VULNERABLES. En los últimos cuatro años, al menos, 249 usuarias de los CEM estuvieron expuestas a situaciones de revictimización.

La espiral del desamparo: cuando la defensa pública le falla a las víctimas de violencia de género

La espiral del desamparo: cuando la defensa pública le falla a las víctimas de violencia de género

VULNERABLES. En los últimos cuatro años, al menos, 249 usuarias de los CEM estuvieron expuestas a situaciones de revictimización.

Ilustración: OjoPúblico / Jafeth Ruiz Pianchachi

Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención a víctimas de violencia de género y sexual. Uno de esos servicios es la defensa legal gratuita. Para las denunciantes más pobres, son casi la única opción. Sin embargo, la escasez de personal, filtros débiles de contratación y la falta de capacitaciones generan problemas: entre 2021 y 2024, al menos, 249 víctimas estuvieron expuestas a repetir pericias y declaraciones o sufrir agresiones. Otras 15 que experimentaron irregularidades fueron víctimas de feminicidio en los meses posteriores. A mayo pasado, 301 abogados que trabajaban en estos centros tenían antecedentes de procesos administrativos. La cifra representa casi un tercio del total. Entre ellos, hay denunciados por violencia sexual, física y psicológica.

12 Enero, 2025

Actualización: 30 de enero de 2025 - 3:04 p.m. 

 

La etapa preliminar de esta investigación, desarrollada entre mayo y julio de 2024, contó con el apoyo de Rosa Chávez Yacila y Delsy Loyola. 

 

El 1 de marzo de 2022, un mes y medio después de presentar una denuncia por intento de feminicidio contra su expareja, Laura Cáceres* fue atacada sexualmente por el abogado público que llevaba su caso. 

Diony Erick Zevallos Maldonado la había citado a las ocho de la mañana en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) Grocio Prado —institución que brinda atención psicológica, social y legal gratuita a personas afectadas por violencia de género y sexual— de Chincha, en Ica. Tenían que tramitar sus garantías personales.

Desde allí, salieron hacia la subprefectura. En el camino, el abogado la convenció de hacer una parada en su casa para recoger unos libros. Apenas entraron al cuarto de triplay, se abalanzó sobre ella e intentó violarla. 

No era la primera vez que Zevallos Maldonado estaba involucrado en hechos de violencia. El 7 de mayo de 2021, cuando empezó a trabajar como abogado del Programa Aurora —que administra los CEM—, su expareja ya lo había denunciado por violencia familiar, otra mujer por chantaje y una señora más por acosar a una menor de edad durante más de un año. Tres veces lo habían detenido por violencia familiar agravada. Tenía, además, antecedentes penales por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Cuando empezó a trabajar en el CEM, el abogado ya tenía antecedentes penales. Lo habían denunciado, al menos, tres veces y había estado detenido".

Esa mañana, la Policía lo capturó en flagrancia. Casi un año después, el 22 de febrero de 2023, el Programa Aurora lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por cinco años para ejercer el servicio civil al haber vulnerado la idoneidad moral requerida para la función pública. 

Zevallos Maldonado, señala la resolución administrativa, se había valido de la necesidad de la mujer de 32 años que representaba, para llevarla con engaños a la habitación donde vivía y agredirla. 

Pese a los riesgos y la vulnerabilidad de las personas que llegan a los CEM en busca de ayuda, los filtros en la selección de personal son escasos: apenas una declaración jurada en la que los postulantes afirman no tener antecedentes penales, judiciales y policiales, además de acreditar su formación académica, una experiencia laboral de dos años en el sector público o privado, y de un año en temas vinculados a procesos penales.

Los problemas en el patrocinio brindado por estos profesionales no son atípicos. A mayo de 2024, casi un tercio de los abogados que trabajaban en los CEM (301) tenían registros de procesos administrativos disciplinarios, detectó un análisis de OjoPúblico a información oficial.

De ese total, 15 habían sido investigados por violencia psicológica, sexual y física y por comportamientos inadecuados en el desempeño de sus funciones. También por presuntos cobros para favorecer a denunciados por violencia de género. Estos casos representan una proporción modesta de los múltiples hechos de revictimización a los que están expuestas las usuarias de los CEM. 

 

En nueve meses de investigación, OjoPúblico documentó, a través de entrevistas con afectadas y familiares, documentos públicos y expedientes obtenidos a través de la Ley de Transparencia, 248 casos —adicionales al de Laura—, donde la inacción de los abogados o las falencias de su representación afectaron la defensa de las víctimas o las expuso a repetir pericias y declaraciones.

