La madrugada del 14 de setiembre de 2023, seis policías de la comisaría rural de San Juan del Oro intervinieron tres viviendas del sector Palmerani, en el distrito puneño de San Pedro de Putina Punco (provincia de Sandia), cerca a la frontera con Bolivia. Los acompañaban cuatro efectivos de otras dependencias, tres de ellos suspendidos temporalmente. No tenían una orden de allanamiento, ni participó algún fiscal. Era, en otras palabras, un falso operativo. 

Estos detalles constan en la investigación del Ministerio Público. Los 10 policías —entre ellos, el comisario (oficial) y suboficiales de secciones como familia y carreteras— son señalados por la Fiscalía por simular una confiscación de droga, en esa zona de creciente cultivo de hoja de coca, para apropiarse de 13 paquetes (12,4 kilos) de pasta básica de cocaína, cinco armas de fuego y cerca de S/60.000. 

“Solo, desde 2023 hasta la fecha, tenemos dos comisarías enteras [San Juan del Oro y Puesto de Auxilio Rápido PNP Sina] de efectivos policiales con prisión preventiva por este delito [tráfico ilícito de drogas] y esta modalidad [‘arranche’ de droga]”, cuenta Ricardo Yampara Apaza, fiscal provincial de Puno especializado en la materia. 

Esta investigación de OjoPúblico —que incluyó la sistematización de reportes judiciales y policiales, la revisión de más de 2.300 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial, entrevistas con fuentes fiscales y de procuradurías— evidencia la captura de policías por redes de tráfico de drogas: solo entre 2020 y 2025, al menos 120 efectivos han sido investigados por las fiscalías especializadas en este delito. El mayor número lo registra Puno (29).

En paralelo, entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial —última instancia administrativa en el procedimiento disciplinario a efectivos— emitió, al menos, 309 fallos vinculados a tráfico de drogas y otros hechos que favorecieron a investigados por este delito. Estos involucran a 434 agentes de regiones como Lima (68), La Libertad (43), Ayacucho (34), Ucayali (31) y Puno (31), entre otras.

Uno de los hechos más frecuentes es el “arranche”: la simulación de falsos operativos para apoderarse de la droga, como ocurrió con los policías de la comisaría de San Juan del Oro. 

Desde 2023 hasta la fecha, tenemos dos comisarías enteras de efectivos policiales con prisión preventiva por este delito", dice el fiscal de Puno, Ricardo Yampara.

Pero también hay casos de agentes dedicados a la microcomercialización. Y otros, señalados por robar grandes cantidades de hoja de coca —insumo para elaborar cocaína—, integrar organizaciones que trafican droga a Bolivia, Brasil y Colombia por vía terrestre y aérea, prestar labores de seguridad y filtrar información sobre operativos antidrogas a estas mafias. 

En su mayoría, los agentes investigados por el Tribunal de Disciplina Policial son suboficiales (89%). En el listado también hay alféreces, tenientes, capitanes, mayores, comandantes e, incluso, coroneles. 

Entre ellos, aparecen efectivos que, antes, trabajaron en dependencias antidrogas —lo que les permite acceder a información reservada sobre operativos, por ejemplo—, con antecedentes de otras infracciones administrativas graves e, incluso, presuntos autores de delitos como feminicidio.

Esto también se evidencia en el caso de los 10 policías de San Pedro de Putina Punco. En ese falso operativo participaron José Wong Chunga, Marlon Porcel Valle y Elis Fuentes Quispe, suboficiales que, previamente, habían trabajado en servicios policiales antidrogas o de inteligencia. 

En 2023, esos mismos policías habían sido investigados en la vía administrativa por presunta extorsión con siembra de droga y secuestro, hecho por el que se encontraban con medida preventiva de suspensión temporal.

El año pasado, Fuentes Quispe fue pasado al retiro y, tras estar prófugo de la justicia, fue detenido de manera preliminar por el presunto feminicidio de su pareja, en la provincia de San Román. 

“Gran parte de los efectivos comprometidos en estos delitos han trabajado en la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro). Incluso, han sido formados por las mismas escuelas de la Dirandro. Esto hace concluir que tienen conocimiento de la ruta de la droga e información de inteligencia respecto a personas involucradas”, cuenta el fiscal provincial Ricardo Yampara, de Puno.

Esta última región registra la mayor cantidad de policías investigados (29) por el Ministerio Público por tráfico ilícito de drogas, entre 2020 y 2025. Le siguen los distritos fiscales de Ayacucho (18), Loreto (15), Lima noreste (11), Ucayali (6), Piura (6) y Apurímac (6). Luego, Tacna (5), Cusco (4), Tumbes (3), Callao (3), Amazonas (3), Selva Central (2), San Martín (2), La Libertad (2), Huánuco (2), Santa, región Áncash (1) y Junín (1).

