Por Aramís Castro y Jonathan Hurtado, con colaboración de Alba Rivas

En la costa peruana, hay un recuerdo que permanece en miles de pescadores y vecinos de Ancón, Pucusana y Ventanilla: el 15 de enero de 2022, se produjo el derrame de casi 12.000 barriles de hidrocarburos —propiedad de la Refinería La Pampilla, de Repsol— en el mar, que antes era la fuente de sus ingresos. 

A dos años del mayor desastre ambiental en el litoral peruano, autoridades de distintos sectores se han enfrentado a diversas apelaciones de la empresa para evitar el pago de 10 multas que, en conjunto, suman casi S/110 millones impuestos en última instancia. De este grupo, más de S/89 millones —que representan nueve sanciones— se encuentran judicializados y otra sanción, de más de S/20 millones, todavía está dentro del plazo para recurrir al Poder Judicial.

Los procesos contra la Refinería La Pampilla se originaron por el incumplimiento de medidas administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), interferir en la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y la responsabilidad en la muerte de más de 1.800 especímenes de fauna silvestre, competencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). 

Las sanciones impagas contrastan con las ganancias reportadas por la empresa en 2023. En el tercer trimestre de ese año, según el último balance financiero declarado a la Superintendencia del Mercado de Valores, Refinería La Pampilla tuvo ganancias por más de USD 111 millones respecto al mismo período de 2022, en el que, por el contrario, declaró pérdidas por casi USD 4 millones. 

En el tercer trimestre 2023 La Pampilla tuvo ganancias por más de USD 111 millones respecto al mismo período de 2022".

En un reciente comunicado, la compañía aseguró que las playas afectadas por el derrame en la costa norte de Lima se encuentran “aptas para su uso y disfrute”, y que han destinado más de S/1.000 millones en labores de “limpieza, remediación y compensación”. 

Sin embargo, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) señaló, en su último reporte técnico del año pasado, que en las zonas de Ventanilla, Ancón y Chancay todavía persistía la presencia de hidrocarburos totales de petróleo (TPH, por su sigla en inglés) en las “zonas más costeras, así como en línea de playa”. 

En su reporte, el Imarpe también planteó que se podrían prorrogar “las medidas restrictivas respecto a las actividades de extracción pesquera en la zona afectada”. Esta sugerencia fue tomada por la Defensoría del Pueblo para, en noviembre pasado, recomendar al Ministerio de Producción (Produce) que “disponga las medidas restrictivas necesarias, hasta la obtención de resultados favorables en los monitoreos”. 

De acuerdo al biólogo Yuri Hooker Mantilla, la zona afectada por el derrame tiene un mar con mucha energía y, cada oleaje anómalo o maretazo, genera que “los hidrocarburos acumulados en el fondo marino y entre las rocas emerjan a la superficie y se varen a las playas”. El especialista sostuvo, además, que los planes de remediación en el mar deben ser inmediatos al desastre y que ahora, luego de tanto tiempo, estos no tendrán el efecto esperado. 

CONTAMINACIÓN. Restos de hidrocarburos hallados el 16 de octubre último, en Chancay. La Municipalidad ha prohibido en ingreso a la playa a los bañistas. 

Foto: Asociación de pescadores del puerto de Chancay

Planes sin aprobar y multas impagas

En agosto del año pasado, luego de constatar el escaso avance en los trabajos de remediación del desastre ambiental, el OEFA le ordenó a Refinería La Pampilla S.A.A. que elabore planes de rehabilitación para los ecosistemas afectados por el petróleo. Los mismos debían ser presentados ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entidad responsable de su evaluación y aprobación.

En octubre pasado, la empresa presentó 15 planes, pero el Minem los observó por “no cumplir con todas las exigencias establecidas por ley”, según indica un reciente informe de fiscalización de las acciones estatales y privadas implementadas en el terminal portuario de la Refinería La Pampilla, elaborado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. 

