La compañía minera Buenaventura y las pesqueras Diamante y Copeinca, consideradas entre las empresas más importantes en sus respectivos sectores, junto con otras 19 compañías han recurrido al Poder Judicial para no pagar las multas impuestas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por cometer diversas infracciones graves, entre ellas verter aguas residuales en ríos sin autorización en regiones como Áncash, Arequipa, Cusco y Junín.

Ojo-Publico.com –como parte de la serie investigativa Dueños del Agua– determinó que la ANA, a través de la Procuraduría del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), ha defendido la imposición de multas por más de S/770 mil a un total de 22 empresas de los sectores agrícola, constructor, minero y pesquero en las cortes superiores de Lima, Huaura y El Santa desde el año 2014.

DEMORA. La mayoría de los juicios en la Corte Superior de Lima, en casos de multas impuestas por la Autoridad Nacional del Agua, tienen más de dos años sin ser resueltos en última instancia. 

Foto: La República

El registro de los 31 casos analizados por Ojo-Publico.com –solo cuatro de ellos han concluido la vía judicial– revela que la mayoría de los procesos tiene más de dos años a la espera de ser resueltos. Incluso, en algunos casos, las respectivas salas contenciosas administrativas de la Corte de Lima han programado audiencias recién para marzo del 2019.

El análisis de los 31 procesos judiciales también permite concluir que las agrícolas La Venta e IQF del Perú, las pesqueras Copeinca, CFG Investment y Diamante, y las mineras Buenaventura, Huancapeti y Century Mining Perú, han recurrido al Poder Judicial para no pagar multas que sólo representan entre el 0,001% y el 0,8% de sus millonarios ingresos anuales.

REDUCCIÓN. El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) redujo, en un 70% en promedio, las multas de seis compañías sancionadas. 

Data: ANA

Los documentos de la ANA además revelan que seis compañías, entre ellas las pesqueras Copeinca y CFG Investment, que figuran entre las principales cinco empresas de su sector, judicializaron sus sanciones a pesar de que el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA redujo sus multas en un 70% en promedio.

Mineras y juzgados en Lima

Ojo-Publico.com identificó, tras revisar decenas de expedientes del Poder Judicial, que ocho empresas del sector minero, pesquero y agrícola, con ingresos que en algunos casos alcanzan los S/2.400 millones al año, recurrieron a la Corte Superior de Lima para no pagar las multas impuestas por la ANA por cometer faltas consideradas como graves.

En el 2016, la Compañía de Minas Buenaventura acudió al 5to Juzgado Contencioso Administrativo, presidido por la jueza Lisset Monzón, para no pagar una multa de 5 UIT (aproximadamente S/19 mil para el año 2015), que representa el 0,001% de sus ingresos anuales. Después de dos años en este despacho, el caso aún no ha sido resuelto.

SANCIÓN. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) sancionó a Buenaventura, propietaria de Cedimin, por verter aguas residuales de sus operaciones mineras en el río Challa, en Arequipa.

Foto: Buenaventura

La sanción del 2015 señala que la Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras (Cedimin), de propiedad de la minera Buenaventura, vertía agua residual de sus operaciones en el río Challa, ubicado en la región de Arequipa, sin autorización. En este caso la Fiscalía Ambiental arequipeña advirtió la infracción y la consideradó como grave.

Un año después, el Tribunal de la ANA confirmó la multa impuesta en primera instancia. Aún así, Buenaventura recurrió al juzgado ubicado en la cuadra 6 de la avenida Nicolás de Piérola en el Cercado de Lima, en donde cada despacho especializado en procesos administrativos sancionadores tiene una carga procesal cercana a los miles de casos anuales.

Las compañías mineras Huancapeti y Century Mining Perú, con ingresos anuales de S/141 millones y S/84 millones, respectivamente, también han recurrido al Poder Judicial para evitar pagar las multas de la ANA.

TRIBUNAL. El Tribunal Nacional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó las sanciones impuestas a las empresas que han impugnado sus casos ante el Poder Judicial.

Documento: ANA.

En el caso de Huancapeti, la autoridad local del agua del sector Huarmey-Chicama verificó en marzo del 2014 que "la empresa minera ha cerrado el cauce natural de la quebrada Hércules con desmonte" proveniente de sus operaciones en la región de Áncash, "estrangulando y obstaculizando el libre discurrir del agua sin contar con autorización".