Uno de los principales focos del narcotráfico —que comparten varias de estas regiones— es el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde la hoja de coca avanza y operan grupos vinculados al negocio ilícito. 

Los policías y sus modalidades

Cerca de las 11 de la noche del 9 de julio de 2021, el suboficial Romel Aníbal Rivera Leiva, de 22 años, patrullaba el frontis de la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el jirón Mariano Melgar, en Andahuaylas (Apurímac), cuando fue detenido de manera preliminar por personal de la dirección antidrogas. El joven efectivo era acusado del presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Rivera Leiva fue vinculado a una organización criminal conocida como “Los Vrachicos” que, según informes policiales, operaba en el centro y sur de Perú, en zonas como el Vraem, Ayacucho y Apurímac. Desde allí, la banda acopiaba, transportaba, brindaba seguridad y comercializaba droga. A veces, la trasladaban por tierra hacia Puno y, desde allí, a Bolivia. Y otras, la movilizaban por vía área  —desde pistas clandestinas— hacia Brasil y Colombia. 

DETENCIÓN. En julio de 2021, el suboficial Romel Rivera fue detenido por el presunto delito de tráfico de drogas y supuestos vínculos con una organización criminal.

Documento: PNP

Ese año, Rivera Leiva recibió 36 meses de prisión preventiva. En el ámbito administrativo, en tanto, el Tribunal de Disciplina Policial lo sancionó con el pase al retiro “por favorecer o facilitar hechos que afecten el orden público y la seguridad de las personas, así como actividades que denigren la autoridad policial o la imagen institucional”.

Entre 2019 y 2024, esta última instancia administrativa de la Policía registró, al menos, 309 casos que involucran a 434 policías con tráfico de drogas o irregularidades en torno a investigaciones por este delito. Para este análisis se ha considerado, también, la alteración de la cadena de custodia, robo de droga, pérdida o manipulación de evidencias e incumplimiento de procedimientos operativos, entre otros.

De las 309 indagaciones, la mayor cantidad se registró en 2023 (82 resoluciones que, casi siempre, incluyen a más de un policía). En 2019, hubo 27 casos; en 2020, 34; en 2021, 49; en 2022, 40 y, el año pasado, 36. De otras 41 no se tiene precisión del año.

Una tendencia similar se observa en las investigaciones fiscales de tráfico ilícito de drogas a las que accedió OjoPúblico: entre 2020 y 2025, más de 120 policías fueron investigados por este tema. De ellos, al menos, cuatro fueron absueltos. Del total, un caso ingresó en 2019 y cerca de la mitad (54) entre 2023 y 2024. En lo que va de este año, ya hay nueve agentes más investigados.

Estas cifras contrastan con las del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), que, entre enero de 2020 y abril de 2025, reporta apenas 16 efectivos denunciados, detenidos o intervenidos por tráfico ilícito de drogas, según datos preliminares. La mayoría son de Lima y, como en otros reportes, suboficiales, aunque también figura un coronel.

“Dentro de las investigaciones, siempre aparecen policías involucrados en el negocio del tráfico, ya sea dando seguridad o siendo parte de la misma organización criminal. [¿Cómo los captan?] Con dinero, con mujeres. Los grandes instrumentos del crimen organizado son la corrupción y el lavado. La corrupción se da para protegerse o para que se facilite el acto criminal. Ahí entran a tallar los policías”, cuenta un fiscal con más de 30 años de experiencia en investigación antidrogas.

A partir de los casos fiscales y administrativos, OjoPúblico determinó que los policías inmersos en el tráfico ilícito de drogas también operan en establecimientos penitenciarios, puertos o aeropuertos, así como en carreteras e, incluso, se hacen valer de su puesto para evitar intervenciones u operar en sus días de franco. Su condición —de funcionario público— puede ser un agravante en la sanción del delito.

UCAYALI. Según la sentencia de vista, un grupo de policías se trasladaban por la carretera Tournavista en un vehículo que, en su interior, llevaba más de 50 kilos de droga.

Documento: Poder Judicial

Para “arranchar” la droga —la modalidad más frecuente en la que están implicados— los policías simulan intervenciones con armas, uniformes y, luego, liberan a los intervenidos. Se tratan de operativos irregulares sin la presencia del Ministerio Público. Para identificar a sus “víctimas”, usan información de inteligencia o de los seguimientos que realizan como parte de su labor policial.

“[El arranche] es la modalidad que más se ve en frontera. Ellos [los policías] identifican a los 'paqueteros' o 'mulas', los intervienen, les quitan [el material ilícito] y los dejan ir. Ya tienen sus contactos para la droga en Bolivia o Brasil. Esa modalidad se usa en Puno, Madre de Dios, Tacna (...) Los policías utilizan el mismo circuito del narcotráfico, se alían con los narcotraficantes”, refiere una fuente fiscal. 

