A más de 3.000 m.s.n.m., en el distrito de Acobamba, de la región Huancavelica, 70 adolescentes cursan sus estudios secundarios en el colegio Sergio Quijada Jara. La institución tiene un aula de innovación equipada con 20 laptops. Sin embargo, estas no tienen acceso a Internet, pese a que el Estado ha invertido más de USD 97 millones para que la región tenga el servicio.

Enrique Loayza Condori, director del colegio, cuenta que el Internet que reciben a través de Gilat Networks, empresa seleccionada por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) —que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— solo alcanza “para dos computadoras” porque cuentan con muy “pocos” megas y la línea “es un poco inestable”.

Por eso, el uso que le dan al servicio es solo administrativo: para enviar, por ejemplo, información que solicita el Ministerio de Educación. No es el único caso. Desde 2015, el Estado peruano ha invertido más de USD 756 millones para que cuatro compañías construyan infraestructura y proporcionen el servicio de Internet a colegios, postas médicas y comisarías rurales de 10 regiones del país.

Sin embargo, el plan contratado contempla apenas entre 2 Mbps y 40 Mbps de velocidad. Esta capacidad es ínfima si se compara con los 200 Mbps contratados en más del 70% de las conexiones de Internet fijo del país. Las responsables de ejecutar estos 10 proyectos son cuatro empresas de capitales extranjeros: Gilat Networks, Orocom, América Móvil y Telefónica del Perú.

La primera de ellas es una empresa fundada hace 38 años en Israel y está especializada en comunicaciones satelitales y terrestres. Al cierre de 2024, la firma reportó que los proyectos relacionados a Perú representaban el 15% del total de sus ingresos, que ascendieron a USD 305 millones, según su informe anual.

Otra de sus divisiones importantes es la dedicada a organizaciones militares y agencias gubernamentales, especialmente en Estados Unidos. También cuentan con una división comercial que ofrece redes avanzadas de comunicaciones satelitales de banda ancha.

Orocom SAC, otra de las seleccionadas, es una empresa constituida por tres compañías más: Eléctricas de Medellín Perú, Amitel Perú Telecomunicaciones y Tuensa International Corporation. Estas se unieron para adjudicarse los proyectos de Pronatel.

América Móvil Perú SAC, mientras tanto, opera en el país bajo la marca Claro. Su matriz es propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. Al cierre de 2024 registró ingresos por más de USD 42.300 millones.

Las responsables de ejecutar los 10 proyectos son Gilat Networks, Orocom, América Móvil y Telefónica del Perú".

Por último, Telefónica del Perú es la subsidiaria del grupo español con el mismo nombre y opera bajo la marca Movistar. Esta es una de las compañías que más le debe al Estado peruano, unos S/3.200 millones, que se niega a pagar y mantiene en litigio.

Debido a su abultada deuda, la compañía anunció, en febrero pasado, que se someterá a un proceso concursal con el que busca reestructurar sus finanzas y, así, cumplir con sus responsabilidades. Pero también existe la posibilidad de que sea liquidada. Esta decisión estará en manos de sus acreedores.

Estas cuatro empresas, además de recibir adjudicaciones millonarias, se beneficiaron con la aprobación de 139 adendas. Es decir, modificaciones en los contratos que implicaron la extensión de los plazos de entrega de los proyectos.

A eso, ahora, se suman los problemas en la calidad del servicio que ofrecen: algo que, de acuerdo a especialistas, debió prever el Estado peruano antes de firmar los contratos.

Un asunto de rentabilidad

Para las operadoras, no es rentable desplegar infraestructura en zonas alejadas porque hay pocos usuarios que demandarían Internet. Por lo tanto, tardarían en recuperar lo invertido y generar ganancias, a comparación de las grandes ciudades. Teniendo en cuenta eso, el Estado asumió la responsabilidad de llevar el servicio a estas áreas y acortar las brechas de conectividad.

Para eso, se creó el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel). Los recursos de esta entidad están conformados por el 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones, un porcentaje de lo recaudado por el uso del espectro radioeléctrico (recurso por el cual se transmiten las señales inalámbricas), entre otros conceptos.

