Por Mariama Correia

“¡Vacuna, no!”. Esta frase fue impresa en máscaras de tela, vendidas por un comerciante ambulante en la avenida Paulista, la vía principal de la ciudad más grande del Brasil, São Paulo. Ese primer domingo de noviembre, aunque la vacuna contra el nuevo coronavirus era esperada por las poblaciones de todo el mundo, los manifestantes se reunieron allí para decir no a la inmunización obligatoria en Brasil.

Era el año 2020, pero podría ser 1904. A principios de siglo, una parte de la población que rechazaba la inmunización obligatoria contra la viruela, lideró un levantamiento popular conocido históricamente en el Brasil como la "revuelta de la vacuna". Curiosamente, la explosión de casos de la enfermedad infecciosa, unos años más tarde, causó una demanda masiva del inmunizante.

Hoy en día, en Brasil, los grupos que durante años habían estado difundiendo teorías de conspiración en Internet han cobrado nuevo impulso con la politización de la vacuna contra el coronavirus. Sin poder seguir negando la gravedad de la pandemia -al principio dijo que la Covid-19 era "sólo una pequeña gripe"- el presidente Jair Bolsonaro comenzó a atacar la vacunación obligatoria. Dice que uno de los inmunizantes que se están produciendo no es fiable debido a su origen chino, a pesar de que China es un importante socio comercial. El país asiático es incluso el mayor proveedor extranjero de antibióticos al Brasil. 

"Nadie puede obligar a nadie a vacunarse", dijo el presidente brasileño en una conferencia de prensa el 4 de noviembre. El discurso fue institucionalizado por la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, que publicó la declaración en Twitter con el logotipo oficial. La crítica de Bolsonaro a la inmunización obligatoria, además de complacer a su base negacionista, tiene un trasfondo político. Es un ataque directo al gobernador de São Paulo, João Doria (PSDB), probable oponente en las urnas en 2022. Doria dice que cuando se apruebe, la vacuna contra el nuevo coronavirus será obligatoria en el estado.

Sin poder seguir negando la gravedad de la pandemia, Jair Bolsonaro comenzó a atacar la vacunación obligatoria".

En Brasil, en caso de emergencia sanitaria, la ley ya prevé la vacunación obligatoria. En São Paulo, el Instituto Butantan, una agencia estatal, está desarrollando la vacuna Coronavac en asociación con el laboratorio chino Sinovac. El primer lote del inmunizador, procedente de China, se recibió el pasado día 19. Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) incluso suspendió las pruebas de Coronavac después de la muerte de un voluntario de los estudios médicos. La agencia vinculada al gobierno federal tiene como presidente al médico y contralmirante Antonio Barra Torres, aliado de Bolsonaro. 

El presidente brasileño celebró la suspensión de las pruebas: "Uno más que Jair Bolsonaro gana", dijo. Pero los estudios de la vacuna se reanudaron dos días después, cuando ya se sabía que la causa de la muerte del voluntario no había sido un efecto secundario, sino el suicidio. 

Este reportaje, forma parte de "Poderes no santos", una investigación periodística liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Estados Unidos y México, en alianza con la Agencia Pública de Brasil, que analiza cómo, durante la emergencia sanitaria, los grupos negacionistas han articulado acciones y agendas con organizaciones políticas ultraconservadoras. Durante la investigación se identificó preliminarmente 26 líderes y organizaciones importantes, entre civiles y religiosas, que impulsan y articulan un discurso antiderechos.

Grupos antivacunas

El discurso antichino y antivacuna que Bolsonaro ha adoptado para capitalizar políticamente la pandemia es un plato lleno de partidarios, grupos antivacunas y falsas cadenas de noticias. Si bien el número de personas infectadas y muertas por la Covid-19 está creciendo de nuevo en el país, un proyecto de ley (4966/2020) de la diputada federal Carla Zambelli y el diputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança trata de impedir la inmunización obligatoria en Brasil.

