HALLAZGOS. Contratos sin competencia con riesgo de corrupción, falta de transparencia y sobrecostos en las compras públicas.

Perú destina más de S/442 millones en compras sin competencia para Covid-19

HALLAZGOS. Contratos sin competencia con riesgo de corrupción, falta de transparencia y sobrecostos en las compras públicas.

Ilustración: Jhafet Ruíz

El Estado ha emitido un total de 27 normas legales que regulan las contrataciones públicas durante la emergencia por la pandemia. Sin embargo, las normas señalan que la mayoría de estas adquisiciones podrán realizarse a través de contrataciones directas, una modalidad riesgosa de corrupción. El análisis realizado por OjoPúblico determina que hasta el momento se han realizado compras directas por S/243 millones (US$75 millones). Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta).

4 Mayo, 2020

Durante una emergencia, los gobiernos abren las puertas a las contrataciones directas y con ellas al riesgo de corrupción. Como muchos países de América Latina ante el Covid-19, el Gobierno peruano ha emitido 27 normas legales que regulan las compras públicas. Luego de analizar estos documentos, OjoPúblico determinó -en el marco de una investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción- que más de S/442 millones (US$138 millones) podrán utilizarse en contrataciones directas; es decir, en procesos sin competencia y que son riesgosos de corrupción.

La modalidad de contratación directa, según la normativa de emergencia, podrá utilizarse en la compra de mascarillas textiles y pruebas de Covid-19; en la adquisición de dispositivos electrónicos y servicios de Internet para las clases no presenciales; en el equipamiento de hospitales provisionales; y en el alojamiento de peruanos repatriados desde el extranjero y de aquellos desplazados forzosos al interior del país.

Ícono de mascarillaLas normas analizadas para este reportaje, que fueron emitidas entre el pasado 11 de marzo y el 27 de abril por el Poder Ejecutivo, precisan que los procesos antes descritos podrán realizarse en el marco de “la normativa que regula la contratación directa”. La Ley de Contrataciones del Estado señala que esta modalidad puede usarse, entre otros motivos, ante “emergencias [...] declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud”.

En nuestro país, el gobierno de Martín Vizcarra ha emitido dos decretos que cumplen con la situación prevista en la Ley de Contrataciones, y que permiten a las entidades contratar directamente a un determinado postor, de manera excepcional. El pasado 11 de marzo, el presidente declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional; mientras que el 15 del mismo mes, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció el inicio de la Emergencia Nacional

 

 

Sin embargo, los procesos sin competencia, como ocurre con la contratación directa, presentan riesgo de corrupción, según determinó el algoritmo Funes, que fue desarrollado por OjoPúblico. A la fecha, diferentes niveles de gobierno del Perú han llevado a cabo 1.178 procesos de contratación directa por S/243 millones (US$75 millones) para atender la emergencia, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El 26 de abril, a través de un comunicado, el OSCE precisó que el brote de esta nueva cepa del coronavirus "constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado” y, por ende, faculta a las entidades estatales a contratar de manera inmediata. Este organismo administra un portal público donde registra cada una de las contrataciones directas adjudicadas durante la emergencia por el Covid-19.

“No solamente son riesgos de posible corrupción”, advirtió el gerente para América Latina del Open Contracting Partnership, Nicolás Penagos. El experto en compras públicas explicó que la contratación directa también genera problemas para la coordinación entre diferentes entidades. “En las contrataciones directas no se debe comprar lo primero que veamos [...] tiene que mediar un estudio de mercado mínimo”, explicó Penagos. 

Más de S/442 millones podrán utilizarse en contrataciones directas para adquirir bienes y servicios durante la pandemia.

Por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, dijo que las contrataciones directas durante el Estado de Emergencia no son el único problema: “ahora las entidades pueden regularizar la publicación de documentación un mes después”. Efectivamente, las normas emitidas durante la emergencia amplían de 10 a 30 días el plazo para que las entidades presenten los documentos del proceso de contratación.

