Una mañana de octubre, en un bus camino al call center donde trabaja, Edwin C. recibió una llamada desesperada de su padre. Acababa de ver en las noticias que el centro de estudios superiores de su hijo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, había sido clausurado por no cumplir con las condiciones mínimas para dar educación de calidad. El joven de 24 años escuchó a su papá y, luego de calmarlo (“ya va a pasar, papá, tranquilo”), se despidió. Todavía incrédulo, llamó a algunas compañeras para saber si era cierto. Todas lo confirmaron: la Garcilaso tenía que cerrar.

El resto del viaje, Edwin la pasó pensando en cómo haría para terminar su carrera. Estaba recién en sexto ciclo y este año no se había matriculado por falta de dinero. Calculó, imaginó soluciones, pero la situación parecía irremediable. Además, había algo que lo empeoraba todo: en ninguna otra universidad privada de Lima enseñaban lo que él estudiaba, Trabajo Social. Edwin no tenía posibilidad de hacer un traslado. Por lo menos no en la capital .

El joven no solo sintió rabia, también una aplastante frustración. Era como si de nada hubieran servido todos sus esfuerzos. Todo lo que había luchado solo para empezar a estudiar (sin decirle a sus padres, se preparó para postular él solo; luego pagó su examen de admisión con sus ahorros). Los ciclos universitarios repartidos entre estudios, trabajos y los viajes diarios de más dos horas desde su casa, en Ventanilla, hasta su facultad, en el Cercado de Lima. Los años trabajando en call centers en lugar de ir a clases (tuvo que parar un par de años, trabajar y juntar dinero suficiente para seguir estudiando).

Los préstamos que su mamá, vendedora ambulante de tortas, había hecho en tres financieras para apoyarlo con los pagos de sus boletas. Era como si de pronto se escapara sin remedio su oportunidad de ser alguien mejor, de cambiar de vida y también de revertir la “suerte universitaria” de la familia (sus padres, que irónicamente estudiaron Administración en la propia Garcilaso, no ejercieron su profesión; una de sus hermanas dejó Arquitectura por falta de plata; a su hermano le tomó tres años ingresar a una universidad pública). Y todo por algo que ni siquiera él había provocado.

Edwin bajó del carro, caminó hasta el call center, porque así tenía que hacerlo y trabajó diez horas seguidas contestando llamadas con amabilidad y paciencia, como siempre. Como si nada hubiera pasado.

CLAUSURADA. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega no cumplió con ninguno de los ocho requisitos para licenciarse, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Foto: Leslie Searles
 

Una decisión radical

El licenciamiento fue el proceso que determinó el cese de actividades de la universidad de Edwin C. Se trata de una especie de evaluación larga y exhaustiva que empezó en 2015 y está a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Sirve para determinar si las universidades del Perú cumplen con los estándares mínimos de calidad. De no hacerlo, deben cerrar en un plazo de dos años. Ninguna universidad puede sortear el licenciamiento, es obligatorio.

Edwin y sus compañeros sabían desde hacía tiempo que su universidad estaba atravesando este proceso. Pero todos se sentían confiados: algunas autoridades de la Garcilaso les habían dicho que no había de qué preocuparse, que la universidad con seguridad se licenciaría. Era imposible que ocurriera lo contrario: tenían 55 años de historia, nueve locales entre Lima y Chincha, y más de 16 500 mil alumnos. Edwin pensaba que, además, no les podían cerrar la universidad a los casi 600 alumnos y alumnas de la carrera de Trabajo Social. Si eso pasaba, no tendrían a dónde ir.

El caso de Edwin C. es uno más entre los miles de estudiantes peruanos cuyas universidades no han obtenido el licenciamiento de la Sunedu. Hasta diciembre de este año, de las 145 universidades peruanas (49 públicas, 96 privadas), 83 han recibido el licenciamiento, 28 no, y 34 aún están en el proceso. Para saber el resultado definitivo todavía faltan algunos meses. Este es un drama universitario que se vive como una semana interminable de exámenes finales.

NEGLIGENCIA. Algunas autoridades de la Garcilaso le dijeron a Edwin C y a otros 16 500 alumnos que no había de qué preocuparse, que su casa de estudios obtendría el licenciamiento.

