Una cadena de restaurantes, propiedad de un empresario estadounidense; una compañía de extracción de zinc y plomo que opera en el centro del país; y la universidad privada de un magnate de la minería, comparten una historia en común: recibieron créditos bancarios por Reactiva Perú y recurrieron a diferentes mecanismos para desvincular a parte de su personal en plena pandemia. Si bien el plan estatal busca evitar la ruptura de la cadena de pagos, su reglamento no impide que las beneficiadas puedan aplicar mecanismos de separación laboral.

OjoPúblico conoció los casos de la cadena de comida rápida Lucha Partners, la minera San Ignacio de Morococha y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), después de lanzar una plataforma para analizar los datos de las compañías favorecidas con los créditos, una lista  que hecha pública por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 13 de junio. Desde entonces, empleados y proveedores de más de 100 empresas nos escribieron para relatar sus historias de despidos, deudas, liquidaciones impagas, reducción de sueldos o suspensiones laborales.

Empleados y proveedores de más de 100 empresas escribieron para relatar sus historias de despidos, deudas y liquidaciones impagas.

De acuerdo con el especialista en compliance y derecho laboral, Tino Vargas Raschio, los procesos de desvinculación se hubieran evitado si el Ejecutivo fijaba un porcentaje exacto del préstamo de Reactiva Perú para destinarlo al pago de planilla, o en proporción al número de trabajadores existentes. “Se debió poner un candado para que las desvinculaciones laborales sean mínimas. El Estado se equivoca al emitir una norma sin topes, pensando que la empresa va a tener empatía o autorregulación, cuando sabemos que sus decisiones se basan en la rentabilidad”, indicó.

La legislación vigente permite que compañías en crisis puedan acordar con sus empleados medidas para evitar el colapso. Por ejemplo, programar vacaciones adelantadas, reducir la jornada, licencias con o sin goce de haber, entre otros, pero siempre que estas medidas sean comunicadas y consensuada con el trabajador, pues este tiene un contrato y sus derechos laborales son inembargables. “Ni siquiera firmando un documento, por desconocimiento o presión se puede renunciar a estos derechos”, precisa Vargas.

La lucha contra la Lucha

Lucha Partners, inscrita en Registros Públicos desde 2015, tiene como accionistas a los empresarios estadounidenses Jay Michael Shehadi y Michael T. Shehadi, y es dueña de cinco populares marcas de comida rápida: La Lucha Sanguchería, Siete Sopas, República, Hermanas Ambulantes y Marcha. A inicios de mayo Reactiva Perú empezó a emitir sus primeros préstamos, y La Lucha Partners accedió a uno de ellos a través del banco Interbank, por un total de S/7 millones, bajo la premisa de asegurar el pago de planillas y proveedores durante la crisis económica.

Según su propia declaración ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), esta cadena de restaurantes pasó de tener 1.904 empleados en febrero, a 1.687 en marzo y luego cayó a 752 en abril. En mayo y junio la reducción de personal continúo, desvinculando así a casi el 80% del personal con el que iniciaron el año, de acuerdo con información brindada a OjoPúblico por miembros del equipo de Recursos Humanos que también fueron separados de la empresa.

DUEÑO. El norteamericano Jay Michael Shahadi es el dueño y gerente de la cadena de comida rápida, y tiene como socio a Michael T.Shehadi.

Foto: Facebook 

Los documentos mostrados por nueve trabajadores de Lucha Partners, que pidieron mantener el anonimato, muestran que la empresa aplicó liquidaciones de servicios con fechas retroactivas, seguido del recorte de sus pagos. Jóvenes y padres y madres de familia acabaron firmando sus liquidaciones por miedo a ser vetados en futuros contratos o a que no se les entregue sus certificados de trabajo. Otros, en cambio, han acudido a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para denunciar su caso. 

De acuerdo con sus versiones, tras el inicio del Estado de Emergencia los cocineros, mozos, ayudantes, personal de servicio y administrativo fueron incluidos en un periodo de licencia con goce de haber compensable. Sin embargo, lo que recibieron cada quincena fue S/400, un monto inferior a su sueldo base que es S/930 en promedio. Los contratos del personal se firman con esta cifra, a pesar de que sus remuneraciones reales y fijas son entre tres o cinco veces mayores, dependiendo del cargo que ocupaban. El adicional aparece en las boletas bajo la categoría "recargo de consumo".