Los hallazgos de OjoPúblico ocurren en medio de un contexto de denuncias en la región por presunta corrupción en las compras públicas, en el marco de la emergencia por Covid-19. En Argentina, por ejemplo, el gobierno compró toneladas de alimentos con sobreprecio; mientras que la Fiscalía de Perú investiga compras irregulares de equipos médicos de protección para miembros de la Policía Nacional.

 

Mascarillas y test de Covid-19

La lista de sectores que podrán utilizar un presupuesto millonario en contrataciones directas durante la pandemia es encabezada por el Ministerio de Salud (Minsa). La autoridad sanitaria podrá convocar procesos sin competencia por más de S/226 millones (US$70 millones) para adquirir pruebas de Covid-19 y mascarillas textiles, implementar hospitales provisionales y mejorar la atención telefónica, a través de su administración central y otras tres entidades.

El 19 de marzo, el Poder Ejecutivo determinó las reglas para la adquisición de pruebas de diagnóstico de Covid-19 por el Instituto Nacional de Salud (INS), un organismo adscrito al Minsa. El decreto de urgencia dispuso que estas compras se realicen a través de contrataciones directas y por intermedio de Perú Compras, entidad que podrá recibir una transferencia de partidas de hasta S/100 millones (US$31 millones) para dicho fin. 

A la fecha, Perú Compras ha adjudicado la adquisición de pruebas moleculares al laboratorio suizo Roche y a otras 11 compañías nacionales, mientras que Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú y Multimedical Supplies son las proveedoras designadas para la entrega de test serológicos. En un reportaje anterior determinamos que, al momento de la compra, los fabricantes de las pruebas rápidas no contaban con autorización del Gobierno chino.

 

Fotografía de personas con mascarillas caminando por Lima.
PROTECCIÓN. El Ministerio de Salud podrá adquirir "mascarillas faciales textiles" hasta por S/35 millones. Estos dispositivos están destinados a población vulnerable.
Foto: Andina

 

El Minsa además podrá utilizar contrataciones directas para adquirir hasta S/35 millones (US$10 millones) en “mascarillas faciales textiles”, a favor de “población vulnerable”. El decreto de urgencia emitido el 11 de abril señala que la Administración Central del Minsa estará a cargo de estas compras y, cuando recurra a un proceso sin competencia, tendrá 30 días hábiles desde la entrega del bien para regularizar la documentación del proceso. 

OjoPúblico consultó a la central de adquisiciones Perú Compras y al Minsa qué modalidades de contratación pública usaron para la compra de las pruebas de diagnóstico de esta nueva cepa del coronavirus y de las mascarillas, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de edición. Perú Compras tampoco contestó sobre el monto final adjudicado a los proveedores nacionales de pruebas moleculares y serológicas para detectar Covid-19.

 

Hospitales y atención telefónica

El Minsa también podrá acceder a bienes y servicios por contrataciones directas durante la emergencia a través de otras dos entidades: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta última fue constituida en 2017 para atender la infraestructura dañada por el Fenómeno de El Niño Costero de dicho año. 

Un decreto de urgencia y dos decretos supremos, emitidos entre el 23 de marzo y 11 de abril, autorizaron a la ARCC para realizar compras que permitan el funcionamiento de hospitales provisionales; que incluyen al Hospital Emergencia Ate Vitarte, especializado en cuidados intensivos para pacientes de Covid-19, el Instituto Nacional de Rehabilitación y los hospitales de Emergencia de Villa El Salvador y Luis Sáenz de la Policía.

“En las contrataciones directas no se debe comprar lo primero que veamos", dijo Nicolás Penagos de OCP.

La normativa de emergencia ha autorizado tres transferencias a favor de la ARCC hasta por S/87 millones (US$27 millones) en conjunto para estas adquisiciones. Los decretos del Ejecutivo también ordenaron que “las contrataciones [del ARCC por pedido del Minsa] se realicen en el marco [...] del artículo 27 [...] de la Ley de Contrataciones del Estado". Este artículo autoriza la contratación directa de un proveedor, de manera excepcional.

