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Ocho años después de su promulgación, y de estar suspendida por cuestionamientos del sector político y empresarial, el Perú ya puede aplicar la Norma Antielusiva General para detectar y recuperar los millones de soles en tributos que algunas empresas tienen en paraísos fiscales. La también conocida como Norma XVI se encuentra vigente desde diciembre del 2019, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) cuenta con un equipo de inspectores y revisores dedicados a identificar las estrategias que diseñaron estas compañías –con ayuda de auditores, contadores y abogados– a fin de reducir o anular el pago de sus impuestos.

En mayo del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Decreto Supremo 145-2019 para delimitar los parámetros de aplicación de la norma, y detalló siete tipos de operaciones que la Sunat podrá considerar sospechosas, siempre que se hayan usado para engañar al Estado. Una de estas son las transacciones económicas que se realizan en paraísos fiscales, territorios que se caracterizan por su inquebrantable secreto bancario, una exigencia mínima o nula de impuestos, y por ocultar la información de sus clientes.

 Según el decreto, se podrá evaluar el uso de la Norma XVI cuando identifique que una empresa realizó “actos u operaciones con sujetos residentes en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, o con sujetos que califiquen como establecimientos permanentes situados o establecidos en dichas jurisdicciones, o con sujetos que obtienen rentas, ingresos o ganancias a través de estas”. 

BAJO SOSPECHA. La Sunat cuenta con un equipo de revisores para confirmar los casos de elusión que detecten sus inspectores. El foco estará en las empresas con sedes en paraísos fiscales.

Foto: Andina.

Es decir, los peritos de la Sunat pondrán bajo la lupa a las empresas peruanas que concreten transacciones financieras o comerciales con compañías de fachada o personas asentadas en paraísos fiscales.  La opacidad que mantienen tales jurisdicciones ha permitido muchas veces el flujo de dinero ilícito, como han revelado los reportajes del caso Panamá Papers o los Paradise Papers, investigaciones lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), de las que OjoPúblico formó parte.

 

Las offshore de las empresas top

En el caso peruano, OjoPúblico identificó que las siete empresas con la más alta facturación en los sectores alimentos, farmacia, minería, maquinaria y logística tienen subsidiarias o son filiales directas de empresas registradas en paraísos fiscales. Se trata de compañías pertenecientes a los grupos Romero, Glencore, Intercorp, Ferreycorp, Scotiabank y Trafigura, las cuales tienen vínculos accionariales en sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Panamá, Bahamas y las Islas Caimán, territorios considerados por la Sunat como no cooperantes o de baja o nula imposición.

De acuerdo con los datos financieros de Perú Top Publications, uno de los buques insignia del Grupo Romero -dirigido por el banquero Dionisio Romero Paoletti- es Alicorp, líder en la industria alimentaria con 45 marcas y productos que se distribuyen en el país bajo los nombres de Primor, Capri, Alacena, Don Vittorio, Blanca Flor, Negrita, Casino y otros, y que el 2018 alcanzó venta mínimas por S/4.100 millones.

Desde enero del 2019, Alicorp es dueña de Tecnología Aplicada S.A, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas y que controla el 98,9% del capital social de Intradevco Industrial S.A, conocida por ingresar al mercado con las marcas de aseo personal y limpieza para el hogar Sapolio, Patito, Dento, Aval, Geomen, entre otras. Las estructura accionarial de estas compañías muestra la relación directa que mantiene la gigante del sector alimentos con esta subsidiaria offshore, cuyas operaciones deberán aparecer en los estados financieros anuales que en las próximas semanas presentarán a la Sunat como parte de su declaración de renta anual.

ISLAS VÍRGENES. Alicorp, es el buque insignia del Grupo Romero, y el que le provee la más alta facturación, luego de Primax. La compra de Sapolio le permitió tener una sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Foto: La República.

No es la primera vez que Alicorp realiza transacciones en las Islas Vírgenes Británicas. El 2006 adquirió el 100% de las acciones de Farmington Enterprises Inc., empresa constituida y domiciliada en el mismo paraíso fiscal y propietaria del capital social de Molinera Inca S.A., productora de harinas, tal y como lo recuerdan en su última memoria anual.

La familia Romero también tiene participación accionarial en el Grupo Credicorp, un holding que opera en el mercado financiero y de seguros, y cuya principal fuente de ingresos es el Banco de Crédito del Perú (BCP), empresa que llegó a facturar más de S/8 mil millones anuales. El Grupo Crédito S.A. es dueño del 97,7% de las acciones de este banco y, a su vez, depende en un 99,9% de Credicorp Ltd., una firma registrada en Bermuda, un territorio offshore británico ubicado en el Atlántico.