“Entendimos la situación, digamos que nos pusimos la camiseta. A algunos se nos vencían los contratos durante el confinamiento, pero no nos contestaban, ni por teléfono ni por correo, y en este tiempo han seguido pagándonos ese monto por quincena”, contó una trabajadora, madre soltera que ocupaba el puesto de cajera en una de las marcas de La Lucha Partners. El vínculo que ellos mantienen con la empresa son contratos de tres meses renovables, y durante la mayor parte del confinamiento estuvieron incomunicados con sus hoy exempleadores.

La situación cambió en junio, cuando el área de Bienestar Social de la compañía convocó a su personal a una reunión. “Ahora que hay mayor flexibilidad para movilizarnos te invito a que te acerques personalmente y podamos darte un alcance de las opciones que tenemos a corto y mediano plazo para ti”, se lee en el mensaje enviado a través de la aplicación WhatsApp. En el mismo, se indica que Lucha Partners buscó préstamos para mantener a su personal sin recurrir “a la suspensión perfecta”.

FECHAS. Documentos que empleados firmaron en calidad de liquidación son de junio y la fecha de cese de abril. Y el monto incluye un cuantioso descuento.

DESCUENTO. La reducción en el monto final que recibieron en la liquidación se debe a que le restaron los sueldos recibidos durante el confinamiento.

COBRO. El monto final cobrado por los empleados de la cadena de comida rápida fue mínimo tras los descuentos. Hubo alguno que quedó debiendo.

Las citas se realizaron en grupos de diez en la sede central de la compañía, ubicada en el Jr. Manuel Gonzales Prada 500, en Surquillo, donde los esperaba el mismo Jay Michael Shehadi. Uno de los trabajadores contó que el empresario aseguró no tener más fondos para mantenerlos, por lo que debían pasar a recoger su liquidación en la oficina adjunta. A las personas que entrevistamos, les pidieron firmar documentos que consigan fechas pasadas. En algunos casos indican que el cese laboral fue en marzo, otros en abril o mayo.

Además, al monto que debían cobrar como parte de sus respectivas liquidaciones y beneficios sociales le habían restado todos los sueldos quincenales que les fueron abonados durante el Estado de Emergencia. La reducción aparece bajo la denominación “otros descuentos”. Al pie de página del formato que les entregaron se lee: “Con la presente liquidación declaro haber recibido en la fecha [retroactiva] todos mis beneficios sociales, no teniendo reclamo alguno posterior que efectuar a Lucha Partners”.

Al monto que debían cobrar por su liquidación, la empresa le restó los sueldos quincenales que se abonaron durante el Estado de Emergencia.

Por ejemplo, a unos de los empleados le entregaron una lista con las remuneraciones que recibió hasta el 15 de mayo, bajo la modalidad de licencia con goce de haber; pero la liquidación que le pidieron firmar es del 2 de junio, y en su encabezado indica que la fecha de cese ocurrió el 9 de abril. En otro caso, al trabajador le dijeron que había sido liquidado a inicios de la cuarentena, sin saberlo, pero como continuó recibiendo su quincena, en la contabilidad final apareció que tenía una deuda con la empresa.

“Firmé la renovación de mi contrato trimestral el 14 de marzo, [dos días] antes del Estado de Emergencia. Hasta mediados de abril me pagaron S/400, pero a fines de junio me llamaron a la reunión a decirme que mi contrato no había sido registrado por un error y que mi liquidación ocurrió en marzo. [Por eso] en el documento aparece que mi monto a recibir era menos S/152. Me dijeron que no me preocupe, que no me lo iban a cobrar”, dijo el trabajador que invertía su sueldo en el pago de su carrera de Administración.

Al respecto, el abogado Vargas Raschio explica que las liquidaciones proceden hasta 48 horas después del cese laboral. “Si se asignaron más labores o se recibió pagos en ese periodo, no se puede decir que la persona ya estaba desvinculada de la empresa. Se ha podido recurrir a comunicaciones y firmas digitales para formalizar este trámite, no se puede esperar tantos meses. Y, respecto al descuento, el trabajador debe haber dado su consentimiento, no es una decisión unilateral”, señaló.

