El 28 de enero de 2023, un policía disparó a la cabeza de Víctor Santisteban Yacsavilca, causando su muerte. El hecho ocurrió durante las protestas contra el Gobierno. Más de dos años después, la Fiscalía —que investiga el asesinato de 49 personas en esas marchas— ha encontrado evidencias sobre la presunta negligencia en la preparación de los agentes responsables del uso de escopetas para perdigones y bombas lacrimógenas.   

Los testimonios de los psicólogos de la Policía Iorlan Payehuanca Crisóstomo y Angel Cárdenas Yalan, que estuvieron a cargo de la evaluación a los agentes de la División de Servicios Especiales —unidad que participó en la represión—, dan luces sobre el poco rigor de las pruebas. 

"Quiero aclarar que, debido a la coyuntura de las manifestaciones, no todos deseaban ser escopeteros. Sin embargo, se dieron facilidades para optar por el carnet”, reconoció Payehuanca Crisóstomo en su declaración del 20 de marzo de 2025 respecto a las evaluaciones psicológicas para obtener el carnet que facultaba a los efectivos para el uso de armas no letales.

A pesar de eso, durante el interrogatorio, la Fiscalía no repreguntó detalles sobre las facilidades a las que el policía y psicólogo Payehuanca Crisóstomo hacía referencia. 

Psicólogo indicó que durante las protestas los agentes no deseaban ser escopeteros, pero se dieron 'facilidades'".

OjoPúblico accedió a las declaraciones brindadas por ambos profesionales. En las mismas se confirma, además, que, durante las masivas movilizaciones, en la entidad policial no existía un área de Psicología ni protocolos que respaldaran los procedimientos realizados. También relataron que las evaluaciones eran grupales y escritas y que, al final, no se hacían informes individuales de los agentes. 

A esta situación se suma un mal registro de las intervenciones. Fuentes del Ministerio Público informaron que varias de las evaluaciones de los policías involucrados en la violenta represión del 2022 y 2023 no se han encontrado en las direcciones policiales correspondientes.

Las falencias explicadas por ambos especialistas contrastan con una directiva policial que establece el procedimiento para la implementación de estrategias preventivas de la salud emocional, de junio de 2018. 

Este documento establece que las unidades destacadas para custodiar el orden público deben pasar por una intervención psicológica, que comprenda una prueba de entrada, charlas, capacitaciones, técnicas psicológicas de tipo vivencial —para reforzar su inteligencia emocional— y cinco talleres de dos horas sobre autoestima, control de emociones, manejo de estrés y manejo de conflicto, entre otros. 

Según la Fiscalía, la declaración de ambos psicólogos suma evidencias a la investigación que llevan por homicidio y omisión en los casos que se produjeron en Lima. Entre ellos, el iniciado por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca. El Ministerio Público sostiene que los jefes no realizaron las acciones pertinentes para que sus subordinados actúen en el marco de la ley, lo que incluye las evaluaciones psicológicas.

ESCOPETEROS. La evaluaciones psicológicas para estos policías se realizaban de manera escrita y de forma grupal. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Fiscalía no encuentra test aplicados

El psicólogo Iorland Payehuanca Crisóstomo le dijo a la Fiscalía que las evaluaciones psicológicas para obtener el carnet de escopetero se realizaban de manera escrita y en grupos de 30 agentes por salón. Descartó que se hicieran sesiones personales para el procedimiento. 

Payehuanca Crisóstomo y Angel Cárdenas Yalan señalaron, asimismo, que esas pruebas terminaban con un reporte grupal, donde solo se indicaba si el efectivo era apto u observado. De eso dependía que siga con el proceso para su acreditación. No se realizaban informes psicológicos individuales. 

Fuentes de la Fiscalía indicaron a OjoPúblico que dicha evaluación se realizaba cada año en la División de Servicios Especiales. 

El suboficial y psicólogo Cárdenas Yalán también contó que, en el cuaderno de atención psicológica, solo se ponía “evaluación” a los agentes que pasaban por la prueba para acceder al carnet. No se incluía mayor detalle. 

Las evaluaciones psicológicas eran escritas y se realizaban en grupos de 30 agentes por salón".

A la fecha, según fuentes del Ministerio Público, no se ha podido ubicar los test aplicados en el contexto de las protestas. Un informe policial, de junio de 2024, firmado por el mismo Cárdenas Yalán, detalla que el equipo de psicólogos fue reubicado en varias oportunidades dentro de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, lo que generó que no tengan “un ambiente para cautelar la documentación correspondiente”. 

Estas evaluaciones psicológicas se realizaban a través del área de instrucción de la misma división, pues, cuando se produjeron las protestas, según Iorland Payehuanca Crisóstomo, no existía un área específica de Psicología. 

Cárdenas Yalán también dijo que, mientras estuvo destacado en esa División de Servicios Especiales, no recomendó atención psicológica para ningún policía, porque “no encontró alguna patología severa” .

OjoPúblico buscó a ambos psicólogos en sus domicilios para profundizar en sus declaraciones. Wilfredo Cárdenas Yalán indicó que no brindaría entrevistas debido a que necesita autorización de su comando. En la vivienda de Iorland Payehuanca, un familiar suyo indicó que se encontraba de comisión fuera de Lima. 

Sobre la importancia de estas pruebas, el excomandante general PNP Jorge Angulo sostiene que las normas policiales indican que todos los efectivos deben pasar una evaluación médica anual, que incluye un test psicológico. Pero que esto, en la práctica, no se cumple. “Solo pasan esa prueba cuando van a ascender porque es requisito, pero los demás años no lo pasan”, dijo. 

Angulo también insistió en la necesidad de capacitar a los agentes que van a controlar las protestas. "Nada más complicado que una multitud. ¿Tú vas a sacar gente que va a salir a matar? Por eso, tiene que haber una persona emocionalmente equilibrada, que sepa utilizar las armas no letales (...) Para eso, tienen que pasar [pruebas], para que esté certificado”, indicó.

La presidenta Dina Boluarte también es investigada por las muertes de las protestas. El pasado jueves 24 de abril, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial presentada por el Ejecutivo para evitar que se investigue a la mandataria, entre otros casos por el de los asesinatos durante la represión a las marchas de fines de 2022 e inicios de 2023.