Actualidad10 Sep 2019

Reporte a la SIP 2019: Congreso, querellas e impunidad judicial son enemigos de la prensa

Reproducimos el informe enviado por el Consejo de la Prensa Peruana a la Sociedad Interamericana de Prensa que detalla ataques del Legislativo y personas involucradas en casos de crimen organizado, corrupción y abusos de poder. Se mencionan los casos contra Ojo-Publico.com, IDL-Reporteros y periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas.
CASO 'ETECO'. Miguel Arévalo ha planteado cuatro demandas contra Ojo-Publico.com y otras adicionales contra los periodistas que revelaron sus antecedentes por narcotráfico.
John Reyes / La República.

En el Perú existen tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial. El Congreso de la República ha intentado en numerosas ocasiones afectar el libre desenvolvimiento y la libertad de expresión de ciudadanos, medios y periodistas a través de proyectos de ley y leyes, en particular aquellas que restringen la publicidad estatal en medios privados, que obligan a la colegiatura de periodistas y que aumentan las penas de cárcel por difamación.

Las querellas por difamación son también una herramienta utilizada para acallar  medios y periodistas, especialmente por parte de personas envueltas en casos de corrupción o abusos de poder de diversa índole. Finalmente, la impunidad y falta de justicia a lo largo del tiempo contra periodistas asesinados.

En el Perú ejercer el periodismo de investigación contra los poderosos es un trabajo de riesgo porque pone al Congreso en contra de los periodistas y la justicia no llega cuando son asesinados en ejercicio de su oficio.   

Ataques del Congreso

En el Perú se ha fortalecido la agenda legislativa ‘antiprensa’ desde el Congreso de la República. Esto se da como respuesta a las labores de investigación sobre los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez que ha llevado a cabo la prensa peruana, y que han terminado en investigaciones fiscales e incluso la cárcel para varios prominentes y poderosos políticos y jueces.

En este escenario, el politólogo Alberto Vergara ha considerado que la prensa “mayoritariamente se ha jugado por el Estado de derecho en una forma que, confieso, nunca pensé vería en el Perú” (El Comercio, 2019). En represalia se presentaron en los últimos años varios proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas, aunque varios de ellos fueron retirados debido en parte a la oportuna reacción de organizaciones de la sociedad civil.

Los más recientes han sido el intento de colegiatura obligatoria de periodistas (junio 2018) para ejercer el periodismo, que atenta no sólo contra hombres y mujeres de prensa, sino ciudadanos no periodistas que tienen todo el derecho de ejercer su libertad de expresión a través de medios de comunicación masiva.

En el Congreso también se originó el proyecto de ley para prohibir que directores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejerzan sus funciones en un medio de comunicación si tienen una sentencia firme que los haya condenado por corrupción en perjuicio del Estado (marzo 2017). Estos proyectos no se han convertido en ley.

Un nuevo proyecto de ley publicado este año y todavía vigente propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años. De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos. El congresista que ha propuesto este proyecto, todavía pendiente de ser discutido en una comisión del Congreso, es el mismo que propuso la colegiatura obligatoria de periodistas el año pasado.

Este proyecto de ley especifica que la pena también se aplicará a casos de difamación en redes sociales, que lo hace reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación sociales. Las redes sociales son medios de comunicación sociales. Debido a la inclusión de las redes sociales en este proyecto de ley, la iniciativa se ha tomado como una propuesta de norma sobre difamación en redes sociales, por lo que se ha caído en el error de no ver el espectro completo: que se busca ampliar la pena de cárcel por difamación.

En paralelo se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor. Así, sugiere reemplazar la pena de cárcel (por hasta tres años actualmente) por sanciones económicas. Incluye a las parodias, las sátiras y la opinión como prácticas exentas de ser causales de difamación. Se incluyen también, para casos de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quedará exento de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones, o haber hecho lo posible por llegar a ella.

El proyecto también propone procedimientos prejudiciales y judiciales para el derecho de réplica y rectificación con el fin de aclarar los pasos a seguir. El proyecto de ley está en sus primeros pasos, y por el reducido tamaño y alcance de la bancada que lo propone –Bancada Liberal– es difícil que llegue a comisión o a ser discutido en el Congreso.

Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal está encaminada. Luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial, que prohibía la publicidad estatal en medios privados, era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo del 2019 y que ya no prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En el dictamen actual se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión: se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconoce en el objeto de la ley “el derecho del ciudadano a ser informado”.

