El desborde de la inseguridad ciudadana tuvo como consecuencia la censura de Juan Santiváñez Antúnez como ministro del Interior. Con un aumento del 50,7% de los homicidios entre 2021 y 2024, y 478 casos en lo que va del año, según el Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol), el séptimo titular del sector desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia deberá tomar medidas urgentes para mitigar el avance de la delincuencia. 

Esto ocurre, además, en un contexto de alta rotación de funcionarios claves para la cartera. OjoPúblico analizó los cambios en 12 de estos puestos e identificó que, en la gestión de Boluarte, dichos funcionarios permanecieron, en promedio, solo cuatro meses en el cargo. 

Los ministros duraron alrededor de tres meses, mientras que los jefes del gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, menos de dos (51 días, aproximadamente). No son los únicos: otro cargo con gran inestabilidad —en medio de la creciente violencia urbana— fue el de director general contra el crimen organizado, que duró poco más de cuatro meses.

En paralelo, este medio analizó datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y del Ministerio de Economía y Finanzas. Así, encontró que, el año pasado, la cartera del Interior gastó casi S/60 millones para comprar bienes —como chalecos antibalas y mochilas— y contratar abogados que defiendan a funcionarios y miembros de la Policía investigados por el Ministerio Público. 

Los ministros duraron alrededor de tres meses, mientras que los jefes del gabinete de asesores de la alta dirección del despacho ministerial, menos de dos".

De ese total, cerca de S/3 millones fueron empleados para pagar a los estudios jurídicos que patrocinan a funcionarios del sector y altos mandos policiales. Estos son investigados por la Fiscalía por presuntos delitos, como homicidio calificado, abuso de autoridad y negociación incompatible, entre otros.

En la defensa legal pagada por la cartera destaca el rol del estudio Abanto Verástegui - Arce Abogados, a cargo de Humberto Abanto Verástegui. El año pasado, esta firma concentró el 49,8% de los servicios, por un total de S/1'400.000. En las últimas semanas, Abanto Verástegui ha cuestionado de manera pública las investigaciones fiscales contra el censurado ministro Santiváñez Antúnez sin mencionar que su firma había sido contratada con presupuesto del sector.

Al ser consultado sobre el eventual conflicto de interés, el estudio indicó a OjoPúblico que Abanto Verástegui no era consultor del ministerio, sino que lideraba el “equipo de defensa” constituido para los efectivos policiales. Según dijeron, no existe “ninguna limitación a las libertades de pensamiento, opinión, expresión e información de los abogados que asumen la defensa en esos casos”. 

PROTESTA. Miles de ciudadanos salieron a las calles para pedir seguridad ante el incremento de homicidios y extorsiones.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
 

Cambios constantes

Este medio revisó las designaciones en el Mininter durante el gobierno de Dina Boluarte e identificó 56 cambios en puestos de alta dirección y órganos de línea, incluyendo la eventual incorporación del sucesor de Juan José Santiváñez Antúnez. Se trata de 12 cargos: ministro, secretario general, jefe del gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, así como dos viceministros y siete direcciones generales. 

De ese modo, se identificó que, cada cuatro meses (133 días en promedio), el gobierno cambió puestos clave del sector. El cargo de menor duración fue el de jefe del gabinete (51 días) y el de mayor, el de director general de Seguridad Democrática (373 días).

“En un mundo ideal, un ministro del Interior sería uno de los pocos casos que, yo diría, debe tener una estabilidad como la del Banco Central de Reserva o la Defensoría del Pueblo, porque permitiría establecer una política de seguridad de largo aliento (...) Pero lo real es que el Ministerio del Interior es la ‘papa caliente’”, señala el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés Cavassa.

De los 56 cambios de altos funcionarios registrados entre el 7 de diciembre de 2022 y el 21 de marzo de 2025 —sin considerar nombramientos temporales o encargaturas—, la mayor rotación se reportó en los jefes de gabinete (nueve veces), así como en los ministros del Interior (siete, si se considera la incorporación del nuevo titular tras la censura de Santiváñez Antúnez), el secretario general y el viceministro de Orden Interno (6). Le siguen los directores generales contra el crimen organizado (5).

A estos se suman los directores generales de Seguridad Ciudadana, de Inteligencia, y de Orden Público (cuatro cambios cada uno). Luego, figuran el viceministro de Seguridad Pública, así como los directores generales de Gobierno Interior y de Información para la Seguridad (3). Finalmente, está el de Seguridad Democrática (2).

