El Estado ha emitido un total de 27 normas legales que regulan las contrataciones públicas durante la emergencia por la pandemia. Sin embargo, las normas señalan que la mayoría de estas adquisiciones podrán realizarse a través de contrataciones directas, una modalidad riesgosa de corrupción. El análisis realizado por OjoPúblico determina que hasta el momento se han realizado compras directas por S/243 millones (US$75 millones). Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta).

Ernesto Cabral @ernestocabralm ernesto@ojo-publico.com

4 Mayo, 2020