También se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas, y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, quedan dudas respecto a la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –pues esto puede ser utilizado como amedrentamiento– y que aquellos que tengan deudas con el Estado no puedan ser elegidos para contratar publicidad estatal, debido a que pueden existir planes saludables de pago de deuda.

También por la obligatoriedad en el uso de centrales de medios, que pueden encarecer la contratación de espacios privados de publicidad para el Estado y tener control sobre lo que se publica y dónde. El dictamen ha sido reconocido como positivo por el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, pues ha recogido diversas opiniones de organizaciones de la sociedad civil. Ya está listo para ser discutido en el Congreso, aunque no ha sido agendado.

Es poco probable que el Congreso priorice todos los proyectos de ley presentados debido a la aguda crisis política que atraviesa el país. En un contexto en el cual el presidente Martín Vizcarra ha propuesto adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, la atención del Poder Legislativo se centraría en el debate sobre la propuesta presidencial y, de ser aceptada, en los preparativos para las elecciones. Antes de este quiebre político se esperaba que el dictamen de la ley de publicidad estatal fuera discutido en el Congreso en el segundo semestre del 2019. Este podría ser el único que sea finalmente debatido y aprobado.

En septiembre del 2019 la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales. Las pesquisas durarán sesenta días y versarán sobre “la metodología y las acciones” de las encuestadoras y “posibles casos de manipulación propagandística”. Uno de los miembros de esa comisión, el congresista fujimorista Héctor Becerril, señaló que las encuestas “no están sujetas a regulación alguna”.

Esto se da luego de que en diversas encuestas se refleje la baja aprobación del Congreso (por debajo de 10%) y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Diversas voces han señalado que esta medida hostil tiene una motivación política.

Acciones judiciales contra periodistas

En lo que va del 2019 se han registrado numerosos casos de amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, y se han arrastrado otros casos judiciales inconclusos que todavía no encuentran cauce en el sistema judicial peruano. El Consejo de la Prensa Peruana ha identificado querellas por difamación que no tienen sustento, pero que continúan en proceso. 

Caso Concejo cerrado: los medios de comunicación Ribereña Radio, Últimas Noticias, La Mega, entre otros, denunciaron en enero del 2019 que funcionarios municipales del distrito de Guadalupe, en la región norteña de La Libertad, impiden su ingreso a las sesiones de concejo. Los únicos periodistas permitidos son aquellos de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.

Caso Alvarado: en marzo de este año el diario Correo de la región norteña de Lambayeque denunció que personal de la Policía Nacional del Perú agredió físicamente a una de sus periodistas, Ericka Alvarado. La periodista cubría una nota sobre una supuesta agresión de un policía a su pareja.

Caso Chambergo: en marzo una secretaria de juzgado querelló por difamación a la periodista Rosa Chambergo (Expresión) luego de que ésta publicara que habría una presunta falsificación de documentos para que el hijo de la secretaria obtenga una nueva identidad.

Caso Facebook: en marzo el periodista Gustavo Gorriti denunció un acto de censura de parte de Facebook cuando la transmisión que realizaba a través del sistema Live fue interrumpido. Gorriti respondía a ataques recibidos por el expresidente Alan García. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contactó a Facebook para conocer los motivos del caso. La empresa sostuvo que sus “sistemas calificaron incorrectamente un link incluido en el texto como spam y consecuentemente eliminó el video”.

Caso Sodalicio: en abril del 2019 una jueza de la ciudad norteña de Piura condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar S/.80,000 de reparación civil (unos US$25,000) al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que lo había demandado por supuesta difamación agravada. Salinas y la también periodista Paola Ugaz publicaron en el 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece. Eguren luego desistió de la querella contra Salinas.

Antes de que Eguren cerrara el caso contra Ugaz, nuevamente desde Piura llegó una segunda demanda contra Ugaz por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la figura de falso testimonio en el juicio contra Salinas, del cual Ugaz fue testigo. Ugaz había colaborado en un reportaje de investigación emitido por la cadena Al Jazeera, en el que se reveló una relación estrecha, a través de documentos e investigación, entre el Sodalicio y una empresa inmobiliaria vinculada al tráfico de tierras en Piura. La demanda contra Ugaz continúa en curso.

