* Con el aporte de Aramís Castro (OjoPúblico), Fábio Bispo (Infoamazonía), Isabela Ponce (Ecuador), Emilia Paz y Miño (Ecuador), Pilar Puentes (Colombia).
 

La Amazonía concentra gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas alrededor del mundo. Esta demanda energética global la consolida como la nueva frontera global para la industria de combustibles fósiles.

Casi una quinta parte de las reservas mundiales halladas entre el 2022 y 2024 se encuentran en la región, principalmente entre Guyana y Surinam. Esta riqueza ha despertado un creciente interés internacional, tanto de parte de las empresas de la cadena petrolera como de países vecinos; Brasil, por ejemplo, ya tiene planes para explotar su propia costa norte.

En total, la región amazónica tiene alrededor de 5.300 millones de barriles de petróleo de los casi 25.000 millones descubiertos globalmente, según el análisis de esta investigación basada en información del Monitor de Energía Global, que recolecta datos sobre infraestructuras energéticas.

“La Amazonía y los bloques offshore cercanos representan una gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas en el mundo”, afirmó Gregor Clark, coordinador del Portal Energético para América Latina. Sin embargo, considera que este avance “es incompatible con las metas de reducción de emisiones y conlleva consecuencias ambientales y sociales significativas, a nivel global y local”.

Además de las reservas identificadas, la Amazonía concentra una gran proporción de zonas aún subexploradas en Sudamérica. La región concentra 794 bloques de petróleo y gas, que son áreas delimitadas oficialmente para la exploración, pero sin garantía de la existencia de recursos. Casi el 70% de estos bloques están en fase de estudio u oferta al mercado; en otras palabras, aún son improductivos.

El análisis de los datos –hasta julio de 2024 por el Instituto Internacional Arayara, que monitorea las actividades petroleras en la región– realizados para esta investigación revela también que el 60% de los cerca de 2.250 bloques sudamericanos fuera de la región amazónica ya tiene concesiones —permisos para la exploración y explotación de recursos—, consolidando la Amazonía como una vía bastante promisoria para la expansión de la industria petrolera.

De todo el territorio amazónico, solo la Guayana Francesa no tiene bloques petroleros, porque los contratos están prohibidos por ley desde 2017.

Los bloques con concesiones en la Amazonía se superponen a los límites de 441 tierras indígenas, 61 áreas de conservación.

“No sirve de nada hablar de desarrollo sostenible si seguimos explotando petróleo”, señala el líder indígena guyanés Mario Hastings. “Necesitamos un cambio real que incluya a las comunidades indígenas y respete nuestros derechos”.
 

Como parte del proyecto transfronterizo Hasta la Última Gota, coordinado por InfoAmazonia, y del que OjoPúblico formó parte junto a Rutas del Conflicto (Colombia) y GK (Ecuador), se identificaron los impactos  causados por más de 50 años de actividad petrolera en la Amazonía y los riesgos que podrían traer las nuevas operaciones. La investigación explora los engranajes económicos y políticos que alimentan las expectativas en torno al sector petrolero.

La Amazonía difícilmente ve los beneficios de su explotación. Esta serie periodística muestra que, mientras la mitad del petróleo sudamericano se destina a economías extranjeras, las regalías en los países amazónicos generan más desigualdad que progreso local.

En la Amazonía, 81 bloques con concesiones están dentro de 441 tierras indígenas, y otros 38 cruzan el límite de 61 áreas de conservación. Además, sumando los bloques aún en oferta o estudio, 114 se encuentran en tierras indígenas y 58 en áreas naturales protegidas, según el análisis de este proyecto.
 

Costa amazónica: la nueva fiebre del petróleo

Guyana, una pequeña y hasta ahora discreta nación sudamericana, se ha convertido en el epicentro de los recientes descubrimientos mundiales de petróleo, erigiéndose en la “nueva Dubai” del petróleo, expresión utilizada sobre todo por representantes de empresas extranjeras recién llegadas al país.

Las operaciones de la cadena petrolera afectan al 90% del territorio guyanés aún cubierto por la Amazonía. “El mundo avanza hacia un futuro sin combustibles fósiles, pero Guyana se abre al petróleo y al gas”, afirmó la ecologista guyanesa Sherlina Nagger. “Nuestros dirigentes están en el lado equivocado de la historia”.

