El 20 de marzo de 2021, pasadas las dos de la tarde, una mujer de 31 años fue hallada muerta en la habitación 405 de un hostal del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao. 

Había ingresado un día antes, el 19 de marzo, poco antes de las siete de la noche, para hospedarse en la habitación donde se encontraba Jordan Ali Tanta Espinoza, un policía de 21 años de la Comisaría de Carmen de la Legua Reynoso. Ese día, el suboficial estaba de franco.

Casi nueve horas después, en la madrugada del 20 de marzo, el policía salió —solo— del hostal. Según informes del Tribunal de Disciplina Policial, la habitación 405 había quedado desordenada, con botellas de licor y gaseosas. Sobre la cama, estaba el cuerpo de Susan Paola Siccha Castillo sin signos vitales, acostada boca arriba: llevaba solo una zapatilla y un pasador le rodeaba el cuello.

Cuatro años después, John Oré Juárez, presidente del Juzgado Penal Colegiado de Violencia contra la Mujer del Callao —órgano que condenó a 30 años de prisión a Tanta Espinoza por el delito de feminicidio— afirma que la figura de policía le daba al agresor una posición particular a su favor.

“Te vas a sentir en confianza con alguien así. Esa posición, en cualquier circunstancia, para cualquier persona, [es un] símbolo de autoridad. No se valió de eso [en este caso], pero dentro del contexto en el que ellos se conocieron, él era un policía”, explica. 

Esta nueva investigación de OjoPúblico —que incluyó la revisión de más de 3.400 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial, decenas de pedidos de acceso a información pública y entrevistas con fuentes fiscales, judiciales y deudos— revela que, entre 2018 y 2024, al menos, 2.239 efectivos fueron investigados en el ámbito administrativo por hechos vinculados a violencia contra la mujer y personas vulnerables. 

No se trata de incidentes menores. Entre los casos identificados figuran denuncias por feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica. Las víctimas eran parejas y exparejas de los efectivos, mujeres gestantes, intervenidas, personal subalterno, menores de edad —que incluso han resultado embarazadas— y miembros vulnerables del grupo familiar. 

ELEMENTO. Un patrón identificado en los casos más graves de violencia contra la mujer ha sido el uso de armas por parte de los policías.

Foto: PCM

En su mayoría, los policías evaluados por el Tribunal Policial —última instancia del procedimiento disciplinario— son suboficiales (94%). Sin embargo, en el listado también hay alféreces, capitanes, tenientes, mayores, comandantes y generales. Algunos casos, como el de Jordan Tanta Espinoza, fueron investigados, además, en el ámbito penal, donde recibieron condenas por delitos graves.

Aunque la violencia de género no se centra en una profesión u oficio y puede presentarse en cualquier espacio, los policías tienen un rol clave para erradicarla: son el primer contacto de las víctimas al momento de denunciar estos hechos y, además, se encargan de ejecutar las medidas de protección. Todo esto, requiere conocimientos especializados. Sin embargo, los procesos administrativos analizados por este medio evidencian serios problemas. 

Entre 2018 y 2024, al menos, 2.239 efectivos fueron investigados en el ámbito administrativo por violencia contra la mujer y personas vulnerables".

Algunos efectivos, por ejemplo, fueron investigados por no tramitar de manera adecuada las denuncias. Entre ellas, las que involucraban a sus colegas. A otros se los acusó de intentar disuadir a la víctima, sugerir que llegue a un acuerdo con el agresor o usar términos inadecuados con las denunciantes. 

Aunque estos últimos procesos no fueron considerados en el análisis, el Ministerio del Interior confirma la irregularidad: entre febrero de 2022 y agosto de 2025, se registraron 584 quejas contra personal policial por actuar con negligencia en la atención y tramitación de denuncias por violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Solo este año, hubo 133 reportes, la mayoría en Lima.

Radiografía de la violencia 

Jordan Ali Tanta Espinoza era un policía en actividad, a cargo del servicio de patrullaje motorizado, cuando Susan fue asesinada. Ahora, en retiro, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario del Callao. Una investigación policial y fiscal determinó —hasta la Corte Superior de Justicia del Callao— que fue autor del feminicidio de la mujer de 31 años: la asfixió en la habitación.

Según la Fiscalía, el agente y la víctima mantenían una relación sentimental desde enero de 2021, tras conocerse en la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso. La condena se basó en indicios múltiples, contó el juez John Oré a OjoPúblico. 

