El Ministerio Público consideró como presunta organización criminal de la minería ilegal a una de las compañías acopiadoras de oro más grandes del Perú: Minerales del Sur (Minersur), con sedes en Juliaca y La Rinconada (Puno); a cargo del comerciante de mineral Francisco Quintano Méndez, y autorizada por el Estado para comprar toneladas de metal procedente de la zona altiplánica.

Ojo-Publico.com –que accedió a información de Aduanas de la Sunat y la Fiscalía– conoció que el caso se originó por la intervención de 91 kilos de oro (valorizados en US$3.6 millones) que Minersur pretendía enviar a Suiza en marzo último. Entonces, el ente aduanero estableció que dicha compañía “no sustentó el origen legal y la tenencia de la mercadería inmovilizada, presumiéndose su procedencia ilícita”.

Después de su investigación, Aduanas envío el caso a la Fiscalías de Lavado de Dinero y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ya en el Ministerio Público, la atención se centró en Minersur, en los integrantes de la compañía; y en sus acopiadores de oro: en muchos casos personas sin experiencia en el negocio, con concesiones sin evidencia de trabajo aurífero, sin inscripción en el registro de insumos químicos necesario para la producción de oro y también bajo sospecha de lavado.

ORO SOSPECHOSO. Aduanas de la Sunat incautó 91 kilos de oro –cotizados en más de US$3.6 millones– a la empresa Minerales del Sur, cuando pretendía exportarlos a Suiza.

FOTO: Ojo-Publico.com.

El Ministerio Público –que desarticuló a la mafia de oro ilegal de Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’ en el 2014– consideró que detrás del financiamiento, comercialización y exportación de metal de Minersur se esconde una “organización criminal... creada con la finalidad de acopiar oro de procedencia ilegal [para] luego legitimarlo usando el nombre de una empresa autorizada y exportarlo al extranjero, intentando así ocultar el origen ilegal del dinero obtenido”.

Minerales del Sur es una organización criminal creada para acopiar oro ilegal, indica la fiscalía de lavado de dinero

Desde junio último, el caso está en la 2da Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Dinero que logró la confirmación de la incautación judicial de los 91 kilos de oro e inició investigación por blanqueo de capitales contra Quintano Méndez (cuya identidad original hasta el 2000 fue Francisco Quispe Mamani), y las personas encargadas del esquema legal, financiero y contable de la compañía.

Durante el desarrollo de la investigación, la fiscalía ha detectado inconsistencias e incoherencias en el patrimonio financiero de Quintano Méndez, accionista de la compañía desde el 2006; y de su familia (una de sus hijas compró acciones de la empresa por S/350 mil), también involucrada en el negocio; así como en los incrementos de capital de Minersur. La UIF también se ha sumado a las pesquisas financieras.

DEFINITIVO. Un juez de la Sala Penal Nacional confirmó la incautación del oro intervenido por Aduanas en marzo pasado y sustentó la calificación de presunta organización criminal en este caso.

CAPTURA: Ojo-Publico.com.

La indagación del Ministerio Público además tendrá en cuenta la producción de oro de Quintano Méndez como persona natural a través de su concesión Jeanne Linda XI en Huepetuhe y los casi 150 kilos de oro que ha vendido en Madre de Dios, desde el 2016, principalmente. El principal acopiador de mineral en dicha región es la empresa Veta de oro del Perú, también investigada por lavado de dinero y a la que se le incautó una carga de 47 kilos de metal en abril pasado.

Ojo-Publico.com conoció que el Ministerio Público encomendó las pesquisas del caso a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Dirlaact). En agosto pasado, dicha unidad convocó a Quintano y al resto de los involucrados, pero ninguno asistió a las citaciones. Se espera también la comparecencia del gerente general de Activos Mineros, Antonio Montenegro, quien deberá responder por el convenio de comercialización de oro firmado con Minersur.

El Ministerio Público, y meses antes Aduanas, recibieron información de Activos Mineros (órgano dependiente de Fonafe y adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas) sobre las auditorías realizadas por entidades especializadas a Minersur en este año. Aquellas concluyeron procesos poco transparentes e irregulares en el circuito de acopio y comercialización del oro en la región Puno.