En otros, el escaso o nulo seguimiento por parte de los defensores públicos del Programa Aurora, la pérdida de pruebas, inconsistencias en los expedientes y la falta de trámite para obtener órdenes de alejamiento o el arresto de los agresores dejó a más de una docena de denunciantes completamente desprotegidas.

 

La escasez de filtros

En Perú hay 433 Centros de Emergencia Mujer. Estas instituciones brindan servicios especializados para mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia de género y sexual. Sus principales objetivos son la protección de las víctimas, su recuperación y el acceso a la justicia. 

Para eso, cuentan con equipos multidisciplinarios —psicólogos, asistentes sociales y abogados, entre otros— y articulan acciones con otras instancias, como la Policía, centros de salud, el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

Estos centros forman parte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar —también conocido como Aurora—. Y este, a su vez, depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Desde 1999, cuando se creó el primer establecimiento de este tipo en la capital peruana, los CEM se han multiplicado en las distintas regiones del país. Esta expansión, señala un estudio publicado en el Journal of Development Economics, tiene impactos positivos: por un lado, aumenta la probabilidad de que las víctimas denuncien y, por otro, que los agresores sean procesados en casos de violencia sexual y feminicidio. 

A mayo de 2024, casi un tercio de los abogados que trabajaban en los CEM tenían registros de procesos administrativos disciplinarios".

Vivir dentro de un radio de un kilómetro de los CEM también reduce las chances de que una mujer sufra violencia física o psicológica por parte de su pareja, según la misma investigación. 

Esto no significa que los centros sean inmunes a los problemas que experimentan otras instituciones peruanas. Información oficial del MIMP revela la presencia de estereotipos entre su personal y un conocimiento básico en temas de género. En paralelo, un sondeo de la organización Proyecta Igualdad —realizado a 19 personas que experimentaron problemas en la atención de los CEM— identificó a los abogados como el principal foco de irregularidades.

 

A mayo de 2024, estos establecimientos contaban con 1.041 defensores en el ámbito nacional, según datos del Programa Aurora. Al comparar ese registro con los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados entre 2019 y mediados del año pasado, OjoPúblico halló que el 28,9% de ellos tenía antecedentes.

Los casos involucran a 301 abogados y se abrieron por presunta inconducta funcional, ausencias injustificadas, cobros indebidos, falsificación de documentos y hostigamiento laboral, entre otras causas. 

Dentro de ese grupo también hay defensores con registros de investigación por violencia de género y otros hechos graves: 15 fueron incluidos en procesos administrativos por presunta violencia psicológica, sexual, física, comportamientos inadecuados y cobros para favorecer a denunciados por usuarias del CEM.

 

Al 15 de agosto de 2024, siete de esos casos habían sido archivados y cuatro seguían en indagación. Dos no procedieron por falta de pruebas y en uno más, aunque concluyó, los documentos no precisan cuál fue el resultado. En el restante, la investigación determinó que la funcionaria tenía responsabilidad administrativa en un caso catalogado como “agresión y presunto secuestro en agravio de un menor de edad”. No se detalla qué sanción se impuso. Pero, a la fecha, esa abogada presta servicios en un CEM de Ica. 

Para Lucía Santos, asesora legal de Proyecta Igualdad, el programa tiene filtros de contratación demasiado débiles. “Es una propuesta innovadora, que busca brindar una atención integral con profesionales capacitados, pero hay fallas en la parte operativa”, dice. 

Una exabogada del CEM de Pueblo Libre, en Lima, que pidió no ser identificada, también habló del tema. “[La mayoría de los abogados] estudia para pasar [la etapa de selección]. Pueden saber sobre el tema procesal, pero no es que tengan un enfoque de derechos humanos o de género. Son como tramitadores”.

Lucia Santos, de Proyecta Igualdad, considera que los CEM son una propuesta innovadora. Sin embargo, señala, "hay fallas en la parte operativa”.

Luego de la contratación, los defensores tienen una jornada de introducción al enfoque de género y actividades esporádicas, según la extrabajadora: “No hay algo continuo, la carga laboral tampoco lo permite”.

