Cuatro bandas del narcotráfico –Los Lobos, Los Choneros, Los Comandos de la Frontera y grupos armados con integrantes procedentes de México– han expandido sus operaciones criminales los últimos años en la frontera con Perú para lavar sus ganancias a través de la exportación de oro hacia países como Estados Unidos y China. En estos países, sus cómplices pagan, actualmente, alrededor de 106 mil dólares por cada lingote de mineral, según las estimaciones de corredoras de acciones y compañías trasnacionales.

Esta investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico y Código Vidrio, revela –luego de acceder una serie de fuentes documentales oficiales, informes de la Superintendencia de Compañías, expedientes judiciales, contratos mineros y reportes de empresas– el mecanismo detrás de las operaciones que vinculan a las bandas del narcotráfico con la exportación de oro desde Ecuador. Las irregularidades fueron confirmadas en entrevistas con altos funcionarios, agentes antinarcóticos, oficiales de Inteligencia del Ejército, policías y  técnicos especialistas en minería, que solicitaron mantenerse en el anonimato por seguridad.

Los propietarios de la minera Goldenminerals, actualmente detenidos por delitos de tráfico de drogas, establecieron un método para comercializar oro sin la necesidad de poseer concesiones mineras, aprovechando la falta de control por parte del Estado.

Esta compañía minera recurrió a contratos de operación, permitidos por ley, para explotar oro que luego fue exportado en lingotes hacia Estados Unidos y China, a través de sus operaciones en la concesión otorgada a la minera La Boya, propiedad de Juan Pogo.

ORO SUCIO. Goldenminerals recurrió a contratos de operación para explotar oro a través de operaciones en la concesión otorgada a la minera La Boya.

 

Goldenminerals fue creada en Machala, capital de la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. En 2022, Geovanny Cruz, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín, identificados e investigados por las autoridades como integrantes de una presunta red de narcotraficantes aliados de Los Choneros.

En diciembre pasado, los nuevos dueños de Goldenminerals fueron detenidos tras ser acusados de traficar ocho toneladas de cocaína a España. Esa organización, según la policía, era encabezada por Carlos Zambrano, quien se presentaba como empresario del sector inmobiliario y de insumos médicos. Según la investigación de la Policía Antidrogas de Ecuador, desde 2002, Zambrano tejió contactos con autoridades de entidades públicas en distintos gobiernos para facilitar sus actividades ilícitas.

Goldenminerals firmó un contrato de operación con la empresa titular de la concesión La Boya, cerca a la frontera con Perú.

Goldenminerals explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero ocultó deliberadamente  a dónde exportó este producto ante la autoridad minera, de acuerdo con datos analizados para esta investigación periodística.

Esa compañía no tiene una concesión minera propia. Firmó un contrato de operación con la empresa Miezul, que es la titular de la concesión La Boya, en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, como ha expuesta anteriormente una investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico.

Pero este no fue un caso aislado. En Ecuador, cualquier empresario, contratistas o subcontratistas pueden explotar oro bajo esta modalidad sin tener concesiones directas.
 

Alquimia de acuerdos
 

Durante esta investigación, nuestro equipo identificó que, además del contrato de operación con Miezul, la empresa Goldenminerals tiene otro acuerdo de mandato con la empresa exportadora Tech Golden S.A.

Este último contrato fue inscrito por el registrador Roberto Israel Castro en la Dirección Distrital de Azuay, según registros a los que se accedió para este reportaje.

Actualmente, La Fiscalía investiga penalmente a este funcionario por haber firmado más contratos presuntamente ilegales, a pesar de que la Corte Superior de Azuay le ordenó detenerse.

Los nuevos dueños de Goldenminerals fueron detenidos tras ser acusados de traficar ocho toneladas de cocaína a España.

En julio de 2022, ese tribunal le exigió a Castro anular un contrato de asociación entre dos empresas, que había inscrito sin respaldos legales, perjudicando al titular de una concesión en Camilo Ponce Enríquez.  

El dueño de Miderzul y Techgolden es Juan Pogo Labanda, de 57 años. A través de Miderzul, Pogo realiza exportaciones de concentrado de oro (material mineralizado) a China, mientras que Techgolden exporta lingotes de oro a Estados Unidos.