CADENA. El restaurante Siete Sopas también forma parte de la cadena de empresas dirigida por Shehadi, la misma que recibió fondos de Reactiva Perú.

Foto: Facebook.

Estos y otros extrabajadores han organizado sus reclamos a través de la página de Facebook “Lucha contra la Lucha”. Además, la abogada laboralista Katty Caballero ha asumido la defensa de algunos de ellos para impugnar los despidos y obtener un pago justo. “El empleador no les dio opción a compensar el trabajo faltante, los mantuvo engañados y desinformados. Con posterioridad les dijeron que ya no había una relación laboral, y se actuó de mala fe al pretender hacer una liquidación o despido retroactivo”, dijo a OjoPúblico.

Contactamos con el empresario estadounidense y gerente general de Lucha Partners, Jay Shehadi, para conocer su versión y saber en qué actividades invirtió el préstamo de S/7 millones que recibió en el marco de Reactiva Perú. A través de un escrito, sostuvo que el 80% del crédito se usó para cumplir con el pago de sueldos. “Nuestra cuota, a partir de abril [del] 2021, será aproximadamente de S/ 300 mil mensuales para rembolsar el dinero prestado [al banco], el cual hemos usado casi exclusivamente para cumplir con el pago de sueldos de los trabajadores durante el periodo de cuarentena”.

Según Shehadi, el otro 20%, sumado a sus propios recursos, fueron usados para cumplir con el pago de proveedores, alquileres, impuestos, servicios y gastos asociados con la reanudación de la empresa. “En total, hemos tenido que prestarnos más dinero para cumplir con la totalidad de las obligaciones que hemos asumido en este tiempo de inactividad”, agregó. Respecto a la situación de sus trabajadores, subrayó que Lucha Partners “no ha ejercido ningún despedido laboral”, solo han respetado el fin de los contratos. Los mismos que, como indicamos líneas arriba, vencen cada tres meses.

Algunos extrabajadores organizan sus reclamos en redes sociales, otros ya tienen abogada y demandarán a la empresa.

“El 100% de nuestro personal -durante el periodo de emergencia y cuarentena absoluta- ha recibido íntegramente sus quincenas, respetado la vigencia de todos los contratos y mantenido el pago de sueldos de más de 400 empleados con contratos vencidos. Nos sentimos tranquilos como empresa en no haberlos abandonado en el momento [que] más nos necesitaron”, indicó el empresario en su escrito.

Respecto al descuento en las liquidaciones otorgadas, añadió que en los casos donde no se renovó el vínculo “hemos respetado las normas laborales, siguiendo los lineamientos normativos vigentes. El último Decreto de Urgencia N° 078-2020 puede orientarlos un poco más”, añadió. La norma contempla, como último recurso, el descuento de aquellos sueldos abonados bajo la modalidad de licencias con goce de haber, y que no pueden ser compensados con horas de trabajo. Sin embargo, esto solo aplica para empresas del sector público.

Minera apelará al Poder Judicial

Así como Lucha Partners, otra empresa que se desvinculó de sus empleados durante la pandemia es la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. que extrae zinc y plomo en la región Junín. Esta compañía, a diferencia de la cadena de cómida rápida, lo hizo a través del mecanismo de suspensión perfecta, una modalidad que permite congelar la relación laboral sin pago alguno de por medio, y que se ha convertido en la más utilizada por las compañías durante los meses del coronavirus.

La minera, que fue beneficiada con un préstamo de S/10 millones del BBVA Perú, tiene entre sus accionistas a las offshore panameñas Orange Bay Commercial Inc (21,8%) y Clarion Holding Ltd (47,7%), esta última incluida en los Panama Papers; y a Talingo Corporation (19,9%), ubicado en el también paraíso fiscal de las Islas Vírgenes (EE.UU).

Hasta marzo de este año, la empresa declaró ante la Sunat tener 453 trabajadores. Sin embargo, entre el 27 de abril y el 9 de julio decidió poner en suspensión perfecta de 353 de ellos. El 12 de junio, dicha medida fue rechazada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en segunda instancia porque la empresa no agotó otras opciones o vías de comunicación antes de congelar el vínculo laboral. Por ello, dicha cartera les ordenó abonar los sueldos que quedaron impagos; pero ello no ocurrió.

