La crisis institucional generada por el Congreso expuso los intereses de diferentes bancadas y partidos políticos contra la reforma universitaria, un proceso liderado -desde hace seis años- por el Ministerio de Educación para proponer estándares de calidad y ordenar la oferta educativa. Solo en la semana que el régimen de Manuel Merino ocupó la presidencia, la Comisión de Educación agendó la exposición de proyectos de ley para declarar en emergencia el sector y crear más universidades. 

Al mismo tiempo, Ántero Flores Aráoz, quien fuera presidente del Consejo de Ministros, declaró a favor de darles una segunda oportunidad a las universidades que no cumplieron los requisitos; y la Universidad Telesup, del fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, amenazó con demandar penalmente a la entidad supervisora por rechazar su licenciamiento. Esta agrupación política votó en mayoría por la vacancia, al igual que Alianza para el Progreso, el partido de la familia Acuña, vinculada a tres casas de estudio.

El centro de la disputa es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), una institución que rechazó el licenciamiento de 47 universidades por no cumplir los estándares de calidad, y que mantiene bajo supervisión financiera a aquellas que fueron aprobadas. Es en el marco de esta reforma que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y la Universidad San Martín de Porres (USMP) fueron las primeras instituciones multadas por destinar sus recursos económicos a otros fines.

OjoPúblico pudo conocer de otras ocho universidades privadas que son investigadas por el desvío de más de S/ 355 millones, en inmuebles, vehículos y activos exonerados de impuestos, que debieron invertirse en mejorar la calidad de los servicios educativos. Los hechos corresponden a un presunto aprovechamiento indebido de los beneficios tributarios que se aplicaron al Impuesto a la Renta y a los Impuestos Municipales (predial, alcabala y vehicular), por las actividades que ejercieron en 2017.

 

Millonarios recursos y esquemas de elusión

Los hechos fueron detectados por la Sunedu entre el año 2019 y lo que va del 2020, y actualmente se encuentran en la Dirección de Fiscalización y Sanción (Difisa) para evaluar el inicio de procedimientos administrativos. Si sumamos los nuevos hallazgos a la afectación económica que se confirmó en la USMP (S/136'755.000) y en la UIGV (S/54'477.809), el Estado ha identificado, hasta la fecha, que las empresas educativas dispusieron de S/546 millones en bienes y recursos que debieron ser destinados a la educación privada.

Lourdes Castillo, coordinadora del Área de Beneficios Tributarios de la Dirección de Supervisión de Sunedu, confirmó que en los últimos tres años su institución envió cinco oficios a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) con el resultado de sus inspecciones, por contener aspectos que escapan de su competencia. Además, desde abril de 2019 está vigente un convenio entre la Sunedu y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reportarle hechos que conlleven a un presunto lavado de activos.

Fuentes vinculadas a estas investigaciones confirmaron a OjoPúblico que, desde el 2016, la autoridad tributaria identificó hasta cuatro esquemas de elusión fiscal empleadas por universidades sin fines de lucro para esconder sus ganancias. Dos de ellas, incluso, extendieron sus redes paraísos fiscales. La Sunat no aceptó declarar para este reportaje, sin embargo, documentos solicitados por el Congreso de la República, en el marco de una sesión sobre las exoneraciones tributarias, nos permiten conocer tres de las modalidades.

El primer esquema es la generación de falsos egresos, por concepto de planilla y proveedores, para dejar un margen de utilidad ínfimo o en pérdida. Esto lo consiguieron asignando bonos por investigación, producción extraordinaria o publicación de libros, pero durante la inspección detectaron que lo entregado fueron copias o documentos simples. Además, se constituyeron empresas entre allegados para proveer materiales educativos con valores hasta veinte veces superiores a los del mercado.

La segunda modalidad identificada consiste en recurrir a una empresa vinculada que registre pérdidas. El presunto objetivo es inyectarle aportes o aumento de capital para reflotarla, sin embargo, la compañía en quiebra incrementó sus gastos operativos debido a que se registraron pagos a nuevos proveedores, ubicados en el extranjero. Específicamente, en un paraíso fiscal. Las investigaciones determinaron que los dueños de esta compañía offshore eran los mismos de la universidad.