Lucía Santos, abogada especializada en género y pueblos indígenas, cree que esa falta de sensibilización, en un contexto de alta tolerancia a conductas discriminatorias y violentas, es una de las raíces del problema. “[Yo misma], en mi trabajo, me he encontrado con abogados del CEM poco empáticos, al punto de estar desinteresados por el bienestar de las usuarias”, cuenta.

Hay excepciones. Abogados que hacen lo imposible por atender a decenas de víctimas a la par. A veces, sin un espacio de trabajo adecuado. Otras, sin papel o acceso a Internet. Con traslados recurrentes y sin soporte emocional para lidiar a diario con hechos de violencia. Como si fueran un engranaje sobrecargado, que las autoridades ignoran. Hasta que lo peor llega.

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ATENCIÓN GRATUITA. Los CEM brindan servicios psicológicos, sociales y legales para víctimas de violencia sexual y de género en todo el país.
Foto: MIMP

 

Las atenciones

Entre enero de 2019 y mayo de 2024, los CEM atendieron a 848.295 víctimas, según información de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Programa Nacional Aurora, obtenida por OjoPúblico mediante la Ley de Transparencia. 

Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Áncash y La Libertad acumularon la mayoría de casos del periodo. “Es solo una fracción de las víctimas: aquellas que acudieron a denunciar —recuerda Lucía Santos—, pero la mayoría ni siquiera piensa en hacerlo”. 

En 2023, por ejemplo, solo tres de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física por parte de su pareja buscaron ayuda en alguna institución del Estado, según la encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Miedo, vergüenza, desconfianza, falta de apoyo. Las razones son múltiples, pero hay un germen común: el 58,9% de los peruanos justifica la violencia contra la mujer  —según qué ropa se pone, si le “falta el respeto” a su pareja, o no cumple con lo que se espera de ella como madre o esposa—, de acuerdo a la última Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares), del INEI.  

 

Con los niños y adolescentes, las excusas son otras. Pero la cifra, casi idéntica: 58,5% de la población muestra tolerancia a las conductas violentas contra ellos.

En ese contexto, al comparar la cantidad de casos atendidos por el Programa Aurora en 2019 con los de 2023, hay una reducción de 8,56%. Sin embargo, la tendencia no es uniforme. 

Primero, entre 2020 y 2022, hubo un alza de 34,68%. Aunque las cifras están relacionadas a la pandemia y sus restricciones, entre 2022 y 2023 hubo otro incremento, de 7,85%. El año pasado, de acuerdo a información preliminar del programa, las atenciones también superaron a las de 2022.

No es inusual: a medida que las personas entienden la gravedad de la violencia de género, aumentan las denuncias. El problema —explican la abogada Josefina Miró Quesada Gayoso y el economista Hugo Ñopo en el libro Ser mujer en el Perú— es que la oferta de atención por parte del Estado no satisface, en cantidad ni calidad, esa creciente demanda.

“Si bien las víctimas, hoy en día, tienen reconocidos más derechos en el proceso penal, hacerlos valer depende de una adecuada defensa legal, que pocas veces es asegurada”, advierten.

 

El desamparo

A mediados de 2022, Micaela Díaz*, de 22 años, empezó a recibir mensajes insistentes de un psicólogo que, tiempo antes, la había atendido por una crisis de ansiedad.

“¿Vamos a beber?” “¿Me dejas que te cuente algo?”, “¿Qué harás mañana en la mañana?”.

Dos veces lo denunció por acoso en la Comisaría de Familia de Chiclayo, en Lambayeque. Aunque tenía todas las capturas de WhatsApp, las dos se archivaron. 

En el proceso, cuenta la estudiante, la derivaron a dos CEM distintos —el José Leonardo Ortiz y el Campodonico—, pasó por pericias y recibió múltiples evasivas: “llama en la tarde”, “el abogado ha salido”, “llama la próxima semana”. Así, durante meses, cada vez que consultaba por su caso. 

En agosto de 2023, recibió un documento del Ministerio Público. El archivo, precisó la disposición de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de José Leoncio Ortiz, quedaba consentido porque “la parte interesada” no había presentado “recurso de queja de derecho” dentro del plazo. En otras palabras, el abogado no había “apelado” la decisión del Ministerio Público.

Desde enero de 2019 hasta mayo de 2024, los CEM atendieron a 848.295 víctimas en todo el Perú".

Las omisiones —y la negligencia— adoptan múltiples formas. Abogados que no se presentan ante las instancias del sistema de justicia para acreditarse como representantes de las víctimas o no solicitan medidas de protección. Otros que omiten pruebas, consignan información incorrecta en los expedientes y hasta olvidan solicitar pericias.

