Entre el 10 y el 12 de marzo se recogieron las primeras declaraciones presenciales en la ciudad de Tarapoto, en San Martín, en el juicio por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma. Durante tres días, su familia y miembros de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu recordaron las amenazas que enfrentaba por oponerse a la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico.

Su caso marcó un precedente al ser el primer defensor ambiental asesinado, en noviembre de 2023, pese a contar con medidas de protección del Estado. A casi cinco años de la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, su alcance sigue siendo limitado.

Fuentes consultadas por OjoPúblico revelan que menos de un tercio de los defensores ambientales que solicitaron medidas de protección logró obtenerlas. A ello se suma que el presupuesto destinado a la implementación del mecanismo se redujo en 17% en un año, mientras las economías ilegales continúan en aumento en el territorio amazónico.

La principal herramienta para proteger a los defensores de derechos ambientales, creada el 22 de abril de 2022, aún no cuenta con un protocolo de actuación policial que garantice el financiamiento y la ejecución de las medidas de protección.

Mientras el mecanismo enfrenta problemas en su implementación, las amenazas contra los defensores ambientales indígenas aumentan. Según el Ministerio de Justicia (Minjus), las economías ilegales causan el 78% de las situaciones de riesgo, que incluyen amenazas o agresiones que ponen en peligro su vida, integridad o labor. Entre ellas destacan la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y el tráfico de tierras.

Todo esto sigue exponiendo la vida de líderes indígenas y sus comunidades. Desde la creación del mecanismo, en abril de 2021, 18 líderes indígenas de la Amazonía fueron asesinados, según el Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Protección limitada

Los datos a los que accedió OjoPúblico revelan que la principal herramienta para garantizar el cumplimiento del mecanismo, el procedimiento de alerta temprana (PAT), está en declive.

Cifras recopiladas por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) evidencian que otra medida  —el monitoreo permanente — ha pasado a ocupar su lugar.

La poca estabilidad laboral, el aumento de casos y acciones necesarias no se han representado en un mayor presupuesto”, resalta Carlos Quispe.

Entre 2021 y abril de 2025, el Minjus registró 192 casos en monitoreo permanente frente a solo 37 mediante el PAT. Sin embargo, existen diferencias clave entre ambos procedimientos.

Los casos PAT siguen una ruta establecida como parte del mecanismo, en la que la persona defensora presenta su solicitud, así como pruebas de la amenaza a su seguridad. El Minjus evalúa el riesgo y emite una resolución viceministerial, con plazos de 30 días para casos de menor riesgo y 15 días para los que requieren protección urgente por haber peligro de muerte.

En contraste, en el monitoreo permanente los defensores denuncian a través de los canales telefónicos y digitales de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjus, que les brinda atención por esa vía y coordina con otras entidades, sin emitir una resolución viceministerial ni activar instancias superiores.

“Con el paso de los años, el monitoreo permanente prácticamente ha reemplazado al PAT. El PAT es más ambicioso porque involucra formalmente a todos los sectores, pero el monitoreo permanente es más efectivo porque no requiere grandes decisiones y lo que sí tiene es coordinación inmediata y respuestas al ciudadano que necesita atención”, cuenta  Álvaro Másquez Salvador, responsable del Observatorio para Defensoras Indígenas de Derechos Humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Sin embargo, el especialista aclara que la atención a través del monitoreo permanente no necesariamente implica la participación de otras entidades del Estado, como sí se establece en una resolución viceministerial como parte del PAT. “Con el monitoreo permanente, por lo menos hay una respuesta humana que te dice ‘Estamos haciendo esto’. Ya que tengan éxito o no, ese es el problema. Por lo general, nadie les hace caso a ellos tampoco, mucho menos los policías, pero al menos el ciudadano sí se llega a sentir acompañado”, detalla.

La poca efectividad del PAT también se evidencia en datos más recientes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), que muestran que, desde su creación hasta agosto de 2025, se registraron 53 denuncias de defensores ambientales, de las cuales 36 se concentran en la Amazonía. Sin embargo, de estos 36 casos, solo 20 contaban con informe de evaluación de riesgo del Minjus, mientras que los otros 16 seguían en trámite.

AMENAZAS. Más del 70% de las amenazas o agresiones que enfrentan los defensores ambientales son causadas por economías ilegales.   

Foto: DAR

De los que avanzaron, apenas 13 culminaron con una resolución viceministerial, tres fueron declarados inadmisibles por no cumplir requisitos formales y cuatro seguían pendientes de esa resolución.

“Tienes un universo complejo. De esas trece, diez tenían resolución final y tres se archivaron por inadmisibles. Creo que esto te revela que hay poca activación del mecanismo”, señala  Katherine Sánchez Lozano, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Ante esta situación compleja, la especialista explica que en la práctica se ejecutan acciones del PAT sin culminar el procedimiento que establece la norma.

El problema de la baja atención de casos a través del PAT también limita la activación de presupuesto, puesto que la publicación de una resolución permite que instituciones clave, como la Policía —que  brinda el resguardo a los defensores— destinen recursos.

“Muchas veces no vemos resultados [de este mecanismo]. Por eso, desde las organizaciones indígenas tenemos guardias indígenas y comités de vigilancia”, añade Judith Nunta Guimaraes, lideresa shipibo-konibo y dirigenta regional de Aidesep Ucayali a OjoPúblico.

Lo mismo sucede con el cumplimiento de los plazos de acción. “En la práctica, los plazos legales del Mecanismo de 15 o 30 días se multiplican por cuatro o por cinco. Hay comunidades que han esperado más de dos años por una medida de protección que, cuando llegó, no pudo ejecutarse porque la policía no tenía presupuesto para el patrullaje”, cuenta Carlos Quispe Dávila, especialista del programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR.