 

Finalmente, la tercera forma en que se apropiaron de los excedentes de una universidad fue a través de la creación de una asociación sin fines de lucro para construir viviendas con un presunto objetivo social, pero cuyos títulos  terminaron a nombre de los directivos de la casa de estudio. De esta manera, burlaron la legislación que los exonera de renta y les impide repartirse las ganancias a cambio de reinvertirlo en sus estudiantes.

 

Chimbote: un rector con sueldo exorbitante

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) es la institución con mayores irregularidades detectadas por la Sunedu. Esta casa de estudio fue constituida en Áncash como una asociación sin fines de lucro, sin embargo, desde enero de este año, tiene a sus principales directivos investigados en el Ministerio Público por conformar una presunta organización criminal de lavado de activos.

La Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de El Santa, a cargo de Javier Gonzales Lázaro, inició una indagación preliminar contra el exrector Julio Domínguez Granda, quien ocupó el cargo durante 24 años, hasta julio pasado; y contra las vicerrectoras Carmen Gorriti Siappo y Magaly Quiñones Negrete.

De acuerdo con el acta fiscal, el objetivo es determinar si Domínguez Granda constituyó un brazo legal y administrativo para apropiarse de los recursos de la universidad, y si cuenta con familiares como testaferros de terrenos, casas y cuentas bancarias. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el sueldo inicial del rector era S/ 40 mil, pero con bonificaciones fijas su remuneración base llegó a los S/ 84 mil mensuales; monto que se incrementó, aún más, con asignaciones especiales.

El último de estos bonos fue aprobado por el Consejo Universitario, en julio pasado, cuando ya pesaba sobre él una investigación fiscal, y había anunciado su renuncia para no obstruir el licenciamiento de la casa de estudios. En la sesión se acordó entregarle S/500 mil debido a “los derechos laborales que le asisten por los años de servicio a la institución”. El 25 de agosto, ya con un rector interino, la Asamblea Universitaria desestimó la medida, como consta en las actas de sesión revisadas por OjoPúblico.

BONO. El último bono que iba a recibir el entonces rector Domínguez era de S/500 mil, cuando ya pesaba sobre él una investigación fiscal. El pago fue anulado por reclamo de algunos miembros de la institución.

Composición: OjoPúblico

 

En sus recientes indagaciones a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, la Sunedu también detectó el uso indebido de bienes y vehículos, propios y alquilados, con fines distintos a los educativos; la entrega de dinero en efectivo, “bonificaciones y otras sumas exorbitantes a favor de funcionarios”, y el desvío de fondos para cubrir los gastos personales de uno de los familiares de Domínguez. 

La afectación a los recursos de la universidad está calculada en S/ 81'343.646 en reinversiones, predios, vehículos y activos que debieron ser destinados a los estudiantes. Las cifras corresponden a las operaciones realizadas en 2017 y, de este total S/ 3,7 millones corresponde a excedentes que fueron liberados de impuestos para, en teoría, ser destinados a obras y servicios universitarios.

El sueldo del rector pasó S/ 40 mil a 84 mil mensuales con bonos, pero se incrementó, aún más, con asignaciones especiales".

La Superintendencia tiene indicios, además, de excedentes no reinvertidos por un total de S/ 2 '958.432. OjoPúblico se comunicó vía telefónica con Domínguez Granda, quien se excusó de declarar, alegando que ya no trabaja en la universidad y que no puede pronunciarse sobre temas incluidos en una investigación fiscal en curso. Durante la comunicación el exrector no quiso, siquiera, confirmar su rango salarial.

“Efectivamente, la gestión anterior ha tenido un cúmulo de denuncias, y ya hay un proceso contra las principales autoridades administrativas. Vamos a hacer una auditoría para analizar el impacto que ha tenido en la universidad. Asumo los activos y pasivos, aunque el último año no participé en la toma de decisiones porque fui claro en decirle al anterior rector que él era el principal problema para el licenciamiento”, explica el sacerdote y actual rector de la universidad, Juan Rodríguez Ruiz.

INCERTIDUMBRE. Los exdirectivos acordaron la institución con la Universidad Católica de Trujillo, para salvar el licenciamiento. El Poder Judicial acaba de declarar nulo este proceso.

Foto: Uladech.

 

Su actual preocupación es que la anterior gestión, ante el riesgo de no cumplir los requisitos para obtener la autorización de la Sunedu, aprobó una fusión de la institución con la licenciada Universidad Católica de Trujillo (UCT). El pasado 23 de junio, la Asamblea Universitaria cambió de opinión y presentó una tacha en Registros Públicos, pero la UCT apeló y logró inscribir la unión el mes pasado. La Sunedu concluyó el proceso de licenciamiento de la Uladech, al dar por válida su absorción con la sede de Trujillo. 

