Pedro Vaca, exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP), asumió el mes pasado como Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH). A pesar de su reciente estreno en el cargo, el abogado colombiano se pronunció sobre la crisis institucional que vive el Perú, las manifestaciones masivas de la semana pasada contra el gobierno de Manuel Merino y la violenta represión policial contra periodistas y manifestantes. 

En esta entrevista exclusiva con OjoPúblico, Vaca también hizo una radiografía sobre la situación actual de la libertad de expresión en América, los liderazgos públicos autoritarios en el hemisferio y el fenómeno de las noticias falsas. La entrevista fue realizada la mañana del sábado, dos días después de la primera jornada de la marcha nacional que dejó heridos a decenas de manifestantes y periodistas, y a pocas horas de la protestas de la noche de ese mismo día, en el que murieron los jóvenes universitarios Inti Sotelo y Jack Pintado. "El discurso (de felicitación) que se emite frente a los policías puede parecer un gesto de permisibilidad", sostuvo Vaca sobre el agradecimiento que realizó el ministro Ántero Flores Aráoz el viernes 13 a la Policía, a pesar de que en la víspera se habían registro varios heridos.

¿Qué opina sobre los discursos políticos autoritarios en Estados Unidos, Brasil, y diferentes partes de Centroamérica y Europa, que apuestan por estigmatizar a los periodistas como enemigos del pueblo?

Partamos de que algunos de los componentes de los sistemas democráticos son el pluralismo y la libertad de expresión. Yo siento, y existe evidencia, que hay liderazgos públicos que vienen ganando posiciones de poder y tienen un marcado desprecio por el pluralismo. Su aproximación al poder está más alineada con imponer una mirada y desconocer cualquier otra que escape de esa posición. Uno de los obstáculos para esta mirada es una prensa libre e independiente. En ese sentido, dos cosas importantes, los estados a nivel internacional han suscrito tratados de derechos humanos que incluyen la libertad de expresión. Esto implica que sus instituciones y sus representantes estatales tienen una posición de garante dentro de la sociedad.

No es lo mismo un discurso estigmatizante hacia un medio de comunicación proveniente de un ciudadano, cuyas decisiones no impactan en lo público, a cuando viene desde la jefatura de Estado. El impacto que pueden tener esos discursos en la libertad de expresión de los periodistas es mucho más alto. Hay una tendencia a denigrar y estigmatizar, que es una forma de evadir el debate público, y que es otra base de la democracia. Si un periodista publica una investigación controversial, lo más que debe pasarle es que reciba una respuesta. Sin embargo, cuando se lanza un discurso estigmatizante como “son una fábrica de mentiras” o “son enemigos del sentir popular”, se pierde el debate público porque no hay una respuesta, no se construye el debate, sino que se evade.

¿Cómo analiza el fenómeno de la desinformación como desafío a la libertad de expresión?

El fenómeno de la desinformación ha originado una de las discusiones más agudas en el marco de la libertad de expresión. Una primera fase para contener la desinformación en Internet es el chequeo (factchecking). La hipótesis es que fluyen contenidos falsos, imprecisos, malintencionados, manipulados y que con una dosis de periodismo profesional que lo “chequee”, estos se pueden compensar. Esto demostró dos cosas, lo primero es que hay que seguir haciendo factchecking, pero lo segundo es que hacer solo esto es insuficiente. Entonces, deben pasar otras cosas en simultáneo además del chequeo.

Hay liderazgos públicos que vienen ganando posiciones de poder y tienen un marcado desprecio por el pluralismo.

Las voces potentes en el debate público no deben contribuir a la desinformación. Plantear falsedades para ganar espacio en el debate público es hacerle trampa a la democracia. Lo que ocurrió en las últimas elecciones de EE.UU., empieza a mostrar unas ideas que hay que debatir en términos de libertad de expresión. Por ejemplo, la funcionalidad en Twitter que agrega contexto [a los mensajes]. También medidas de autorregulación por parte de los medios. El periodismo contribuye a que el debate público sea cada vez más sano y basado en hechos. Además, nos toca forjar ciudadanías con más habilidades para consumir contenidos digitales. Esto interpela al sistema educativo, por ejemplo, los escolares deberían tener clases de convivencia y democracia digital.

Las redes sociales se nutren mucho de la indignación. Las pasiones de las personas pueden terminar siendo exacerbadas y alentadas por contenidos que carecen de veracidad. También creo que es importante tener en el radar que cualquier exceso regulatorio puede pasar una factura enorme en las vidas democráticas. Hay que reconocer a Internet y las redes sociales como herramientas importantes para la emancipación de la voz pública y hay que protegerlas. 