Al ser consultado por OjoPúblico, el área de prensa de la ARCC precisó que esta entidad ha adquirido “501 camas camilla [SIC] para recuperación de emergencia mediante la modalidad de contratación directa”, según lo estipulado en la normativa. Los proveedores adjudicados en esta compra específica fueron Grupo JHS, Metax Industria y Comercio, Consorcio Siblings y Compañía e Inversiones Forli, según el comunicado de la ARCC.

Imagen de un protector facialAdemás, la ARCC ha comprado ventiladores, monitores de signos vitales, aspiradores de secreciones, electrocardiógrafos y desfibriladores. Los ventiladores fueron adquiridos a través de la modalidad de contratación internacional a la compañía IQ Medical Services de EE.UU. “Cada ítem contó con la participación de varios postores y se han evaluado diversas ofertas [...] [además] contamos con la participación de la Contraloría”, dijo la ARCC. 

Reniec, por su parte, está autorizada a realizar contrataciones para “ampliar la capacidad de la línea de atención” del número 113 del Minsa. El decreto de urgencia del 23 de marzo precisa que estas adquisiciones incluyen “una plataforma digital de servicios en la nube” y “atención digital [...] por agentes especializados”. En este marco, Reniec podrá recurrir a contrataciones directas y recibir hasta S/4.5 millones (US$1.4 millones) del Estado.

En comunicación con nuestro medio, Reniec precisó que este servicio fue adjudicado a Telefónica del Perú, a través de la modalidad de contratación directa. Según el comunicado, el monto del contrato asciende a S/4.5 millones (US$1.4 millones), conforme a lo transferido por el MEF. Hasta el año pasado, Telefónica del Perú estaba inhabilitada para contratar con el Estado, por otorgar datos inexactos en un contrato público.

 

Fachada del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
TRANSPARENCIA. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado un portal que agrupa las contrataciones directas durante la Emergencia Nacional.
Foto: Andina

 

El análisis de OjoPúblico además incluyó dos decretos de urgencia del Poder Ejecutivo que autorizaron transferencias a Reniec por un total de S/1.8 millones (US$562 mil). Este monto fue destinado a “la implementación de la plataforma de comunicación a los hogares peruanos beneficiarios del subsidio monetario”, en coordinación con el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En el marco de estas normas, Reniec adjudicó ocho contratos por S/918 mil (US$286 mil), según precisó esta entidad. De estos procesos, dos fueron realizados a través de la modalidad de contratación directa, y adjudicados a Telefónica del Perú por S/265 mil (US$82 mil) para brindar el servicio de "envio de paquete SMS", y a Ram & Ram Ingenieros por S/454 mil (US$142 mil) por el servicio de "provisión de plataforma en la nube".

 

Kits de aseo y educación a distancia

Además del sector salud, OjoPúblico también determinó que el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá acceso a S/150 millones (US$48 millones) para convocar a contrataciones directas en el marco de la emergencia nacional, según la normativa revisada para este reportaje. El monto está destinado para la implementación de la educación no presencial y la adquisición de kits de higiene para los alumnos de entidades educativas. 

El 19 de abril, el decreto legislativo firmado por el presidente Martín Vizcarra, el premier Vicente Zeballos y los ministros de Economía, María Antonieta Alva, y de Educación, Carlos Benavides, autorizó una transferencia de S/140 millones (US$43 millones) para que el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos compre “dispositivos informáticos [...] con la finalidad de implementar el servicio de educación no presencial”.

 

ANÁLISIS. La Red Palta identificó cerca de 100 normas legales que regulan las contrataciones durante la emergencia. Estas fueron emitidas en los últimos dos meses.

 

Un día antes de emitida esta norma, el presidente Vizcarra anunció en conferencia de prensa la compra de 840 mil tablets con el servicio de Internet móvil para alumnos de primaria y secundaria. El nuevo decreto precisó que la transferencia millonaria también será utilizada en la contratación de servicios de Internet, en el marco de este programa del Minedu para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia.