Sin embargo, este 16 de noviembre, el Primer Juzgado Civil de la Corte del Santa anuló todo lo actuado en sede registral, tras detectar vicios en los trámites realizados por las asambleas universitarias. “La UCT ha estado enviando cartas notariales a los bancos para que nos priven de cualquier acción y se desconozca a nuestros apoderados. También llegaron cartas a nuestros funcionarios pidiendo el acceso a nuestras cuentas, bienes e inmuebles. Una universidad se define por la parte académica, pero ellos han preferido pedirnos primero eso”, añadió Rodríguez. 

Alas Peruanas en proceso por lavado

La Universidad Alas Peruanas es la casa de estudios que registra la afectación más cuantiosa: S/ 205 '085.290 de recursos estudiantiles desviados a otros fines. La fiscalización de Sunedu encontró inmuebles y vehículos que eran empleados para actividades no académicas, así como préstamos otorgados a empresas vinculadas y a compañías ajenas a la organización, que no reportaban beneficios para el centro de estudios.

Los reportes financieros de 2017 muestran que el dinero sirvió para cubrir gastos médicos y odontológicos de algunas autoridades de la universidad, y para financiar viajes u otorgar remuneraciones y bonificaciones particulares. Además, se desembolsaron recursos para actividades sin planificación o sustento, o gastos que no guardan relación con las labores estudiantiles. A diferencia de los otros casos, este ya cuenta con un procedimiento administrativo sancionador en trámite desde diciembre de 2019.

La Universidad Alas Peruanas es una de las 15 empresas incluidas en la investigación preparatoria por lavado de activos que dirige el Ministerio Público, por un presunto desvío de dinero para financiar la campaña política de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El caso está en manos del fiscal Wilson Salazar Reque, y fue formalizado el año pasado contra 11 personas, entre ellas, el excongresista Joaquín Ramírez Gamarra, aportante de dicho partido y sobrino del fallecido Fidel Ramírez Prado, rector de Alas Peruanas e investigado por la DEA de Estados Unidos como integrante de una organización que crea empresas de fachada para lavar dinero en el mercado aeronáutico.

INVESTIGACIÓN. La fiscalía tiene en curso dos investigaciones contra Joaquín Ramírez por el desvío de fondos de la universidad. En una de ellas se sostiene que el dinero terminó en las arcas de Fuerza Popular.

 

La tesis fiscal de Salazar Reque señala que Fidel Ramírez desvió el dinero de la universidad a cinco empresas de su sobrino, Joaquín Ramírez, a través de préstamos institucionales calculados en S/8,2 millones, entre 2014 y 2015. Los documentos muestran que estas operaciones fueron omitidas en los informes de auditoría financiera, y que el dinero no regresó a las arcas de esta casa de estudios. La acusación también señala que tío, sobrino, y otros miembros del clan Ramírez crearon 31 compañías para fungir como proveedores de esta casa de estudios, entre 2002 y 2017, por un valor total de S/361 millones. 

Los estados financieros de esta universidad, analizados por OjoPúblico, muestran ingresos anuales que superan los S/ 400 millones, y una utilidad neta (luego de deducir los gastos operativos e impuestos) que bordeaba los S/53 millones al cierre 2015. Este monto se redujo en un 65% al año siguiente, en plena campaña electoral, y continuó esa tendencia en 2017, en que se registró S/10 millones en ganancias.

Los resultados integrales anuales también muestran una fluctuación drástica, debido a que le asignaron diferentes valoraciones a sus activos, propiedades y se acogieron al crédito por reinversión, que les permite canjear parte del Impuesto a la Renta a cambio de ejecutar obras o servicios en su institución.

La fiscalía investiga el desvío de fondos de la universidad a través de préstamos y pago a proveedores que favorecieron a la familia Ramírez".

La misma Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio tiene en curso una segunda investigación contra Ramírez, sus familiares, directivos y delegados de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, que detalla otras modalidades de desvío de los recursos de la universidad. La mencionada cooperativa tiene como socios a exintegrantes de las Fuerzas Armadas, y es la dueña de la casa de estudios, pero se mantiene en pugnas internas.