Credicorp Ltd controla al BCP y otras 55 subsidiarias desde Lima, pero ante las autoridades su sede está en dicho paraíso fiscal, puntualmente en el edificio Clarendon House, ocupado por el estudio Conyers. En julio del 2019, el ICIJ expuso 200.000 correos y contratos elaborados por este equipo jurídico para ayudar a grandes multinacionales a eludir los tributos que correspondían a países de África, y trasladarlos a las arcas de corporaciones occidentales y de oligarcas africanos. 

La compañía matriz de Credicorp también posee el 100% de acciones en otros nueve holdings constituidos exclusivamente en territorios offshore: Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y, sobre todo, las Islas Caimán, jurisdicción que encabeza el Financial Secrecy Index 2020 por su mayor grado de opacidad fiscal.

BERMUDA. Credicorp Ltd está registrada en el edificio Clarendon House, en Bermuda. Aquí trabaja la firma legal Conyers, involucrada en investigaciones de elusión en África.

Foto: Google Earth

Consultamos al respecto, la compañía admitió que su presencia en paraísos fiscales les da ventajas tributarias. "El Grupo Credicorp y sus empresas, independientemente de donde domicilien, son totalmente respetuosos de las normas tributarias que le aplican Perú y otros países. La razón por la cual algunas de nuestras empresas domicilian en algunas de las locaciones mencionadas es por los beneficios tributarios de las mismas, así como por la seguridad jurídica que ofrecen", señalaron a OjoPúblico a través de un escrito.

En el libro Los doce apóstoles de la economía peruana, Francisco Durand, recuerda el estrecho vínculo político que mantuvo en los 90’ el entonces presidente del directorio, Dionisio Romero Seminario, con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres para obtener medidas financieras favorables a Alicorp y el BCP. 

“Parte del sistema de conexiones políticas [del Grupo Romero] se basó en el apoyo financiero que brindaron a partidos de su preferencia, generalmente aquellos con más probabilidades de ganar las elecciones”, señala en su texto el sociólogo y analista de grupos de poder. Con la salida del fujimorismo y en medio de citaciones del Congreso y el Poder Judicial para aclarar sus vínculos con el fujimorismo, la compañía fue entregada al hijo, Dionisio Romero Paoletti. 

MATRIZ OFFSHORE. Este es parte del conglomerado de empresas que maneja el Grupo Credicorp. Su matriz Credicorp Ltd maneja nueve sociedades en territorios de opacidad tributaria.

Gráfico: SMV.

En noviembre del 2019, el heredero aceptó ante el fiscal del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, que entregó US$3,6 millones en efectivo para financiar la campaña de Keiko Fujimori, el 2011. Según su confesión, el dinero salió de Credicorp a través de 17 transferencias realizadas desde las cuentas de Atlantic Security Bank, el holding que mantienen en las Islas Caimán, y terminó en la sede central del BCP, en Lima, sin levantar sospechas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

La influencia  del Grupo Romero también alcanza a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio que por varios años intentó condicionar la aplicación de la Norma Antielusiva, y que fue presidido en tres oportunidades por gerentes de sus compañías. El último de ellos fue Martín Pérez Monteverde, representante de la Confiep entre el 2015 y 2017, y exdirectivo de Minka, Ransa y Credicorp. La fiscalía confirmó que él fue el nexo con Dionisio Romero para entregar el aporte de campaña a Keiko Fujimori.

 

De los Andes a las Islas Caimán

Además de Alicorp y Credicorp, la tercera empresa con más alta facturación en nuestro país es Compañía Minera Antamina S.A., un complejo minero que produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, y cuyos dueños son Glencore (33,7% de acciones), BHP Billiton (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%). Según su Reporte de Sostenibilidad, sus ventas netas llegaron a los S/11.500 millones el 2017.

Glencore, la gigante suiza con millonarias inversiones en metales, productos energéticos y agrícolas alrededor del mundo, participa en esta operación peruana a través de su filial Noranda Antamina, constituida en otro paraíso fiscal: las Islas Caimán. El año 2000, el Estado peruano suscribió acuerdos de estabilidad jurídica con Noranda para viabilizar su participación en la minera peruana, y en estos documentos se indica que su sede está en la torre One Capital Place, en George Town, la ciudad principal de este territorio británico.