Entre 2021 y 2024, al menos, 23 informes de la Contraloría General de la República detectaron falencias como esas o advirtieron sobre el hallazgo de expedientes con información incompleta —a veces, sin ninguna apreciación legal—, falta de planes de atención (donde los profesionales detallan las acciones a tomar) o problemas con ellos. A eso se suma el escaso o nulo seguimiento y la falta de evaluación de decenas de casos por parte de los abogados.

Estas irregularidades —encontradas en ocho centros de Lima, dos de Amazonas y uno de Arequipa— generaron riesgos para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las usuarias del CEM, de acuerdo a la Contraloría. 

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NACIONAL. En Perú hay 433 CEM. Estos establecimientos forman parte del Programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Foto: MIMP

 

Melisa Flores*, una usuaria del CEM de Ventanilla, en El Callao, no tiene novedades de su abogado desde hace ocho meses. “No es una persona que esté muy presente, no comunica cómo va el caso. Siempre tengo que estar preguntándole y, como es un poquito tosco, tampoco siento la confianza para hacerlo a cada rato”, cuenta la estudiante de 24 años.

Aun así, remarca, su defensa ha sido una gran ayuda. Con los ingresos de su familia nunca hubieran podido contratar a un abogado privado. Y, desde que el funcionario se sumó al proceso —en 2021, un año después de presentar la denuncia por violencia sexual ante el Ministerio Público—, el caso avanzó hasta la etapa de control de acusación.

A inicios de 2024, el abogado le explicó que el tema sería abordado en una audiencia. Su asistencia no era obligatoria, le dijo. Pero, si ella quería, podía participar. Dos veces se presentó. Ambas diligencias se frustraron por la ausencia del investigado y su defensa —en una tampoco estuvo el abogado del CEM—. Al final, la cita se reprogramó para mediados de junio.  

Al menos, 249 casos atendidos por los CEM entre 2019 y 2024 tuvieron irregularidades y omisiones en el acompañamiento de los abogados".

Ese día, cuenta Melisa, no pudo asistir. No sabe si su abogado lo hizo o, siquiera, si la audiencia se concretó. “Para mí ha sido difícil denunciar. Y, después, participar en esas pericias, que es como revivir todo lo que has pasado. Es un capítulo que quiero cerrar y no puedo. Me gustaría que el abogado, por lo menos, me diga en qué estamos”.

OjoPúblico documentó 249 casos, iniciados entre 2019 y 2024, con irregularidades y omisiones por parte de los abogados, a través de entrevistas con las afectadas, sus familiares, documentos públicos y decenas de pedidos de información sustentados en la Ley de Transparencia. 

Los resultados del sondeo de Proyecta Igualdad, en paralelo, señalan a la falta de información por parte de los defensores como uno de los problemas más recurrentes. Otras víctimas hicieron hincapié en la necesidad de narrar los hechos de violencia en múltiples oportunidades, negativas a responder consultas, cambios de abogado sin ningún aviso y consignación de información incorrecta en los expedientes.

Aunque las secuelas varían, el desamparo se parece.

 

Exacerbar el daño

La atención deficiente por parte de las instituciones del sistema de justicia —explica un informe de la Defensoría del Pueblo— genera situaciones de revictimización. Este incremento del daño o reexperimentación de la situación traumática también puede ocurrir en etapas previas, cuando la víctima inicia la búsqueda de ayuda en establecimientos de salud, la Policía o, incluso, en los Centros de Emergencia Mujer.

Aunque el fenómeno suele asociarse a la repetición del testimonio, abarca situaciones mucho más amplias. Por ejemplo, atenciones basadas en estereotipos de género, desestimación de casos cuando la víctima no se ajusta al “modelo ideal”, confrontaciones con el denunciado y omisiones inadecuadas, entre otras prácticas.

“El tipo de defensa que se brinda es determinante: los abogados y abogadas son el engranaje que permite que las víctimas puedan ver satisfecho el acceso a la justicia —recuerda Josefina Miró Quesada Gayoso—. Y, en ese tipo de proceso, se espera que cuide de uno, no que lo termine dañando”.

Aun así, hay ocasiones en que el daño es irreparable. En 2020, Sandra Rodriguez*, de 16 años, estuvo más de 50 días secuestrada por su exenamorado. El 3 de marzo de ese año, cuando logró escapar y pedir ayuda a un policía, contó que la había sacado de su casa, a inicios de enero, amenazándola con un cuchillo. 

