Por: Elizabeth Salazar (Lima), Karin Chacón (Puno) y Geraldine Santos (Huánuco).

La mañana del martes 19 de febrero, un adolescente de 16 años llegó a la comisaría del distrito de Tambopata, en Madre de Dios, pidiendo ayuda para regresar a su casa. Con los únicos cinco soles que tenía en el bolsillo, el menor recorrió en auto y a pie los 102 kilómetros que lo separaban de La Pampa, zona destruida por la minería ilegal y la trata de personas, y a donde había llegado dos días antes desde Apurímac. Lo primero que le dijo a la policía fue que su empleador lo había botado horas antes junto a un grupo de compañeros, sin DNI ni celular. Solo les dieron unas monedas y la orden de desaparecer. 

Eran poco más de las 10 de la mañana. A esa misma hora, un contingente de 1.200 militares, 300 policías y 70 fiscales se desplegaba por La Pampa como parte de la operación Mercurio 2019, un plan de intervención a largo plazo que busca erradicar los delitos que se han desarrollado alrededor de los campamentos mineros del lugar: contaminación, deforestación, contrabando, sicariato y trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. 

Los padres del adolescente no sabían que estaba en Madre de Dios; lo habían dado por desaparecido. “Un grupo de amigos le ofreció trabajo en su misma ciudad, pero terminó en la cadena de explotación de la minería ilegal”, recuerda María del Carmen Santiago, responsable de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Su oficina, que administra la Unidad de Protección Especial (UPE), recibió la alerta de la comisaría y lo ayudó a retornar.

Con Mercurio 2019 el Ejecutivo diseñó un programa multisectorial que proyectó el rescate inmediato de hasta 2.000 víctimas de trata, sin embargo, solo se atendió a 120 mujeres adultas y menores de edad, en todos estos meses, y no solo en situación de explotación sexual o laboral, sino también de violencia familiar y abandono. Uno de ellos fue el adolescente de 16 años. 

Elena Ramos Tenorio, directora general de Población, Desarrollo y Voluntariado del MIMP, y quien participó en la elaboración de este plan, dice que el operativo se filtró. "Habíamos previsto refugios para más personas, pero la zona es de difícil acceso y movilizar esa cantidad de personal no iba a pasar desapercibido”, explica.

Medio año después de Mercurio 2019, las redes de trata de personas que dominaron este sector de la Amazonía no han sido desarticuladas, las rutas de la explotación solo se han reacomodado. 

Efecto globo

La intervención militar y policial continúa estos días en La Pampa, una zona deforestada y contaminada por mercurio. Los campamentos mineros, bares de fachada y habitaciones de material precario, habilitados para explotar a mujeres y adolescentes, fueron destruidos con maquinaria pesada; mientras que aquellos de ladrillo y cemento, asentados al borde del Km. 108 de la carretera Interoceánica se mantienen en pie. Sus ocupantes tratan de incursionar en la venta de ropa y abarrotes, pero algunos continúan con sus actividades ilícitas de forma clandestina. 

Durante siete años Luis Sánchez Villarán estuvo al frente de las investigaciones fiscales por trata de personas en Madre de Dios y participó en el último operativo. Él acaba de ser transferido a Lima, pero la información que obtuvo hasta entonces confirma que los tratantes han iniciado un regreso paulatino a las zonas donde se originó el delito: el sector de Delta y el distrito Huepetuhe, ubicados en la provincia del Manu, a un par de horas de la zona intervenida.  El número de bares en estos lugares se ha duplicado luego de Mercurio 2019, y una situación similar se registra en el sector Sarayacu, ubicado en el Km. 110 de la carretera Interoceánica, frente a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

La trata de personas no se desarrolla solo en La Pampa. Alcanza otras áreas mineras de la región que son consideras en proceso de formalización por el propio Estado porque no se desarrolla en terrenos intangibles. Ese es el caso de Delta 1, Huepetuhe, Guacamayo y zonas mineras en las que la explotación laboral y sexual persiste desde hace años. A estos lugares, no ha llegado la intervención del Gobierno.