Imagen de desinfectante.Finalmente, el sector educación está autorizado para adquirir kits de higiene hasta por la suma de S/10 millones (US$3.1 millones) para ser repartidos entre universidades públicas. El pasado 13 de marzo, el Minedu determinó que estos kits están conformados por jabón de tocador líquido o en barra, papel higiénico, una escobilla, lejía y recipientes con tapa hermética para aquellos locales que no cuenten con sistema de agua potable.

El decreto del 15 de marzo ordenó que estas adquisiciones se realicen como contrataciones directas, y amplió de 10 a 30 días hábiles el plazo para su regularización. Consultado por OjoPúblico sobre los kits de higiene, el Minedu dijo que ha solicitado información a 51 universidades públicas para conocer las cantidades necesarias de kits de higiene. Estas compras “se realizarán en estricto cumplimiento de las normas [...] y atendiendo a los pedidos de información efectuadas por la Contraloría”, aseguró al entidad.

 

Repatriados y desplazamientos forzosos

OjoPúblico identificó transferencias hasta por el monto de S/54 millones (US$16 millones) a favor de dos ministerios diferentes, para adquisiciones bajo la modalidad de contrataciones directas, en el marco de la atención de las peruanos repatriados del extranjero y los desplazados forzosos al interior del país. Un tercer dispositivo legal además autoriza compras directas para la instalación de módulos temporales de vivienda.

Entre el 23 de marzo y el 16 de abril, el Ejecutivo autorizó cuatro transferencias por un total S/31 millones (US$9 millones) a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este presupuesto está destinado a la compra de bienes y servicios para “el alojamiento temporal [...] y alimentación [...] de los ciudadanos peruanos que retornen del extranjero”. La norma dispone que las compras sean por contrataciones directas.

 

Fotografía de policías rodeando un campamento improvisado de desplazdos forzosos por el Covid-19.
CRISIS. La crisis ocasionada por el Covid-19 ha generado que grupos de desplazados forzosos intenten llegar a sus regiones de origen a pie.
Foto: Michael Ramon

 

Un quito dispositivo legal, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de abril, autorizó una transferencia adicional por S/15 millones (US$4.6 millones) a favor del Mincetur, para que brinde alojamiento y alimentación a los desplazados forzosos desde diferentes regiones del Perú hacia la capital peruana.

En comunicación con nuestro medio, Mincetur confirmó que las adquisiciones de alojamiento y alimentación, en el marco de estas normas, fueron realizadas a través de contratos directos. El área de prensa de dicho ministerio además precisó que han utilizado alrededor de S/31.3 millones (US$9.7 millones) del monto transferido por el MEF, hasta el momento, e indicó que han utilizado 69 hoteles en Lima para hacer efectiva la cuarentena.

El Ministerio del Ambiente (Minam), por su parte, recibió S/7.5 millones (US$2 millones) para atender a los desplazados que se encuentren en tránsito por Lima; mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está autorizado a contratar bienes y servicios para la instalación de Módulos Temporales de Vivienda. En ambos casos, la norma emitida por el Ejecutivo señala que se utilizarán contrataciones directas.

La normativa amplía plazo de regularización para contrataciones directas de 10 a 30 días hábiles.

En comunicación con nuestro medio, el Ministerio de Vivienda precisó que el Seguro Social de Salud (Essalud) y el Minsa han solicitado la instalación a nivel nacional de 387 módulos temporales de vivienda. De estos, dicho ministerio ha entregado 327 a la fecha y contrató de manera directa a 16 proveedores. La entidad dijo que las contrataciones serán registrada en el portal del OSCE dentro del plazo de 30 días hábiles, y que estos procesos son “materia de control concurrente” por el Órgano de Control Institucional del ministerio. 

OjoPúblico se comunicó con el área de prensa del Minam para conocer los detalles de estas adquisiciones, las modalidades utilizadas en los procesos, y el monto adjudicado, así como los proveedores beneficiados. Sin embargo, no hubo respuesta al cierre de edición.

* Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta), que integran la diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador. 

Actualizado al 04 de mayo: 6:13 p.m.