Foto: Leslie Searles

 

Pero, ¿de qué se trata este proceso que tiene nombre de trámite engorroso de ventanilla? Para comprenderlo, hay que sacar a relucir varias fechas y otros tantos sucesos.

En 1996, el gobierno de Alberto Fujimori permitió la creación de universidades con fines de lucro, para atraer la inversión privada a la educación y así satisfacer la demanda cada vez más grande de los jóvenes peruanos por los estudios superiores. Porque para las familias peruanas los “estudios superiores” son solo los estudios universitarios. Una carrera en un instituto técnico o, por ejemplo, en una escuela artística, son alternativas muy por debajo, que no encajan en su visión tradicional de progreso. Pero la idea de la universidad como un trampolín para el ascenso social y económico es una fantasía. En su libro 'Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente', Pablo Lavado y Gustavo Yamada anotan que, hasta 2014, cuatro de cada diez profesionales universitarios peruanos estaban subempleados: trabajaban en algo distinto a lo que estudiaron y ganaban sueldos bajos. Los egresados de universidades de mala calidad tienen mayores probabilidades (entre 18% y 30%) de vivir en el subempleo.

Nada de lo anterior se reflejó en la medida de Fujimori que ratificó a las universidades privadas una serie de beneficios tributarios. Por ejemplo, están exoneradas o pagan menos impuesto a la renta, IGV y tampoco pagan aranceles cuando hacen importaciones de bienes o servicios con fines educativos. Mientras las universidades públicas operaban con presupuestos insuficientes, las nuevas universidades privadas recibían beneficios comparables a los que gozan las millonarias industrias farmacéutica, bancaria o minera.

Esta vía para “liberalizar” la educación universitaria en el país, como explica Ricardo Cuenca en el libro 'La educación universitaria en Perú', debía producir tres efectos: la aparición de más universidades, la democratización de su acceso y una fuerte competencia en la que solo las mejores universidades permanecerían.

Con los años, sin embargo, solo la primera de las tres hipótesis se cumplió. Aparecieron muchas universidades, pero la mayoría tenía profesores mal calificados, funcionaba en locales inseguros o carecía de planes de estudio acordes a los estándares internacionales, o siquiera cercanos a los de las universidades más prestigiosas del país. Entonces se generó una “industria de la titulación fácil”, que terminó perjudicando a los estudiantes más pobres. Con sus diplomas de universidades de poca calidad, ellos no pueden competir por un buen puesto de trabajo. Los empleadores los miran con sospecha.

En 2014, todavía en la efervescencia de este modelo precario, el Congreso aprobó la Ley Universitaria 30220, que establece cómo deben crearse, desarrollarse y funcionar estas instituciones a la cabeza de la educación superior. La principal innovación de esta ley fue la creación de la Sunedu, que puede autorizar o no el funcionamiento de programas académicos, y de las propias universidades como instituciones, en base a su buena o mala calidad. A este es el proceso que conocemos como licenciamiento.

AFECTADOS. En octubre de 2018, la universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde estudió Edwin C., perdió su licencia de funcionamiento. El centro de estudios no cumplía con los estandáres que establece la Ley Universitaria y perjudicó a miles de estudiantes.

Foto: Leslie Searles

La Sunedu también supervisa si las universidades privadas realmente están empleando las ganancias de sus beneficios tributarios con fines educativos. En caso contrario, no reciben la acreditación que representa la licencia.

Aparecieron muchas universidades, pero la mayoría tenía profesores mal calificados, funcionaba en locales inseguros o carecía de planes de estudio acordes a los estándares internacionales.

El licenciamiento empezó en 2015. Las universidades tenían que demostrar en tres etapas (revisión documentaria, verificación de las condiciones básicas de calidad y emisión de resolución), a lo largo de más o menos dos años, si contaban con las ocho condiciones básicas de calidad (CBC): buenos planes de estudio, 25% de profesores contratados a tiempo completo, asegurar la inserción laboral de sus egresados, hacer trabajo de investigación, campus seguros y bien equipados, entre otros. Para obtener el licenciamiento, las universidades debían de cumplir los ocho requisitos. No eran suficiente cinco, seis o siete, debían ser todos.

El tiempo que puede demorar el proceso del licenciamiento depende de si es una universidad pública o privada, del número de filiales, de la cantidad de carreras, la población universitaria. De las 109 universidades que ya han pasado por este proceso, algunas han demorado un año, otras un año y medio, y a otras les está tomando más de dos años.