Entre 2023 y 2024, Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, y recibió pagos por 2,5 millones de dólares, indican informes de la Agencia de Regulación Minera. Esos cargamentos se enviaron en grandes sacos de lona (big bags) por vía marítima.

Informes internos de la agencia reguladoras a los que accedimos indican que hay empresas mineras con exportaciones inusuales (grandes cantidades sin un origen lícito) que son aprovechados por China y Corea del Norte, triangulando los envíos a través de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.  

CONTRATOS. Goldenminerals tiene también acuerdo de mandato con la empresa exportadora Tech Golden S.A.

Foto: Ejército de Ecuador

Juan Pogo, un ingeniero comercial nacido en Piñas, en la provincia de El Oro, además es propietario y administrador de otras seis empresas mineras: Prominecua, Expogold, Emmijard, South Mining, Mine Chonta y Cerro de Oro la Peña, así como Agrícola Pogo.  

La empresa más importante de este grupo es Techgolden. Desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024, esa comercializadora exportó a Miami, Estados Unidos, 736 kilos de oro, por USD 49,3 millones, lo que representa más del triple de sus exportaciones, en relación al año anterior (175 kilos).

En solo un año Techgolden se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador.

En apenas un año esa firma se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador. 

Funcionarios de la autoridad minera realizaron inspecciones en la concesión La Boya, para verificar si los niveles de producción declarados por Miderzul concuerdan con los reportes.

Fuentes de esa entidad informaron que, luego de la denuncia periodística publicada por la Red Transfronteriza en febrero pasado, se abrió una investigación interna sobre el contrato de mandato que Techgolden mantuvo con Goldenminerals, así como del resto de acuerdos que tiene Juan Pogo con empresas mineras para comercializar oro. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) indagan estos nexos y sus manejos financieros. 

Techgolden también le dio servicios de exportación de oro a Goldenminerals, cuyos dueños fueron detenidos por su presunta relación con el narcotráfico, de acuerdo a los informes financieros que revisamos.

De acuerdo con esos mismos documentos, Techgolden debe más de 13 mil dólares a Goldenminealrs por servicios prestados entre 2023 y 2024.

Techgolden opera con una licencia de comercialización entregada a Juan Pogo en 2023. Ese permiso fue otorgado por la zonal de Azuay del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Xavier Vera, quien fue detenido en mayo de ese año por el supuesto delito de cohecho derivado de cobros ilegítimos por la entrega de cargos.  

En sus certificados de exportación esa compañía indica que compró el oro a través de los convenios de operación y mandato, que tiene con empresas que trabajan en dos de sus concesiones, así como de varias compañías de distintas áreas en Camilo Ponce.

Los reportes de producción, revisados por este equipo periodístico, presentan discrepancias. Por ejemplo, en el certificado 107086 la compañía declaró la exportación de 41 kilos que vendió en USD 3 millones. Para obtener 23 kilos de oro de esa exportación la firma reportó que se procesaron 1.746 toneladas de tierra mineralizada, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2024. No obstante, según los datos declarados a la agencia reguladora para obtener esa cantidad de oro como mínimo se debieron procesar 2.400 toneladas de material, indicó una geóloga consultada, que revisó esos documentos y pidió no revelar su identidad.

En Techgolden, Juan Pogo es gerente, presidente y único accionista. Este equipo periodístico le solicitó una entrevista a través de sus números telefónicos y al correo electrónico de su compañía: techgolden@gmail.com, en dos ocasiones, el 29 de enero y el 27 de mayo de este año.

Techgolden señala que en ningún momento ha realizado exportaciones de oro de Goldenminerals.

En enero, José Bravo, uno de los representantes de esa empresa, respondió a una de nuestras solicitudes por correo. En una breve contestación, descartó cualquier relación con los accionistas de Goldenminerals. Dijo que en ningún momento Techgolden ha realizado exportaciones de oro de esa compañía.

“La empresa, que legalmente está constituida desde el año 2009, se dedica a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación, y para llevar a cabo estas actividades, se realizan una serie de procedimientos en los cuales se incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, destacó. El ejecutivo dijo estar abierto a conceder una entrevista, pero no volvió a responder las solicitudes posteriores de entrevista.  