En una nueva entrega, realizada en noviembre último, la compañía presentó 18 planes de rehabilitación, que todavía se encuentran en revisión del Minem. Este medio se contactó con la cartera para consultar sobre los tiempos de evaluación y aprobación de los documentos. Sin embargo, al cierre de este informe, no hubo respuesta.

Refinería la Pampilla presentó 18 planes de rehabilitación, que todavía se encuentran en revisión por el Minem".

“Al no contar con los planes aprobados, las tareas de remediación no pueden ser iniciadas”, advierte el informe del grupo de trabajo del Legislativo. De aprobarse los expedientes, añade, la empresa deberá ejecutar trabajos en 71 sitios afectados de la costa peruana, dos áreas naturales protegidas, seis islas e islotes y dos zonas submareales también impactadas por el derrame.

Ruth Luque Ibarra, congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, dijo a OjoPúblico que sin estos instrumentos no se puede tener un seguimiento sobre “cuáles son los espacios que se van a ir rehabilitando”. Además, alertó sobre la falta de medidas por parte de las autoridades de los distritos para evitar que se usen las playas.

Sobre la falta de aprobación de los planes, la compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero último, que no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, las acciones de limpieza, remediación y monitoreo que ha realizado “ya garantizan condiciones adecuadas en las playas y el mar, dado que su estado no representa riesgo para la salud”.

Refinería La Pampilla no solo tiene pendiente la aprobación de dichos planes, sino también el pago de seis sanciones impuestas por el Osinergmin, que acumulan más de S/13,38 millones, y cuatro del OEFA, que ascienden a S/76,09 millones, a raíz del derrame de petróleo. 

A la fecha, de acuerdo a información de las instituciones a la que accedió OjoPúblico, la empresa ha pagado S/4’290.819,26 al OEFA por dos sanciones coercitivas y otros S/6’800.000 al Serfor por la muerte de más de 1.800 especies de fauna silvestre. 

Los nueve procesos administrativos restantes con multas —cuatro del OEFA y cinco del Osinergmin—, que ascienden a S/89’476.044, están judicializados. Mientras que otra sanción del Osinergmin, por S/20.047.500, declarada firme en octubre pasado, todavía se encuentra dentro del plazo para que la empresa recurra al Poder Judicial. Es decir, en las próximas semanas, la cifra de sanciones judicializadas podría alcanzar cerca de los S/110 millones. 

En el caso de las multas impuestas por OEFA, estas corresponden a diversas infracciones. Entre ellas, destacan incumplir las medidas administrativas de limpieza de áreas de suelo, la bahía de las Áreas Naturales Protegidas, así como incluir información falsa en el reporte de emergencia ambiental sobre el cálculo del volumen de petróleo derramado.

En las próximas semanas, la cifra de sanciones judicializadas podría alcanzar los S/110 millones". 

Por su parte, Osinergmin sancionó a la empresa seis veces por remitir información inexacta en el informe preliminar del derrame, incumplir con el plan de respuesta ante emergencias, interferir con la fiscalización, incumplir con remitir el inventario de daños, no implementar medidas complementarias y no implementar aspectos de diseño, construcción y operación. 

Al ser consultada por OjoPúblico, Repsol dijo que ha pagado todas las multas impuestas por el OEFA conformé lo exige la ley. “La compañía ha apelado aquellas sanciones que han sido impuestas sin respetar el marco legal vigente y las que no se ajustan a la realidad de los hechos”, señaló. Sobre las multas judicializadas del Osinergmin, la empresa no ofreció mayor explicación. 

Atención pendiente 

Al impacto ambiental por el derrame de petróleo de inicios de 2022 en la costa peruana, se suma la afectación directa e indirecta a miles de trabajadores, que dependían económicamente de la pesca y el comercio en las zonas de playa de los distritos de Ancón, Chancay y Ventanilla, en Lima. 

Como consecuencia de una serie de movilizaciones contra la empresa, se estableció un padrón —a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con información de las municipalidades distritales— de 10.500 afectados, que han recibido una compensación económica por la alteración de sus actividades laborales. 