Además de Guyana, los recientes y también llamativos descubrimientos en el vecino Surinam han resucitado el interés por el margen ecuatorial, una franja costera de miles de kilómetros ocupada casi totalmente por el bosque amazónico.

En la región, Venezuela ha renovado su interés de anexar la región de Esequibo: el territorio guyanés disputado por los imperios español y británico en el siglo 19 ha vuelto a convertirse en foco de tensiones por su potencial petrolero.

Brasil, por su parte, que alberga la mayor parte de esa zona estratégica, se enfrenta a obstáculos para explorarla. Eso incluye un historial de perforaciones nada exitosas desde la década de 1970 y, más recientemente, los rechazos de la agencia ambiental a los pedidos de la estatal Petrobras para explorar el bloque 59, ubicado en la desembocadura del río Amazonas.

Más del 92% de los bloques petroleros en la Amazonía están en fase de estudio u oferta al mercado.

En febrero de 2025, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) confirmó el rechazo a la solicitud de Petrobras para explorar el bloque. El dictamen señala fallas en los planes de emergencia de la empresa, lo que supondría riesgos para los sensibles ecosistemas amazónicos.

“Abrir nuevas áreas para la exploración de petróleo va en contra de las recomendaciones del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global”, criticó Philip Fearnside, científico del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía. “Además, los riesgos de derrames de petróleo en esa región serían catastróficos”.

Las principales autoridades del gobierno brasileño han expresado su apoyo a la explotación petrolera y usan un argumento en común: el desarrollo de la economía local a través de regalías, cánones y creación de empleo.

“Vamos a explorar el margen ecuatorial, no hay razón [para no hacerlo]”, dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista en junio de 2024.

Bajo presión política, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, ha reafirmado que la decisión de Ibama, vinculado a su ministerio, debe ser “técnica”. La ministra también resaltó la importancia de seguir los expedientes de la agencia para evitar daños ambientales “irreparables” en la región.

El petróleo latinoamericano se destina mayoritariamente al mercado externo, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Actualmente, al menos la mitad de la producción se exporta, principalmente a Estados Unidos y China, y se espera que las exportaciones aumenten progresivamente en las próximas décadas.
 

Ecuador y Perú: un legado de explotación y daños

Mientras la exploración petrolera da sus primeros pasos en la costa norte sudamericana, países como Ecuador, Perú y Colombia llevan décadas extrayendo petróleo en el interior de la Amazonía. Aunque la actividad ha contribuido con sus economías durante muchos años, también ha dañado ecosistemas.

En Ecuador, el petróleo representa más del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero su explotación ha ocasionado un promedio de dos derrames semanales en los últimos años. Entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022, se registraron 630 derrames. De estos, el 97% fueron causados por empresas estatales.

Estos accidentes se repiten desde los años 1970, cuando la empresa estadounidense Texaco (ahora Chevron) abrió la primera gran frontera del petróleo en la selva amazónica. En aquel momento, la petrolera provocó graves derrames y eliminó residuos tóxicos de forma inadecuada, contaminando ríos y suelos,  afectando a las comunidades. Ese caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos sobre daños asociados a la industria petrolera en el mundo.

A pesar de afirmar que ha reparado sus impactos, Texaco sigue siendo demandada ante tribunales por grupos indígenas. Cuando la concesión de la empresa estadounidense se acabó en la década de 1990, la estatal Petroecuador se hizo cargo de sus operaciones, ampliando la producción y perpetuando los impactos.

En la actualidad, Petroecuador es la principal responsable por el desarrollo de áreas petroleras en la Amazonía ecuatoriana. La empresa gestiona 24 bloques de petróleo y gas, el mayor número dentro de Ecuador y el segundo entre los países amazónicos, apenas por detrás de la empresa brasileña de gas natural Eneva.

Entre las operaciones de Petroecuador se encuentra el polémico Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, con una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y presencia de pueblos indígenas en aislamiento. En agosto de 2023, un referéndum histórico determinó el fin de la actividad petrolera en el parque. Al gobierno ecuatoriano se le dio el plazo de un año para poner fin a las actividades, pero durante este tiempo casi no avanzó, limitándose a crear una comisión para supervisar las acciones aprobadas en la consulta popular.