Roy Melgar, abogado de un grupo de socios que promovieron esta demanda, señala que los delegados de la cooperativa facilitaron la fuga de recursos a favor de los Ramírez. Incluso, le asignaron irregularmente el 25% de las acciones de la universidad a Fidel Ramírez Prado. “Los recursos que debieron ir a la cooperativa y a los socios terminaron enriqueciendo a esta familia y sirvió para financiar operaciones ilícitas y comprar silencios. Esperamos que esta investigación concluya para recuperar los bienes que pertenecen a los socios”, añade. 

 

 

Sumado a este millonario desfalco, en diciembre la Universidad Alas Peruanas no obtuvo el licenciamiento por incumplir con los estándares de calidad en los servicios que brindan a 65 mil alumnos, en 17 filiales abiertas en todo el país. La institución debía cerrar sus puertas en marzo de 2022, pero, a través de un comunicado, anunciaron que se acogerán a una excepción normativa de la Sunedu para prorrogar el plazo por tres años más.

Se trata de la Resolución de Consejo Directivo 044-2020, que permite a todas las casas de estudio denegadas tramitar una extensión debido a los retrasos generados por la Covid-19. Siempre que demuestren haber cumplido con el Reglamento de Cese de Actividades. El objetivo es que los estudiantes puedan culminar sus cursos o trámites antes del cierre de la universidad.

En setiembre, la Universidad Alas Peruanas anunció que se sumarían a esta prórroga, pero a la fecha no ha iniciado el trámite. Lo que sí hicieron fue renovar sus cargos administrativos y designar como rector al excongresista Édgar Núñez Román. Este personaje no es nuevo para la institución: fue vicerrector de la filial de Ica y, en 2009, se vio inmerso en una controversia por contratar como asesora de su despacho congresal a Maribel Ramírez Gallegos, hija de Fidel Ramírez Prado, cuando Nuñez Román ya laboraba en la universidad. 

OjoPúblico se contactó por teléfono y correo electrónico con esta casa de estudios, planteando los temas que serían abordados en este reportaje, pero no hubo respuesta. 

 

La empresa educativa de los Acuña

Otra de las instituciones bajo sospecha es la Universidad Señor de Sipán. Esta casa de estudios fue creada en Chiclayo por el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, pero desde 2016, pasó a manos de su exesposa y exparlamentaria Rosa Núñez Campos, actual presidenta del directorio. De acuerdo con Registros Públicos, los otros socios de esta empresa son sus hijos César, Kelly y Richard Acuña Núñez, también excongresista.

La universidad se constituyó como una sociedad anónima con fines de lucro, por lo que factura utilidades, reparte dividendos entre sus accionistas y paga Impuesto a la Renta, aunque puede evitar el 30% de este cobro si invierte el dinero en obras para sus estudiantes. No obstante, la Sunedu investiga el destino irregular de S/ 65 '608.564 de los fondos de la universidad, en sus operaciones de 2017.

La institución detectó la entrega de préstamos personales a los socios, sin fijar intereses ni exigir garantías; y el adelanto de dividendos, vulnerando las normas societarias y sin contar con una política interna que lo autorice. Además, se aprobaron gastos por la prestación de servicios de seguridad y vigilancia sin fines educativos, y se destinaron vehículos y bienes, propios y alquilados, para actividades no académicas.

SOCIOS. El excongresista Richard Acuña (terno azul) y su madre Rosa Núñez (vestido rosa) son los socios de la Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo. 

Foto: USS

 

La información no detalla los beneficiarios de estas operaciones. Sin embargo, cuando ocurrieron estos hechos, Rosa Núñez ya había culminado su mandato como congresista accesitaria por Solidaridad Nacional y había asumido las riendas del centro de estudios. Un año antes, en 2016, la Sunedu ya había detectado otra irregularidad en el manejo de sus bienes. 

Aquella vez, según la Resolución del Consejo Directivo 023-2017, Núñez Campos se paseó en una una camioneta Hilux de la universidad como parte de una caravana proselitista en la ciudad de Trujillo, cuando postulaba a la reelección con Peruanos por el Kambio. Esto le valió una multa de S/ 466.155 a la Universidad Señor de Sipán, que hasta la fecha no ha sido pagada.

El 2017 esta universidad fue sancionada por el uso de una de sus camionetas en la caravana proselitista de Rosa Núñez".

