Las empresas detrás del negocio de la salud han incrementado sus ganancias debido a un sistema público que no ha logrado ofrecer un aseguramiento universal y de calidad. A la fecha, el tercer prestador de seguros con mayor número de afiliados, después de los estatales SIS y Essalud, son las clínicas privadas que ofrecen sus propios planes de salud, logrando captar a 1 millón 35 mil usuarios en todo el país. 

Se les denomina Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas prepagadas. Su público principal son personas que al no estar vinculadas a un trabajo formal no pueden acceder a  Entidades Prestadoras de Salud (EPS) o Essalud a través de su empleador, y que hasta la publicación del Decreto de Urgencia 017-2019, de noviembre pasado, no calificaban al Seguro Integral de Salud (SIS) porque su condición económica no era de pobreza extrema.

En todo el Perú son 16 las compañías que operan de esta forma, y a diferencia de las EPS Mapfre, Rímac, Pacífico, Sanitas y La Positiva, grupo al que han relegado al cuarto lugar en número de afiliados, estas brindan sus servicios de consultas externas, emergencias y hospitalización bajo sistemas prepago, donde el usuario abona directamente una cuota mensual para ser miembro y recibir atención en el mismo establecimiento.

Mientras las estrategia de algunos grupos económicos fue optar por la concentración vertical del servicio de salud, al construir sus propios centros médicos y crear compañías aseguradoras y administradoras de fondos de cobertura, las IAFAS prepagas decidieron captar sus propios clientes. Ellos ponen sus condiciones tarifarias y pueden decidir con qué EPS firman convenios para recibir a más pacientes en sus instalaciones.

La mayor cantidad de afiliados la concentra Oncosalud, empresa del Grupo Aúna y Enfoca Inversiones que ofrece planes de cobertura y tratamientos contra el cáncer bajo la modalidad de IAFA prepagada y autónoma, pues los servicios que brinda son exclusivos para sus afiliados. En segundo lugar, aparece la clínica San Pablo, matriz del grupo económico del mismo nombre y que ha sido cuestionada durante la pandemia por sus cobros excesivos en la atención a pacientes con Covid-19. 

Esta última encabeza el grupo de las IAFAS prepagadas integradas, es decir, aquellas que facturan por los recursos que captan de sus asegurados y de pacientes externos. Todas estas clínicas han encontrado un esquema de negocio que les permite subcontratar a empresas constituidas por médicos para que presten servicios en sus locales. Con ello, se ahorran el pago de impuestos y se protegen ante posibles denuncias de mala praxis.

Los riesgos de la tercerización empresarial

Según los informes de Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al cierre del 2019 la clínica San Pablo contaba con 38.106 afiliados activos en sus paquetes de aseguramiento, y es el único establecimiento de salud de su grupo económico que está reconocido como una IAFA prepagada. En su revista institucional, el conglomerado dice contar con 2.900 médicos y 5.300 colaboradores en todo el país para atender esta demanda fija, pero el vínculo contractual que mantienen con la mayoría de ellos no es directo.

La clínica terceriza los servicios médicos a través de una modalidad de negocio creada para competir con los altos sueldos que el SIS y Essalud pagan a sus trabajadores, y lo hacen incentivando al personal de salud para que constituyan sus propias asociaciones y empresas. Al permitirles ser su propio jefe, los subcontratan a fin de que brinden atención en sus instalaciones, y les facilitan equipamiento y personal de apoyo.

La Ley de Aseguramiento Universal N° 26842 ni las resoluciones de Sunedu regulan esta práctica. El entonces jefe adjunto de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa), hoy Susalud, Mario Ríos, señala que las IAFAS privadas funcionan bajo los intereses del mercado, con la permisividad de un marco legal que empezó a relajar sus controles desde fines de los 90’s, con la Ley de Modernización del Seguro Social del gobierno de Alberto Fujimori.

Esta fórmula sirvió al Grupo San Pablo para posicionarse en el rubro. En una entrevista que brindó a la revista Diario Médico, el 2014, el fundador de la corporación, José Álvarez Blas, señala: “Empleamos a 1.721 médicos y competimos por contratarlos con Essalud, que ofrece sueldos que no podemos pagar. Nuestra fórmula es proponerle al médico crear su propia empresa, y asociarse con San Pablo. Así tenemos convenios con 485 empresas formadas por ellos. De este modo vamos a lidiar con la competencia estatal y con el déficit de personal”.

La tercerización precariza la labor del médico y le ahorra el pago de impuestos a las empresas

Funcionarios y personal del sector salud entrevistados para este artículo -que solicitaron mantener su nombre en reserva- señalaron que la tercerización de los recursos humanos precariza la labor del personal médico y les permite a las empresas ahorrarse el 18% del IGV en los servicios prestados, pues este costo es cargado a la boleta de la empresa subcontratada. 

