Fernández se ha mostrado optimista después de la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados, las proyecciones en la Cámara Alta todavía son apretadas: allí hay más de 35 senadores que se han pronunciado públicamente en contra de la legalización del aborto (actualmente contemplado solo para casos de violación y cuando el embarazo supone un peligro para la vida o la salud física o mental de la gestante). 

En esa Cámara, la mayoría de los legisladores que se oponen al proyecto con argumentos jurídicos y bioéticos pertenece al Frente de Todos y la UCR. No obstante, hay un grupo más confrontativo –integrado por Silvia Beatríz Elías de Pérez, Alfredo Luis de Angeli, Belén Tapia y Pablo Daniel Blanco–, que el 3 de diciembre emitió un comunicado solicitando la suspensión del debate en el Congreso y la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, por considerar que “el proyecto presentado por el Gobierno nacional propone el genocidio lisa y llanamente como ley”. 

Elías de Pérez, parte de la mayoría del Senado que, en 2018, rechazó el aborto legal, también esta vinculada a un colectivo novedoso: la Red de Legisladores por la Vida. Esta organización se presentó formalmente a inicios de noviembre, como una agrupación que “defiende el derecho a la vida en todas sus etapas, estimula la generación de políticas públicas que fomenten la protección de la vida, propicia la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y conciencia” y se opone a lo que denominan “ideología de género”. 

La red es coordinada por la diputada provincial María Cristina del Valle Fiore Viñuales – abogada y exsenadora nacional por Salta– y, de acuerdo a declaraciones brindadas a Infobae, ya agrupa a más de 100 senadores, diputados y concejales de distintas fuerzas políticas. Dentro de ellos destacan, además de Elías de Pérez, tres diputados del PRO que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja. 

El primero de ellos es Francisco Sánchez, participante habitual de los conversatorios de la Fundación Libre; David Schlereth, quien ha sido orador del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; y Dina Rezinovsky, legisladora con una conocida militancia “celeste”, admiradora de Donald Trump y cercana a Osvaldo Carnival, uno de los principales líderes evangélicos del país.

 

La verdad los hará libres

Si algo ha caracterizado al 2020 es la incertidumbre. En Argentina, eso se tradujo en una mayor crisis económica, tensiones en cuanto a las políticas de salud sexual y reproductiva y en otros temas cruciales, como la necesidad de una mayor independencia del Poder Judicial, respecto a los otros poderes del Estado. Esto, además, estuvo acompañado por el surgimiento de sectores que cuestionan el manejo político y sanitario de la pandemia y grupos negacionistas de la ciencia.

Este fenómeno, indica la psicóloga Ailin Tomio, no es nuevo. Pero se ha exaltado por la necesidad de entender lo que ocurre en un contexto de emergencia sanitaria y, también, por la influencia de las redes sociales. “Las personas tenemos opiniones sesgadas e ideologías que determinan cómo vemos la realidad. Y, por otro lado, hay personalidades que se adaptan mejor a la incertidumbre y otras, que necesitan explicaciones para todo. Estas últimas son las que más tienden a aferrarse a ese tipo de discursos conspiracionistas”, dice la especialista en ciencias del comportamiento.

Lo novedoso, para el doctor en antropología Nicolás Viotti, es el nivel de legitimidad que han alcanzado estos discursos durante los últimos meses. “En otros contextos estas ideas quedaban más o menos aisladas, pero durante la pandemia se han articulado con una crisis de confianza más general, que incluye a las instituciones políticas, los sistemas de control, la justicia y  la ciencia; casi como una idea de la antipolítica”, señala.

En este sentido, la investigación realizada por OjoPúblico halló a más de 55 profesionales de la salud que, en los últimos meses, han impulsado una agenda que niega el consenso científico, difunde discursos antivacunas y, en algunos casos, promueve falsas terapias para la Covid-19. La mayoría de estos médicos, bioquímicos, psicólogos y nutricionistas está agrupada en tres organizaciones: Médicos por la Verdad Argentina, Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios y Coalición Mundial Salud y Vida (COMUSAV) Argentina.