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde estudió Edwin C., comenzó el proceso en mayo de 2016. Durante casi dos años pasó por una serie de etapas y procedimientos de evaluación. Finalmente, en octubre de 2018 salió la resolución denegatoria: no cumplía ninguna de las condiciones básicas de calidad.

Junto con Edwin, miles de alumnos recibieron la noticia como la más terrible de sus calificaciones. “Yo ya le ‘eché tierra’, ya no tengo esperanza”, dice el joven sobre la posibilidad de que la Sunedu se eche para atrás con la decisión que ha tomado sobre Garcilaso. “Pero no te voy a negar”, se sincera, “que si revierten la decisión, yo sí seguiría estudiando en mi universidad”.

 

Algunas consecuencias

La sala de espera de la Universidad Privada Telesup, otra de estas instituciones con licenciamiento denegado, se ve descuidada y vacía. Es un ambiente sin ventanas en el que no entra la luz natural. Lo adornan una televisión que está siempre apagada, unos cuantos sillones y algunas macetas. Esta es la misma universidad que tiene siete filiales y casi 20 mil alumnos, pero que en uno de sus locales lucía una falsa fachada para simular un edificio más alto y más moderno de lo que era en realidad. Su dueño, el excongresista José Luna Gálvez, está siendo investigado por transferirle, precisamente por medio de su casa de estudios, aportes de Odebrecht y OAS al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, para la campaña municipal de 2014. Esa es Telesup, la universidad fachada.

CUESTIONADA. La Universidad Telesup, del excongresista José Luna Gálvez, tiene 20 000 alumnos que se verán afectados de una u otra forma por esta situación.

Foto: Leslie Searles

 

Regados en los sillones grises y desfondados, algunos chicos conversan o duermen o leen sus cuadernos o miran su celular. Cada tanto llega una persona a la ventanilla de la caja, para preguntar o pagar por el retiro de sus certificados estudiantiles.

En uno de esos muebles está Sherly J., revisando sus apuntes antes de entrar a clase. Ella estudia el último ciclo de Derecho. Está a punto de graduarse, pero no se siente emocionada . “La Sunedu no ha previsto que los alumnos de universidades no licenciadas vamos a sufrir discriminación, no tendremos las mismas oportunidades en el mercado laboral”, dice esta joven de 24 años que siempre parece alegre.

Cuenta Sherly que el ciclo pasado, cuando supo que su universidad cerraría, pensó seriamente en trasladarse a una universidad con licencia. Ella, que nunca ha desaprobado un curso y pertenece al tercio superior de su promoción, está segura de que su educación ha sido buena y que la Sunedu fue injusta con Telesup (“no tenemos nada que envidiarle a la Católica o a la San Martín”, dice, y un par de sus compañeros de aula, la secundan afirmando con la cabeza). Sin embargo, no quería llevar consigo la etiqueta de ser una egresada de lo que llaman una “universidad estafa”.

El problema es que el traslado le habría hecho perder a Sherly J. sus prácticas en el Ministerio de Salud, y ella las necesita para pagar sus boletas mensuales de casi 550 soles. En casa, además, hay otros cuatro hermanos, alumnos y egresados de universidades privadas surgidas en la fiebre de la apertura al lucro, como la que lleva el nombre del científico Norbert Wiener, la bautizada como el célebre poeta César Vallejo o la llamada Universidad Tecnológica del Perú (UTP), que no figura en los rankings internacionales de calidad educativa. Todos en casa deben estudiar y trabajar porque la pensión del padre, un minero jubilado de Cerro de Pasco, no alcanza para cubrir las boletas mensuales de entre 500 a 700 soles: más de la mitad del salario mínimo peruano.

Que el grupo de hermanos estudie en esas universidades a pesar del escaso dinero familiar es un síntoma del drama educativo en el país. Las familias quieren, y necesitan, el ascenso profesional fácil y en un plazo corto. Los papás de Sherly han procurado que sus hijos vayan a universidades particulares para evitar que “pierdan tiempo” en las postulaciones eternas a las nacionales.