Además de enviar oro a Suiza, el dueño de Minerales del Sur, como persona natural o a través de la empresa Fominco, está vinculado a cinco concesiones de más de 1.400 hectáreas en Huepetuhe (Madre de Dios), área devastada por las actividades mineras cercanas a la Reserva Comunal indígena Amarakaeri y a su zona de amortiguamiento. Esta es una de las zonas más protegidas de la Amazonía peruana por su variedad de ecosistemas y el gran número de especies de flora y fauna que alberga.

Fiscal del caso es denunciado y amenazado

Las pesquisas iniciadas por la 2da Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Dinero han tenido una respuesta agresiva de parte de la defensa legal de Quintano Méndez. En las últimas semanas, uno de sus abogados denunció al fiscal del caso, Édgar Pantigoso Zúñiga, ante una fiscalía provincial penal y la fiscalía de control interno del Ministerio Público por “abuso de autoridad, actos arbitrarios y despóticos”.

La defensa legal de Minersur ha denunciado al fiscal del caso y también pidio que lo excluyan de la investigación

La defensa de Minersur también demandó hasta en tres oportunidades que dicho fiscal sea excluido de las indagaciones en pedidos realizados a sus superiores del Ministerio Público. Las demandas arreciaron cuando el fiscal declaró compleja la investigación contra Quintano Méndez por 18 meses y la amplió a sus familiares; sus apoderados (Luis Chayña Aguilar y Wilfredo Choque Arapa) y sus contadores (Joel Salas Quispe y Marleny Palomino Manzano).

SEDE FISCAL. Defensa de principal investigado en Caso Minerales del Sur solicitó a fiscales del sistema de lavado de dinero que retiren del cargo al magistrado que inició las pesquisas.

FOTO: Andina.

El último jueves, Minersur incluso publicó un comunicado en diferentes diarios atacando al fiscal Pantigoso y a los funcionarios de Aduanas por la incautación de los casi 100 kilos de oro. No solo eso, el Ministerio del Interior también recibió un pedido de la Secretaría General del Ministerio Público para que disponga la seguridad necesaria para el fiscal del caso por las amenazas telefónicas que ha recibido desde que inició las pesquisas contra Minersur.

Las presiones contra la fiscalía de lavado de activos solo han causado un efecto inverso en la investigación. Las pesquisas seguirán su curso.

Principal acusado rechaza imputación

La semana pasada Ojo-Publico.com entrevistó a Quintano, sobre las imputaciones en su contra. El propietario de Minersur confirmó que sus apellidos originales fueron Quispe Mamani y que cambió de identidad en el 2000 por un fallo judicial de Juliaca debido a que empezó a tener problemas con la justicia por temas de homonimia desde mediados de los ‘90 . Dijo además que su hija y su esposa también cambiaron sus apellidos por la misma razón.

Francisco Quintano dijo que cambió de identidad en el 2000 porque fue detenido por un caso de homonimia

Durante la entrevista –salpicada de comentarios por parte de sus abogados, Daniel Jo Villalobos y Miryam Ponce Lavalle– Quintano dijo que compró acciones en la empresa en el 2006. Además, negó ser parte de una organización criminal o que hubieran tenido alguna denuncia por minería ilegal o defraudación tributaria en el pasado. También indicó que su empresa no le compra oro a cualquier proveedor.

En la entrevista también participaron su hija, Blanca Quintano; el asesor legal y el contador de Minersur, Luis Chayña y Joel Salas, respectivamente. Estos últimos, aunque ya estaban en calidad de investigados por lavado, no mencionaron tal condición. Quien no estuvo presente fue el abogado Fernando Flores Hidalgo, responsable de interponer hasta tres pedidos de exclusión en el sistema de lavado de dinero con el objetivo de apartar del caso al fiscal Pantigoso.

Por lo pronto, la indagación de la fiscalía antilavado ya fijó su cronograma de pesquisas para este año. Una de las primeras acciones fue asegurar las nueve barras de mineral incautadas a Minersur: los 91 kilos de oro hoy se encuentran en la boveda del Banco de la Nación.