Su exenamorado la tuvo secuestrada más de 50 días. La saco de su casa a la fuerza, amenazándola con un cuchillo". 

Aprovechó que el padre de la adolescente había salido de la vivienda de Jicamarca, en la provincia limeña de Huarochirí. Su mamá, una mujer con parkinson y apoplejía, nada pudo hacer. Durante los meses en cautiverio, la había violado y la hacía dormir en el suelo. Los moretones de la última agresión, en la cara, eran evidentes. No era la primera vez que hacía algo así.

Un abogado del Servicio de Atención Urgente del Programa Aurora —el equipo que acompañó a la joven en un primer momento— estuvo en la diligencia de la Cámara Gesell, solicitó medidas de protección y presentó los documentos ante la Fiscalía.

Tres días después, cuando el Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho dictó la prohibición de acercamiento del agresor, ordenó la instalación de un botón de pánico y rondas policiales para darle protección, Sandra fue derivada al CEM Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. Allí, le explicaron a la adolescente y a su padre, se encargarían del seguimiento del caso.

Con el agresor en prisión preventiva, ese CEM reorganizó la atención: ellos estarían a cargo de la asistencia legal y el CEM de Jicamarca, ubicado más cerca de su casa, del acompañamiento social y psicológico. 

Desde entonces, el expediente describe apenas dos coordinaciones entre el área de psicología del CEM Jicamarca y el padre de la víctima: en mayo, el hombre les contó que su hija no había recibido atención psicológica por la pandemia, que tenía miedo, y estaba cansada del proceso. Tres meses después, le explicó al psicólogo del establecimiento que habían participado de una audiencia para prolongar la prisión preventiva del agresor y que Sandra había empezado a trabajar.

Entre 2021 y 2024, al menos, 15 usuarias del CEM que experimentaron irregularidades fueron víctimas de feminicidio en los meses posteriores, según la Contraloría".

En los registros, señala un informe de la Contraloría que evaluó el caso, no consta ningún trámite por parte de la abogada del CEM Santa Elizabeth para impulsar la investigación. Tampoco se halló plan de atención, ni hay información sobre algún seguimiento y evaluación. 

Cuando el patrocinio de Sandra fue asumido por otra defensora de ese mismo centro, en febrero de 2021, la situación empeoró: fue ella quien, a inicios de junio, recibió y firmó la notificación del juzgado sobre la liberación del agresor por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. 

A pesar del riesgo, remarcó la Contraloría, la abogada no ofreció el traslado de la adolescente a un hogar refugio temporal, no coordinó alguna acción con otra instancia para garantizar la seguridad de Sandra, ni puso en alerta al CEM Jicamarca. 

Un mes y medio después, el hombre volvió a la casa de la adolescente y se la llevó a la fuerza. La Policía lo capturó el 20 de agosto de 2021. Según confesó, había asesinado a Sandra dos días antes. Su cadáver estaba en el silo de una casa abandonada, en San Antonio de Jicamarca.

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DIFERENCIA. El presupuesto designado a la compra de armamento para los sectores Denfensa e Interior es 44,7% superior al destinado a los servicios legales, sociales y psicológicos de Aurora.
Foto: Andina

 

Como ella, otras 14 usuarias que experimentaron irregularidades en la atención de los CEM fueron víctimas de feminicidio en los meses posteriores a sus denuncias. Así lo señalan dos auditorías y dos informes de la Contraloría

Las falencias halladas por el organismo incluyen falta de planes de atención, omisiones en el seguimiento y la evaluación de los casos y en la presentación de pruebas. También detectaron que los abogados no registraron denuncias cuando la víctima acudió al CEM, no pidieron medidas de protección, no hicieron coordinaciones con el Ministerio de Justicia, ni presentaron recursos legales. O, si lo hicieron, ingresaron documentos con deficiencias.

Hay anomalías incluso más severas: subestimación del riesgo al que estaban expuestas las usuarias, abogados que no denunciaron ni pidieron la detención de los agresores cuando incumplieron las medidas de protección. Otros que no participaron en audiencias y que, al conocer que existían otras presuntas víctimas menores de edad, tampoco iniciaron alguna acción legal para protegerlas. 