“Mis hermanos eligieron sus universidades mejor que yo”, se consuela la risueña Sherly. Al menos ellos ya egresaron o están “a salvo” en sus universidades licenciadas. Ella, en cambio, es una de los más de 143.000 estudiantes de las universidades con licenciamiento denegado (alrededor de 60 mil provienen de las universidades privadas y más de 19 mil son de la única universidad pública no licenciada, San Luis Gonzaga de Ica). A todos estos alumnos perjudicados podríamos dividirlos en dos tipos.

El Estado dispuso medidas para solucionar el problema de las universidades no licenciadas, pero estas no pueden satisfacer las necesidades de cada uno de los más de 143.000 alumnos.

Primero están los alumnos de últimos ciclos, como Sherly J. o Edwin C., que terminarán sus estudios en dos años o menos. Como las universidades denegadas tienen precisamente dos años de plazo máximo para cesar sus actividades, ellos sí pueden continuar sus estudios en la misma institución. Por supuesto, a riesgo de llevar esa marca negativa que podría perjudicarlos a la hora de buscar trabajo. “Algunos de mis compañeros del ministerio se han burlado en mi cara porque mi universidad no está licenciada”, se queja Sherly. “Otros compañeros no son aceptados o han perdido sus trabajos”.

Si quieren evitar esos problemas, entonces pueden trasladarse a una universidad con licenciamiento. Pero puede que tengan que pagar más por las pensiones y lo más probable es que deban retroceder algunos ciclos, pues difícilmente lograrán convalidar todos los cursos. Los alumnos y sus familias deben escoger el mal menor.

El segundo grupo es el de los alumnos de primeros ciclos, que de ninguna manera podrían terminar de estudiar en la misma universidad. El tiempo no les alcanzaría. Ellos deben trasladarse a una universidad con licenciamiento. Los riesgos son los mismos que en el otro caso: aumento de pensiones, retroceso de ciclos. La complicación adicional es que no todos podrán hacer su traslado, o al menos no tan pronto como desean. Incluso un aumento aparentemente menor de 200 o 300 soles en las boletas es, para varios, una meta inalcanzable. “Yo sí hubiera estado dispuesta a pagar hasta 200 soles más”, dice Sherly, que pensó bien antes de elegir su mal menor.

Las universidades con licenciamiento denegado están obligadas a darles a sus alumnos opciones para que continúen con sus estudios. Aparte de permitirles seguir estudiando por un plazo de dos años, pueden hacer convenios con universidades licenciadas para asegurar que sus estudiantes tengan opciones viables de traslado. Pero hasta noviembre de este año, solo seis de las 28 universidades no licenciadas tenían esos convenios.

La Sunedu, por su lado, ha brindado de distintas formas orientación a los estudiantes de universidades con licenciamiento denegado: campañas informativas, orientaciones presenciales, por chat y teléfono. Hasta el momento calculan haber impactado en unos 45 000 estudiantes sobre el proceso de licenciamiento, poco más de la mitad del total de alumnos de universidades no licenciadas. Sunedu ha calculado también que un 65% de los estudiantes de universidades sin licenciamiento (sin contar a Telesup y a la Universidad de Chiclayo, que no han rendido cuentas al respecto), ya ha elegido de qué forma continuará con sus estudios.

Por su parte, el Ministerio de Educación y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ofrecerá en 2020 una beca para los alumnos de universidades no licenciadas, que vivan en condiciones de pobreza y que tengan un récord académico notable.

Pero estas medidas de contención al problema no pueden satisfacer las necesidades de cada uno de los más de 143.000 alumnos y sus familias. Habrá quienes inevitablemente perderán tiempo, dinero, esfuerzo, la seguridad de saber que están haciendo algo importante y provechoso que mejorará sus vidas. Habrá también quienes ya no estudiarán más.

“De los alumnos de sexto ciclo para abajo, la gran mayoría ya no está acá”, dice Jazmin M., alumna de noveno ciclo de la que hubiera sido la primera promoción de Medicina de la Telesup. Sherly también ha podido notar lo mismo, sus compañeros de ciclos menores han fugado masivamente. La Sunedu no ha recibido las cifras oficiales de Telesup, pero según la información que tienen de las universidades receptoras, algo más de cuatro mil estudiantes (más o menos el 20% de sus alumnos) ya se han trasladado.