El Ministerio Público ha identificado al menos 14 zonas en Madre de Dios, aledañas a La Pampa, que están recibiendo el flujo de víctimas mujeres y menores de edad que son captados para la explotación sexual en la Amazonía. “Si bien este es un sector importante y la intervención ha sido un golpe para las mafias, no se ha tocado estas otras zonas. Tenemos identificados los sectores Choque, Delta 1, 2, 3 y 4, Pancayllo, San José de Karene, Boca Colorado, Boca Unión, Malvinas, Pacal, Sarayacu, Huepetuhe y nuevo Huepetuhe, a solo media hora del primero”, explicó Sánchez.

Mercurio 2019 no alcanza a los bares de explotación en áreas mineras que están en proceso de formalización ante el gobierno

Cuando empezó el operativo se declaró en emergencia la provincia de Tambopata, zona de influencia directa de la minería ilegal, pero recién en abril, a través del Decreto Supremo 079-2019-PCM, se extendió la medida a la provincia del Manu con el fin de justificar el control militar y policial en la zona. Sin embargo, hasta la fecha no se ha intervenido en los estos focos de explotación sexual.

Para el jefe de la División contra la Trata de Personas (Divintrap), el General PNP Raúl Del Castillo, lo que se ha producido es un efecto globo. “Cuando uno aprieta por un lado se pasan a otro; eso ocurre en grandes intervenciones al crimen organizado, y es lo que llamamos el efecto globo. Siguen trayendo víctimas a Madre de Dios porque hay muchos otros centros de explotación, incluso en la frontera, y lo que tenemos que hacer es seguir golpeando a nivel integral. La solución no va a ser inmediata, sino a largo plazo”, señala.

La fiscal Rosario López Wong, jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público (Udavit), lo resume así: “Las redes de trata no han desaparecido de Madre de Dios, se han internado en el corredor minero y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (...) El acceso a estas zonas es más difícil, pero como lamentablemente el negocio es rentable y hay 'clientes', también han elevado los costos de captación, traslado y venta de alcohol”, indicó.

La captación

La ruta de la trata llega a la frontera sur del Perú. En Puno, hombres, mujeres y adolescentes son captados con falsos avisos de trabajo que están plagados en los muros del sector conocido como Triángulo, entre los jirones 1 de mayo y Moquegua, de la ciudad de Juliaca. El pasado 23 de agosto Ojo-Publico.com acompañó a la policía y la fiscalía en una intervención realizada en la zona. 

Son más de 50 puestos los que han cedido sus paredes para pegar carteles de colores donde se lee: “Necesito urgente señoritas con DNI para Delta 1. Sueldo comisiones, viaje inmediato y pagados”; “Busco señoritas para Puerto Maldonado: Colorado. Sueldo S/1.500 + alimentación y vivienda o con porcentaje”, “Necesito urgente señoritas mayores de edad con DNI para (atención al público) en Puerto Maldonado Km 102, corredor minero. Comisiones, gastos de viaje pagados. Cama adentro”. 

“Señores busquen un trabajo formal”, repetía el fiscal Erick Deza Medina, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Trata de Personas de Puno, a las decenas de personas que estaban anotando los números telefónicos que aparecen en los carteles. “¿Por qué ha venido la policía? ¿Qué, todos son trabajos falsos?”, pregunta una joven de 17 años que acaba de terminar el colegio. La misma interrogante la hace poco después un hombre de 53 años que busca empleo como albañil o cargador.

Tras llamar a dos de los números telefónicos que aparecen en estos avisos, las mujeres que están al otro lado de la línea explican que el trabajo es para 'fichar' en los bares de Madre de Dios, es decir, tomar licor con clientes. Dicen que no tienen inconveniente en recibir a adolescentes siempre que parezcan ser mayores de edad. “No se te obliga a nada, pero ya depende de cada uno. Aquí es tranquilo, tendrás comida, casa, todo”. Luego de aceptar las condiciones, la interlocutora avisa que en 10 minutos llegará otra mujer a recoger a las interesadas en el empleo, porque tienen listo un vehículo para el traslado a la zona.