Estos funcionarios dependen del mismo ministro o los viceministros. Muchos de ellos fueron expolicías o estuvieron involucrados en investigaciones, como la denominada Los Waykis en la Sombra, cercana al entorno de Dina Boluarte.

SALIDA. El viernes 21 de marzo, Juan José Santiváñez fue censurado con 78 votos del Pleno del Congreso.

Foto: Facebook del Mininter

En la última década, 26 ministros han pasado por el sector Interior, encargado de restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, así como prestar protección a los ciudadanos y seguridad al patrimonio. En otras palabras, cada dos años ingresó un nuevo titular al sector.

El gobierno de Dina Boluarte tuvo seis ministros, incluido el censurado Santiváñez Antúnez. Cada uno permaneció en el cargo 89 días en promedio; es decir, hubo una renovación cada tres meses. La mayoría han estado involucrados en denuncias o investigaciones fiscales. El de menor permanencia estuvo solo 11 días: César Augusto Cervantes Cárdenas. El de mayor, 309: Santiváñez Antúnez.

Para el exviceministro Valdés Cavassa, la alta rotación de ministros y otras direcciones puede frustrar planes y avances en procesos de adquisición de material para la Policía o la cartera; así como obras y construcciones públicas, como las comisarías. 

“Todo lo que es gestión va a demorar. Y, si eso se enreda, entonces puedes tener mil policías en la calle, pero vas a tenerlos sin armamento, sin gasolina, sin vehículos, sin Internet, sin radios. Ahí tienes el problema”, refirió.

Muchos de los altos funcionarios fueron expolicías o estuvieron involucrados en investigaciones, como la denominada Los Waykis en la Sombra".

El primer titular del sector del gobierno de Boluarte, César Augusto Cervantes Cárdenas, fue nombrado el 10 de diciembre de 2022 en el contexto de las protestas contra el Gobierno y el Congreso, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. El general en retiro había sido comandante general de la Policía. 

Estuvo a cargo del Mininter hasta el 21 de diciembre de 2022. Luego, fue señalado en una denuncia constitucional —que también involucra a la presidenta— como presunto autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en el contexto de violaciones a los derechos humanos por la represión a las manifestaciones. 

Esa denuncia incluyó, asimismo, a sus sucesores: los generales en retiro Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. El primero estuvo en el cargo 23 días, entre el 21 de diciembre de 2022 y el 13 de enero de 2023; el segundo, 308 días. 

GESTIÓN. César Cervantes fue el primero de los seis ministros del Interior en el gobierno de Dina Boluarte.

Foto: Andina

Romero Fernández fue censurado por el Congreso, en noviembre de 2023, por “la falta de liderazgo, estrategias en la lucha contra la delincuencia y un plan de seguridad ciudadana”.

Lo reemplazó el general en retiro Víctor Torres Falcón, quien estuvo al mando de la cartera hasta el 1 de abril del año pasado. Durante su gestión, fue señalado por presuntas injerencias en ascensos, pases a retiro y otros cambios en oficiales de la Policía, según la Fiscalía de la Nación.

Tras su renuncia, asumió Walter Ortiz Acosta. El 9 de mayo de 2024, este general de la Policía en retiro firmó la resolución ministerial que desactivó el grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder Judicial (Eficcop). Entonces, esa división ya participaba en las investigaciones contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. 

A raíz de este hecho, el 10 de mayo pasado, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte, como presunta instigadora, y contra Ortiz Acosta como supuesto autor de la comisión del delito contra la administración.

Ortiz Acosta permaneció en el cargo 45 días. El 16 de mayo del año pasado fue reemplazado por Juan José Santiváñez Antúnez, hoy censurado. Antes de llegar al cargo, Santiváñez Antúnez había sido jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, viceministro de Orden Interno, así como abogado de policías investigados.

Durante su gestión, Santiváñez Antúnez—el único exministro de la gestión Boluarte que no proviene de la Policía— estuvo involucrado en investigaciones por los presuntos tráfico de influencias por el caso de Nicanor Boluarte, abuso de autoridad para intentar controlar al periodista Marco Sifuentes, encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón Rojas y el supuesto pago de coimas a jueces y fiscales en su rol como abogado de policías.