Del lado de los grupos religiosos, sitios como Pleno News, que perteneció a la senadora becaria Arolde Oliveira, fallecida este año, están entre los que más desinformación difunden. Reverberaron el discurso anticomunista con textos sobre la persecución de los cristianos en China. Muchos de estos materiales son producidos originalmente por portales latinoamericanos como Noticias Cristianas, que a su vez importan noticias falsas de los Estados Unidos, donde los movimientos anti-vacunación tienen mayor fuerza.

Estos contenidos sesgados y falsos se difunden a través de las redes sociales. Por ejemplo, un grupo con más de nueve mil miembros llamado "Vacunas: el mayor crimen de la historia" organiza una petición contra la vacunación obligatoria en el Brasil. "Hay más de 600.000 niños paralizados en la India en este momento debido a la vacuna. Incluso la Universidad de California ya ha admitido que la vacuna causa la enfermedad", dice un extracto de la descripción del grupo, creado por el empresario independiente de Belo Horizonte, Jorge Arumani. 

"La difusión de noticias falsas es un gran desafío para asegurar la futura inmunización contra la Covid-19", dice el representante de la OMS en Brasil.

El uso de noticias falsas de los grupos de antivacunas son, según Socorro Gross, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Brasil, uno de los principales "desafíos para asegurar la futura inmunización contra el nuevo coronavirus en el Brasil". Para el infectólogo del Hospital Oswaldo Cruz, unidad de referencia en el país en el tratamiento de enfermedades infecciosas, Bruno Ishigami, el crecimiento de los movimientos de antivacunas es un peligro para la salud pública.

"Hemos visto que enfermedades ya erradicadas se convierten en un problema de nuevo. La inmunización tiene una importancia histórica. Tomando un ejemplo más reciente, la vacuna contra el VPH, que comenzó a aplicarse con más fuerza en 2006, es eficaz para prevenir el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Y ya existen estudios de reducción de casos de la enfermedad. Por no mencionar otras enfermedades con vacunas establecidas, como la poliomielitis y el sarampión", explicó.

En el caso de la pandemia, el infectólogo lamenta la politización de la vacuna contra el nuevo coronavirus, que para él es una elección "peligrosa y oportunista". "Para que la vacunación sea efectiva, una buena parte de la población necesita adherirse", dijo. "Por lo general, la producción de vacunas tarda años, pero gracias a los esfuerzos y la financiación mundiales, los científicos están logrando acortar este período durante la pandemia. En menos de un año, ya tenemos inmunizantes con estudios muy prometedores. Cuestionar la credibilidad de las vacunas es poner en peligro la vida de miles de personas".

Los grupos antiderechos

No solo se intensificaron los discursos negacionistas y antivacunas en el Brasil durante la pandemia. El movimiento antiaborto también ha ganado prominencia, apoyado por el gobierno de Bolsonaro. En este asunto, la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, es la más entusiasta.

La ONU ha pedido a la ministra evangélica, que una vez fue pastora, explicaciones sobre las acciones para asegurar el aborto legal en el país. En el Brasil, la ley prevé la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, riesgo para la salud de la mujer embarazada y embarazo de anencefálicos. 

La Oficina del Fiscal General (PGR) investiga la interferencia de la ministra en el intento de impedir un aborto legal de una niña de 10 años, que quedó embarazada luego de ser violada por un pariente. Damares habría movilizado a los funcionarios del ministerio para convencer a la familia de la menor para no realizar el aborto.

La ministra de la Mujer es investigada por su presunta participación en la movilización de funcionarios para impedir el acceso a un aborto legal".

El grupo de trabajo habría incluido el Consejo de Tutela de la ciudad de São Mateus, en Espírito Santo (donde vive la niña) congresistas locales y un grupo católico conservador, dirigido por un afiliado de la PSL. Las auditorías y los videos muestran a uno de los miembros de este grupo presionando a la abuela de la menor para que no permita el aborto. En un momento dado, dice que la acción del grupo religioso tendría el apoyo del ministerio.