Por ejemplo, en un servicio cotizado en S/1.000 la clínica separa el 20% como ganancia y carga el 18% de los impuestos a la factura que emitirá el médico que prestó su servicio a través de una empresa o asociación; y a los S/620 restantes este le deberá deducir el 8% por renta personal, quedando para él S/570.

Además, si el servicio se generó en el marco del convenio con una aseguradora, el pago no será inmediato. Las clínicas del Grupo San Pablo se encuentran afiliadas al paquete de la EPS Rímac, y el abono se realiza cuando la aseguradora hace la transferencia.

Este esquema ha permitido que algunos médicos encuentren rentable constituir varias empresas de tercerización, tanto para el sector privado como estatal, pues el artículo 40 de la Constitución señala que ningún servidor público puede desempeñar labores adicionales que no sea la docencia. Por eso, en las mañanas pueden contratar a un médico de manera individual, y en la tarde a la empresa que este constituyó.

El exministro de Salud Víctor Zamora añade que, el segundo motivo por el que las clínicas  privadas protegen este sistema de negocio se debe a que les ofrece un blindaje ante posibles denuncias. “La clínica no asume control real sobre lo que se realiza en sus locales porque solo pone las paredes. Esta asume responsabilidad con todos aquellos con los que ha facturado, y estos son otras empresas jurídicas. En un juicio, que puede tardar años, se definen los terceros civilmente responsables y se van individualizando y diluyendo sus acciones en muchas empresas”, indicó a OjoPúblico.

La entidad llamada a fiscalizar la actuación de las IAFAS privadas es Susalud. El consultor legal Frank García Ascencios, quien fue jefe de arbitraje en dicha entidad hasta el 2017, señala que el Gobierno intentó uniformizar el control sobre las las IAFAS públicas, privadas y mixtas el año 2013, con la publicación del Decreto Legislativo 1158 que deriva la fiscalización de dichos establecimientos a la superintendencia.

Sin embargo, hasta hoy, dicha entidad ni el Ejecutivo emiten una resolución que defina la responsabilidad legal en estos servicios tercerizados. “Ante un cuestionamiento por un acto médico la EPS se desliga culpando a la clínica, y esta, a su vez, se subdivide en otras razones sociales por especialidad o servicio prestado. Es una forma legal para obstruir un reclamo. En un proceso judicial sí se determinan responsabilidades, pero es un proceso muy largo”, añadió.

NUEVA SEDE. La corporación tenía recursos para construir tres nuevas sedes este año. El 2019 inauguró su última sede en Arequipa.

Foto: Grupo San Pablo

Para asegurar sus ganancias, las clínicas privadas, sobre todo aquellas que manejan sus propias pólizas, como las IAFAS privadas, optan por gastar lo menos posible de los fondos que pagó el asegurado, limitando los exámenes o evaluaciones para no reducir sus ingresos. Sin embargo, en los últimos años la principal fuente de ingresos que han encontrado las clínicas no son los servicios médicos, sino la venta de productos farmacéuticos. 

El estudio de la consultora Total Market Solutions (TMS), difundido en medios locales en enero pasado, señala que el negocio de los establecimientos privados cerró el 2018 con una facturación de S/1.826 millones, un 10% más que el año anterior, y la mitad de este monto corresponde a ingresos en su farmacia, seguida por pruebas para diagnósticos.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la clínica San Pablo vendía el omeprazol a S/165 por unidad cuando el sector público lo ofrece a S/1; la empresa tuvo que rectificarse y anunció la aplicación de tarifas solidarias en medicamentos para el tratamiento de pacientes con Covid-19. OjoPúblico solicitó una entrevista con los voceros de esta corporación, a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondieron.

El poder detrás del grupo económico

La primera clínica del Grupo San Pablo fue inaugurada en 1991 por el cardiólogo José Faustino Álvarez Blas, quien desde el 2000 empezó a diversificar sus inversiones en cuatro ramas de negocio: salud, construcción, hotelería y educación. La primera de estas es su buque insignia, con una red de 11 clínicas y centros especializados y de diagnóstico que funcionan en Lima, Arequipa, Trujillo y Huaraz. Precisamente, su Inmobiliaria Magnopata S.A fue la responsable de construir dichas sedes.

En el rubro educativo controla el Instituto San Pablo, y en el hotelero la empresa Peruvian Tours Agency  S.A.C. que funciona bajo el nombre comercial de Aranwa Hotels Resorts & Spas, en tres regiones del país. En total son 26 las razones sociales que dependen de este conglomerado, y 13 de ellas se acogieron a los préstamos del programa estatal Reactiva Perú por un total de S/59 millones 897 mil, canalizados por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Scotiabank.