Los puntos ciegos del control estatal

En Ecuador, según diversas fuentes oficiales entrevistadas para este reportaje, existen tres grandes puntos ciegos para el florecimiento de este negocio: los contratos privados de operación y mandato, los acuerdos verbales y de asociación y las autorizaciones que se emiten en provincias. En todos ellos, la delincuencia organizada se ha enquistado a través de sobornos y de compañías de fachada.

Hasta abril de este año, los titulares de pequeña minería han inscrito 547 contratos de operación y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).  Estos acuerdos, fueron tramitados en sus agencias regionales las cuales, previamente, debieron emitir informes técnicos, catastrales y económicos de las empresas solicitantes.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó en una entrevista para esta investigación que los contratos de operación y mandato, que debían ser una excepción, se volvieron la norma. “Tras cerrar el catastro, los concesionarios otorgaron cientos de contratos de operación, y como es un acuerdo entre actores privados ninguna autoridad pudo alertar ni frenar esas maniobras”, destacó.

Hay titulares mineros que tienen hasta 13 contratos de operación, según informes del Ministerio de Energía.

“El Estado otorgó las concesiones para que los titulares mineros inviertan y operen, no para que subarrienden y en la práctica parcelen las áreas asignadas”, señala la ministra. 

Otro de los puntos ciegos está entre los convenios de asociación y acuerdos verbales, al margen de ley, pero en plena ejecución en un sinnúmero de concesiones.

Con estos arreglos entre privados (contemplados en la ley de Minería),  los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas mineras, después del cierre del catastro en 2018. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados de empresas fuera de la ley y grupos delictivos.

Los expertos también apuntan a las agencias mineras regionales. Cada una de ellas tiene su propio registro, incluso manual, que muchas veces no coincide con el Sistema de Gestión Minera (donde está incluida la plataforma del catastro) porque ahí no aparecen los contratos de mandato ni de asociación. En el catastro, por ejemplo, solo están inscritos 250 contratos de operación.

Las autorizaciones en las regionales se concretan, en gran medida, a espaldas de las autoridades de la Agencia de regulación minera, dijo un técnico con diez años de experiencia en el control minero. 

El último de los puntos ciegos de la fiscalización estatal está en las licencias de comercialización, que permiten a sus titulares obtener oro de cualquier fuente, lícita o ilícita, para negociarlo dentro del país o exportarlo. Ningún funcionario audita ni contrasta los informes de producción de los comercializadores ni sus actividades “in situ”. En Ecuador, alrededor de 370 personas naturales y jurídicas tienen licencias para negociar el mineral en el país. Hay 259 solicitudes de licencias en trámite en el Ministerio de Energía.
 

En la mira
 

Los datos que consignan los exportadores, entre titulares mineros y dueños de licencias de comercialización, no son verificados en general por los técnicos de la agencia minera ni por el personal de las zonales del Ministerio de Energía, antes de aprobar los informes para los envíos. 

Ecuador tiene 380 focos críticos de minería ilegal en varias provincias, 28 en áreas protegidas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, más de USD 1.300 millones en exportaciones de oro provinieron de esas operaciones criminales, que involucran grupos delictivos.

Actualmente, el Ministerio de Energía están elaborando y replanteando, reglamentos e instructivos que limiten a los concesionarios mineros la emisión de contratos entre privados. De acuerdo con los planes oficiales, luego de la entrega formal de una concesión, la responsabilidad del manejo del área, ante el Gobierno, sería exclusivamente del titular.

El 19 de mayo pasado la ministra Manzano aprobó la reforma del instructivo para la entrega de licencias de comercialización a personas y empresas. Entre otras cosas, exige que los peticionarios tengan una experiencia mínima de 3 años en actividades de comercialización o en gestión de proyectos mineros, un patrimonio probado de 100 mil dólares, así como certificados tributarios que avalen su idoneidad en el sector.

ORO ILEGAL. Ecuador tiene 380 focos críticos de minería ilegal en varias provincias, 28 en áreas protegidas.

Foto: Ejército de Ecuador

Aunque los concesionarios mineros tienen varias obligaciones legales y contractuales, como el pago de regalías (3% de la producción) sobre las ventas de minerales, la exploración en el área asignada sería hasta por cuatro años y condicionada a la presentación de informes de actividades e inversiones.

El principal problema, que ha derivado en prácticas delictivas los últimos años, no radica en la posibilidad de que los concesionarios mineros puedan firmar contratos, dice una ejecutiva de una empresa de pequeña minería, quien pidió no revelar su identidad.