Conectividad. El Estado puso en marcha 21 proyectos de instalación de banda ancha para zonas rurales. En la actualidad, menos de la mitad están en operación. 

Foto: MTC

Así, en 2013, se lanzaron 21 proyectos de instalación de banda ancha para áreas rurales. En ese momento, estos eran administrados por el Fitel y, desde 2019, están a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

Del total, menos de la mitad están operativos a la fecha: los que corresponden a Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Lambayeque, Moquegua y Tacna, según información a la que accedió OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia.

En estas regiones se han desplegado 13.000 kilómetros de fibra óptica para ofrecer Internet a 4.590 locales públicos (colegios, postas médicas y comisarías). El total invertido en las 10 regiones asciende a USD 756’220.516.

De estos 10 proyectos, los de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica e Ica fueron ejecutados por Gilat Networks SAC. Los contratos datan de 2015, a excepción del de Ica, que se firmó en 2018. Es decir, cuatro se firmaron durante el Gobierno de Ollanta Humala Tasso, y uno en el de Martín Vizcarra Cornejo.

Los proyectos se aplazaron numerosas veces. Uno de los principales motivos es que no se contó con el saneamiento físico legal requerido, según experto".

En los cinco casos, las velocidades de Internet contratadas van de 2 Mbps a 20 Mbps y el valor de la inversión ascendió a USD 440 millones. En conjunto, se otorgaron 81 adendas o agregados al contrato original, en su mayoría relacionados a extensiones en los plazos de entrega.

Para Junín, Moquegua y Tacna, la empresa encargada es Orocom SAC. Los contratos fueron firmados en 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, por un valor de USD 159 millones entre los tres. En estos casos, las velocidades de Internet van de 8 Mbps a 40 Mbps y, en total, incluyeron 38 adendas.

América Móvil Perú SAC (Claro) es la responsable de llevar el Internet de banda ancha a Lima Provincias. El contrato también se firmó en 2018, por USD 96,7 millones, y la velocidad contratada es de 10 Mbps. Para este proyecto, se otorgaron nueve adendas.

Por último, Telefónica del Perú (Movistar) está a cargo del proyecto en Lambayeque. El contrato fue firmado en 2015, también durante el gobierno de Humala Tasso, por más de USD 59 millones, y tuvo 20 adendas. El compromiso fue otorgar una velocidad de Internet de 4 Mbps.

Infraestructura. Los proyectos incluyeron la construcción de las redes de transporte (fibra óptica) y las redes de acceso (señal inalámbrica). 

Foto: MTC

Edwin Santos Esparza, director del Instituto para la Democracia Digital (IDD), explica que el principal motivo de las numerosas adendas y los consecuentes retrasos en los proyectos es la falta de saneamiento físico legal.

Según el experto en telecomunicaciones, cuando se aprobaron los perfiles de los proyectos, no se tuvo en cuenta que la red de transporte —el cable de fibra óptica— pasaría por terrenos y postes eléctricos de propiedad privada. Estos obstáculos recién quedaron en evidencia cuando se empezaron a ejecutar las obras, motivo por el cual las empresas solicitaban extensión de plazos.

Con respecto a las velocidades de Internet otorgadas por contrato en los 10 proyectos activos, los especialistas consultados por OjoPúblico explicaron que la solución no depende de recursos para financiar un incremento de megas y solicitarlo a las operadoras. Se necesita cambiar toda la red de acceso.

Esto se debe a que los contratos firmados por el Estado con las operadoras incluyeron la implementación de dos tipos de infraestructura: la red de transporte y la red de acceso. La primera tiene que ver con la implementación del cable de fibra óptica y la segunda es la red inalámbrica. Es decir, nodos o puntos de acceso en lugares estratégicos, que llevan la señal de Internet hacia los locales beneficiados.

El problema es que la red de acceso implementada en estos casos solo tiene capacidad para brindar la velocidad de Internet que indican los contratos firmados en cada región. Es como si a una empresa se le hubiera pedido construir una carretera para que pase una bicicleta, ilustra Santos Esparza. “Resulta que la demanda crece vertiginosamente y [10 años después] esa vía para la bicicleta ya no te sirve [para nada más]”.