NEGACIONISMO. Durante la pandemia, los discursos antivacunas y negacionistas del consenso científico han crecido de manera notable en Argentina.

Foto: Edgardo Gómez - Tiempo Argentino.

 

La primera de ellas está inspirada en un grupo español negacionista de la ciencia y tiene a Chinda Concepción Brandolino –la médica que difunde videos con mensajes nacionalistas e información falsa sobre las vacunas– como una de sus principales referentes. Además de propagar este tipo de mensajes, algunos representantes de esta organización han promocionado el consumo de dióxido de cloro, aunque se trata de un compuesto químico peligroso y su uso, comercialización y distribución están prohibidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina.

En paralelo, la agrupación se ha pronunciado en contra de las políticas de salud sexual y reproductiva e, incluso, ha hecho declaraciones que incitan al odio. Hoy, sus actividades no se limitan al territorio argentino –donde sus representantes, además de brindar conversatorios, hacen lobby político y organizan movilizaciones sociales en contra de la vacunación–, sino que han logrado una importante presencia en Perú, México, Chile, Brasil, Colombia y otros países de América Latina.

Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios es la segunda agrupación con gran protagonismo. Fue creada por el médico santefesino Ramiro Salazar y presentada formalmente a mediados de julio, con una carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández. Su referente más mediática es Roxana Elizabeth Bruno, una bioquímica habilitada para ejercer en la provincia de Mendoza, que ha difundido información falsa sobre la pandemia en diversos medios de comunicación nacional –algunos de ellos de gran alcance, como Radio Continental y el canal de televisión El Nueve.

Bruno es, también, una invitada habitual en foros de Argentina, Perú, Ecuador y Guatemala, espacios que utiliza para cuestionar el origen del SARS-CoV-2 y la peligrosidad de la Covid-19, además de desalentar el uso de las mascarillas y hacer afirmaciones falsas sobre las candidatas a vacunas. Esta bioquímica, junto a otros representantes de la agrupación, participó en una reunión por Zoom con senadores y asesores políticos del Congreso –al igual que Médicos por la Verdad–, en los días previos a la votación de la ley 27.573, sobre las vacunas para el nuevo coronavirus.

COMUSAV, por último, es una organización internacional dedicada a la promoción del dióxido de cloro (CDS). La filial argentina es presidida por el médico Damián Pelizzari, un profesional habilitado para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Neuquén y Río Negro. Entre sus aliados políticos, se encuentra la diputada Mónica Edith Frade, quien solicitó –junto al legislador Martín Grande– que se hagan pruebas clínicas del CDS para tratar la Covid-19; algo inviable con sustancias que no fueron concebidas como medicamentos y, mucho menos, si se trata de insumos tóxicos.

Más de 55 profesionales de la salud han impulsado una agenda que niega el consenso científico y difunde discursos antivacunas en los últimos meses".

Los profesionales, recuerda Tomio, no son ajenos a los sesgos cognitivos. Y esto ocurre tanto con médicos afines a ideas políticas o religiosas conservadoras, como con aquellos interesados en la medicina alternativa o terapias vinculadas al new age. “Seguramente algunos de ellos se ven afectados por este tipo de pensamientos y creen que le hacen un bien a la humanidad compartiendo ese tipo de información. Pero también hay otros grupos, que quieren adquirir poder o visibilidad, y se aprovechan de las personas”, alerta la psicóloga.

El uso político de las emergencias sanitarias no es reciente. No obstante, en opinión del antropólogo Viotti, el peso político de las agrupaciones negacionistas aún es limitado. “Es cierto que se han estado reuniendo con diputados y senadores, pero todavía parecen estar dispersos. Hay que ver qué ocurre en los próximos meses”, remarca.

La influencia de la Iglesia Católica, en cambio, es incuestionable. Sobre todo, en el Senado. Pero hay, a la par, una particularidad que entrará en juego en el debate que se viene: el cálculo político camino a las próximas elecciones legislativas de 2021. “Algunos legislan por convicción y otros por presión o por una lógica de toma y daca”, recuerda Carbonelli.