Hace unos días, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, dejó en claro la batalla que hay detrás de la implementación de la reforma universitaria. “Quisiera hacer un llamado especial, un llamado a defender la reforma universitaria, que muchas veces está siendo sometida a boicots. Muchos jóvenes y sus familias están haciendo esfuerzos para acceder a la educación superior y están siendo estafados, y eso no lo podemos permitir”, dijo en el evento económico con más poder en el Perú, la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2019.

La reforma de la educación universitaria es una de las tareas más urgentes y pendientes del Estado. Sin embargo, su impulso generó el rechazo de un grupo de centros privados con vínculos en el disuelto Congreso de la República, e incluso, motivó el 2016 la censura del entonces ministro Jaime Saavedra, por parte de la exbancada fujimorista. Detrás de la oposición a la nueva Ley Universitaria estabe el temor de un sector que durante años ha lucrado con la educación y temía perder parte de los millonarios ingresos que obtienen de beneficios como las exoneraciones tributarias.

"La mala educación" aborda historias sobre lo que está detrás de estos privilegios fiscales, el negocio sobre la calidad educativa, y cómo este sistema terminó afectando los sueños y expectativas de cientos de universitarios. Uno de los reportajes revela cómo hace casi un año la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) –fundada el 2010 e integrado por once entidades, entre ellas la Universidad San Martín de Porres– ganó una demanda en primera instancia contra el reglamento de la Ley Universitaria para evitar pagar el Impuesto a la Renta derivado de sus ganancias. Hasta el 2019, la Fipes tuvo como vicepresidenta a María Isabel León, exintegrante de la campaña de Fuerza Popular y hoy presidenta de la Confiep. El caso está pendiente en la Corte Suprema al igual que otras demandas interpuestas en el MEF y el Poder Judicial.

Hay alrededor de 80 mil estudiantes que en este momento viven en incertidumbre. Hasta la fecha, de las 145 universidades que existen en el país, 27 no han recibido el licenciamiento.

La educación privada tiene cuatro beneficios tributarios que fueron creados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los dos primeros permiten reducir o exonerar el pago de impuesto a la renta a las universidades con y sin fines de lucro, lo que les ayudó a ahorrar S/ 1.469 millones en impuestos durante la última década, estimó OjoPúblico luego de analizar una base de datos construida para una investigación sobre el impacto de estos privilegios fiscales.

El negocio en la educación se impulsó en 1996, cuando Fujimori promulgó la Ley de Promoción de Inversión en la Educación (D.L. 882) con el fin de crear universidades privadas con fines de lucro como sociedades, empresas o cooperativas. El objetivo, según la norma, fue “modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la demanda”, es decir, cantidad y no calidad. La ley fue firmada por el entonces ministro de Educación, Domingo Palermo, quién -según la declaración fiscal de Vladimiro Montesinos, y como OjoPúblico ha reportado en reportajes anteriores- ayudó a simular una transacción inmobiliaria para ocultar el financiamiento de los estudios en el extranjero de Keiko Fujimori y sus hermanos.

Esta ley les otorgó a las universidades con fines de lucro la posibilidad de no pagar hasta el 30% del impuesto a la renta si reinvierten sus utilidades (ganancias anuales) en infraestructura educativa y equipamiento didáctico. No se les exigía comprobar la inversión para acceder al beneficio.

En setiembre de este año, OjoPúblico detalló en base a una investigación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) -la entidad que esta impulsando la reforma del sector- y a los estados financieros de la San Martín de Porres, que una planilla de altos funcionarios de dicho centro de estudios recibió un pago por “compensación para la administración clave” mientras ejercían cargos académicos y dirigían empresas vinculadas, entre ellas un club de fútbol, una aerolínea comercial y un hotel de lujo. La universidad pagó un total de S/106 millones al rector y exministro aprista José Antonio Chang y a otros funcionarios de su gestión.

Por ello, la Sunedu, sancionó a la USMP con una multa total de S/8.6 millones y pidió iniciar un proceso de vacancia contra Chang, dejando el accionar en el ámbito administrativo para la Sunat y el penal para el Ministerio Público

En esta serie también contamos las historias de estudiantes de universidades que han perdido la licencia por las malas prácticas impulsadas por sus rectores y propietarios. Hay alrededor de 80 mil estudiantes que en este momento enfrentan una incertidumbre. Hasta la fecha, de las 145 universidades peruanas (49 públicas, 96 privadas): 28 no han recibido el licenciamiento, 83 sí y 34 aún están en el proceso. Los invitamos a leer #LaMalaEducación.