ISLAS CAIMÁN. Noranda Antamina es la que controla el porcentaje de participación que la suiza Glencore tiene en la explotación minera en Áncash. Noranda fue constituida en Islas Caimán.

Foto: Antamina.

Cabe recordar que la matriz Glencore escondía una red de sociedades offshore que fue desentrañada el 2017 con la filtración de documentos del estudio de abogados Appleby, en la investigación Paradise Papers. La revelación se centró en las operaciones encubiertas en el Congo y Australia, y en una empresa naviera, pero la información a la que el ICIJ tuvo acceso muestra más de 100 conexiones entre personas y compañías relacionadas a este grupo y diferentes paraísos fiscales. 

Una de estas es Glencore Investments Antamina Ltd, registrada desde el 2008 en el edificio Canon’s Court, en Victoria Street, Bermuda, la misma sede del estudio jurídico Appleby. En esta isla también está registrada Glencore Finance Ltd., una de las matrices de la empresa, según la memoria anual de la matriz suiza. Cabe indicar que, en sus documentos oficiales, esta no detalla su estructura corporativa global ni la sede de todas sus filiales y subsidiarias, solo menciona el país de constitución de sus matrices.

En Perú, Glencore Investments Antamina Ltd está inscrita en la Sunat y tiene de representante legal a Itamar Machado de Magalhaes, un ciudadano brasileño que dirige los negocios en el país. La dirección que esta empresa ha declarado ante el órgano tributario es el Edificio República, en pasaje Los Delfines 159, Surco, donde funciona la sede de Glencore en Perú. 

CONEXIONES. Los Paradise Papers, la investigación mundial liderada por el ICIJ, identificó numerosas conexiones offshore de Glencore. Una de ellas es de Glencore Investments Antamina, en Bermuda. 

Captura: ICIJ

Compañía Minera Antamina S.A. respondió a las preguntas de OjoPúblico a través de un cuestionario enviado por correo electrónico. En la comunicación, confirmaron el origen offshore de su matriz, Noranda Antamina, aunque dicen que ya no operan allí. "Originariamente el titular del 33.75% de las acciones de Antamina era Noranda Antamina Ltd., domiciliada en Gran Caymán.  Luego, en el año 2008 esta empresa traslada su domicilio al Perú y adopta la denominación social de Noranda Antamina SRL", indican en el texto.

Respecto a su vínculo con la otra razón social: Glencore Investments Antamina Ltd, ubicado en Bermuda, mencionaron que si bien la minera peruana "tiene cuatro accionistas con diferentes participaciones societarias”, estas son “un joint venture, es decir, una asociación en participación, por lo que ninguno de ellos tiene control de la empresa".

 

La favorita: Panamá

El grupo peruano Intercorp, de Carlos Rodríguez Pastor, tiene múltiples inversiones en el sector financiero, salud, comercio y educación, pero la que le provee los mayores ingresos es Inretail Pharma S.A., una cadena de farmacias que opera en todo el Perú bajo el nombre comercial de Inkafarma. El 2018 este negocio alcanzó  una facturación de S/5.200 millones el 2018. 

Inretail Pharma S.A. es matriz de 15 filiales farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, y en nuestro país concentra el 83% de este mercado, como detalló OjoPúblico en un reportaje anterior. Esta empresa es subsidiaria de PF Inretail Consumer, que a su vez depende en un 100% de Inretail Perú Corp, compañía registrada en Panamá. 

PANAMÁ. La Unión Europea y Tax Justice Network incluyen a Panamá como unos de los países con mayor opacidad fiscal. Intercorp, Ferreycorp y Trafigura tienen empresas registradas en este país.

Foto: Elizabeth Salazar/OjoPúblico

Este país es considerado un territorio opaco por la Sunat, el Tax Justice Network y, recientemente, el Consejo de la Unión Europea, que actualizó su lista de paraísos fiscales y volvió a incluir a Panamá, tras dos años de ausencia. “Estos países o territorios no han cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido ante la Unión Europea”, indicaron los funcionarios en un comunicado hecho público el 18 de febrero.

En la misma jurisdicción opera Inti Inversiones Interamericanas, subsidiaria directa de la empresa peruana Ferreycorp, la quinta empresa que aparece en nuestro ranking por su alta facturación, y que se dedica a la distribución de bienes de capital, servicios y soporte. El 2018 alcanzó ingresos por S/5.200 millones. Inti Inversiones Interamericanas fue inscrita en Panamá el 2010, como parte de un holding para controlar las filiales que tiene el grupo en centro y norteamérica. 