La explotación petrolera en el parque nacional no es una excepción, sino más bien una tendencia en Ecuador. En total, ya se han concedido 21 bloques dentro de áreas de conservación de la Amazonía ecuatoriana, lo que suma más de 7.000 kilómetros cuadrados, la mayor superficie superpuesta entre los países analizados.

Los bloques concedidos en Ecuador afectan a 207 territorios indígenas. Es el país con el mayor número de lotes superpuestos sobre tierras indígenas: casi 21.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía.

El Perú ocupa el segundo lugar, con casi 14.000 kilómetros cuadrados de lotes petroleros que se superponen a 143 tierras indígenas. Esta realidad afecta principalmente a las naciones Kichwa, Waorani y Achuar.

Los Kichwa y los Waorani viven en el Yasuní, mientras que los Achuar están en el estado peruano de Loreto, uno de los mayores productores de petróleo del país. Aunque esta región peruana tiene los mayores ingresos por canon petrolero del país, sus poblaciones, incluidas las indígenas, se enfrentan a la pobreza y a la falta de servicios, como el acceso a asistencia de salud.

Los habitantes de Loreto llevan desde la década de 1970 conviviendo con los impactos de las petroleras. Los territorios Achuar se cruzan con los bloques 8 y 192, algunos de los más antiguos del Perú y también con más multas ambientales en la región, según datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).

En los últimos 13 años, el bloque 8 ha acumulado 88 multas vinculadas a la actividad petrolera, el mayor número de infracciones en la Amazonía peruana. El bloque 192, que tiene la mayor reserva de petróleo del país, le sigue con 35 multas. Ambos bloques están con operaciones paralizadas por problemas contractuales.

Los dos bloques también son los que tienen más derrames petroleros en años recientes en Perú. En dos décadas, un estudio de la organización Oxfam contabilizó 189 derrames en el bloque 8, seguido del bloque 192, con 155 accidentes.

A diferencia de Brasil, las actividades petroleras en territorios indígenas están permitidas en Ecuador y Perú, siempre que se lleve a cabo una consulta previa con las comunidades afectadas. Pero en la práctica, ese proceso a menudo se lleva a cabo violando la legislación o no se realiza en absoluto.

“El negocio del petróleo apenas parece ser rentable si los cálculos de las empresas descartan el medio ambiente o la vida de las comunidades”, criticó David Díaz Ávalos, asesor de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
 

Quema de gas afecta a los pueblos amazónicos

Además de la extracción de crudo, la quema de gas natural asociada a esa actividad es un problema alarmante en la Amazonía. A menudo visibles a kilómetros de distancia, intensas llamas arden en lo alto de las torres metálicas, liberando directamente a la atmósfera el gas excedente de la explotación petrolera. Este proceso produce emisiones de CO2 y metano, un gas con un potencial de calentamiento global más de 20 veces superior al CO2.

A pesar de los daños que esto ocasiona, varios países siguen permitiéndolo. Además, los mecheros (chimeneas de combustión de gas) son bastante habituales en zonas remotas de la selva amazónica, donde la falta de infraestructura dificulta la captura y el procesamiento del gas.

En 2023, Ecuador quemó 1.600 millones de metros cúbicos de gas en operaciones de extracción en la Amazonía, lo equivalente a más de tres veces el consumo anual de gas natural del país. Eso también representa el 82% de todo el gas quemado en la región amazónica en ese mismo año, según nuestro análisis con informaciones de SkyTruth Flaring, una plataforma que utiliza imágenes de satélite para detectar la quema de gas asociada a la extracción de petróleo en todo el mundo.

Entre 2012 y 2023, la actividad petrolera arrojó 17.600 millones de metros cúbicos de gas dentro de la Amazonía. Ecuador es el líder en esas emisiones, con el 75% del total, lo que representa 34 millones de toneladas equivalentes de CO₂ lanzadas a la atmósfera.

