Un año con grandes retos para el planeta y el patrimonio común

Un año con grandes retos para el planeta y el patrimonio común
César Ipenza

Abogado

Las políticas de Donald Trump en materia ambiental —entre ellas el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y la promoción de combustibles fósiles— tendrán secuelas mundiales. El Perú enfrenta, a la par, desafíos propios por la creciente presión de economías ilegales y la debilidad institucional. En esta columna, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, analiza los temas claves del sector en un año preelectoral.

AMBICIÓN. Desde el Congreso, sostiene César Ipenza, se buscan recursos y votantes para la próxima campaña electoral sin importar de qué sectores provengan.

AMBICIÓN. Desde el Congreso, sostiene César Ipenza, se buscan recursos y votantes para la próxima campaña electoral sin importar de qué sectores provengan.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

El 2025 será un año de muchos retos para la sociedad civil a la hora de defender nuestros bienes comunes, pues desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo no existe ningún compromiso con el ambiente, la Amazonía ni nada de lo que representa nuestro patrimonio natural. 

Esto no ocurre solo en nuestro país: enfrentamos un mundo más complicado, fragmentado, proteccionista y jurisdiccional. En ese contexto, el ejercicio del poder trae —y traerá todavía— nuevas formas de entender y avanzar en la meta de proteger nuestra estancia en esta casa común.

Los dirigentes políticos buscan imponer una agenda particular que supera los intereses de todos los peruanos. Lo que importa es “promover la inversión” en beneficio de grupos particulares, aunque sea en desmedro de la Amazonía y de los intereses nacionales.

 Buscan imponer una agenda ajena a los intereses de todos los peruanos".

Desde el Congreso, por ejemplo, pretenden amasar, no solo recursos para financiar campañas y nuevos modos de vida de los legisladores, sino también captar votantes sin importar de qué sectores provengan y cuán limpio sea su dinero.

En esa agenda —que implica desafíos nacionales e internacionales— destacan 10 temas por la atención que requieren de la ciudadanía:

 

  • La intención del presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana (APP), de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la extracción de gas en zonas de altísima diversidad. La idea, pendiente de materializarse en un proyecto de ley, está alineada a las pretensiones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Perupetro: en 2024, Perupetro promocionó “evaluaciones técnicas” en esas áreas, aunque allí están prohibidas las actividades de hidrocarburos. 
  • La “discusión” del proyecto de ley de minería pequeña y artesanal prácticamente se limita a la Comisión de Energía y Minas y organizaciones de mineros informales, quienes quieren máximas facilidades e, incluso, desconocer derechos de la minería formal. Los intereses abarcan a distintas bancadas, el Minam se ha mantenido al margen, y el Tribunal Constitucional tiene pendiente emitir una sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad al actual proceso de formalización.
  • El congresista Salhuana también impulsa un proyecto para otorgar concesiones mineras en Madre de Dios —donde están suspendidas—, con el argumento de que eso evitaría la minería ilegal. El panorama es desalentador, si se tiene en cuenta que los mineros informales han logrado todas sus pretensiones. La reciente salida de Mayra Figueroa, como directora general de formalización minera, muestra quién gestiona al Minem.
  • El proyecto de “Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía”, de Jeny López Morales (Fuerza Popular). Esta iniciativa está alineada a la “Ley Antiforestal”, pero va más allá: además de flexibilizar el control de especies protegidas por el convenio CITES, busca implementar mecanismos de deforestación acelerada e impunidad.
  • El proceso de debilitamiento de las competencias del Minam, con autoridades ambientales que hablan de garantizar la promoción de la inversión y eliminar la “tramitología o permisología”. Es decir, discursos propios de entes y ministerios que promueven la inversión, no de un sector que debe garantizar el derecho de todos a gozar de un ambiente sano y adecuado.
  • La campaña de presión para autorizar la pesca industrial dentro de áreas protegidas y generar impunidad ante la pesca ilegal, tras el mal precedente de creación de las reservas Dorsal de Nasca y Mar Tropical de Grau, que permiten la pesca industrial.
  • Incendios, oleajes y fenómenos naturales para los que no estamos preparados. El constante incremento de la temperatura del planeta hace prever que esto se replicará en 2025. La respuesta a ellos dependerá, en buena medida, de la presión mediática.
  • La nueva presidencia de Donald Trump, en Estados Unidos, plantea retos globales, considerando su impulso a políticas promotoras de combustibles fósiles —principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero— y el retiro del país del Acuerdo de París. Esto debilitará aún más su liderazgo en temas ambientales y dificultará la cooperación internacional.

 

Enfrentamos un mundo más complicado, fragmentado, proteccionista y jurisdiccional".

Este año preelectoral experimenta, además, el resurgimiento de discursos y medidas que buscan marcar distancia de “conservacionistas” o “indigenistas”.

La agenda contra los pueblos indígenas en general, contra los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, las áreas protegidas y todo lo que representa el interés común es clara. ¿El objetivo? Beneficiarse y perpetuarse en el poder.

En este escenario, el éxito de la sociedad civil independiente —incido en independiente, pues muchas están cooptadas por el Estado— depende de la capacidad para responder de manera técnica y jurídica a los procesos de debilitamiento institucional.

También de entender el rol de cada uno de nosotros, como ciudadanos, en la defensa de nuestros bienes comunes.

 

Editado por Gloria Ziegler

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