Cuando alguien pide la pastilla del día siguiente, el personal de salud del Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, baja la voz y empieza a susurrar, como si se tratase de un fármaco prohibido. En una recepción casi vacía, la solicitud pasa de mano en mano: de la recepcionista a la enfermera y, de esta, a la obstetra.

Todas coinciden en que la píldora es fundamental tras una relación sexual sin protección. Pero también en algo más: a esa hora —pasado el mediodía— ya no es posible acceder a ella porque el horario de atención ha terminado. “Vente mañana tempranito”, recomienda la obstetra.

Las trabas para acceder a este método anticonceptivo de emergencia, que debería ser gratuito por ley, varían en cada establecimiento. En el Centro Materno Infantil del Rímac, por ejemplo, la obstetra de turno dice que solo la entregan en caso de violaciones.

Ni siquiera entonces el acceso está asegurado. Lucía Santos Peralta, asesora legal de la organización Proyecta Igualdad, cuenta que ha acompañado a mujeres que denunciaron violencia sexual y, al solicitar el kit de emergencia, este no incluía la pastilla del día siguiente. “El personal, a veces, alega que no tiene stock”, dice.

El acceso al anticonceptivo de emergencia está atravesado por una agenda conservadora opuesta al reconocimiento de derechos”, alerta Susana Chávez.

El acceso a métodos anticonceptivos en el país enfrenta serias limitaciones. OjoPúblico visitó centros de salud, consultó especialistas y revisó información oficial. Así detectó que, en 2024, la inversión en estos productos fue una de las más bajas de la última década: solo se ubica por encima de la registrada durante la pandemia, en 2021.

Además, el registro del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) —al que accedió este medio por la Ley de Transparencia— evidencia que, durante 2023 y 2024, se dejaron de adquirir seis tipos de métodos anticonceptivos. Entre ellos, el implante hormonal, que fue requerido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

El escaso interés del Ejecutivo en los derechos sexuales y reproductivos también se refleja en la alta rotación de las autoridades del sector: dos ministros de Salud y cuatro directores de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, en solo dos años y medio. A ello se suma un Congreso que impulsa proyectos de ley contrarios a la educación sexual integral.

“Los especialistas describen estos retrocesos como una ‘desinstitucionalización del enfoque de género’ porque están debilitando toda la arquitectura creada para garantizar derechos. Esto ocurre, tanto por iniciativas legislativas, como por un Ejecutivo técnicamente ausente”, resalta Cynthia Silva Ticllacuri, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Brecha en anticonceptivos

La compra de métodos anticonceptivos ha disminuido notablemente. Con S/1’327.000, el 2024 fue el segundo año con menos inversión en métodos anticonceptivos de la última década. Solo lo supera el 2021, en plena pandemia, con S/422.840. El tercer lugar lo ocupa 2020, año en el que comenzó la emergencia sanitaria, con S/3’645.000.

Esta baja inversión está acompañada, además, por una reducida variedad de productos comprados entre 2023 y 2024. En ese periodo, solo se compraron tres tipos de métodos anticonceptivos: preservativos (menos de 79 millones de unidades), pastillas anticonceptivas (3,5 millones) y píldoras de emergencia (40.000).

Aun así, los centros de salud han recibido hasta nueve tipos distintos de métodos, según información oficial: tres hormonales de corta duración (inyecciones mensuales, trimestrales y pastillas), tres de larga duración y reversibles (DIU de cobre, SIU hormonal e implante), dos de barrera (preservativo masculino y femenino) y uno de emergencia (anticonceptivo oral de emergencia).

El Cenares, a través de la oficina de prensa del Minsa, explicó que las diferencias entre la data de adquisición y distribución responden a que las gerencias y direcciones regionales de salud realizan compras institucionales no priorizadas por la Dirección General de Inversiones Estratégicas en Salud Pública del Minsa. Estas, añadieron, también se utilizan en actividades de planificación familiar.

COMPRAS. Entre 2023 y 2024, el Estado solo adquirió tres tipos de métodos anticonceptivos, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

Foto: OjoPúblico / Xilena Pinedo

Los especialistas advierten que una de las principales dificultades del sistema de salud consiste en definir qué métodos anticonceptivos adquirir y en qué cantidades.

“El Ministerio de Salud ha estado intentando resolver cómo programar estas compras: si se hace de acuerdo a las necesidades de la población o de acuerdo al consumo”, cuenta Guillermo Atencio La Rosa, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El especialista, quien se desempeñó como director de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva entre 2020 y 2023, señala que el Estado hace las compras de acuerdo al consumo. No obstante, esto puede llevar a una estimación errónea.