Pese a ello, mantuvo el respaldo de la presidenta hasta que, el último viernes 21, fue censurado por el Congreso, en medio del desborde de la violencia urbana: solo en lo que va del año, ya se registran 3.841 casos de extorsiones, según el Sidpol. Ese día, miles de ciudadanos protestaron en el Centro de Lima para pedir seguridad.

VOCES. En un contexto de inseguridad se ha conocido la precarización de unidades policiales y los vínculos de efectivos con organizaciones criminales.

 Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Movidas en las direcciones

Además de ministros del Interior y jefes de gabinete, la Dirección General contra el Crimen Organizado también ha registrado una alta rotación de funcionarios. Esta dependencia tiene a cargo las estrategias contra las diversas modalidades de criminalidad organizada, plantaciones ilegales de hojas de coca y el terrorismo. 

En esta dirección hubo cinco cambios durante el gobierno de Dina Boluarte. Dicho de otro modo, cada funcionario estuvo, en promedio, 132 días en el cargo. Uno de ellos fue Walter Ortiz Acosta, quien se desempeñó entre el 17 de enero y el 1 de abril del año pasado, antes de asumir como ministro.

En ese puesto también estuvo Sonia Medina Calvo, exprocuradora pública especializada en tráfico ilícito de drogas, por 278 días. A ella se suma Mario Luis Accinelli Nolte, oficial de la Policía en retiro, por apenas 37 días: del 15 de abril al 22 de mayo de 2024.

Otro puesto con alta movilidad fue el del responsable de la Dirección General de Gobierno Interior. En promedio, sus directores estuvieron 301 días. Esta dependencia tiene, entre sus funciones, designar, remover, aceptar renuncias y encargar los puestos de subprefectos provinciales y distritales.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el funcionario que permaneció más tiempo en esta posición fue Jorge Luis Ortiz Marreros: 499 días. El abogado está involucrado en el caso Los Waykis en la Sombra. 

La tesis fiscal señala que integró la supuesta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra y que, como director de Gobierno Interior, debía captar a personas de confianza, para que sean designadas como subprefectos o prefectos regionales.

Ortiz Marreros trabajó como analista III en prevención de conflictos sociales del Mininter. Estuvo en el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por lo menos, hasta febrero pasado, según la nómina de personal.

Asesorías legales

A los constantes cambios en el Mininter se suman las prioridades del sector a la hora de ejecutar su presupuesto anual, uno de los más altos entre los ministerios.

Durante la gestión del exministro Santiváñez Antúnez, el Mininter destinó S/ 2’812.220 —solo detrás de gastos para bienes, equipamiento y servicios de limpieza— en abogados o estudios jurídicos para la defensa de funcionarios y miembros de la Policía investigados. En total, fueron 44 contrataciones directas: el 75% para cuatro personas jurídicas, y el 25% restante para seis naturales. 

El estudio Abanto Verástegui - Arce Abogados, con 28 contratos, fue el más beneficiado con estas adjudicaciones directas. En todos los casos, la defensa fue para miembros y exmiembros de la Policía investigados. Por cada uno de los servicios, el pago ascendió a S/50.000, que, en conjunto, sumaron S/1’400.000. 

Entre los defendidos de ese estudio se encuentra Raúl Enrique Prado Ravines, excomandante de la Policía. En 2022, fue sentenciado a 35 años de prisión por el presunto delito de homicidio calificado de cuatro personas en un falso operativo policial. Hoy, está prófugo y forma parte de la lista de los más buscados, con una recompensa de S/100.000. 

Otro representado por el estudio Abanto Verástegui es Félix Enrique Montalvo Guevara. El suboficial se encuentra investigado por un operativo en el que fallecieron cinco delincuentes y hubo un civil herido. 

Según la hipótesis fiscal, difundida por el programa dominical Panorama, la intervención fue preparada por un equipo policial en el que se encontraba Montalvo Guevara para fingir un tiroteo y cubrir el asesinato de cinco delincuentes por parte de los efectivos policiales. En 2024, también se desempeñó como chofer de la presidenta Boluarte. 

Al ser consultado por OjoPúblico, el estudio Abanto Verástegui indicó que las contrataciones se dieron conforme al derecho de “libre elección” y que, en ello, “no interviene ninguna entidad pública”. El bufete también señaló que las contrataciones tenían una “demora injustificada” porque correspondían a resoluciones para realizar la asesoría legal emitidas entre 2022 y 2023 y que, luego de una demanda, se cumplió con cubrir el servicio. 