El 91% de los fondos obtenidos, con tasas de interés mínimas y avalados por el Estado, se destinaron a los negocios de salud del grupo. Las clínicas que captaron los créditos máximos de S/10 millones cada una, San Pablo, San Gabriel y Jesús del Norte, son las mismas que registran sanciones en Susalud por mala práctica médica en sus sedes de Huaraz, San Miguel e Independencia, como señaló OjoPúblico.

Sin embargo, las finanzas del grupo estaban en azul al llegar la pandemia, incluso contaban con US$100 millones para invertir este año en la construcción de tres sedes hospitalarias, de entre 9 y 11 pisos, en los distritos de La Victoria e Independencia, en Lima; y en Tacna. En abril del año pasado inauguraron su sede en Arequipa y tenían previsto hacer lo mismo con estas nuevas edificaciones el 2021.

De acuerdo con sus estados financieros, la clínica del mismo nombre facturó S/151 millones al cierre del 2018, y el mayor porcentaje (63%) lo obtuvo con el servicio de hospitalización. En tanto, el Complejo Hospitalario San Pablo -que reúne sus negocios del sector médico- registró una facturación total de US$118 millones (S/413 millones).

Estas cifras lo posicionan en el cuarto lugar de entidades privadas con mayores ingresos en el rubro de la salud, según el ranking de América Economía. La lista lo ubica después de la EPS Pacífico, del grupo Credicorp; y de la EPS Rímac y la Clínica Internacional, ambos del grupo Breca.

HEREDERO. El fundador del grupo, José Álvarez Blas, ha encargado el control de sus negocios al menor de sus ocho hijos, Gabriel Álvarez Huiman.

Foto: Grupo San Pablo.

Si bien Álvarez Blas es el gerente general del conglomerado y ocupa cargos directivos en sus 26 empresas, en una entrevista con la revista de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP) dijo que se considera “un caminante del mundo”, pues ha optado por seguir su pasión de artista y ser fotógrafo. Cuenta con una página web con sus viajes y trabajos, y ha publicado voluminosos libros gráficos con el financiamiento del mismo Complejo Hospitalario San Pablo.

El segundo patrocinador de sus publicaciones es la Fundación Alvartez, organización sin fines de lucro del Grupo San Pablo que está exonerada del Impuesto a la Renta; la misma que se creó en la década de los 90 para ayudar a niños con cardiopatías, pero actualmente realiza charlas preventivas y actividades de asistencia social. Lo preside la cardióloga Bertha Huiman Tipiani, esposa de Álvarez Blas.

En la práctica, las cuatro líneas de negocio del Grupo San Pablo son manejadas por sus ocho hijos, pero es el menor de ellos, Gabriel Álvarez Huiman, quien ocupa los cargos gerenciales y toma las decisiones en la organización. El brazo derecho de él y su padre es el actual gerente médico de la corporación, Amador Vargas Guerra, expresidente del Colegio Médico del Perú (CMP) y quien respaldó la lista de candidatos que a la fecha preside este gremio. 

Por su parte, la representante legal y quien avala los acuerdos y transacciones del conglomerado es Sara Rosado Silva, bachiller en Trabajo Social, y es quien suscribió el convenio con el Estado para que las clínicas San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha habiliten sus camas UCI durante la pandemia.

GERENTE. El gerente médico de la corporación, Amador Vargas Guerra, expresidente del Colegio Médico del Perú (CMP), es el brazo derecho de la familia Álvarez.

Foto: Clínica San Gabriel

Años antes, una de las personas claves que acompañó a este conglomerado fue Flor de María Philips, quien tras una amplia experiencia con aseguradoras privadas pasó a ocupar el cargo de Gerente Corporativo Administrativa del Grupo San Pablo, entre el 2009 y 2010. Dos años después, el 2012, fue nombrada como superintendenta de Susalud, la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a las clínicas.

Ella se mantuvo en el puesto hasta el 2016, en el mismo periodo en que se diseñó la reforma normativa de este organismo. En 2013 su gestión nombró al exgerente administrativo del Complejo Hospitalario San Pablo, Juan Temoche Araujo, como interino y luego jefe de la Intendencia de Supervisión de IAFAS en Susalud, cargo que dejó al fallecer, en marzo del 2015.

Desde abril del 2019, Susalud es liderada por  Carlos Acosta Saal, y entre las denuncias que deberá resolver su gestión está el caso de las 123 clínicas que cobraron por pruebas para detectar la Covid-19 a pesar de que recibían los resultados gratuitos del Instituto Nacional de Salud. Entre las posibles infractoras, según la Contraloría General de la República, están cuatro empresas del Grupo San Pablo: Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha del Sur.