Jazmín M., quien ingresó a Medicina en Telesup luego de intentarlo varias veces en la San Marcos y la Villareal, dice que su salón de clase se ha ido reduciendo poco a poco hasta casi la mitad. Ella ha visto cómo algunos compañeros se fueron hacia otras universidades licenciadas para retroceder hasta cuarto o quinto ciclo. O cómo algunas universidades han recibido grupos grandes de quince o veinte alumnos, por lo que han abierto salones especiales para rezagados. O cómo otros incluso han migrado a otras ciudades, para estudiar en una universidad al alcance de sus bolsillos y sus aspiraciones.

Jazmin M., en cambio, aún no toma una decisión. Por pura curiosidad averiguó sobre los traslados a otras universidades más prestigiosas como la Cayetano Heredia o la Ricardo Palma. Además de tener pensiones que hasta cuatriplican la suya (ella paga alrededor de 1000 soles gracias a los préstamos que su papá hace en la planta metalúrgica en la que trabaja, en La Oroya), sus procesos de traslados son más complicados y admiten a pocos alumnos.

Entonces Jazmín M. ha querido seguir en su universidad, al menos hasta fin de año, hasta que salga la lista final del licenciamiento. La joven está esperando “a ver qué pasa”. Como ella, muchos de estos alumnos han aprendido a disimular la incertidumbre con una aparente indiferencia.

 

El retorno y el futuro

Edwin C. ha regresado de visita a la Garcilaso. Es de noche y camina por los pasillos de la Facultad de Trabajo Social y Psicología, un edificio de cinco pisos bastante sombrío por algunos rincones. Hay zonas a oscuras, salones vacíos o cerrados porque no hay alumnos ni profesores para ocuparlos. Edwin señala la sala de cómputo: un ambiente largo con muebles vacíos y solo dos computadoras. Luego entra a la biblioteca, un par de mesas están ocupadas. No hay libros a la vista.

―Nadie está haciendo nada por la gente de Trabajo Social, nosotros somos los más perjudicados ―insiste, haciendo una mueca de incomodidad.

Hasta ahora, los alumnos de Garcilaso y Telesup, quizá por ser dos de las tres universidades con licenciamiento denegado con mayor población estudiantil (la tercera es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica), son quienes más han mostrado públicamente su malestar por la decisión de la Sunedu. Han realizado algunas marchas y plantones fuera de sus facultades, fuera de la propia Sunedu e incluso en la puerta de la casa de Martín Benavides, el titular de esta institución.

Estas manifestaciones ocurrieron sobre todo días después de los anuncios de denegatoria. Con el tiempo han parado, ya no se sabe de ninguna. Aunque Edwin no cree mucho en su utilidad, dice que si vuelven a ocurrir, tal vez iría a una de esas protestas. Pero solo si es pacífica y en favor de los alumnos de Trabajo Social. “A mí me importa mi carrera y marcharía por mi carrera”, dice. “El otro día me enteré de que hay una federación de estudiantes. No sabía, ellos tampoco hacen nada por nosotros”.

ENCRUCIJADA. Para Edwin C, ninguna otra universidad privada de Lima enseña lo que él estudiaba, Trabajo Social. No tenía posibilidad de hacer un traslado, por lo menos no en la capital.

Foto: Leslie Searles

 

El presidente de la Federación de Estudiantes Garcilasinos, José Ramírez, estudiante de décimo ciclo de Derecho, piensa lo contrario. Además de visitar las distintas facultades, organizar asambleas y tratar con la Sunedu, la Federación ha mandado cartas al Presidente de la República, Martín Vizcarra, y al Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para pedirles ayuda. “Esperamos que el premier nos apoye: él también es garcilasino”, dice Ramírez.

“La Federación está trabajando día y noche por todos ustedes”, dijo en una asamblea universitaria que pasó días después de la visita de Edwin a la universidad. La reunión, que fue en la misma facultad de de Trabajo Social, convocó más o menos a 15 alumnos. Edwin no estuvo entre los asistentes.

Tanto José Ramírez como otros compañeros se quejan de la lentitud en los trámites administrativos, de profesores itinerantes (alguna vez han llegado a tener tres en un ciclo), de notas mal puestas, de autoridades corruptas. “Tenemos que velar por nuestros derechos cuando las autoridades nos agreden”, dice Ramírez. "Ellos son los que se tienen que ir”. La federación afirma que las autoridades universitarias han orillado a los alumnos a esta situación y deben ser sancionadas por eso.