A esto se suman las evidencias recolectadas en investigaciones administrativas, donde diversos policías también son señalados por realizar intervenciones irregulares, alterar la cadena de custodia, no pesar correctamente la droga incautada y adulterar actas de decomisos. 

Los efectivos fueron denunciados, asimismo, por robar droga y hoja de coca, alquilar inmuebles o vehículos que, luego, eran usados para cometer delitos vinculados al tráfico, o filtrar información de operativos a las organizaciones criminales, como en el caso de Romel Rivera Leiva, en Apurímac.

Según una resolución policial de 6 de octubre de 2022, el entonces efectivo tenía la presunta función "de dar aviso [a una organización criminal] sobre operativos y acciones policiales aprovechando su condición de efectivo para acceder a dicha información”. A partir del registro de sus comunicaciones, se identificó que mantuvo contacto con el presunto líder de la banda. Hasta mayo último, aún figuraba como investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado. 

Otro caso identificado por OjoPúblico —con sentencia en primera instancia—  confirma los nexos entre policías de áreas antidrogas y el tráfico ilícito. El 14 de marzo de 2021, seis efectivos y dos civiles que viajaban en dos vehículos fueron intervenidos en la carretera Tournavista, en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali). En uno de los autos se hallaron más de 50 kilos de pasta básica de cocaína, una balanza gramera y tres armas de fuego.

En este grupo había efectivos que prestaban servicios en el Departamento de Operaciones Especiales N° 2° de Erradicación para Plantaciones de Coca en Pucallpa. “[Nuestra] función (...) era prestar seguridad y protección al personal civil Corah [Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga] en la erradicación de hojas de coca”, refirió el suboficial Juan Quispe Medrano durante una audiencia del Fuero Militar Policial, en noviembre de 2024.

El año pasado, en sentencia de vista, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó las penas de prisión de entre 15 y 25 años contra los implicados. Los agentes se encuentran en situación de retiro tras un proceso administrativo que llegó al Tribunal de Disciplina Policial.

CASO. En una audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público refería que policías de Huancayo aprovechaban su condición para evitar ser intervenidos.

Captura: Poder Judicial

Christian Guzmán Napurí, abogado especializado en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explica que un policía puede ser procesado en el ámbito disciplinario o administrativo y, a su vez, en el penal por una misma acción. A estos dos caminos se suma el fuero militar policial, donde se discuten los delitos de función, no los comunes. 

“Eso se llama autonomía de responsabilidades. Son procesos diferentes y paralelos. Un policía puede tener una sentencia firme, penal, pero puede haber prescrito en el ámbito administrativo”, detalla el especialista.

Este medio le envió un cuestionario al área de prensa de la Policía para conocer más detalles sobre los policías implicados en indagaciones fiscales y policiales por tráfico ilícito de drogas. Al cierre de la edición, solo respondieron que “los casos solicitados se encuentran en investigación”.

Narcotráfico alcanza a policías en el Vraem

El 18 de diciembre de 2024, los suboficiales Gil Sixto Pérez Alvarado y Luis Miguel Lizárraga Gómez fueron intervenidos a bordo de una camioneta a la altura del centro poblado de Santa Catalina de Tranca, en la ruta Chungui-Huamanga (Ayacucho). Se trata de una zona álgida en el Vraem y una de las principales rutas para el traslado de droga.

En su vehículo llevaban armas y 32 kilos de droga distribuida en tres mochilas con paquetes rectangulares tipo ladrillo que, a la prueba de identificación preliminar de los agentes Dirección Antidrogas (Dirandro), dio resultado positivo a alcaloide de cocaína, informó el Ministerio Público. 

En enero pasado, ambos policías recibieron 18 meses de prisión preventiva y su caso está en etapa de investigación preparatoria. En tanto, a otros dos efectivos —identificados como Jean Quijandría y Juan Alarcón—, les impusieron nueve meses al estar presuntamente involucrados en el hecho.

INTERVENCIÓN. En diciembre de 2024, la Policía halló 32 kilos de droga y armas en un vehículo conducido por dos policías en Ayacucho.

Foto: Ministerio del Interior

El Vraem, que incluye a las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, es la principal zona productora de hoja de coca —insumo para la elaboración de cocaína—. En 2023, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) registró 38.253 hectáreas de cultivos en la zona. En otras palabras, albergaba el 37,6% de la producción de todo Perú.

Ese año, siete suboficiales de la comisaría de Natividad (Pichari) y de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Cusco, fueron asesinados en el Vraem, en un atentado narcoterrorista atribuido al grupo criminal de Víctor Quispe Palomino, brazo armado de las organizaciones de narcotráfico que operan en la zona.