“Puno es lugar de captación para la selva y la frontera, pero también se ha convertido en zona de destino. Además de la explotación en la conocida minera de la Rinconada, hay mayor incidencia en la misma ciudad de Juliaca porque aquí se paga más por la venta de bebidas alcohólicas y esto redunda en las ganancias ilícitas de las mafias. Luego de la operación en La Pampa los rescates en nuestra ciudad se han incrementado: el 2018 tuvimos 117 casos y ahora, que estamos a poco más de la mitad de año, ya tenemos 110”, mencionó Deza.

En el operativo Mercurio 2019 encontraron 7 mujeres de Puno. La ruta que siguen sus tratantes es la misma vía Interoceánica, pues une la ciudad de Juliaca con la capital de Madre de Dios en un viaje de siete horas.

Entre Puno y Madre de Dios se encuentra la región que tradicionalmente ha sido punto de captación para los bares de la selva: Cusco. Durante la pasada intervención en La Pampa se rescataron a cinco adultas y menores de edad de dicha localidad y que fueron captadas con la promesa de empleo. 

“Nuestra región continúa siendo punto de captación y traslado, no ha aumentado ni disminuido luego de Mercurio 2019. El fenómeno que vincula a ambas regiones no ha cambiado: en Cusco falta trabajo y oportunidades; mientras que en Madre de Dios la oferta laboral es altísima porque se necesita mano de obra barata, para múltiples actividades relacionadas a la minería, pero también para la explotación sexual”, explica la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, Andronika Sanz.

Hombres, mujeres y adolescentes son trasladados a estos campamentos mineros desde Quispicanchis, Ocongate, Paucartambo, Paruro y Calca. Sin embargo, las autoridades mencionan que la zona de Quincemil, zona de tránsito en la frontera entre Madre de Dios y Cusco, está siendo observada como nuevo foco de explotación sexual. “En este sector no hay procesos por trata de personas, pese a que reúne todas las condiciones. La gente no denuncia. No saben identificar que captar, trasladar, retener y explotar a un ser humano para lucrar a costa de él es un delito”, añade la fiscal.

En la intervención “Mercurio 2019” también se encontraron dos víctimas procedentes de Huánuco, una región ubicada en el centro del país que no cuenta con un despacho fiscal ni policial especializado en trata de personas. Las estadísticas del Ministerio Público muestran que en tres años se han recibido 142 denuncias por este delito, y del total de rescatadas, 18 estaban en La Pampa.

La ruta que siguen las víctimas de esta parte del país es Huánuco-Lima-Cusco-Madre de Dios. Las autoridades no han investigado las redes de captación que se mueven en la región a pesar de que esta fue el centro de operaciones de Claver Ramírez Céspedes, conocido como ‘Lonja’ y miembro de la red que dirigía Clara Quispe Quispe o ‘Reina del Delta’, dueña del bar Taboo en Madre de Dios y que hoy purga prisión por trata.

Ramírez tenía un puesto de periódicos en la plazuela Santo Domingo y su rol era convencer a mujeres, de entre 15 y 24 años, para llevarlas a Lima y luego a la selva. El 2016 ambos personajes fueron sentenciados a 12 años de cárcel por el delito de trata de personas, pero Ramírez fugó. Su nombre ya no aparece en la lista de los más buscados y en el distrito judicial de Huánuco no existe ninguna denuncia en su contra.

En esta región, Ojo-Publico.com identificó cinco lugares de captación a través de avisos falsos de trabajo: la misma plazuela Santo Domingo, la cuadra 9 del jirón Dos de Mayo y la cuadra 5 de la calle Aguilar. Cada anuncio cuesta S/ 5 por semana y a quienes contratan los espacios no se les pide información. Además, hay personas que aguardan en los alrededores y se acercan a jovencitas para ofrecerles ser modelos o anfitrionas.

Marilyn Antonio Sevilla, representante de la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional de Huánuco, hace un mea culpa:  “Las familias no denuncian, las víctimas tampoco. Este tema no ha sido priorizado por las anteriores autoridades por los pocos casos que se registra, pero el próximo año se destinará un financiamiento dentro de la Estrategia Creciendo Juntos”.

El rescate

De las 120 víctimas atendidas por el MIMP como parte del operativo en La Pampa, 63 son menores de edad rescatados entre febrero y agosto por la policía. El 90% de ellos proviene del mismo Madre de Dios y solo 42 permanecen en alguno de los tres Centros de Atención Residencial (CAR) que administra el Estado; el resto fue enviado de regreso a Cusco, Apurímac y Puno luego de asegurarse que sus familias no los habían expuesto al peligro. Sus edades fluctúan entre 6 y 17 años.