“Primero, el hallazgo del cuerpo y las circunstancias. Segundo, en ese lugar, solo estuvieron presentes el acusado y la agraviada. Él subió primero, dejó mensaje [al recepcionista] diciendo que iba a ir una señorita. En el lapso de la muerte, solo estaba con él. [Luego], él bajó del cuarto y dijo que la señorita se iba a retirar después, y nunca regresó”, detalla el magistrado, quien añadió que el agente prohibió el acceso a sus casilleros y teléfono celular.

CONDENADO. Jordan Tanta fue sentenciado a 30 años de prisión tras la muerte de Susan Siccha, decisión que fue ratificada por la Corte Superior.

Foto: Poder Judicial

En octubre de 2022, el Juzgado Penal Colegiado subespecializado en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a 30 años de cárcel a Jordan Tanta. Esta medida fue confirmada, luego, por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. Ahora, tras la presentación de un recurso de casación, solo falta que la Corte Suprema se pronuncie. 

En el ámbito administrativo, el Tribunal de Disciplina Policial confirmó el pase al retiro del agente el 26 de agosto de 2024. Es decir, más de tres años después del crimen, por haber “participado, favorecido o facilitado de manera individual o grupal en hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad de las personas”.

OjoPúblico buscó los descargos de Tanta Espinoza, a través del abogado Alexander Pérez León. Sin embargo, se excusó de hacer comentarios, alegando que solo asistió al policía en la etapa preliminar del proceso penal. También se hicieron consultas por intermedio de la Policía y redes sociales a nombre del agente, pero no hubo respuesta.

Las agresiones no son aisladas. Entre 2018 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial registró, al menos, 2.360 casos administrativos que involucran a 2.239 policías por presuntos actos de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, como hijos, nietos, padres y suegros. Por lo menos, siete agentes —un oficial y seis suboficiales— fueron investigados por presuntos feminicidios en Áncash, Pasco, Callao, Lima, Piura, y Cajamarca.

Entre los casos analizados por este medio también hay agresiones psicológicas, físicas y sexuales, así como tentativas de feminicidio. A nivel global, el 34% de los investigados en el ámbito administrativo resultó absuelto y el 33% sancionado. Sin embargo, solo en el 3% de los infractores se dispuso el pase al retiro. 

El mayor porcentaje de agentes se concentró en Lima y Callao (34%), Junín (6%), Arequipa (5%), Piura (5%) y Cusco (5%) y nueve de cada 10 tenía el rango de suboficiales. Hay otros patrones recurrentes: estado de ebriedad, uso de armas de fuego e intentos de evitar intervenciones haciendo valer su puesto. 

Jeannette Llaja Villena, abogada y exsecretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, remarca que el problema no es exclusivo de la Policía. Por el contrario, la violencia atraviesa a toda la sociedad peruana. 

DEUDOS. Al menos, siete agentes han sido investigados por casos de feminicidio, de acuerdo a las resoluciones administrativas.

Foto: Cutivalú

“Haciendo esa atingencia —añade— hay dos elementos a considerar: que tengan armas implica un mayor riesgo y, por lo tanto, hay que estar más atentos a los procesos de selección. Por otro lado, si soy una persona violenta, ¿cómo voy a empatizar con una víctima de violencia que acude a mí buscando apoyo?”. 

Un informe, validado por el Estado peruano, confirma su preocupación: los hombres que ejercen violencia contra sus parejas y, además, cuentan con acceso directo a un arma, tienen 11 veces más probabilidades de cometer feminicidio que aquellos sin acceso.

La vida en riesgo

Cuando rastrilló el arma, Rita* apenas atinó a torcer el cuerpo y taparse la cara. Primero, sintió que le quemaba la mano y, luego, la dificultad para respirar. Ahí, tirada junto a un escalón de concreto del Parque Imperio de Apurímac, alcanzó a ver a su expareja, el policía Juan Tapia Nuñez, caminar hasta la moto y arrancar, apurado. 

El balazo 9 mm le cayó a la altura del pecho. Antes de salir, por la cintura, le hirió un pulmón, el abdomen, el hígado y los riñones. Aunque los médicos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega controlaron la hemorragia, sufrió un hemoneumotórax —acumulación de aire y sangre en la cavidad pleural que comprime los pulmones—. Su mama izquierda y el antebrazo con el que había intentado protegerse estaban perforados.