Luego de los feminicidios, la entidad también encontró documentos con indicios de adulteración por parte de los abogados. Hallazgos como estos, sostiene Ética profesional y género en el Derecho —un artículo incluido en el libro Estudios sobre Género y Derecho— evidencian “problemas estructurales” en los programas de atención a las víctimas.

Contraloría señaló a 20 defensores por presuntas irregularidades en la atención de denunciantes que, luego, fueron víctimas de feminicidio".

A nivel general, la Contraloría identificó a 20 defensores del CEM implicados en presuntas irregularidades. Este medio comparó esos datos con los registros de procedimientos administrativos disciplinarios del Programa Aurora y confirmó que en, al menos, 18 de esos casos se iniciaron investigaciones administrativas.

A agosto de 2024, 10 de ellas habían sido archivadas y cinco seguían en proceso. En una más se consideró que no correspondía continuar con la indagación, en otra se absolvió al abogado y en la restante se sancionó a la defensora implicada. Además, OjoPúblico corroboró que, a mayo del año pasado, 17 de esos abogados figuraban en la nómina de empleados del Programa Aurora. Entre ellos, la funcionaria sancionada. 

Al ser consultada por este medio, la Contraloría explicó que, si bien han detectado deficiencias similares en los centros visitados durante el último año, no podrían determinar que “tales situaciones abarcan al Programa Aurora en su totalidad, teniendo en cuenta que los servicios prestados por los CEM, no son los únicos que brinda dicho programa”.

La selección de los establecimientos a controlar, detallaron, responde a un análisis de información estadística sobre las zonas con más cantidad de casos de violencia. Y, también, frente a denuncias, pedidos de la sociedad civil y reportes periodísticos.

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REPETITIVO. Entre los problemas detectados por la Contraloría, en 2024, destacan faltas de apersonamiento de los abogados. En muchos casos tampoco pidieron medidas de protección.
Foto: MIMP

 

Jessica Medina* no forma parte de las estadísticas del organismo revisadas por OjoPúblico

En marzo de 2019, la joven de 20 años sufrió un intento de feminicidio. Buscar ayuda en la Línea 100 —servicio telefónico del MIMP que brinda orientación y soporte emocional para víctimas de violencia de género— de poco sirvió, cuenta su hermana mayor: la derivaron a la Comisaría Sol de Oro, en el distrito limeño de Los Olivos, y le aseguraron que un abogado del CEM Laura Caller se trasladaría hasta allí para acompañarla en el proceso.

Nunca llegó. Aunque la joven ingresó la denuncia ante la Policía y el examen del médico legista confirmó el intento de estrangulamiento, el agresor no fue detenido en flagrancia. Semanas después, la asesinó en la casa que Jessica compartía con sus padres.

Su madre, una de las personas que presenció el hallazgo del cadáver, no pudo participar como actor civil en la causa. La abogada, explica su hermana, no presentó los documentos a tiempo. La reconstrucción del crimen se postergó tres veces y, durante la investigación, que se extendió alrededor de un año y medio, tuvieron múltiples cambios de defensores. Tantas veces relataron los hechos de violencia, que ya perdió la cuenta. 

“Todo el aparato del Estado le falló a mi hermana. Ella murió completamente desprotegida”, dice Mónica Medina*.

 

La precariedad

Fenómenos como la impunidad o la revictimización, remarcan los autores de Ser Mujer en el Perú, contribuyen a menguar la confianza de las víctimas en un sistema que de seguridad, protección y que vele por sus derechos.

La escasez de filtros y la negligencia no son las únicas causas. Hay otras —como la falta de personal, rotaciones, sobrecarga procesal o inadecuado acompañamiento frente a la exposición prolongada a hechos de violencia— que afectan a los trabajadores del servicio legal y, a la vez, repercute en la atención a las usuarias de los CEM.

Estos establecimientos se organizan, a nivel general, en tres grandes categorías: 242 CEM regulares, un CEM ubicado en el Centro de Salud Santa Julia, en Piura; y 190 CEM 24 horas (el 97% de ellos implementados dentro de las comisarías del país).

Los primeros dos grupos brindan atención de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 4:15 p.m., y el tercero funciona de manera ininterrumpida. Estos establecimientos también están clasificados según su demanda, de modo que tengan el personal administrativo, psicólogos, asistentes sociales y abogados requeridos para la atención.