Para Alejandro Chirinos Peña, coordinador del programa de gobernanza marino-costera de la ONG CooperAcción, el número de beneficiarios del padrón se encuentra subestimado debido a que, en el sector de pesca artesanal, existe un alto porcentaje de informalidad. A esto se añade, señaló, que en la zona afectada hay personas que han trabajado de manera independiente por años. 

Algunos que están fuera del padrón (...) salen a pescar y consumen ese pescado que contiene hidrocarburos”.

“Esa gente que no ha estado formalizada y no ha podido acreditar su pertenencia a una organización, es gente que, hasta hoy, no ha sido compensada o incluida en el padrón de afectados. Son cinco o seis veces más de los 10.500 que reconoce el Estado”, explicó a este medio. 

Con miras a ampliar el padrón único de afectados del Indeci, el 28 de diciembre último, en una reunión virtual con entidades del Estado y organizaciones de afectados, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que, hasta el 7 del mismo mes, un total de 17.960 ciudadanos fueron registrados mediante un formulario en línea. 

Según la PCM, estos se encuentran reconocidos como “eventualmente afectados por el derrame de petróleo”. Su inclusión al padrón único aún es incierta. 

De dicho total, la mayoría son comerciantes (6.608), entre mayoristas y minoristas, pescadores y afines (4.856), transportistas (2.523), así como personas del sector alojamiento y restaurantes (1.124), sin actividad definida (954), manufactura (675), agricultura y ganadería (653), servicios administrativos, profesionales, científicos, técnicos, del hogar y enseñanza (440), y de construcción (127).

En la reunión, la PCM no dio una fecha exacta para el cierre del registro de “eventuales afectados”. Solo indicó que las cifras se irán actualizando e informando “en cada sesión del grupo de trabajo”. 

Mercedes Yovera Espinoza, presidenta del Consorcio de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores Artesanales y Conexos de Ventanilla, Región Callao (COSPAAVRC), dijo a OjoPúblico que 400 afectados de las 12 asociaciones que conforman el consorcio están a la espera de ser incluidos en el padrón único. 

Mientras tanto, contó, algunos de los que están fuera de la lista y no cuentan con ingresos fijos salen a pescar y “consumen ese pescado que contiene hidrocarburos”. 

AFECTADOS. Mercedes Yovera Espinoza, presidenta de un consorcio de 12 asociaciones de pescadores de Ventanilla, pide que se amplíe el padrón. 

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, alertó sobre la “demora” en la identificación de los afectados. “Hay que entender que son personas que están pasando por una situación de necesidad”, dijo el funcionario que estará en el cargo hasta el próximo 31 de enero. 

Mientras tanto, ciudadanos del distrito de Chancay han reportado la presencia de restos de hidrocarburos en las orillas del puerto debido a las marejadas. Olga Noé Miñope, vocera de los damnificados del puerto de Chancay, cuestionó los pagos realizados por la empresa a los afectados reconocidos en el padrón único, por ser insuficiente frente al daño económico y social sufrido. 

De acuerdo a un estudio de valorización de los daños, realizado por Oxfam Perú y CooperAcción, los pagos entregados a los empadronados —que se encuentran entre los S/50.000 y S/70.000— representan la cuarta parte del impacto económico vivido en los últimos dos años por estas familias. 

Noé Miñope, dedicada al rubro de la pesca informal desde los 15 años y madre de seis hijos, pidió la ampliación del padrón en el corto plazo y remarca que muchos aceptaron un acuerdo con Repsol “por la misma necesidad, porque no había nada que llevar a nuestro hogar”.

En los últimos días, Refinería La Pampilla minimizó una demanda colectiva por las consecuencias del desastre ambiental, presentada ante un tribunal de La Haya (Países Bajos). La misma es impulsada por la Fundación Neerlandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, en representación de cerca de 19.000 personas, y contempla una indemnización de 1.000 millones de libras esterlinas (unos USD 1.200 millones). 

“Consideramos que esta demanda judicial no tiene fundamento”, afirmó la compañía y agregó que, según “experiencias similares”, el caso debía ser abordado en el Perú.