Caso Eteco: en abril de este año el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Óscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación. Ambos periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la Drug Enforcement Administration de EEUU (DEA). Otros periodistas demandados por este caso son César Hildebrandt, Eloy Marchan, Américo Zambrano (Hildebrandt en sus trece); Gustavo Mohme (La República); Marco Zileri y César Pardo (Caretas); y Miguel Ramírez (El Comercio).

En mayo el Poder Judicial archivó dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto los periodistas (Óscar Castilla y Edmundo Cruz) asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza del caso sostuvo que el fallo final será emitido en las próximas semanas o meses.

Caso Bustíos: también en abril el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos (Caretas) en 1988 durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre del 2018 se absolvió a Urresti de la presunta coautoría del asesinato del periodista.

Caso López: en mayo inició el juicio por difamación contra el periodista Yofre López (Barranca.pe) de la provincia de Barranca, al norte de Lima. La jueza Juana Caballero lo querelló luego de que el periodista cuestionara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca acusado por corrupción y por publicar una declaración jurada de la jueza donde figura su patrimonio. Ha solicitado tres años de cárcel y una reparación civil de S/.100,000 (unos US$30,000).

Caso Humala: en agosto el abogado del expresidente Ollanta Humala, investigado por corrupción en el marco del caso Lava Jato, señaló que llamará a directivos de medios de comunicación como testigos frente a un eventual juicio contra Humala. A Humala se lo investiga por lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht de la ilegal ‘Caja 2’. “Casi el 85% se gastó en propaganda en TV y diarios. Si la hipótesis fiscal es que se lavó dinero…”, dijo el abogado, señalando que los medios también habrían recibido dinero ilegal.

Caso IDL-Reporteros: en varios momentos del 2019, incluso hasta septiembre, se han registrado protestas y plantones en la sede de IDL-Reporteros y contra el periodista Gustavo Gorriti, uno de los principales líderes en la investigación contra casos de corrupción. Colectivos de ciudadanos, entre ellos fujimoristas, han protestado frente a la redacción del medio de comunicación y han acusado al periodista de “terrorista”. Similares casos ocurrieron también frente a las redacciones de El Comercio y La República.

Caso Ayala: después de 35 años, sigue impune el asesinato del periodista Jaime Ayala (La República), quien desapareció en una base de la Marina del Perú tras imponer un reclamo por el allanamiento de la casa de su madre durante la época del terrorismo en el Perú. Ayala ingresó a la base de la Marina pero nunca más salió. Varios testigos, incluyendo exmarinos, han declarado que Ayala fue torturado y asesinado.

Caso Choquepata: también sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.

Caso Chacón: continúa el caso de investigación del Ministerio Público contra la estudiante de fotografía Daniela Chacón Ysla, quien es acusada del delito de apología al terrorismo, por el que se piden 15 años de prisión y una reparación civil de S/.500,000 (unos US$150,000) a favor del Estado. Chacón realizaba, hace dos años, un “experimento social”, como ella misma lo ha llamado, que consistía en pegar afiches del terrorista Abimael Guzmán y del exdictador Juan Velasco bajo el lema “héroe nacional”. El objetivo de la estudiante era recibir comentarios a través de un correo electrónico para generar un debate. La estudiante ha señalado que ha presentado todas las pruebas y testimonios que demostrarían su inocencia.

Caso CIDH: en septiembre del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno peruano la demanda que ocho periodistas presentaron tras la compra de Epensa por parte de Grupo El Comercio en el 2013. El Estado tiene tres meses para presentar sus observaciones a una demanda presentada en el 2015. Esta notificación no supone prejuzgamiento sobre la admisibilidad de la petición.

Casos El Comercio: Empresa Editora El Comercio tiene abiertos diez casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2013 por un total de S/.211 millones (más de US$63 millones).

Casos Epensa: Grupo Epensa tiene abiertos ocho casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2015 por un total de casi S/.2 millones (caso US$600,000).

Transparencia y acceso a la información pública

Desde finales del 2018 el gobierno peruano ha impulsado la creación y formación de entidades relacionadas al acceso a información pública. Esto como continuación a la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. Su competencia es resolver controversias que se susciten en materias de transparencia y acceso a la información pública.

A finales del 2018 se presentaron los tres vocales de la Primera Sala del Tribunal, y a mediados del 2019 inició la selección de vocales de la Segunda Sala. Este ha sido un avance casi en solitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues no existe mayor voluntad política en este aspecto.

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