Otros efectivos, en cambio, son captados por las redes criminales. Entre 2018 y 2024, al menos 29 policías estuvieron involucrados en el presunto delito de promoción, favorecimiento y facilitación del tráfico ilícito de drogas en regiones que conforman el Vraem, según reportes del Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos transportaban droga, hicieron falsos operativos para apropiarse de la mercancía ilícita, robaron droga y hasta integraban organizaciones criminales.

En diálogo con OjoPúblico, el fiscal provincial de Tráfico Ilícito de Drogas de Selva Central, Javier Vásquez Atoche, explicó que el hecho de que existan policías que trabajan como informantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Vraem expone al personal policial y fiscal a emboscadas. El riesgo, señala, es especialmente elevado en interdicciones dentro del bosque, donde la geografía es compleja.

En esa zona, al menos, 209 personas fueron detenidas por tráfico ilícito de drogas entre 2018 y 2025, de acuerdo a información del Frente Policial Vraem a la que accedió este medio.

Solo en lo que va de este año, se intervino a 33 personas. En los primeros meses de 2025, también se incautaron dos toneladas de alcaloide de cocaína, 35 toneladas de insumos químicos, y se destruyeron 25 laboratorios de producción de droga, según precisó la Fiscalía Provincial de la Selva Central.

El 23 de junio de 2019, el alférez Pedro Eber Pocohuanca Chino, oficial y comisario de Pilcopata-Cusco, y los suboficiales Julio Javier Muñoz Meza y Jhano Guzmán Valera fueron detenidos junto a otras 11 personas. Los agentes eran sindicados de pertenecer a la presunta organización criminal “Sinchi”, dedicada al tráfico ilícito de drogas en los sectores de Patria y Pilcopata (Cusco) y Diamante (Madre de Dios). 

Los policías fueron imputados de incautar hoja de coca a campesinos que la cultivaban de forma ilícita, sin comunicar a la Policía ni a la Fiscalía. El objetivo, de acuerdo a la resolución de primera instancia de la Inspectoría Descentralizada de Cusco de la Policía —citada en el fallo del Tribunal de Disciplina Policial—, era apropiarse de la droga y venderla, además de solicitar coimas a los narcotraficantes para “dejarlos trabajar”. 

Meses antes, Pocohuanca Chino había sido incluido en otra investigación administrativa por liderar, en su condición de comisario de Pilcopata, una intervención sin orden de operaciones de 50 sacos de hoja de coca en La Florida, distrito de Kosñipata. 

CARGAMENTO. En julio de 2021, cuatro policías de la comisaría de Tambo intervinieron un camión con 318 kilos de droga y, según la Fiscalía, desviaron su ruta.

Foto: Ministerio Público

Según la resolución de la Inspectoría Descentralizada de Cusco, durante el operativo irregular, alrededor de 35 personas con armas blancas y escopetas rodearon a los policías implicados, los agredieron y echaron gasolina. El comisario y otro policía hicieron disparos para disuadir a las personas, y tres civiles resultaron heridos.

Por el caso “Sinchi”, en julio de 2019, el juez de investigación preparatoria de Andahuaylas, Gabriel Suárez Valencia, dictó 18 meses de prisión preventiva contra 13 personas. Entre ellas, los policías Pocohuanca Chino, Muñoz Meza y Guzmán Valera.

Esa investigación dio paso, además, a la desarticulación de la organización criminal “Mecanismo”, donde se capturó a 16 agentes, entre ellos un comandante, un coronel, un alférez y 13 suboficiales, en diciembre de 2019. Estos recibieron 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de facilitación y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

Otro caso ocurrido en el Vraem involucra a cuatro suboficiales que prestaban servicio en la comisaría de Tambo, en la provincia de La Mar (Ayacucho). El 14 de julio de 2021, estos intervinieron un camión que transportaba 318 kilos de droga (alcaloide de cocaína) hacía Huamanga. 

Según la Fiscalía, tras la intervención, los policías no llevaron al conductor y al vehículo a la comisaría, sino que se desviaron hacia una trocha lejana a la dirección de la dependencia policial. En ese momento, fueron intervenidos por agentes de la Dirección Antidrogas y el Ministerio Público. 

En agosto de 2021, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los cuatro agentes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y 18 meses para el civil que conducía el camión. Un año y medio después, en febrero de 2023, los policías fueron sentenciados a 35 años de pena privativa efectiva por favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y secuestro.

Sin embargo, no todos los efectivos involucrados terminan en la cárcel. De los 10 expolicías de San Pedro de Putina Punco, en Puno, cinco están con prisión preventiva hasta mayo de 2026, y otros cinco tienen requisitoria. 

El 14 de setiembre de 2023, luego del falso operativo en Puno, las rondas campesinas detuvieron a los efectivos y les pidieron su identificación. Creían que no eran policías, sino asaltantes. Como respuesta, los efectivos, hicieron disparos para dispersar a la gente e intentar huir.