 

A pesar de eso, una evaluación de procesos de los CEM del Ministerio de Economía y Finanzas, que recogió testimonios de usuarias dio cuenta que, en 2020, el 72% de ellas tuvo que asistir a los centros entre dos y cinco veces, al no encontrar a todos los funcionarios en el momento en que acudieron.

Además, entre 2021 y 2024, al menos, nueve informes de la Contraloría advirtieron sobre la falta de abogados en los CEM de Lima, Arequipa, Amazonas, Junín, Cusco, San Martín y Cajamarca

Aunque, en esos años, la media de abogados disponibles en los centros del ámbito nacional aumentó 37,52%, la mejora no es uniforme: en Pasco y Lima Provincias, por ejemplo, la cantidad de profesionales disponibles disminuyó entre 20,9% y 23,1%, de acuerdo a un análisis de OjoPúblico a datos del programa. 

Las plazas, además, suelen ser inestables. A octubre de 2024, el 86,4% de los abogados que estaban trabajando en los CEM del ámbito nacional pertenecían al régimen CAS, un modelo de contratación del Estado a plazo determinado que, aunque permite renovaciones ilimitadas, no puede extenderse más allá del año fiscal en curso.

“A veces, eso ni siquiera les permite tomar vacaciones”, cuenta Marcela Huaita Alegre, exministra de la Mujer. El presupuesto disponible también genera problemas para cubrir nuevas plazas o mejorar los salarios —inferiores a los ofrecidos en otras instituciones—. A esto se suman, explicó la exfuncionaria, fluctuaciones de personal vinculadas a la carencia de soporte psicológico. 

 

Decisiones políticas y secuelas

En 2024, el dinero público asignado a los servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de violencia contra la mujer se redujo en 3%, si se compara con el año previo. La inversión destinada al Programa Aurora, en su conjunto, también disminuyó en igual proporción. Aunque el presupuesto previsto para este 2025 muestra un incremento, aún puede sufrir pérdidas a lo largo del año fiscal. 

“En muchas ocasiones, la voluntad política que tiene un gobierno respecto a una problemática se manifiesta, de manera más palpable, en el presupuesto que asigna para atenderlo”, dice Josefina Miró Quesada Gayoso.

Este año, el presupuesto asignado por el gobierno de Dina Boluarte a la compra de armamento para los sectores Defensa e Interior (S/ 302’173.894) es 44,7% mayor al destinado a los servicios legales, sociales y psicológicos del Programa Aurora (S/208’892.186). 

En este último, mientras tanto, hay problemas en la distribución de casos dentro del área legal de los CEM. Y, en ocasiones, una sobredemanda respecto a las categorías y la capacidad operativa de los establecimientos que, según los mismos trabajadores, evidencia la necesidad de crear más centros.

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DÉFICIT. Entre 2021 y 2024, al menos, nueve informes de la Contraloría advirtieron sobre falta de abogados en los CEM de siete regiones.
Foto: OjoPúblico / Fiorella Montaño

 

Entre enero y mayo de 2024, por ejemplo, los 26 CEM de la región Cusco atendieron 4.530 víctimas. Un cálculo de OjoPúblico encontró que en ese lapso —teniendo en cuenta la cantidad media de defensores y una distribución equitativa de expedientes— cada abogado fue responsable de, aproximadamente, 224 casos nuevos. Es decir, unos 45 al mes.

La cifra es estimada, pues la cantidad de denuncias varía según el establecimiento. También de acuerdo al horario y al turno de trabajo que tiene asignado cada abogado. 

En paralelo, los defensores deben participar en diligencias, presentar recursos legales, hacer acciones de seguimiento y evaluación de los casos que iniciaron en periodos previos. En otras palabras, su carga procesal total es muy superior. 

“Es imposible manejar ese nivel de casos —dice Lucia Santos, de Proyecta Igualdad—. Incluso teniendo la capacitación debida, los insumos, las condiciones materiales, que sabemos que no tienen, no es viable”.

Para Marcela Huaita, la política de visibilización de la violencia de género y promoción de la denuncia no ha estado acompañada de un soporte idóneo al sistema encargado de procesar los casos. 

El Gobierno debería construir un ecosistema seguro para que las víctimas denuncien, y los CEM son indispensables para eso", dice Josefina Miro Quesada.

“La prevalencia de la violencia de género, en el Perú, nos debe hacer pensar en la necesidad de fortalecer estos servicios. Es algo que el Estado tiene que mirar. No son servicios temporales, se necesitan, y se tiene que invertir en su personal para dar una respuesta a la población, especialmente a las mujeres”, señala la exministra.