En su mayoría, los policías investigados son suboficiales (94%). Sin embargo, en el listado también hay alféreces, capitanes, tenientes, generales".

Mientras se recuperaba, contó que había convivido con Tapia Nuñez por tres meses. La relación se había terminado a inicios de julio de 2019, después de una agresión. 

“Jugueteaba con el arma en mi cabeza, [me decía que] si me veía con otra persona me iba a matar, [que] sus colegas me estaban vigilando”, relató entre sollozos. 

SENTENCIA. En el caso de Tapia Núñez, el órgano judicial señaló que el policía, por su condición, sabía qué partes del cuerpo y órganos son vitales y apuntó hacia ellos.

Captura: Sentencia el Poder Judicial

No era la primera vez que la amenazaba, pero ese día, tras ser auxiliada, terminó la relación. Poco después, la vio conversando con un amigo en el parque y los atacó. 

El testimonio de Rita fue verificado por testigos, pericias y una cámara de seguridad que captó Tapia Nuñez, vestido con uniforme y una casaca fosforescente, en el momento en que, estacionó la moto y empezó a caminar hacia ella y el muchacho. El mismo 28 de julio de 2019, luego de disparar, se dio a la fuga.

Tras el ataque, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra. La Policía hizo lo mismo, con dos procesos disciplinarios: uno por alterar el orden público y abandonar el servicio; y otro por faltar durante más de cinco días consecutivos sin justificación. Fue sancionado con el pase al retiro, un año después. 

Tras ser capturado, el Juzgado Penal Colegiado de Abancay lo sentenció por intento de feminicidio y tentativa de homicidio simple y lo condenó a 23 años de prisión.

El fallo, ratificado por la Sala Penal de Apelaciones, señala que —por su condición de policía— Tapia Nuñez sabía qué partes del cuerpo y órganos son vitales y apuntó hacia ellos al momento de disparar. Su intención, concluyeron los magistrados, era matar a Rita y a su amigo, “porque la agraviada tomó la decisión de terminar la relación”.

La sentencia indica, también, que el efectivo no tenía antecedentes. Sin embargo, OjoPúblico comprobó que una pareja anterior ya había reportado agresiones y amenazas de muerte con arma de fuego. La denuncia, presentada en la comisaría Bellavista de Abancay, en 2018, había motivado el inicio de un procedimiento administrativo, que estaba en trámite cuando Tapia Nuñez le disparó a Rita.  

Este medio documentó otros 37 casos en los que las denunciantes declararon agresiones con armas de fuego. Los intentos de estrangulamiento también fueron frecuentes: al menos, 58 víctimas lo señalaron. Otras ocho denunciaron ataques con cuchillos y 20 más —aunque los expedientes no brindan detalles exhaustivos— describieron amenazas de muerte contra ellas o sus hijos. 

A esto se suman, al menos, nueve casos donde se reportaron incumplimientos de medidas de protección por parte de los policías —restricciones que, paradójicamente, deben ser ejecutadas por la institución—. Pese a esas alertas, los documentos de la Policía hacen referencia explícita a solo ocho intentos de feminicidio.

OjoPúblico buscó los descargos de Tapia Nuñez —quien cumple condena en un penal de Cusco— a través de Lucio Vilcanqui Capaquira, abogado que lo representó durante el proceso penal. Hasta el cierre de este informe, no contestó. 

Violencia sexual

“Mamilo”. Así, llamaba un menor de 13 años a su abuelastro, el suboficial brigadier Emilio Muñoz Tapuy, de 52 años. Entre 2017 y 2018, el agente trabajó en el puesto de vigilancia de la zona fronteriza de Puerto Almendra, en Loreto, por lo que llegaba a la ciudad de Iquitos después de largas temporadas y se quedaba unos días en casa. 

Allí, en la parte posterior, vivía el adolescente junto a su madre —hijastra de Muñoz Tapuy—, su padre y hermanos, según documentos judiciales a los que accedió OjoPúblico.

En mayo de 2019, la Policía dispuso el pase a retiro de Muñoz Tapuy como medida disciplinaria. El hecho imputado había ocurrido un año antes: el 2 de mayo de 2018, su hijastra lo denunció por la violación sexual del adolescente.

Nueve meses después del ataque —antes de recibir la sanción administrativa— fue sentenciado a nivel penal: el Segundo Juzgado Penal Colegiado Conformado Supraprovincial Transitorio de Maynas lo condenó a cadena perpetua por violar al menor. La decisión fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto.