La viceministra de la Mujer, Cecilia Aldave, explica que el equipo de la Unidad de Protección Especial tuvo que ser capacitado para atender a este tipo de víctimas y se reevaluó la capacidad de sus albergues. Uno de estos fue reubicado en abril porque se encontraba en Inambari, muy cerca a las zonas de explotación sexual. 

“En junio construimos un nuevo centro de acogida para varones, y para las adultas se habilitó un refugio temporal en un local administrado por la Municipalidad Provincial de Tambopata, que en realidad fue creado para atender casos de violencia. En el caso de los menores estamos trabajando con sus familias para lograr su reintegración o ver la posibilidad de un acogimiento temporal con terceros porque no queremos que vivan institucionalizados”, señaló.

Un grupo de familias de Madre de Dios ya está pasando evaluaciones concretas porque han pedido postular al programa para acoger alguno de los menores. 

Lizzeth Vergaray, coordinadora nacional de la ONG Terre des Hommes Suisse, sostuvo que dos semanas antes de la operación 'Mercurio 2019', el Ministerio de la Mujer los convocó, junto a diversas organizaciones vinculadas a la prevención de la trata, para analizar el plan de rescate previsto, pero este no había contemplado oportunidades laborales o económicas para ayudar a las víctimas a reinsertarse en la sociedad.

“Nos reunieron una sola vez y nos explicaron que les darían atención inmediata de salud física y psicológica, pero queríamos saber qué más les ofrecían y no hubo respuesta. También pedimos que no las rescaten con militares y que se aseguren que no haya filtraciones, pero no sucedió. La intervención prosiguió con esas falencias”, dijo.

Cada Centro de Atención Residencial tiene un psicólogo y una asistenta social. Si alguien necesita una terapia continua, debe ser llevado al centro de salud de la zona. Los menores son reinsertados en el colegio o recuperan clases dentro del mismo refugio, reciben alimentación, son afiliados al seguro de salud, y se les impide o restringe la comunicación con sus familias si las investigaciones indican que ellos tuvieron participación en su explotación o situación de abandono. Su recuperación se mide de acuerdo al nivel de adaptación que demuestren a las normas del albergue.

En el caso de las víctimas adultas, ninguna permaneció en los albergues. Fueron 34 mujeres adultas las rescatadas al inicio del operativo, pero la cifra aumentó en los días siguientes hasta llegar a 57. Ellas provenían de Venezuela (5), Puno (7), Abancay (6), Cusco (3), Lambayeque (2), Huánuco (2), Apurímac (2), entre otras ciudades, y sus edades fluctúan entre los 18 y 30 años. “Se les informó sobre su situación y solo dos de ellas decidieron entrar al programa de protección. Ambas recibieron alimentación, descanso y atención psicológica, pero manifestaron que no querían quedarse, que iban a pasar la noche en el hogar y que luego volverían a sus casas”, añadió Aldave.

El fiscal penal es quien decida cuándo una víctima ingresa al programa de protección de víctimas y recomienda el tipo de atención que necesita: primaria, reubicación, refugio, resguardo como testigo, entre otros. Según la jefa de la Udavit, la fiscal Rosario López Wong, el objetivo es preservar su integridad, pero también que sus declaraciones sean tomadas como parte de la investigación penal sin revictimizarlas y de forma correcta para que los abogados de los tratantes no recusen las pruebas obtenidas. 

El pasado domingo 1 de septiembre, el operativo 'Mercurio 2019' ingresó a su tercera fase, que se desarrollará durante los próximos dos años con el fin de asegurar que las dragas y la extracción ilegal de oro no regresen a La Pampa. De acuerdo al plan elaborado por el Ejecutivo, en esta etapa, le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables generar condiciones productivas y educativas que desalienten la captación en sus zonas de origen.

Hasta ahora la intervención militar o policial se concentra en La Pampa. Mientras tanto, los bares y centros de captación con fines de explotación laboral y sexual ubicados en las zonas autorizadas por el gobierno para la explotación minera informal continúan activos.