¿Cuál es su reflexión sobre la situación de la libertad de expresión en América Latina?

En América Latina hay distintos tipos de aproximación de los Estados respecto a los derechos humanos en general. Tenemos Estados que básicamente desconocen o cerraron sus puertas y no las volvieron a abrir. Esos son los casos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, en donde también hay un deterioro muy fuerte del Estado de Derecho. También tenemos una región con altos índices de violencia contra periodistas, México, Guatemala y Honduras, en donde su protección sigue siendo un desafío inconcluso de parte de los Estados. Sin embargo, por lo menos hay un diálogo. Por ejemplo en México hay un programa de protección que se está habilitando y hay un debate público alrededor de este tema.

Otros desafíos más estructurales, son que seguimos siendo una región opaca en el acceso a la información, más allá de que algunos países tengan instrumentos de acceso a la información. Eso impacta directamente en el trabajo de los periodistas. Además, somos una región en la que muchas veces se prefiere judicializar el debate que dar el debate. Esto en Perú es importante. Muchas veces se acude al Poder Judicial como una forma de evadir un debate, luego de ser publicada una investigación periodística. Esto puede ser peligroso en un futuro, por su efecto inhibidor. Si bien las demandas no suelen terminar en condenas, el simple desgaste puede ser lo suficientemente desalentador para que el periodista continúe con la investigación. Además de los costos legales, el desgaste emocional y la autocensura.

¿Qué impacto ha sufrido la libertad de expresión en tiempos de pandemia?

La pandemia ha generado muchos dilemas sobre las restricciones de libertades y desafía varios pilares de la libertad de expresión. Creo que en los próximos años vamos a tener evidencia de qué tan fuertes fueron los Estados para sortear la pandemia sin golpear los pilares de la libertad de expresión. Algunos temas que preocupan a la Relatoría son los siguientes. La pandemia implica casi de forma automática la erosión del Estado de Derecho. Todos los gobiernos, y con debida razón, recurrieron a artículos de sus constituciones para pedir facultades extraordinarias. De cierta manera tenemos gobiernos superpoderosos.

APOYO. El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, mostró su respaldo a la Policía Nacional, horas después de que se denunciaran ataques a manifestantes y periodistas.

Video: WAC MWB

De igual manera se ha reducido la intensidad de los controles en el parlamento. También se han inflado las contrataciones públicas de insumos de salud y provisiones médicas, que implican contrataciones directas y rápidas, que acaban convirtiéndose en potencial foco de corrupción. En tiempos de pandemia, el periodismo es indispensable. Los gobiernos están hablando mucho, y es normal porque estamos a la expectativa de las cifras de contagio y de las políticas que se implementan. Saldremos de esta pandemia en la medida que podamos cuestionar cómo se están tomando las decisiones y puedan haber cada vez más respuestas de lo que está pasando. Los cuestionamientos desde la prensa pueden ser oportunidades para replantear estrategias o reafirmar que vamos por el camino correcto.

La crisis económica por la pandemia también golpeó a la industria tradicional de medios y a las organizaciones de noticias locales más pequeñas.

El ecosistema mediático ya estaba fuertemente golpeado antes de la pandemia. Ahora los medios están desapareciendo, volviéndose más chicos, o disminuyendo el número de sus corresponsales. Con esto se puede perder la profesionalización del periodismo. Sin duda alguna es algo que nos preocupa, hay hacer todo lo posible para que los medios sobrevivan a la pandemia.

¿Cómo observas la expansión de discursos conservadores en los meses que estamos viviendo bajo la Covid-19, procedentes de organizaciones políticas que hoy aparecen articuladas con movimientos antivacuna, negacionistas de la pandemia o promotores de curas falsas?

Es cuestionable que haya apuestas políticas cuya bandera sea la disminución o restricción de derechos que ya se habían ampliado para algunas poblaciones. Todas las opiniones generan democracia, pero ojalá que este desafío negacionista, como algunos lo llaman, pueda ser superado por la democracia. Sería muy complicado que entremos en una fase en la cual lo correcto sea la disminución de derechos conquistados. Sería un golpe regresivo para el Estado de Derecho y para la vida democrática en general. Puede generar discriminación o fomentar violencia. 

Es cuestionable que haya apuestas políticas cuya bandera sea la disminución o restricción de derechos que ya se habían ampliado para algunas poblaciones.

Ustedes mostraron preocupación por la situación política del Perú después de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra. ¿Qué motivó esa reacción?