Era la tercera vez que lo hacía, según testimonios evaluados en el caso. En uno de los ataques, el menor se había acercado para pedirle apoyo: “Mamilo, ayúdame en esta tarea”. 

CONDENA. Muñoz Tapuy trabajaba en un puesto de frontera en Loreto. Fue condenado a cadena perpetua.

Captura: Sentencia del Poder Judicial

“La cadena perpetua se aplica cuando la violación es producida por alguien de su misma familia, que tiene una condición especial. Hay más agravante cuando el niño deposita la confianza en esa persona: su profesor, su padre, su abuelo, su tío, porque haces más vulnerable al menor”, explica el exfiscal Carlos Castro Quintanilla, quien estuvo a cargo del proceso en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.

Entre enero de 2017 y julio de 2025, el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) registró 490 reportes contra policías por violencia sexual. La modalidad más frecuente fue la violación sexual (222), en diversas modalidades, y actos contra el pudor (182). De acuerdo a esa información preliminar, la región con más casos fue Lima (188). 

Esto ocurre en un contexto en el que casi siete de cada 10 hombres mayores de edad justifican la violencia sexual contras las mujeres, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en 2024.

Con estos indicadores, las investigaciones administrativas por casos vinculados a violencia sexual son recurrentes. En junio de 2013, por ejemplo, una mujer denunció que el director (oficial) de un colegio de la Policía, en Ica, le levantó la falda a su hija, de 16 años, le dio una palmada en las piernas y le besó los labios. 

En abril de 2018, otra mujer señaló que su hija, de tres años, había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un suboficial en una guardería privada en Abancay, propiedad de la madre del agente. 

John Oré Juárez, presidente del Juzgado Penal Colegiado de Violencia contra la Mujer del Callao, explica que, si un policía aprovecha su función para cometer graves delitos, se configura un agravante.

OjoPúblico buscó los descargos de Muñoz Tapuy, a través del abogado Luciano Poggi, por Whatsapp y correo. Sin embargo, se negó a responder las consultas. “No puedo dar información de mi defendido para que sea usada con fines maliciosos, como destruir su reputación”, dijo. 

La justificación y sus secuelas

Las agresiones ocurren en un contexto de alta tolerancia: el 75,7% de la población mayor de edad justifica algún tipo de violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales más reciente.

Solo entre enero y agosto de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró la atención de 12.955 casos. La mayoría de ellos, vinculados a violencia psicológica (54,8%) y física (39%). En ese último grupo, el 39,9% de los agresores fueron cónyuges o convivientes y el 27,3%, exconvivientes.

En el ámbito policial la tendencia se replica. Además, OjoPúblico detectó 269 policías reincidentes. Un solo efectivo, por ejemplo, enfrentó cuatro procesos disciplinarios distintos por agresiones físicas a la madre de su hijo, entre 2020 y 2024. Antes de eso, la mujer ya lo había denunciado en tres oportunidades, pero ninguna generó procesos disciplinarios. Recién hace poco más de un año, se concretó su pase al retiro.

MEDIDAS. Aunque la violencia de género no se centra en una profesión u oficio, los policías cumplen un rol importante al atender a víctimas.

Foto: Mininter

José Elice Navarro, abogado de derecho público y exministro del Interior, reconoce que existe machismo en la Policía. “Esto no determina que todos los efectivos sean abusadores o comentan actos de violencia contra la mujer, pero sí evidencia un perfil cultural”, advierte. Por eso, considera que se necesita mejorar la calidad de la formación en las escuelas policiales. 

Al ser consultado, el MIMP señaló que la “gran mayoría de policías cumple un rol fundamental y comprometido en la protección de las mujeres y de las familias”. En caso de “malos elementos”, añadió, “rechazamos tajantemente ese tipo de conductas”. Respecto a la capacitación de los agentes y la atención con enfoque de género, aseguró que el sector trabaja con la Policía y el Ministerio del Interior para fortalecer sus capacidades y protocolos.

Las omisiones

El análisis de OjoPúblico identificó que múltiples agentes fueron absueltos en sus procesos disciplinarios debido a que la agresión “no fue contra su conviviente o exconviviente”, sino a su enamorada u otra mujer con la que no comparte una vivienda.

La infracción asociada a estos casos es la MG-89, de la Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la Policía. La misma hace referencia al maltrato físico o psicológico solo a miembros del grupo familiar.