“Si te basas solo en un consumo histórico marcado por brechas de hace 50 años, nunca vas a resolver el problema. Y, si ni siquiera sabes cuántas personas necesitan anticoncepción, mucho menos vas a saber qué métodos requieren”, señala Susana Chávez Alvarado, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

Las estimaciones también pueden ser inexactas porque, frente al desabastecimiento de su método, las personas usualmente recurren a uno distinto. Esto sucede, por ejemplo, con el implante hormonal, que tiene una duración de tres años. “Si una persona solicita el implante, pero, en ese momento, no se logró la compra a tiempo, le proveen de otro insumo. Eso genera una falsa sensación de que no hay demanda”, detalla Atencio La Rosa.

La falta de personal capacitado para colocar métodos de larga duración —como implantes o SIU, un método que libera hormonas para prevenir el embarazo y, a diferencia del DIU o T de cobre, no utiliza compuestos metálicos— también afecta la demanda. “Si no he sido capacitada para colocar el implante, daré el método más fácil de prescribir”, explica Chávez Alvardo.

Para la especialista en salud reproductiva, no basta con garantizar el acceso: es vital ofrecer opciones variadas para que cada persona elija, según sus necesidades. “No es solo un medicamento, es una herramienta para que las mujeres decidan sobre su fecundidad, eviten embarazos no deseados y, en el caso de niñas y adolescentes, sigan con sus proyectos de vida”.

Prevención de embarazos adolescentes

Entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2025, 12.190 adolescentes de entre 15 y 19 años se convirtieron en madres en Perú. En este contexto, el acceso a anticonceptivos eficaces y de larga duración —como el implante subdérmico y el sistema intrauterino hormonal (SIU)— es limitado.

Esto ocurre a pesar de que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNFPA y la propia Digemid recomiendan priorizar su uso para prevenir embarazos no deseados, especialmente en adolescentes.

“Cerca del 60% de los embarazos no planificados ocurren en mujeres que utilizan alguna forma de anticoncepción. Una de las ventajas que ofrecen los implantes y otros métodos, como los dispositivos intrauterinos, es que no dependen de la persona que los utiliza, a diferencia de métodos como los condones, los inyectables y los anticonceptivos orales”, aseguró la Digemid en un documento técnico. 

Sin embargo, el Estado los adquiere con menor frecuencia. De hecho, hasta el año pasado, el SIU solo fue adquirido una vez: en 2022, con una compra de apenas 2.000 unidades. 

“La decisión de no adquirir más unidades del sistema o dispositivo intrauterino con levonorgestrel, en 2023, se basó en los reportes del Informe de Consumo Integrado del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos (ICI SISMED), los cuales mostraron un nivel de sobrestock a nivel nacional”, aseguró el Minsa a este medio. La cartera informó, además, que en lo que va del 2025 recibió 630 unidades, gracias a la cooperación internacional.

Ojalá el Estado adquiera el SIU, porque no todas las personas pueden pagar S/1.500 [costo aproximado]”, expresó personal de la Maternidad de Lima.

Pese al sobrestock que aseguran tener y a las recientes compras, este método anticonceptivo es inaccesible en los centros de salud: ninguno de los establecimientos visitados por OjoPúblico en Lima lo tenía disponible.

En algunos casos, el personal sanitario ni siquiera sabía qué era. “Ese es la T de cobre”, respondió una obstetra del Centro De Salud Base San Martín De Porres ante la consulta. En el establecimiento del Rímac, señalaron que solo se accede a este método en servicios privados. “Eso no lo coloca el Estado”, dijeron.

DEFICIENCIAS. En el Centro De Salud Base de San Martín de Porres, no tenían conocimiento del SIU, pese a ser recomendado internacionalmente para prevenir el embarazo adolescente. 

Foto: OjoPúblico / Xilena Pinedo

Esta situación contrasta con el caso del implante subdérmico, del cual todos los establecimientos aseguraron tener disponibilidad, aunque las compras registradas por Cenares hasta 2024 databan de 2015 y 2016. La falta de acceso a estos métodos tiene un impacto concreto en la vida de miles de mujeres peruanas. 

Personal de salud de la Maternidad de Lima explica que una de las diferencias entre ellos se encuentra en la cantidad de eventos adversos. “El implante es muy efectivo, pero suele causar más efectos secundarios, como dolor de cabeza, pérdida del apetito sexual, dolor mamario, aumento del apetito, cambios de humor, tendencia a la depresión, entre otros. El SIU, en cambio, actúa de forma local y es mejor tolerado”, describieron.

El personal también destacó la importancia de que este tipo de métodos sean priorizados por el Estado peruano. “Ojalá el Estado lo adquiera, porque no todas las personas pueden pagar S/1.500 [costo aproximado del SIU] en el sector privado”, expresó el especialista.

Anticoncepción de emergencia

Aunque es gratuita y forma parte de la política de planificación familiar, el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), o pastilla del día siguiente, es una herramienta subutilizada en el sistema público peruano.

