Transparencia: “Las mesas de la serie 900 mil en centros poblados existen desde 2006”

Al 98,2% de actas contabilizadas, el candidato Roberto Sánchez lleva una ventaja de más de 23 mil votos a Rafael López Aliaga. No obstante, López Aliaga y su partido piden que no se proclame a los ganadores hasta que no se realice la auditoría a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, persiste el discurso político contra los resultados, cuyos argumentos parten de irregularidades focalizadas en algunos locales de Lima Metropolitana.

Para abordar este tema, conversamos con Pilar Biggio, subsecretaria general la Asociación Civil Transparencia que dió más detalles sobre los resultados y recomendaciones del segundo informe de observación electoral. Además, analizamos el reciente informe sobre pobreza monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que indica que 8,8 millones de peruanos siguen en esta situación, con la economista Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruano IEP y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Pilar Biggio asegura que, de acuerdo con las observaciones que realizaron en Transparencia, no existen elementos que indiquen que hubo algún tipo de colusión, fraude o intención de modificar los resultados de las elecciones generales. También agrega que los argumentos relacionados a un supuesto favorecimiento de candidatos con los votos de las mesas de la serie 900 mil están errados

“Esas mesas son de los centros poblados que son zonas rurales del país donde viven personas. Esas mesas existen desde el 2006. [...] Los únicos que votan ahí son los que viven en la localidad donde se instalaron las mesas. No puede votar cualquier persona porque existe una lista de electores que se corresponde con la cantidad del material electoral”, explica Pilar Biggio.

Respecto a la información revelada por Beto Ortiz en Willax donde el presidente de Transparencia tendría un aparente conflicto de interés por su participación como observador de las elecciones generales ya que su empresa brindó un servicio al JNE en diciembre de 2025. Biggio asegura que la Asociación Transparencia no tiene nada que ver con ese servicio.

“Es importante aclarar que no hay ningún contrato entre Transparencia y el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros hacemos transparencia hacia sus actividades de observación y la otra empresa sus propias actividades que no tienen nada que ver. Han sido actividades totalmente ajenas”, resalta Biggio.

Según explica Carolina Trivelli, los niveles de pobreza que persisten en el Perú se debe a qué no se han implementado políticas públicas para reducirla. Esa situación ha generado que en las zonas urbanas y otras áreas de Lima Metropolitana la pobreza haya crecido, añade Trivelli.

“Las políticas actuales que implementamos para enfrentar la pobreza son las mismas que implementamos hace 15 años cuando la pobreza era distinta. Estas ya no nos sirven para el problema que tenemos que atacar.”, señala Carolina Trivelli.

Carolina Trivelli sostiene que iniciativas orientadas a reducir la pobreza serán difíciles de ejecutar porque el Congreso ha hecho un uso excesivo de la iniciativa de gasto. De hecho, en 2025 el Consejo Fiscal detectó que el Parlamento aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, caracterizadas por incrementar el gasto público sin una fuente de financiamiento identificada.

“El Congreso ha fomentado incrementos de gasto excesivos, como beneficios laborales o incrementos de pensiones. Estas medidas deben implementarse conforme el país genere mayores recursos, ya que destinar todo el espacio fiscal a esos compromisos reduce el financiamiento de inversión pública o ejecutar estrategias de lucha contra la pobreza”, dice Trivelli.

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