“El mayor daño es causado por la corrupción generalizada en las regionales de la Arcom, de la mayoría de registradores, que exigen coimas a los titulares mineros para aprobar los contratos; el que no paga entra en el congelador, debe esperar meses, hasta años para tener la autorización”, destaca. 
 

No solo por mar, el oro también sale en avionetas
 

La modalidad de contrataciones privadas para explotar y comercializar oro ilegalmente no solo se focaliza en concesiones de Ponce Enríquez.

La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por estas actividades devastadoras, a lo largo del río Santiago. 

El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y aire, en avionetas fletadas por mineros y actores mafiosos, señala un oficial del Ejército que participa en los operativos en estos sectores.

Uno de los puntos neurálgicos es la población de Cumbaratza, donde un operativo militar y policial develó los alcances de esta modalidad, el 3 de mayo pasado.    

Ese día, una aeronave Cessna, modelo 414A, aterrizó cerca de las 14:00 en la pista de ese pequeño poblado amazónico de 4.000 habitantes, y permaneció más de tres horas en tierra, según testimonios de moradores del sector. No era la primera vez.

La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por la minería ilegal.

La nave, piloteada por el capitán Jorge Luis Weisson y el copiloto Darwin Ochoa, debía recoger a los pasajeros Estalin Julián Jiménez, de 23 años, y Rayner Alvario de Loor, de 30 años, y trasladarlos hasta Guayaquil, según la bitácora de vuelo. Los dos son oriundos de Babahoyo, capital de la provincia costera de Los Ríos.

Treinta minutos después, cuando Alvario y Jiménez llegaron a las maltrechas instalaciones de la sala de embarque de la terminal de Cumbaratza, fueron sorprendidos por militares del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y agentes de la Fiscalía y la Policía. Los esperaban para revisar su equipaje junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero. Los agentes habían recibido la alerta del arribo de la nave desde el Batallón militar, a unos 10 kilómetros de distancia del aeródromo.

La vigilancia de vuelos inusuales se activó desde el 23 de abril anterior cuando un pequeño avión Hawker Beechcraft HC-CUM aterrizó en esa misma plataforma, para transportar a Santa Rosa, en El Oro, a seis pasajeros. Uno de ellos era Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, quien llevaba muestras de arena mineralizada para hacerla analizar en un laboratorio.

POR AIRE. El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y aire, en avionetas fletadas por mineros. 

Foto: Ejército de Ecuador

Baldor Bermeo, quien llegó a la alcaldía como militante del movimiento Alianza País (correísmo), tiene concesiones mineras en Camilo Ponce, una de las zonas que han sido el foco de disputas de bandas criminales por el control de la extracción de oro.

La pista de Cumbaratza no es usada para vuelos comerciales desde hace cinco años. Tampoco es controlada por la Dirección de Aviación Civil (DAC) ni por ninguna autoridad local, aunque su administración fue concesionada a las autoridades parroquiales de este pequeño poblado amazónico. En los alrededores de la pista de aterrizaje hay varios focos de explotación ilegal de oro.

Según un oficial de Inteligencia, este campo de aterrizaje es ideal para actividades clandestinas ilícitas, pues conecta con la provincia costera de El Oro y con localidades de Perú, donde también hay pistas clandestinas.  

Durante la intervención la policía encontró dos kilos y 538 gramos de oro en polvo, cuidadosamente envueltos en un fino papel de seda blanco, sellados en fundas plásticas.

¿De dónde provino el material precioso? Los detenidos dijeron haber obtenido el oro en la concesión minera Cuyo FJ EX. Esa área está ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la pista, en una zona del cantón Zamora.

Los intervenidos no tenían los documentos de respaldo por la compra del mineral. Solo llevaba un certificado emitido por Gabriel Chiriboga, registrador de la Agencia de Regulación y Control Minero, en Zamora

En ese documento, el Registrador certificó que el 9 de diciembre de 2024 fue inscrito, con escritura pública, un contrato de operación a favor de Jackson Zambrano, para que pueda realizar tareas de exploración y explotación de oro en la concesión minera Cury FJGEX, otorgada por el Estado a José Ocaña Mayorga. Ese oficio está fechado el 8 de enero de 2025. La policía sospecha que Jackson vendió el oro a Jiménez y Alvario.
 