Las preguntas podrían ser: ¿cómo una universidad privada, que tiene una serie de privilegios y oportunidades para cumplir con cierto nivel de calidad, pierde el licenciamiento? ¿No se supone que el dinero que ahorran al no pagar una serie de tributos les ayuda a reinvertir en educación y por lo tanto mantener un alto nivel académico?

Las respuestas dejan al descubierto las fallas del modelo que ha generado esta crisis. En 2017, la Sunedu presentó un informe sobre el uso que las universidades hacen de sus beneficios tributarios. Allí mostraron que el 97% de las reinversiones se hacían en activos fijos (infraestructura y equipos) y becas. Solo un 1,48% iba a proyectos de investigación o innovación. Más locales y más alumnos (y por tanto, más ganancias), pero poco conocimiento.

Los beneficios tributarios también han servido para el provecho de las autoridades universitarias. El exrector de la Garcilaso, Luis Cervantes Liñán, usó ese dinero para pagarse un sueldo y bonificaciones por casi 2 millones de soles o para comprarse un Mercedes Benz. En el caso de la Universidad San Martín de Porres, sus beneficios tributarios sirvieron en parte para pagarle al rector José Antonio Chang y sus funcionarios, entre el 2013 y el 2017, 106 millones de soles, como reveló un reciente reportaje de OjoPúblico. La Universidad César Vallejo, de acuerdo al informe de la Sunedu, es la segunda universidad peruana que más reinvierte en activos fijos y la primera que más reinvierte en becas, pero resulta que estos locales y becas repartidos por todo el Perú han servido en gran medida para expandir y consolidar el partido político Alianza Para el Progreso, de su dueño, el excongresista y candidato presidencial César Acuña.

Según la Sunedu, el que las universidades se aprovechen de sus beneficios tributarios para otros fines no es un motivo para quitarles el licenciamiento. El licenciamiento es denegado solo cuando la universidad no cumple con las ocho condiciones básicas de calidad, en el otro caso, son distintas las sanciones y estas no afectan directamente a los alumnos.

Cuando les preguntan si saben algo sobre el mal uso de los recursos en sus universidades, Sherly J. responde que nunca vio al dueño de su universidad, que no lo conoce. Jazmín M. no sabe nada. Edwin C. dice que la suya es una universidad particular y los dueños “pueden hacer lo que quieran con ella”.

Ya es de noche y camino hacia la salida, Edwin comenta que él ha averiguado sobre su traslado a la San Marcos, la única posibilidad que tendría para seguir estudiando en Lima, en caso no pueda hacerlo en la Garcilaso. Pero claro, San Marcos es una de las universidades públicas con las vacantes más peleadas de Perú: para Trabajo Social solo admiten a un alumno de traslado por semestre. “Además, me costaría más o menos 2 000 soles”, suspira resignado. Por supuesto, jamás podría conseguir esa cantidad, equivalente a dos meses de su sueldo en el call center. Y Edwin necesita todo ese dinero para ayudar a su mamá a pagar la deuda con las financieras.

―¿Entonces crees que podrás terminar la universidad?

―De terminarla, la termino ―dice Edwin, como dándose ánimos―. Pero mi papá me ha dicho que mejor ya me olvide.

En la entrada principal de la facultad el joven se cruza con una ex compañera que va llegando a clases. No se ven desde hace bastante tiempo. Ella ya está en último ciclo, como él si no hubiera parado por no tener dinero. Ella va a terminar sus estudios, él no está seguro. Ella no lo sabe, o tal vez sí, pero aún con su título universitario en las manos cargará con el estigma de ser egresada de una universidad no licenciada y está por ver si a pesar de eso le darán trabajo. Él no sabe si tendrá que seguir trabajando en el call center o si terminará de estudiar los dos años que le faltan antes de que su universidad cierre o si algún día podrá competir por la única vacante del traslado a San Marcos. Ambos han dado mucho, pero no tienen idea de si valió la pena. Viven en la incertidumbre. Pero en el momento de su encuentro no piensan en nada de eso. Se alegran por la coincidencia y se abrazan. Conversan unos minutos sobre sus amigos y también sobre el licenciamiento, y los traslados. Ella le pregunta si por fin va a volver a la universidad.

Edwin responde que sí. Suena convencido.