Century Mining Perú, por su parte, fue sancionada en marzo del 2015 por usar agua para sus operaciones mineras en el distrito de Río Grande, en la región de Arequipa, sin autorización de la ANA. En setiembre del mismo año, el Tribunal de este órgano regulador ratificó la multa impuesta.

Los procesos judiciales de ambas mineras, que decidirán sobre el pago de multas por 3 UIT y 2,1 UIT, que representan el 0,008% y 0,010% de los ingresos de Huancapeti y Century Mining al año, respectivamente, llevan más de dos años sin ser resueltos en última instancia.

Pesqueras y agrícolas en el PJ

Ojo-Publico.com también identificó tres corporaciones pesqueras, entre las cinco más importantes de su sector, que judicializaron sus casos para evitar el pago de sus multas: Corporación Pesquera Inca (Copeinca), CFG Investment y la pesquera Diamante.

PESQUERAS. Las compañías pesqueras Copeinca, CFG Investment y Diamante han judicializado sus casos para evitar pagar multas que representan entre el 0,003% y el 0,010% de sus ingresos anuales.

Foto: Mayra Villavicencio.

El juicio de la pesquera Diamante es uno de los pocos que ha sido resuelto en segunda instancia dentro de la Corte Superior de Lima. La semana pasada, los jueces Patricia Beltrán, Luis Carrasco y María Tupiño, de la Primera Sala Contenciosa Administrativa, declararon infundada, luego de 19 meses de proceso, la demanda presentada por esta corporación frente a la sanción de la ANA. 

En inspección ocular de setiembre del 2014, los funcionarios de la ANA verificaron la existencia de un pozo tubular sin autorización dentro de las instalaciones de Pesquera Diamante, en la provincia de Pisco (Ica). La multa de S/20 mil, que representa el 0,003% de los ingresos anuales de la empresa, fue ratificada en el 2016 por el Tribunal de la ANA. 

En el caso de Copeinca y CFG Investment, ambas judicializaron sus casos a pesar de que en segunda instancia la ANA redujo sus multas de S/54 mil y S/27 mil respectivamente, por verter aguas residuales industriales en la Bahía El Ferrol en El Santa (Áncash), en un 66% y 32%. Luego de 35 meses, ambos casos aún no son resueltos en última instancia.

MILLONARIAS. Ocho empresas, entre las más importantes de sus respectivos sectores, han recurrido al Poder Judicial para no pagar multas que representan una ínfima parte de sus millonarios ingresos anuales.

Data: ANA, Poder Judicial

Ojo-Publico.com además identificó, en el sector agrícola, que las empresas La Venta e IQF del Perú demandaron a la ANA ante el Poder Judicial por las multas impuestas. La primera, con ingresos anuales de por lo menos S/92 millones, fue sancionada dos veces en los años 2012 y 2013 por perforar pozos tubulares sin permiso en Ica.

En este caso, el Tribunal de la ANA, conformado por Lucía Ruíz, José Luis Aguilar, Edilberto Guevara y John Ortiz, redujo ambas multas de La Venta, que alcanzaban en conjunto los S/ 735 mil, a menos de S/ 74 mil. Hoy, esta compañía pelea por evitar el pago de esta nueva sanción en la Corte Superior de Lima con una demanda presentada a fines del 2015. 

Por su parte, la agrícola IQF del Perú, ubicada entre las 50 primeras de su sector y con ingresos anuales por S/97 millones, tiene cinco juicios en la Corte Superior de Lima por una multa conjunta de S/105 mil por usar agua de pozos tubulares sin permiso en los distritos de Santiago y Pueblo Nuevo en Ica. A la fecha, tras casi un año de presentada las demandas, solo un caso ha llegado a segunda instancia.

Ojo-Publico.com contactó a las empresas mencionadas en este reportaje para consultar sobre las multas de la ANA que han judicializado, pero al cierre de edición no hubo respuesta. Además, nos comunicamos con la Corte Superior de Justicia de Lima para conocer el estado de los procesos y las razones de las demoras, pero tampoco hubo respuesta.