En la última década, el Estado solo adquirió la pastilla en dos ocasiones: 2022 y 2024, con un total de 65.600 unidades, según cifras de Cenares analizadas por OjoPúblico. De acuerdo con los datos de distribución en el ámbito nacional, el stock remanente para 2025 apenas alcanza las 2.535 píldoras.

Consultado por este medio, el Minsa informó que ha comprado 40.000 nuevas unidades para este año. La primera entrega está prevista para agosto. La entidad también aseguró que, en lo que va de 2025, han adquirido otros seis métodos que no compraron en 2023 ni 2024. De acuerdo con la data proporcionada, cinco de estos anticonceptivos provienen de la cooperación internacional y dos de inversión nacional.

Los especialistas resaltan que el acceso a la AOE está marcado por prejuicios y desinformación. “Aún se cree que es abortiva o que es peligroso tomarla más de dos veces. No hay una razón válida para decir eso. Lo razonable es usarla solo en emergencias y, luego, optar por un método más seguro y continuo, pero no hay ninguna contraindicación médica por usarla más de una vez”, explica Abelardo Peña Álvarez, médico del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares).

La distribución de la pastilla del día siguiente también ha mostrado una caída en los últimos años. Entre 2022 y 2024, ningún año superó las 40.000 unidades. Este es el nivel más bajo desde que el AOE fue reincorporado entre los medicamentos distribuidos por los centros de salud, en 2016, tras estar prohibido por siete años debido a una demanda interpuesta por un grupo católico. En contraste, en años como 2018 y 2020, se distribuyeron casi 100.000 unidades. En promedio, la reducción es de, aproximadamente, 35%.

Para organizaciones como Promsex, estas cifras no son casuales. “El acceso a la anticoncepción de emergencia está atravesado por una agenda conservadora que se opone al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en adolescentes. Es un tema ideológico, no técnico”, alerta Chávez Alvarado.

Retroceso conservador

En los últimos años, el escenario político en Perú ha mostrado un creciente retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Renovación Popular, partido con fuerte influencia en la actual legislatura, ha promovido una serie de iniciativas que buscan desmontar las políticas de igualdad de género y salud sexual.

Entre ellas, destaca un proyecto que pretende que los padres puedan eximir a sus hijos de la Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas públicas. Además, se plantea reemplazar la ESI por una “educación sexual científica, biológica y ética”, eliminando el enfoque de género de la enseñanza. Otras iniciativas buscan eliminar la igualdad de género de las políticas públicas y aumentar la edad mínima para relaciones sexuales consentidas de 14 a 16 años, entre otras.

Organizaciones como Proyecta Igualdad alertan que estas iniciativas legislativas forman parte de una agenda orientada a desmantelar los avances en derechos. “Buscan desarmar todo el marco jurídico que se había logrado en materia de igualdad de género. Se está buscando volver a foja cero”, señala Santos Peralta.

Existe todo lo necesario para garantizar una maternidad deseada. ¿Quién debe ser el garante de ese derecho? El Estado”, apunta Guillermo Atencio.

Silva Ticllacuri, de Demus, sostiene que la situación se agrava por un Ejecutivo ausente. “Este Congreso antiderechos no tendría tanto impacto, si no contara con un Ejecutivo que ha renunciado a defender los avances en institucionalidad de género y termina promulgando estas leyes”, dice.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Salud ha estado bajo el cargo de dos ministros: Rosa Gutiérrez Palomino, quien renunció en medio de cuestionamientos por el manejo de la epidemia de dengue, y César Vásquez Sánchez, vinculado al partido Alianza para el Progreso.

Además, en lo que va del Gobierno actual, la dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa ha estado al mando de cuatro especialistas distintos: Guillermo Atencio La Rosa, Víctor Correa Tineo, Dirseu Principe Durand y Alexander Kostadinov Tarev.

RESTRICCIONES. En el Centro de Salud Materno Infantil del Rímac, el acceso a la píldora del día siguiente está limitado a casos de violencia sexual. 

Foto: Xilena Pinedo / OjoPúblico

Para organizaciones como Promsex y Proyecta Igualdad, estos cambios reflejan la falta de una voluntad política para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. “Estamos a merced de una mayoría no solo conservadora, sino reaccionaria, antiderechos, antidesarrollo y antigualdad”, sostiene Santos Peralta.

La ausencia de políticas públicas claras no solo implica retrocesos normativos, sino que afecta a quienes más dependen del sistema público. Atencio La Rosa resalta que, de acuerdo a las estadísticas del UNFPA, más del 60 % de la población que usa métodos anticonceptivos en Perú recurre a los servicios de salud estatales. Esto evidencia la importancia de una política pública firme en este ámbito.

“Desde el punto de vista técnico y científico, existe todo lo necesario para que la mujer pueda tener la garantía de una maternidad deseada. ¿Quién debe ser el garante de ese derecho? El Estado”, recuerda.