Otro problema: las operadoras están obligadas a brindar el 40% de la velocidad indicada. Es decir, menos de la mitad".

En 2019, la Defensoría del Pueblo ya advertía sobre los problemas de no contar con velocidades más altas de Internet. En una nota de prensa, señaló que algunas instituciones educativas demandaban más megabits para descargar libros electrónicos y videos, así como para utilizar otros aplicativos digitales.

Para Carlos Sotelo López, exjefe del Área de Formulación de Proyectos de Fitel y exviceministro de Comunicación del MTC, las velocidades otorgadas a los beneficiarios de estos proyectos no son suficientes. Según los contratos, las operadoras están obligadas a brindar el 40% de la velocidad indicada, es decir, menos de la mitad.

“Nadie hace nada con esa velocidad. Nosotros estamos en 5G, próximos a un gigabit por segundo; o sea 1.000 veces el megabit. En 4G estamos manejando 100 megabits. Un colegio que tiene 2 Mbps al 40%, es menos de un mega. Y ese mega lo tiene que compartir con 20, 30, 50 alumnos. Eso no debería ser”, anotó.

OjoPúblico envió un cuestionario al área de imagen del Pronatel para conocer por qué se contrataron velocidades de Internet tan bajas y qué medidas están considerando para incrementarlas. No contestaron.

Proyectos estancados

Al otro lado están los proyectos en etapa de implementación y que empezarán a operar este año, según Pronatel: Amazonas, Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco, Puno y San Martín. En total se busca beneficiar a 5.171 instituciones públicas adicionales.

Para completar el grupo de 21 proyectos, están Cajamarca, Piura y Tumbes. Sin embargo, estos no cuentan con fecha cercana de operación, pues los contratos con el operador se cancelaron en 2019.

Redes Andinas de Comunicaciones demandó al MTC ante la CCI. Esta falló a favor de la empresa y ordenó que Perú le pague USD 177 millones".

Estos tres proyectos fueron adjudicados a la empresa Redes Andinas de Comunicaciones, en 2015. El monto de inversión superaba los USD 248 millones y buscaba beneficiar a 681.444 personas.

Pero, como sucedió con los otros casos, la empresa solicitó numerosas prórrogas para cumplir con las etapas del proyecto, que se materializaron en 18 adendas. Por ello, en 2019, el MTC anuló los contratos. “A pesar de todos nuestros esfuerzos, [el concesionario] incumplió con sus obligaciones contractuales”, dijo la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

Frente a este escenario, Redes Andinas de Comunicaciones demandó al MTC ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que, en 2022, le dio la razón a la empresa y ordenó el pago de USD 177 millones en su favor.

En paralelo, Quanta Services Netherlands, propietaria de Redes Andinas de Comunicaciones, denunció al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y solicitó un pago de USD 279 millones. Este caso está pendiente de resolverse.

Pompas. La firma del contrato para los proyectos en Cajamarca, Piura y Tumbes se realizó en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. El expresidente Ollanta Humala participó de la ceremonia. 

Foto: Pronatel

En opinión de Santos Esparza es “muy probable” que la empresa también gane en esta instancia debido a dos antecedentes: ya ganaron ante la CCI y otros procesos similares contra Fitel o Pronatel no han sido favorables para Perú. “No tienen sustentos legales suficientes para explicar por qué le quitaron el contrato [a la empresa]”, refiere.

Actualmente, el Pronatel está conformando un comité para recepcionar la infraestructura que avanzó Redes Andinas de Comunicaciones mientras estuvo operando. Aun así, no se conoce cuándo o cómo se retomarán los proyectos.

Para el ingeniero Sotelo López está demostrado que los mismos no funcionan. “No tienen por qué continuar”, señala. A su criterio, en el caso de Cajamarca, Piura y Tumbes se podría considerar la instalación de Internet satelital, que es más económico y veloz.

“En el pasado, cuando no había otra opción y las comunicaciones satelitales eran muy costosas, obviamente [las redes terrestres] eran la alternativa del momento. Pero, hoy en día, no ampliaría ningún proyecto terrestre”, remarcó.