Concesión plagada de ilegalidades  
 

Cuatro días después, funcionarios de la agencia de regulación minera y del Servicio de Rentas Internas con miembros del Ejército realizaron una inspección en los predios de la concesión Cury FJGEX. 

El administrador de la concesión no tenía reportes de producción ni información contable sobre costos de operación y del personal. En medio de forcejeos y enfrentamientos con otros obreros, los militares detuvieron a un trabajador, que intentaba impedir las inspecciones. En las requisas en el campamento los uniformados encontraron un fusil Bushmaster, calibre 5,56 mm, de fabricación estadounidense.    

La conseción fue clausurada.

CLAUSURA. Varias concesiones en la frontera de Ecuador con Perú operan al margen de la ley.

Foto:  Ejército ecuatoriano.

“En general, nadie los controla en el terreno”, alerta un agente de la Policía. “Esos contratistas son los que explotan y sacan más provecho de las concesiones, que son solo una fachada para las acciones del crimen organizado, conectadas con lavado de dinero del narcotráfico”.

El motor de la economía en esta provincia es la explotación indiscriminada de recursos mineros, que reemplazó hace mucho tiempo a la producción agrícola y otras actividades. “Diariamente las redes delictivas sacan cientos de kilos de oro de Zamora. Estamos desbordados, es una pelea desigual, de David contra Goliat”, sentenció un oficial del Ejército. 
 

Grupos armados de Colombia, Ecuador y México operan en frontera con Perú
 

Desde inicios de este año, en varias zonas de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y en la frontera con Perú, los militares han descubierto campamentos de grupos delictivos ecuatorianos, especialmente Los Lobos y Los Choneros, así como de los Comandos de la Frontera y grupos armados procedentes de México, dedicados a la minería ilegal. Así lo señalan los militares y policías ecuatorianos que trabajan en la zona.   

Los tres primeros grupos criminales se replegaron hacia esta provincia fronteriza desde Camilo Ponce Enríquez, que los tres últimos años fue el centro de la minería ilegal en Ecuador.

El Ejército mantiene fijo en esa zona desde 2024 un contingente militar con decenas de militares de tropa y oficiales del Grupo de Artillería y de la Brigada de Infantería de El Oro.

Los militares ecuatorianos han logrado replegar hacia el sur, en la frontera con Perú, a los grupos armados y bandas criminales, incluidos a Los Choneros, Los Lobos e integrantes de Los Comandos de la Frontera.

AVANCE CRIMINAL. En la frontera de Ecuador con Perú operan varias bandas criminales como Los Lobos, Los Choneros, Comandos de Frontera y grupos armados procedentes de México.

Foto: Ejército ecuatoriano.

Estas organizaciones operan en zonas de minería ilegal como Chinapintza, El Zarza, Taisha, así como en el parque Podocarpus, en Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Inclusive han incursionado a territorio peruano, por una vía lastrada, donde mineros ilegales los han contratado para que les den protección, detalla un agente de Inteligencia. 

En esta misma zona fronteriza también operan grupos armados procedentes de México. A mediados de mayo pasado en el sector de Chinapintza, un distrito minero ecuatoriano de Zamora, los militares detuvieron a cuatro integrantes de la empresa de seguridad Dinamic Protection Trainingin por tenencia ilegal de armas de guerra. Llevaban fusiles y municiones.

La Fiscalía de Centinela del Cóndor los procesó, pero fueron liberados. Días después también fue detenido el peruano Manuel Chirinosque, que guarda prisión en Loja, acusado de actividades extractivas ilegales.      

En incursiones en la frontera, realizadas desde inicios de este 2025, los militares han descubierto campamentos improvisados con armas de guerra, así como operaciones de extracción criminal a gran escala, a lo largo del río Santiago, en Zamora.

En esta provincia la minería ilegal ha alcanzado su mayor expansión: 5.034 hectáreas tomadas. Esto significa que el 67% de la minería de la Amazonía ecuatoriana se concentra en Zamora, según un reporte de la Fundación Ecociencia. “La minería ya es una importante causa directa de deforestación. La mayor parte de esa deforestación causada específicamente por minería se dio en la provincia de Zamora Chinchipe (32%)”, concluye el informe.