La mencionada casa de estudios consiguió el licenciamiento en enero de este año, bajo algunas condiciones. Entre ellas, transparentar sus informes económicos anuales y la ejecución de su política de pago de dividendos. Este rubro condensa las ganancias que se reparten los socios cada año y que, según sus estados financieros, sumaron S/ 10'799.184 en 2019. Una suma superior a los S/ 2,5 millones que se distribuyeron en 2018.

Nos comunicamos con el equipo de prensa de la Universidad Señor de Sipán, y nos indicaron que el gerente general adjunto de la entidad, Jesús Alberto Jiménez, respondería nuestras consultas, pero hasta el cierre de edición, no lo hizo. Esta casa de estudios brinda servicios a 14.760 alumnos, una labor que el año pasado le permitió facturar ingresos por cerca de S/ 90 millones, repartirse las mencionadas utilidades, pagar S/ 3,9 millones en Impuesto a la Renta y, aún así, obtener una utilidad neta superior a los S/9 millones. 
 

Legislación permisiva

Las empresas educativas reciben exoneraciones tributarias con el objetivo de mejorar la reinversión en la educación, pero la normativa le deja la carga de la prueba al Estado. Según el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, una institución sin fines de lucro que es detectada repartiéndose, de forma directa o indirecta, los recursos por el que les fueron exonerados de renta, pierde el beneficio, pero solo por dos años. Luego de ello, recuperan sus privilegios fiscales.

La investigación realizada por Sunedu corresponde al nuevo enfoque de fiscalización en materia de beneficios tributarios que se aprobó en agosto de 2018, con el Acta de Sesión del Consejo Directivo N° 032-2018. Antes de ello solo se verificaban las obras de infraestructura, equipamiento y becas que se financiaban con los excedentes o ganancias de estas casas de estudio. Ahora se incluyen los fondos para investigación, capacitación docente, proyección social y apoyo al deporte.

 

En total se fiscalizaron 36 universidades privadas, entre asociativas (sin fines de lucro) y societarias (con fines de lucro), tomando como base el Informe Anual de Reinversión (IAR) que estas casas de estudio están obligadas a presentar desde que se aprobó la Ley Universitaria. En los próximos dos años ampliarán el campo de supervisión a las exoneraciones que se aplican al Impuesto General a las Ventas (IGV), a los aranceles, al Impuesto a los Activos Netos (ITAN) y a las transacciones financieras (ITF).

Además de las mencionas Los Ángeles de Chimbote, Alas Peruanas y Señor de Sipán, este año la Dirección de Fiscalización y Supervisión de la Sunedu recibió los informes del manejo financiero en otras cinco casas de estudio. Una de ellas es la Universidad de Ayacucho Federico Froebel, que no obtuvo el licenciamiento.

Aquí se detectó que las aulas e instalaciones fueron cedidas a terceros, sin fines educativos. Se registraron saldos pendientes de pago de parte del personal, de los accionistas, directores, gerentes, y terceras personas, en actividades no relacionadas a la universidad, y se hicieron pagos por asesorías, consultorías y bonificaciones extraordinarias. Todo por S/ 1’112.352.

Una asociación que se apropia de los recursos que debe reinvertir pierde el beneficio tributario, pero solo por dos años".

En la lista aparecen otras dos instituciones denegadas por no cumplir los estándares de calidad. Estas son, la Universidad Privada Autónoma del Sur, de Arequipa, que registra adelantos y préstamos entregados a su personal para asumir gastos ajenos a la función académica, por un valor de S/ 600.999; y la Universidad San Andrés, ubicada en Lima, acusada de otorgar bonificaciones sin sustento, desviar préstamos de infraestructura y otras irregularidades valuadas en S/ 623.750.

Las últimas dos casas de estudio sí cuentan con licenciamiento. La Universidad La Salle, una organización sin fines de lucro constituida en Arequipa, en la que se identificó la presunta utilización de vehículos y combustible con fines distintos a los universitarios por S/ 45.737; y la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, investigada por efectuar gastos en alquileres no declarados y por ceder uno de sus predios como domicilio fiscal de dos empresas vinculadas a la institución, pero ajena a los fines educativos.

La mencionada casa de estudios se especializa en ciencias de la salud y tiene como dueños al empresario David Jiménez Heredia, director de Caja Municipal de Huancayo al 2019; y su esposa Evelyn Robles Gutarra, directora del instituto del mismo nombre. La afectación estimada, en este caso, es de S/ 778.280.