Al ser consultada por OjoPúblico, Patricia Garrido Rengifo, directora ejecutiva del Programa Aurora, explicó que, entre 2023 y 2024, realizaron 238 supervisiones en las que se verificó si las atenciones del personal siguieron las normas vigentes.

El año pasado, según detalló, también hicieron nueve capacitaciones que incorporaron el enfoque de género de modo transversal, asistencias técnicas, y talleres de prevención y atención del síndrome de agotamiento profesional. Este año, se contará con cursos online para servidores. 

Respecto al déficit de personal, indicó que, en 2024, convocaron 592 plazas CAS para los servicios del CEM. El proceso de selección, añadió, incluye la revisión del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial y el Registro de Deudores Judiciales Morosos.

La funcionaria también hizo referencia a un grupo de trabajo, implementado en octubre, para revisar la ruta operativa de los CEM. Y, por último, al Equipo Especializado en Feminicidio y Tentativa de Feminicidio que, desde junio, realiza supervisiones y seguimiento a los CEM. “La finalidad es mejorar el servicio y la atención integral”, dijo.

La prevalencia de la violencia de género, nos debe hacer pensar en la necesidad de fortalecer estos servicios", advierte la exministra Marcela Huaita.

Zevallos Maldonado, el abogado que atacó a Laura, fue recluido en el penal de Chincha a mediados de mayo de 2024, de acuerdo a información del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva proporcionada a OjoPúblico a inicios de diciembre. En la primera etapa del proceso penal, ella tuvo el acompañamiento de otro defensor del CEM. Luego, optó por un abogado particular, según conoció este medio.

Micaela cuenta que, desde el archivo de sus denuncias, ha intentado olvidarse del tema. Ni siquiera regresó al Colegio de Psicólogos —institución donde también había interpuesto una queja— para averiguar qué pasó con el proceso. 

Melisa tampoco ha ido al CEM para preguntar por el control de acusación. “Cada vez que estoy ahí o tengo que hacer una diligencia pierdo tiempo de mi vida y me estoy sumergiendo en el dolor, mientras esa persona [su agresor] debe estar tan tranquila”.

Daniel Juyo Pérez, el hombre que secuestró, violó y asesinó a Sandra, fue condenado a cadena perpetua. José Luis Falcón Gutiérrez, autor del feminicidio de Jessica, a 30 años de prisión. 

Dice Mónica que eso les trajo algo de paz. “Pero el dolor de no verla, de no poder abrazarla, es un vacío que siempre está ahí —explica—. No solamente mataron a mi hermana, nos mataron un poco a todos nosotros”.

 

*Los nombres y apellidos de las víctimas y un familiar han sido modificados para resguardar su identidad.

**Para la elaboración de esta investigación, se construyó una base de datos sobre procesos administrativos disciplinarios a abogados del Programa Aurora (casos en curso, archivados y concluidos). La misma utiliza registros brindados por el programa en respuesta a pedidos basados en la Ley de Transparencia. Puedes revisar y descargar los datos aquí.

 

Nota de redacción:

El 15 de enero de 2024, tras la publicación de este informe, el Programa Aurora envió un escrito a OjoPúblico con información adicional a los proporcionada originalmente. En el mismo, confirmó las sanciones contra Diony Erick Zevallos Maldonado y la abogada implicada en el procedimiento administrativo por “agresión y presunto secuestro en agravio de un menor de edad”.

En el primer caso, no hizo referencias a las denuncias y antecedentes con los que ya contaba Zevallos Maldonado cuando fue contratado. En el segundo señaló que, si bien la abogada fue sancionada tras un procedimiento administrativo disciplinario, esto no implicó su destitución. Precisó también que, en 2024, el programa implementó la Plataforma de Debida Diligencia. La misma, según explicaron, “permite verificar, antes de que un postulante firme su contrato de vinculación con la entidad, si tiene antecedentes penales, judiciales o policiales”.

Respecto a las acciones tomadas frente a la falta de personal detallaron que, además de las 592 plazas CAS convocadas para los distintos servicios de los CEM, contrataron a 155 profesionales como locadores de servicios solo el año pasado. El pasado 14 de enero también inauguraron un ciclo de talleres sobre agotamiento profesional para los trabajadores de Tacna. “El mismo será replicado a nivel nacional”, dijeron.

En este link, la respuesta completa.

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