Sin protocolo policial

Una de las grandes falencias del mecanismo es la falta de capacidad para brindar medidas de protección efectivas a los defensores ambientales, como el resguardo policial en el caso del líder kichwa y defensor ambiental Quinto Inuma.

La principal razón, coinciden los especialistas, se debe a la ausencia del Protocolo de actuación policial para la implementación de las medidas de protección. En cinco años, el Ministerio del Interior (Mininter) no ha publicado este documento, pese a que en la creación del mecanismo se le dio un plazo no mayor a 30 días.

“El Protocolo de Actuación contiene las estrategias de financiamiento que permita la implementación del presente Decreto Supremo y los lineamientos del Plan de Actividades para lograr la oportuna ejecución de las medidas”, detalla la normativa que creó el mecanismo.

DEMORAS. En abril de 2025, la Policía visitó la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu en el marco del juicio por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma.

Foto: Cristina Gavancho / IDL

Frente a esta situación, organizaciones indígenas y de la sociedad civil interpusieron una demanda en agosto de 2022 contra el Mininter y el Minjus para que cumplan con la publicación del protocolo. Luego de tres años y medio, en febrero de este año, el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima ordenó al Mininter su ejecución inmediata. Sin embargo, todavía no se ha publicado el documento ni se ha dado a conocer un borrador del mismo.

“El problema es que como no hay unos lineamientos de actuación, el criterio de la macroregión policial de las prefecturas locales varía. Algunas pueden estar sensibilizadas al tema de personas defensoras y otras no. En la práctica eso implica que una acción que debía durar quince o treinta días  termina durando 150 o hasta 200 días”, advierte Quispe Dávila.

A este escenario, se suma la precariedad de las estaciones de policía en las regiones, que dificulta el cumplimiento de sus labores de protección. “¿Cómo pedirles que vayan a zonas rurales cuando carecen de la logística elemental? Es difícil. A veces las organizaciones de la sociedad civil tenemos que pasar el sombrero para financiar una camioneta de emergencia o un bote que traslade policías. Y es triste”, señala Másquez Salvador.

Bajas en el presupuesto y el personal

Una revisión realizada por OjoPúblico del presupuesto destinado al mecanismo por parte de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos —encargada de liderar su implementación— muestra un incremento sostenido desde su creación. No obstante, en el último año, entre 2024 y 2025, el monto se ha reducido en un 17%: pasó de S/ 1’789.274 a  S/ 1’480.082.

La reducción del presupuesto impacta en la capacidad de la institución para garantizar los salarios del personal responsable. Las fuentes consultadas por este medio coinciden en que el grupo encargado de la atención está conformado por el director, Diego Reátegui Rengifo, y “tres a cuatro personas más” que atienden los pedidos.

Asimismo, señalan que el personal adicional de abogados que apoyan en la implementación es contratado bajo órdenes de servicio. “Lo que suele pasar a fin de año es que muchas de estas órdenes acaban. En ese contexto, es inviable cualquier tipo de medida de protección, incluso resulta humanamente desgastante. La poca estabilidad laboral, el aumento de casos y acciones necesarias no se han representado en un mayor presupuesto”, resalta Quispe Dávila.

Eso también se refleja en los  informes de análisis publicados por organizaciones de la sociedad civil sobre el primer y cuarto año de funcionamiento del mecanismo. “Al depender de contratos de corta duración, el personal afronta incertidumbre respecto de su continuidad laboral, lo que afecta la planificación y sostenibilidad de las acciones del Mecanismo Intersectorial”, concluye un informe de DAR.

El bajo presupuesto impacta también en la realización de otras acciones, como las mesas regionales —que reúnen a personas defensoras, entidades del Estado y autoridades locales— las cuales, en su mayoría, requieren de financiamiento externo para llevarse a cabo.

El mecanismo cuenta con ocho mesas distribuidas en las regiones que reportan mayor cantidad de situaciones de riesgo para los defensores: Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Loreto, Amazonas, Junín, Piura y Huánuco. Desde el 2021 hasta julio de 2025, se han llevado a cabo 20 sesiones.

“En las mesas regionales, hemos visto que las autoridades solo vienen a hacer sus informes nomás. Para las organizaciones indígenas, eso no es un logro. Un logro sería que ya se hayan solucionado las amenazas para los defensores”, refiere la lideresa shipibo-konibo Nunta Guimaraes.

Otra dificultad identificada es que, al no tener un rango de ley, el mecanismo no cuenta con un pliego presupuestario específico en el Ministerio de Justicia ni en las otras ocho entidades adscritas.

La implementación del mecanismo involucra la participación de nueve entidades del Estado: el Ministerio de Justicia (Minjus), Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

OjoPúblico solicitó los descargos de cada una de las autoridades para conocer el presupuesto que destinan, las acciones que adoptan y su involucramiento en estos cinco años de funcionamiento. Al cierre de este informe, solo Devida respondió. La entidad señaló que, como parte de su participación, han instalado una oficina de coordinación en el distrito de Santa María de Nieva, en la región de Amazonas, y han realizado actividades de diversificación productiva en Ucayali, Huánuco y San Martín.

Consultados sobre los principales retos que enfrenta el mecanismo, Devida destacó que la falta de presupuesto, la alta rotación del personal así como las trabas administrativas que dificultan la atención rápida de las alertas. 

“Las instituciones públicas no siempre cuentan con el presupuesto necesario para movilizarse e intervenir de manera inmediata ante situaciones de riesgo reportadas. La falta de flexibilidad administrativa dificulta la incorporación de procesos innovadores y mecanismos de respuesta rápida ante las amenazas detectadas”, indicaron.