FALLO. El Ministerio de Trabajo desestimó el pedido de suspensión perfecta que la minera realizó a 353 de sus empleados por no agotar las vías de negociación con ellos.

Foto: Andina.

En diálogo con OjoPúblico, el secretario general del sindicato de trabajadores de la minera, Wilber Méndez, dijo que se reunieron con sus representantes para exigir el pago, pero ellos les comunicaron que impugnarán la decisión del Ministerio de Trabajo ante el Poder Judicial. “La empresa nos debe otros beneficios por un arbitraje laboral que ganamos anteriormente; hemos negociado para que pague parte de este monto a los compañeros que están con licencia sin goce de haber, pero sobre la suspensión perfecta no quieren devolvernos los sueldos de estos meses porque irán a juicio”, precisó. Intentamos comunicarnos vía telefónica con voceros de la empresa, pero no hubo respuesta.

El 9 de julio venció el plazo fijado por la cartera de Trabajo para que las empresas apliquen la suspensión perfecta, pero ese mismo día el ministerio publicó la Resolución Ministerial 126-2020 que permite la presentación de una segunda solicitud para congelar el nexo laboral hasta octubre. San Ignacio de Morococha no esperó dicha resolución y el 5 de julio envió una carta a 150 de sus obreros para que acepten una licencia sin goce de haber. “De no aceptar, nos veremos en la necesidad de adoptar unilateralmente la suspensión perfecta”, dice el documento de la minera, que, además, adjunta información para demostrar que no ha tenido producción en los últimos cinco meses. 

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Trabajo, hasta la primera semana de julio, casi 30 mil empresas han logrado acogerse a este mecanismo con el objetivo de separar de manera temporal a 290 mil empleados en todo el país. Como se recuerda, el reglamento de Reactiva Perú indica que los créditos bancarios son exclusivos para el pago de proveedores, empleados y otras obligaciones que aseguren la cadena de pagos del negocio.

Ceses en la universidad del grupo Hochschild 

Otra compañía que aplicó medidas de desvinculación de su personal en tiempos de pandemia fue la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), que forma parte del grupo económico liderado por Eduardo Hochschild, el tercer hombre más rico del Perú, dueño de un departamento en Nueva York valorizado en US$8,4 millones, según el New York Post, y accionista clave de las empresas Cementos Pacasmayo, Tecsup, Hochschild Mining, entre otros.

MILLONARIO. Eduardo Hochschild Beek se ubica en el tercer lugar de la lista de millonarios peruanos que registra la revista Forbes. Sus principales inversiones están en el sector minero.

Foto: La República

Desde el 27 de abril este centro de estudios inició la aplicación de suspensión de labores y de reducción de personal bajo la modalidad de mutuo disenso a cerca de 40 trabajadores administrativos, académicos, asistentes o practicantes. “Nos convocaron vía [la aplicación de conferencias online] Zoom para ofrecernos el cese laboral, supuestamente de mutuo disenso, pero nos daban tres días para aceptar la [medida] y salir con una liquidación”, dijo a OjoPúblico una de las extrabajadoras de la universidad.

De acuerdo a sus estados financieros, la UTEC cerró el 2019 con activos valorizados en más de S/45 millones y un patrimonio institucional superior a los S/28 millones. El dictado de clases continuó de manera virtual e, incluso, Cementos Pacasmayo y Hochschild Mining crearon un fondo de US$2 millones para dar soporte financiero, a través de créditos, asistencias y becas, a alumnos de la UTEC que se hubieran visto afectados durante la pandemia. Este beneficio alcanza a otra de sus instituciones educativas, el Instituto de Educación Superior en Perú (Tecsup) que también pertenece al grupo.

Sin embargo, UTEC se acogió a Reactiva Perú y recibió S/8,1 millones del Banco de Crédito del Perú (BCP), que pertenece al conglomerado Credicorp y está afiliado a la familia Romero. De igual forma, Tecsup obtuvo un crédito de S/5 millones de la misma entidad financiera. Este medio envío correos electrónicos a su oficina principal y de coordinación académica, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta,