Actualización: 24 de noviembre 5:00 p.m. 

Con información de Claudia Chávez.

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que pertenece al subsistema de Derechos Humanos, investiga por delitos de homicidio y lesiones graves y leves a la cúpula de la Policía Nacional y a sus jefes operativos por los hechos de sangre ocurridos la semana pasada durante las protestas en contra del régimen de Manuel Merino que dejaron dos muertos y más de 250 heridos entre manifestantes, paramédicos voluntarios y periodistas de medios nacionales e internacionales.

“[La investigación] nos permitirá identificar a todos los jefes policiales, tanto del más alto nivel como de los niveles intermedios. Es decir, generales, coroneles y comandantes”, dijo Yoni Soto Jiménez, titular de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a través del canal de Facebook del Ministerio Público.

El Ministerio Público deberá establecer la responsabilidad penal de los altos mandos de la Policía en la represión de los manifestantes entre el 9 y 16 de noviembre último. Entonces, el escalafón de dicha institución era liderado por los generales PNP Jorge Lam Almonte (comandante general interino ya que el titular cayó enfermo de coronavirus) y Jorge Luis Cayas (jefe de la Región Policial Lima).

En paralelo a la investigación del fiscal Yoni Soto Jiménez corren las pesquisas de la Fiscal de la Nación, Zoila Ávalos, en contra de Manuel Merino de Lama, quien ocupó la presidencia del Perú durante los días de las protestas; su exprimer ministro, Ántero Flores Aráoz; y el ministro del Interior, general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo. Todos ellos tienen beneficio de antejuicio político por su alta investidura.

La indagación de la fiscalía se centrará en identificar a los jefes de las unidades en la Región Policial Lima para establecer responsabilidades. OjoPúblico estableció que dos entidades son claves: la División de Unidades Especiales –basada en el complejo de la Av. España en el centro de Lima– a cargo de las USE que intervinieron en las protestas; y la División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde Lima, que tiene bajo su jurisdicción a la Compañía de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, conocida como Grupo Terna. 

“Otra disposición [del fiscal Yoni Soto] –orientada a determinar las circunstancias y responsables de las muertes– es recabar de la USE-PNP el plan para el control de los disturbios, diseñado para afrontar las movilizaciones realizadas del 10 al 15 de noviembre último, con la lista completa de los agentes participantes en las acciones, por turnos y fechas, así como los nombres de los jefes operativos”, indicó el Ministerio Público.

Las investigaciones de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima ocurren mientras el Perú tiene nuevo presidente, Francisco Sagasti, y nuevo ministro del Interior, Rubén Vargas, desde esta semana. También en circunstancias que un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos arribó a la capital para entrevistar a los afectados por la violencia que acabó con la vida de dos jóvenes universitarios: Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22).

El 15 de noviembre, una coalición de organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, Aprodeh y Comisedh, entre otras, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra de Merino, Flores Aráoz y Rodríguez. La demanda incluyó como agraviados a los dos fallecidos y a otras dos personas en estado delicado: Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) y Percy Pérez Shaquiama (26) con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

OjoPúblico creó una base de datos de los afectados gracias a las diferentes listas difundidas en los últimos días por entidades de salud del Estado y organizaciones de derechos humanos. Al cierre de edición, hemos establecido que más de 250 personas acabaron con diferentes afectaciones en las marchas realizadas entre el 9 y 16 de noviembre, entre ellos manifestantes, paramédicos voluntarios y periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales. Según el Ministerio de Salud, 16 de ellos permanecen hospitalizados, algunos por lesiones de gravedad.

No obstante, ninguna entidad estatal ha elaborado un registro con los nombres de todos los ciudadanos que requirieron alguna intervención médica durante las movilizaciones sociales a causa de la violencia policial. En nuestra base de datos, solo el 44% de las personas afectadas fueron identificadas con nombres y apellidos. La mayoría de ellos son varones de la ciudad de Lima.

Cabe indicar que entre los agraviados incluidos en la denuncia ante la Fiscalía de la Nación también aparecen los casos de los periodistas, videoreporteros y fotógrados: José Miguel Hidalgo Rodríguez (América), Ernesto Benavides Ráez (agencia AFP), Alonso Balbuena Bellatín (OjoPúblico) y Alonso Chero Uceda (El Comercio). Ellos también fueron consignados en la lista de 35 casos individuales reportados por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).