Por: Ernesto Cabral

Con cerca de 200 mil personas diagnosticadas con Covid-19 hasta la fecha, y más de 10 mil fallecidos a causa de esta nueva cepa de coronavirus, América Latina afronta el punto más crítico de la pandemia. En medio de esta crisis, los gobiernos de nuestra región pugnan por adquirir pruebas moleculares y serológicas, mascarillas, ventiladores mecánicos y demás dispositivos médicos necesarios para afrontar la emergencia, en una carrera contra el tiempo.

Sin embargo, como respuesta al Covid-19, diversos países de Latinoamérica han recurrido a una modalidad de compra pública que incrementa los riesgos de corrupción: la contratación directa, según revela una investigación liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, conformada por OjoPúblico de Perú, la diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, Poder de México y Ojoconmipisto de Guatemala.

Gobiernos de Latinoamérica han disminuido o suspendido estándares de transparencia de los contratos públicos.

En esta primera entrega, los reportajes de la red periodística transfronteriza analizan cerca de 100 normas legales emitidas en el marco de la emergencia por el Covid-19. Estas resoluciones estatales abren la puerta a las contrataciones directas y sus respectivos riesgos, disminuyen los estándares de transparencia y, en algunos casos, permiten compras con sobrecostos o la entrada en el mercado nacional de dispositivos médicos “precarios”. 

En Perú, OjoPúblico determinó que el Estado peruano ha dispuesto 138 millones de dólares para adquirir bienes y servicios en los sectores de salud y educación, a través de la modalidad de contratación directa. Estas normas además amplían el plazo para regularizar estos procesos de 10 a 30 días hábiles. En este marco, el Gobierno además deberá efectuar aquellas compras necesarias para atender a los desplazados al interior del país.

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a las adjudicaciones directas incluso desde antes de la declaración de emergencia sanitaria el 30 de marzo, según revela la investigación de PODER. Este reportaje determinó que, entre el 17 y 26 de marzo, las unidades compradoras adjudicaron 27 contratos vinculados a la atención del Covid-19 de forma directa, por un monto superior a los 338 mil dólares.

ANÁLISIS. La Red Palta identificó cerca de 100 normas legales que regulan las contrataciones durante la emergencia. Estas fueron emitidas en los últimos dos meses.

Visualización: Datasketch

En Guatemala, el medio Ojoconmipisto demostró uno de los riesgos de las contrataciones directas: compras con sobreprecio. Por ejemplo, el municipio de Villa Nueva pagó cuatro veces el precio de referencias por mascarillas N95. Además, las compras guatemaltecas de la pandemia son escenario para el cambio de rubro de constructoras y ferreterías, que hoy fungen de proveedoras de alimentos para la atención de familias en situación de pobreza.

Los gobiernos de Argentina, Colombia y Uruguay también han recurrido a las contrataciones directas, según reportan La Nación, Datasketch y la diaria. En el último caso, el gobierno de  Luis Lacalle Pou además ha emitido una nueva normativa que flexibiliza la duración del trámite para importar dispositivos médicos y los requisitos para el registro de estos productos sanitarios en Uruguay.

Falta de transparencia y bajos estándares

En nombre de realizar compras rápidas para atender la crisis del Covid-19, los gobiernos de Latinoamérica además han disminuido o suspendido los estándares de transparencia de los contratos públicos. En Colombia, el informe de Datasketch señala que los datos del portal oficial de la Agencia de Contratación Pública de Colombia no pueden descargarse, y las futuras modificaciones a los contratos solo podrán conocerse una vez finalizados.

En Argentina, el diario La Nación determinó que las normas de emergencia permiten enviar por correo las invitaciones a los postores de una compra pública, que limita la participación de la mayor cantidad posible de proveedores. El reporte señala que esta modalidad de compra no incluye un acto forma de apertura de las ofertas ni una etapa de evaluación, además que no permite impugnar las decisiones sobre la adjudicación. 

América Latina registra 200 mil personas diagnosticadas y más de 10 mil fallecidos por Covid-19.

El análisis del equipo periodístico argentino también identificó que no existen organismos de control en tiempo real, mientras que el monitoreo ciudadano está limitado por la inexistencia de un portal oficial que reúna todas las compras realizadas durante la pandemia, en formatos abiertos. A la fecha, el uso de la plataforma web Compr.ar es optativo, según explicó la Oficina Nacional de Contrataciones de Argentina al diario La Nación. 

México y Guatemala también reportan deficiencias en la apertura de datos. PODER informó que el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la plataforma web Compranet no reportan adecuadamente las contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria. Este último portal, por ejemplo, solo registra cuatro compras de ventiladores vinculadas a la atención del Covid-19, mientras que el Gobierno mexicano no ha brindado detalles sobre el puente aéreo destinado a traer insumos desde China.

Además, el gobierno de López Obrador suspendió los plazos de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública, desde el 20 de marzo hasta este lunes 4 de mayo, según el informe de PODER. Este reporte precisa que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales levantó esta suspensión, luego de recibir una carta de la sociedad civil en rechazo a la medida inicial del Gobierno mexicano.

EXPANSIÓN. América Latina enfrenta hoy la etapa más álgida de la pandemia ocasionada por el Covid-19. En este contexto, los gobiernos han declarado medidas de emergencia.

Ilustración: Jhafet Ruíz

Ojoconmipisto, por su parte, ha reportado una situación similar en Guatemala: el Procurador de Derechos Humanos de dicho país congeló los plazos de respuestas para las consultas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Aunque la Ley de Emergencia levantó esta suspensión, el medio guatemalteco ha determinado que algunas dependencias responden parcialmente durante la pandemia por falta de personal.

Finalmente, la diaria de Uruguay identificó dos riesgos vinculados a las importaciones de dispositivos médicos durante la pandemia: bajos estándares de calidad y la habilitación de empresas sospechosas. Este reporte precisa que el Gobierno uruguayo ha creado un registro provisorio, que otorga una autorización “precaria y revocable” a los insumos médicos importados. Para ingresar a este registro, ahora las empresas están autorizadas para enviar sus certificados de libre venta por correo electrónico, lo que aumenta el riesgo de adulteración.

La contratación directa es un herramienta necesaria y regulada en nuestras normativas para atender las emergencias, como la ocasionada por el Covid-19. Sin embargo, la carrera contra el tiempo no puede justificar una flexibilización de los estándares de calidad para dispositivos médicos, ni políticas que cubran de opacidad a las compras públicas. De lo contrario, un nuevo brote de corrupción se sumará a las consecuencias ocasionadas por esta pandemia.