En este mismo país también encontramos al Grupo Trafigura, una corporación mundial con sede en Singapur que almacena, comercializa y traslada materias primas, y cuya filial Trafigura Perú S.A.C le permitió obtener S/5.070 millones en ventas anuales. Una de sus subsidiarias es Puma Energy Bahamas,, registrada en el Tower Financial Center de Panamá.

Finalmente, en el puesto séptimo, tenemos a Scotiabank Perú, miembro del conglomerado canadiense del mismo nombre y es considerado el tercer banco más importante del Perú. De acuerdo a los reportes de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 98,05% de su capital social está en manos de Scotia Perú Holdings S.A., empresa controlada en un 36.9% por la sociedad offshore BNS International, constituida en Bahamas. La financiera que surgió tras la fusión del Banco Sudamericano y el Banco Wiese Sudameris, el 2006, afronta una disputa de S/400 millones con la Sunat por intereses tributarios acumulados en la última década y que se niega a pagar. El caso ha llegado al Tribunal Constitucional, en un proceso que deberá resolverse en los próximos días.

BAHAMAS. Scotiabank, el tercer banco más importante del Perú que opera con capitales canadienses, tiene vínculos accionariales con BNS International, creado en las islas Bahamas.

Gráfico: SMV

 

Fiscalización para ingresar al OECD

En una conferencia de prensa, el Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat, Palmer de la Cruz, señaló que como parte de sus acciones de control, la institución cruzará información con otros países a fin de recabar elementos suficientes para aplicar la Norma XVI. Según explicó, el Perú tiene convenios de intercambio de información suscritos con once jurisdicciones para poder agilizar este proceso, y se ha adherido a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMMF) con el  fin de acceder a reportes similares en otros 100 territorios. 

“Este proceso demanda una transparencia mutua y su principal objetivo es prevenir. Hemos cumplido con publicar cinco esquemas de riesgo para que las empresas puedan saber qué métodos serán considerados artificiosos, aunque no son los únicos. Si bien existe la economía de opción, lo que busca la norma antielusiva es disuadir y fiscalizar las operaciones artificiosas creadas exclusivamente para burlar el pago”, añadió a OjoPúblico. Los cálculos del ente recaudador estiman que la elusión tributaria genera pérdidas al Perú por  unos S/15.900 millones anuales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reúne a las principales economías del mundo y promueve la reducción de la elusión a través de la fiscalización de las empresas transnacionales y sus filiales. El Gobierno peruano quiere ser parte de ella, y uno de los requisitos es demostrar que está luchando contra esta práctica irregular..

EQUIPO. La norma antielusiva estuvo congelada debido a presiones políticas y empresariales. Ahora la Sunat ya cuenta con las herramientas legales y el equipo para aplicarla.

Foto: Elizabeth Salazar/OjoPúblico

El gestor de la Norma XVI y consultor en política tributaria del MEF, Eduardo Sotelo, sostiene que el sistema fiscal de determinadas jurisdicciones se diseña de una manera tal que se presta para facilitar su explotación en la creación de esquemas que ayudan a erosionar las bases tributarias y afectar la recaudación de otros Estados.  Una norma antielusiva general es una herramienta que ayuda a las administraciones tributarias en la fiscalización de ese tipo de estrategias, como la planificación fiscal agresiva de algunas empresas multinacionales.

“Son mundialmente conocidas la distorsiones que genera la proliferación de países de baja tributación. Si bien su existencia y la decisión de acudir a ellos es legítima, y puede responder también a razones ajenas al tema fiscal; lo cierto es que las filiales de las multinacionales registradas en esos territorios declaran en ellos un margen de beneficios, utilidades o rentas que duplican el promedio del de sus grupos con relación a sus activos. Todo lo contrario, precisamente, de lo que buscan los sistemas tributarios: que los beneficios económicos paguen tributos en la jurisdicción en donde tiene lugar la actividad económica que genera más valor”, añadió Sotelo.

La Norma XVI establece la responsabilidad solidaria de los miembros del directorio o del representante legal que aprueben esquemas tributarios amañados. De confirmarse la falta, por dolo o negligencia, ellos tendrán que responder con su propio patrimonio para cubrir la deuda. La medida ya está obligando a los directores a tener participación directa en la toma de decisiones fiscales que antes eran tercerizadas a estudios de abogados.