Desde la relatoría vimos una crisis institucional. Cuando sucede esto en cualquier país de la OEA, nos preocupa porque la garantía de los derechos depende de la estabilidad institucional. Los cambios y las decisiones que se han tomado en Perú despiertan nuestra alarma porque pueden tener impacto en los derechos humanos. Estas decisiones políticas desataron una expresión ciudadana que entendemos fue convocada de manera pacífica. No comprendemos el uso desproporcionado de la fuerza policial en estas manifestaciones. La fuerza pública de todos los estados democráticos, en el marco de una protesta, está llamada a ser garante simultáneo de los derechos humanos en su conjunto. Vemos con preocupación que en entornos de protesta pareciera primar el orden público sobre el derecho a la manifestación. Algo que debe hacer la policía es garantizar el ejercicio de hacer protesta, mucho más cuando se ha convocado y transcurre de forma pacífica.

HERIDO. El periodista de OjoPúblico, Alonso Balbuena, fue herido por una bomba lacrimógena durante su cobertura de una de las marchas nacionales en contra de la vacancia.

Foto: Walter Hupiu. 

En un documento publicado en la gestión anterior por esta relatoría, sobre protestas y derechos humanos, se dispuso que el simple hecho de estar en una protesta no es razón para una detención. Cualquier persona que sea intervenida tiene derecho a que se le explique las razones por las cuales fue detenida. Si el arresto es por estar presente en una manifestación, es una razón insuficiente. También vemos que determinado uso de armas que se plantean como “no letales” afectan la integridad no solo de los manifestantes sino también de periodistas. La experiencia también nos dice que las agresiones contra periodistas buscan que no se registren evidencias de otras violaciones de los derechos humanos. Si planteamos que la policía es garante del derecho a la protesta, también es garante de la libertad de prensa en estos contextos.

¿Consideras que las declaraciones de los representantes del gobierno de Manuel Merino son propias de un Estado de Derecho? El primer ministro Ántero Flores Aráoz agradeció el viernes 13 a la Policía por su actuación en las protestas, a pesar de que en la víspera habían sido heridos manifestantes y periodistas.

Cuando hay evidencia del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones convocadas pacíficamente, me parece desafortunado que existan mensajes de felicitación. El discurso que se emite frente a los policías puede parecer un gesto de permisibilidad. Hay que tener cuidado con lo que se pretenda transmitir, justificando que lo que está pasando es menos grave de lo que aparenta. Es preocupante que la fuerza pública le dispare a los periodistas.

El Estado está representado en una protesta por las fuerzas policiales, y el mismo Estado se ha comprometido en el circuito internacional a respetar los derechos humanos y el derecho a la manifestación. Los medios están llamados a contarle al país y al mundo lo que está pasando. El gobierno necesita conocer lo que viene ocurriendo, porque el encubrimiento puede traer efectos negativos. Esperamos que la policía tenga un comportamiento más decoroso del que hemos visto antes. Disminuir el campo de acción de los periodistas o restringir la libertad de prensa es uno de los primeros pasos del autoritarismo.

Vemos con preocupación que en entornos de protesta pareciera primar el orden público sobre el derecho a la manifestación.

En el informe de la relatoría de 2019, la discusión sobre la libertad de expresión en el Perú había evolucionado bastante y ya giraba entorno a la instrumentalización de la justicia penal para perseguir a periodistas, pero ahora parece que volvemos a las graves conclusiones de los reportes de finales de los años ‘90 durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué reflexión te dejan estos días sobre el Perú?

Esta semana es atípica. Integrar al Perú en la lista de países con riesgos físicos a la prensa dependerá de la reacción institucional sobre lo que está sucediendo. Siempre estamos abiertos a que la autoridad acepte los excesos y brinde soluciones para que estos no vuelvan a ocurrir. Entonces, si esto llegara a pasar en las próximas semanas, a nosotros nos corresponde reconocerlo. Si seguimos viendo mensajes de felicitación a la policía, que abiertamente está afectando derechos a la manifestación pacífica y la libertad de prensa, nos tocará valorar negativamente. Está en la voz de las autoridades, a cargo en este momento, escoger en qué lugar se quieren colocar en el monitoreo de libertades civiles. Insisto, es atípico lo que sucedió esta semana.

Tememos que pueda normalizarse una situación de miedo al ejercicio de las libertades. Parte de lo que nosotros podemos advertir, en el monitoreo de toda la región, es cuando hay llamados de la prensa local que indican que la situación es grave. En el corto tiempo que llevo como relator, he recibido muchos mensajes de la prensa peruana advirtiendo que la situación [durante el gobierno de Manuel Merino] es muy grave y a nosotros nos corresponde documentar con toda la responsabilidad. Las autoridades a cargo en el Perú deben reconocer los excesos en el uso de la fuerza y establecer unas garantías. Si eso no ocurre, nos corresponde clasificar al Estado peruano como un lugar riesgoso para ejercer el periodismo.