PERSONAJE. Entre los contratados por el Mininter destaca el estudio Abanto Verástegui - Arce Abogados, a cargo de Humberto Abanto.

Foto: Andina

Otro estudio contratado por el Mininter es DCC Consultores SAC, que tiene el nombre comercial de Caro & Asociados, y es dirigido por Dino Carlos Caro Coria. La firma recibió S/390.000 por tres defensas legales, aprobadas entre setiembre y diciembre del año pasado: dos corresponden al censurado Santiváñez Antúnez y otra a su antecesor, Walter Ortiz Acosta. 

Caro & Asociados indicó, por escrito, que las contrataciones se realizaron siguiendo los “procedimientos y reglas previstas”, de acuerdo a la base legal del ministerio. Además, señalaron que contaban con 20 años de experiencia y no necesitaban ni recurrían “a favores para que alguna entidad pública o privada opte” por sus servicios.

Los otros bufetes que aparecen en la lista son el Estudio Muñiz SCRL y Azabache Caracciolo EIRL. En conjunto estos sumaron poco más de S/ 272.220 en contrataciones. 

OjoPúblico también consultó al Mininter sobre los criterios para la selección de los abogados y cómo se priorizó la defensa de funcionarios investigados. Hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. 

Presupuesto y adquisiciones

En los últimos dos años, el Mininter ha manejado un presupuesto anual de más de S/12.000 millones, una cifra solo por debajo de las carteras de Transporte, Salud, Educación y Economía. Este año cuenta con más de S/393 millones adicionales, respecto al año anterior. Es decir, casi S/12,4 millones.

Desde 2024, el principal gasto del ministerio ha sido en la partida “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos”. El año pasado, esta categoría representó el 42,9% del presupuesto y, este 2025, equivale al 31,6%. Ese dinero se destina al pago de pensiones del personal, gastos vinculados a operaciones policiales y atención médica especializada para miembros de la policía, por ejemplo. 

Entre los proyectos con más gasto del año pasado figuran el mejoramiento del servicio de formación policial de la Escuela de Oficiales de la Policía del distrito limeño de Chorrillos (más de S/55 millones), la reparación y el mantenimiento de vehículos aéreos en el Callao (más de S/27 millones) y la mejora en los servicios del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz (más de S/6,4 millones), entre otros. 

Partidas como la reducción del tráfico ilícito de drogas o la minería ilegal, en cambio, no superaron ni el 2,5% de lo que administra el sector. 

TAREAS. Entre los proyectos con más gasto del Mininter en 2024 figuran el mejoramiento de servicio de formación de la escuela de oficiales de Chorrillos.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

El año pasado, la tercera parte de las contrataciones del Mininter correspondió a la adquisición de vehículos. Uno de los dos procesos, asignado a la firma Bertonati Technologies, fue para la compra de 25 ambulancias para la Dirección de Sanidad Policial por casi S/10 millones. La otra orden, otorgada al Consorcio Seguridad Vial, fue por camionetas 4x4 para la División de Protección y Control de Carreteras de la Policía.  

En un segundo nivel estuvo la compra —en dos procesos directos— de chalecos antibalas por los que el sector abonó más de S/10 millones. Uno de ellos fue anulado en los últimos días. El otro, según Sudaca, no contaba con los requerimientos de seguridad estrablecidos en la convocatoria. 

Un servicio adicional que requirió gastos importantes fue el de limpieza y mantenimiento: el año pasado, representó el 13,8% de las contrataciones del sector. En diciembre último, se realizó una convocatoria por casi S/1 millón. La misma fue obtenida por Rosvel Limpieza Integral SAC, con actividades desde marzo de 2024. 

Esta empresa, en consorcio con otra, ganó un contrato para ser proveedora del Proyecto Legado, de acuerdo a un informe de Caretas. Sin embargo, entre los requisitos para participar del proceso, la compañía o consorcio debía acreditar una facturación de más de S/30 millones en los ocho años anteriores. Pero esta condición no se cumplía con Rosvel Limpieza debido a su reciente creación. 

La alta rotación en puestos clave, las investigaciones fiscales a ministros y las numerosas contrataciones de abogados para defender a funcionarios enmarcan un escenario de inestabilidad en el sector Interior. Mientras tanto, la criminalidad se posiciona: entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión se quintuplicaron en Perú.