34 millones de toneladas de CO2 fueron emitidas por la quema de gas en Ecuador entre 2012 y 2023

Internamente, Ecuador lucha para reducir esas emisiones. En 2021, un tribunal regional le ordenó al gobierno eliminar parte de los mecheros de la industria petrolera cerca de zonas pobladas en las provincias amazónicas. Sin embargo, la sentencia aún no se ha aplicado en su totalidad.

En toda la Amazonía, la quema de gas afecta a cerca de 1,2 millones de personas que viven a por lo menos cinco kilómetros de distancia de los mecheros, con una situación particularmente grave en Bolivia, Ecuador y Venezuela, respectivamente. Los datos proceden de nuestro análisis, que se basa en las estimaciones de densidad de población de Kontur y en un estudio de Clean Air Task Force que utilizó esa misma distancia para evaluar los riesgos para la salud de las poblaciones.

Colombia: La transición se enfrenta a obstáculos
 

Desde que asumió el cargo en 2022, el presidente Gustavo Petro ha dicho que busca prohibir la firma de nuevos contratos de petróleo y gas; poner fin a la fracturación hidráulica (conocida como fracking), técnica que utiliza la inyección de fluidos a alta presión para extraer petróleo y gas de una forma más agresiva para el ambiente; y paralizar los proyectos de exploración petrolera offshore.

Sin embargo, la búsqueda de más petróleo ha avanzado en los últimos años en Colombia: entre 2022 y 2024, Colombia estuvo entre los 15 países con mayor volumen de reservas descubiertas, según el Monitor de Energía Global. Además, en 2024, la estatal colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras encontraron nuevas reservas de gas natural en el país.

Los operadores con mayor número de bloques asignados en la región amazónica son Gran Tierra Colombia (filial de la canadiense del mismo nombre), Amerisur Exploración Colombia (filial de la chilena GeoPark) y la estatal Ecopetrol. Los bloques de esas tres empresas están entre los que más multas ambientales acumulan en la Amazonía, principalmente por derrames de hidrocarburos que contaminan el agua y el suelo, según datos del Ministerio de Defensa.

Muchas de esas operaciones también afectan a la población local. En los últimos años, el pueblo Awá ha exigido ante los tribunales que Ecopetrol repare los daños causados por una serie de derrames en su territorio. En 2022, Gran Tierra Energy fue criticada por violar los derechos del pueblo Inga en relación con un proyecto petrolero. Ese mismo año, Nueva Amerisur enfrentó una demanda internacional por sus impactos sobre el pueblo Siona.  

La situación se ve agravada por la presencia de grupos armados en zonas petroleras de la Amazonía colombiana. El Acuerdo de Paz de 2016 pretendía poner fin a décadas de conflicto, pero ha desencadenado disputas entre disidencias guerrilleras y nuevas bandas criminales por el control de zonas ricas en recursos naturales, antes dominadas por las FARC.

La Comisión de la Verdad creada tras el acuerdo de paz reveló que las empresas petroleras aprovecharon el conflicto para contratar la seguridad de grupos paramilitares y contar con la protección del Estado.

Los informes de la comisión y las investigaciones periodísticas también han demostrado que miles de ataques a oleoductos, además del robo de petróleo, se han utilizado como táctica de combate cuando las compañías petroleras no pagan las extorsiones. Estos ataques han dejado daños ambientales irreversibles, contaminando ríos, poniendo en peligro el acceso al agua potable y amenazando especies en la Amazonía y otras regiones.

Estas prácticas no cesaron tras la firma de los acuerdos con las Farc ni con los compromisos de Gustavo Petro, sino todo lo contrario. “El control de estos actores armados sobre los territorios es cada vez más visible y frecuente”, afirma María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, que trabaja con comunidades amazónicas afectadas por la combinación de guerrilla y exploración petrolera. “Cada vez es más violento”.

Luiz Afonso Rosário, de la organización 350.org Brasil, señala que, durante décadas, el petróleo se ha presentado como una promesa de desarrollo económico para los países sudamericanos. Sin embargo, la realidad es otra: “Lo que vemos son los problemas sociales que siguen, y apenas unos pocos se han enriquecido”.



Este artículo ha sido editado por OjoPúblico, puede leer la versión original en Infoamazonía (Brasil).