La niña tuvo que ser llevada a otra ciudad para realizarle el procedimiento. El hospital local no autorizó el aborto por razones de restricciones técnicas. En la ciudad de Recife (PE), grupos religiosos dirigidos por una representante evangélica del estado llamada Clarissa Tércio (PSC) hicieron una vigilia frente al hospital. Rezaron e intentaron entrar en la unidad de salud para evitar el procedimiento. Los grupos feministas también estaban allí para asegurar el aborto legal, lo que terminó ocurriendo. 

Articulaciones internacionales

Antes de llegar al hospital de Recife para realizar el aborto legal, los datos de la niña víctima de la violencia ya habían sido filtrados en Internet por grupos ultraconservadores, de los que forma parte la extremista Sara Giromini, conocida como Sara Winter. La extremista fue arrestada por su actuación en las protestas antidemocráticas de los llamados "300 de Brasil".

Pero Sara ya ha trabajado en el ministerio de Damares al frente de la Coordinación General de Atención Integral al Embarazo y la Maternidad, una posición estratégica. Poco después de dejar el cargo, realizó viajes a Argentina, Colombia y Uruguay, donde participó en eventos antiaborto. 

Además de estar vinculada a Sara, Damares también tendría vínculos con entidades estadounidenses que han destinado 280 millones de dólares para defender el programa antiaborto a nivel mundial, según una investigación de la Open Society. 

En 2019, la ministra visitó la Fundación Heritage y la Alianza para la Defensa de la Libertad. Solo en América Latina, el ADF asignó casi un millón de dólares para promover los programas antiaborto.

Pero "en Brasil, el principal actor de la agenda antiaborto es el gobierno", dice Sônia Corrêa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política. El pasado mes de octubre, el país firmó la declaración de Ginebra junto con los Estados Unidos, Hungría, Egipto e Indonesia. El documento habla en contra de las políticas de acceso al aborto y a favor de la familia. 

En Brasil, el principal actor de la agenda antiaborto es el gobierno", explica Sônia Corrêa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política.

Sônia dice que la articulación de las entidades brasileñas con otros países latinoamericanos para revertir el movimiento de la pandemia no es tan intensa, ya sea por dificultades de idioma o porque los defensores de la agenda ya están en el poder en el país. "Un ejemplo es que el caso de la niña de Espírito Santo siguió siendo un caso nacional y no tuvo una proyección regional como un caso latinoamericano", sostiene.

Explicó que los grupos antiaborto se articulan en varios niveles, "a través de los representantes en el parlamento, el tejido religioso en su complejidad -la Iglesia Católica y los evangélicos-, así como los actores e instituciones estatales, y una serie de organizaciones antiaborto y de género en la sociedad civil". "Esto con vínculos a una serie de organizaciones con instituciones en América Latina, los EE.UU. y Europa", añadió. 

La investigadora explica que la articulación entre estos grupos y fuerzas ocurre "dependiendo de la situación y el interés". "En general, a la gente le viene a la mente un modelo de una gran red, pero el modo de articulación es diferente. Hay algunos polos fragmentados", dijo. Nombres como el del asesor político Steve Bannon, y organizaciones como el Vaticano tienen una posición central en agendas como la del antiaborto en el mundo, "pero no todo está relacionado con estos actores", dijo Sônia, para quien estos movimientos actúan con una estrategia rizomática (una raíz con múltiples ramas) y dinámica. 

"Por ejemplo, el movimiento 'Con mis hijos no te metas', una iniciativa muy exitosa en el Perú, que se opone al enfoque de género en la educación, ciertamente tiene vínculos con los evangélicos en el Brasil. Pero no se puede decir que estén directamente relacionados con la cuestión de la educación sobre el género en el Brasil", argumentó. 

Brasil es diferente de otros países latinoamericanos, donde estos movimientos dejan mucho más de la sociedad y tienen un pie en el gobierno. "Aquí empiezan desde el propio gobierno", concluyó la investigadora.