Entre enero de 2017 y julio de 2025, el Sidpol registró 490 denuncias contra policías por violencia sexual".

Stefano Miranda Champac, abogado especializado en derecho policial, explica que las mujeres civiles no convivientes están excluidas de la norma vigente en la institución . “Si no salió en los medios de comunicación, se cierra [el caso] porque no hubo 'daño a la imagen institucional' [otra infracción donde se investigan agresiones]”. Por eso, detalla, ese es un argumento frecuente entre los defensores de los investigados.

Para la abogada Llaja Villena, la exclusión que hace la Policía no solo carece de justificación en términos normativos, ya que la Ley 30364 aborda tanto la violencia contra la mujer como a los integrantes del grupo familiar, de manera conjunta y de acuerdo a estándares de la Convención de Belem Do Pará, sino que evidencia una mirada sesgada y conservadora. 

Por último, este medio detectó casos investigados por el Ministerio Público que, hasta diciembre de 2024, no habían sido analizados por el Tribunal de Disciplina Policial. La madrugada del 15 julio de 2020, por ejemplo, Lesly Vicente Felix, de 19 años, fue asesinada en el cuarto que le prestaba su cuñada, en Tingo María, Huánuco.

DEMANDA. La familia de Lesly Vicente pide justicia tras la muerte de la joven de 19 años, asesinada en Tingo María, Huánuco.

Foto: OjoPúblico

La estudiante de ingeniería civil recibió cuatro cuchillazos en la cara, el cuello y la espalda. El más profundo, en la parte posterior del tórax, le perforó el pulmón izquierdo y la aorta torácica, penetró el pulmón derecho y le causó hemoneumotórax, colapso pulmonar y una hemorragia severa.

Según la tesis fiscal, los presuntos responsables del feminicidio son Erick Villogas Carhua, un policía de 28 años, y su padre, Diófenes Villogas Tolentino, un civil de 53 años. Otros familiares del suboficial también son señalados por supuesto encubrimiento. A mediados de setiembre pasado, después de cinco años de investigación, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los imputados y comparecencia con restricciones para sus presuntos cómplices. 

Días antes —cuenta Nosmery Caldas Felix, hermana de Lesly—, el policía trabajaba en la Comisaría de Uchiza, en la región San Martín, como de costumbre. Reportes policiales revisados por OjoPúblico confirman que, al 25 de setiembre, se encontraba en actividad. El mayor Marcos Kari Yupanqui, actual responsable de la dependencia policial, se excusó de dar declaraciones.

Para Elvis Frank Ríos Campaña —abogado del bufete Lex, que, desde este año, asesora de modo pro bono a los deudos de Lesly—, la profesión de Villogas Carhua tiene relevancia en el caso. “Los agentes saben manejar armas y tienen influencia. Esa posición que él [Villogas Carhua] tenía en la Policía le ha ayudado, desde 2020 hasta ahorita, a alargar la investigación y frustrar diligencias”, dijo.

INVESTIGACIÓN. Según la tesis fiscal, un policía figura entre los presuntos responsables de la muerte de la joven de 19 años.

Foto: Familia de Lesly Vicente

El 2 de octubre último, tras estar retenido en la Comisaría de Uchiza, el suboficial fue trasladado al penal de Potracancha, en Huánuco. Su padre, en cambio, está prófugo, alertó Ríos Campaña.

Nosmery, la hermana mayor de Lesly, dice que su familia ha vivido en carne propia la falta de empatía de las autoridades. En estos cinco años, los cambios de fiscales y la reiterada reprogramación de las diligencias le habían ido quitando, de a poco, la esperanza de encontrar justicia. 

Ahora, eso ha cambiado. “Espero que estos nueve meses [de prisión preventiva] sirvan para algo concreto. En mi corazón, no hay odio; solo quiero saber la verdad”, pide.

OjoPúblico buscó sin éxito los descargos de Villogas Carhua a través de su abogado, su teléfono personal y cuentas de redes sociales, al igual que en el caso de los familiares implicados en el presunto encubrimiento. A su padre, se lo intentó contactar a su número particular, pero la línea está fuera de servicio. La Policía también fue consultada por los agentes mencionados en este informe y los criterios para la aplicación de sanciones. No hubo respuesta.

*El nombre fue modificado para preservar la identidad de la víctima de intento de feminicidio.