Las exportaciones peruanas de productos agropecuarios —donde destacan los arándanos, las uvas y paltas— continúan su bonanza con el apoyo del Estado, a través de una serie de privilegios fiscales. Hasta octubre, el valor de estos envíos ascendía a USD 8.664 millones, 20% más que en el mismo periodo de 2023 (USD 7.175 millones), según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

En ese contexto, el Congreso busca aprobar un proyecto de ley que otorga una batería de beneficios para las compañías que producen y envían productos agrícolas al exterior. Entre los mismos destaca la ampliación hasta por 10 años de la reducción de la tasa del impuesto a la renta a 15%, en lugar de 29,5%, como paga la mayoría de los sectores productivos. 

De prosperar, durante el próximo año, el Estado dejará de recaudar S/7.260 millones, teniendo en cuenta las medidas tributarias de esta iniciativa y los beneficios ya vigentes para el sector: exoneraciones de IGV, créditos tributarios por reinversión de utilidades y deducciones por contratación de trabajadores, entre otros.

Un informe del MEF, al que accedió OjoPúblico, ha identificado a las más beneficiadas con la propuesta: las agroexportadoras Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú. 

Hasta octubre, el valor de las agroexportaciones ascendía a USD 8.664 millones, 20% más que en el mismo periodo de 2023".

Al menos, cuatro de ellas colaboran o integran la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). En los últimos meses, este gremio tuvo una activa participación en la discusión y evaluación de la iniciativa que busca ampliar la vigencia del impuesto a la renta reducido. 

Representantes de AGAP registran tres visitas a la congresista Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular), autora del proyecto de ley, entre el 1 de agosto y el 13 de diciembre. En el mismo lapso, los representantes de AGAP se reunieron en siete ocasiones con el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular). 

En setiembre, mientras tanto, la máxima autoridad del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso), viajó hasta Piura para visitar una agroexportadora. Gabriel Amaro, representante de AGAP, lo acompañó en el recorrido.

Técnicos del MEF advirtieron que la propuesta de la nueva Ley Agraria es “sobreinclusiva” y que los beneficios no se focalizan en pequeños agricultores. Por el contrario, señalaron, favorecen a un grupo de empresas que gozó de un tratamiento especial por, al menos, dos décadas. 

A pesar de eso, a fines de noviembre, la Comisión Agraria aprobó el dictamen con votos mayoritarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Dos semanas después, fue incluido en la agenda del Pleno. 

Aunque el Congreso ya ha concluido la legislatura ordinaria del 2024, la Comisión Permanente recibió facultades para legislar sobre dictámenes y proyectos en agenda. Por eso, la iniciativa puede ser aprobada en cualquier momento.

 

Las críticas del MEF

A fines de noviembre, durante una sesión de la Comisión Agraria que reunió a técnicos de diversos ministerios, Marco Camacho Sandoval, director general de política de ingresos públicos del MEF, explicó que solo 506 empresas que, actualmente, pagan 20% de impuesto a la renta serán beneficiadas con la propuesta sobre la nueva Ley Agraria. 

La reducción de impuestos, en otras palabras, no alcanzará a las 2,2 millones de unidades agropecuarias que existen. Aun así, el costo fiscal asciende a alrededor de S/1.888 millones al año. Es decir, unos S/20.000 millones en la década de vigencia propuesta. Por eso, a criterio del funcionario, hay una “gran desproporción” entre el discurso de sus promotores y el impacto real de la eventual norma.

En la misma sesión, Miryam Yepes Salazar, responsable de la Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, precisó que, si bien en 2023, el sector se vio afectado por factores climáticos, las grandes empresas no se perjudicaron, pues los precios en el mercado externo compensaron las potenciales pérdidas. 

 

Otras medidas incluidas con escaso sustento, según Camacho Sandoval, son los créditos por reinversión de 20% —algo que, a la fecha, solo aplica para pequeños productores—, créditos por reinversión a favor de institutos de educación superior y escuelas tecnológicas del sector agropecuario y agroindustrial, entre otras.

Un informe elaborado por el MEF también ha advertido que el dictamen incluye entre los beneficiarios a productores de palma aceitera y palmito, y al sector vinos y piscos. Esto, según la cartera, resulta "injustificado".

Entre 2019 y 2023, la producción de vinos creció 6% al año y sus exportaciones en 7,4%. El sector pisquero, en tanto, registró un alza en la producción de 3% anual desde 2017. Por ello, remarca el documento, se beneficiará a grandes empresas, como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero.
 

Las siete más beneficiadas

De prosperar la ampliación del impuesto a la renta reducido, las empresas más favorecidas serán aquellas que están acogidas a la Ley 31110 y concentran más exportaciones. En ese grupo, el MEF identificó a siete compañías que, en conjunto, reportaron ventas por más de USD 1.529 millones solo en 2023. Este monto representa el 15% de todo el sector agroexportador (USD 10.544 millones).

La primera de la lista es Camposol. Esta empresa, fundada en 1997, es parte del grupo Camposol Holding, establecido en Chipre. Este, a su vez, integra el Grupo Dyer Coriat. En el primer semestre de 2024, Camposol registró ventas por USD 182 millones: 18% más que lo conseguido en el mismo periodo del año pasado, según reportó el CEO corporativo del Grupo DC a Gestión.

La compañía —propiedad de las familias Dyer Coriart y Dyer Osorio— tiene presencia en México, Colombia, Chile y Uruguay, pero desarrolla su mayor actividad productiva en Perú, donde tiene 19 fundos y seis plantas de empaque, de acuerdo a su reporte anual. En La Libertad y Piura, por ejemplo, cultiva palta, arándanos, uvas y mangos.

En los estados financieros consolidados del último año, Camposol Holding mostró preocupación por los efectos de la Ley 31110, que sube gradualmente la tasa del impuesto a la renta hasta llegar a 29,5%. “Este aumento puede afectar significativamente la rentabilidad y los ingresos netos de la compañía”, indicaron.

Cultivos. Camposol, que se fundó en 1997, se dedica a la producción de palta, arándanos, uvas y mangos en regiones del norte como La Libertad y Piura.

Foto: Senasa

 

Sin embargo, ese mismo documento evidencia que los impuestos que paga en Colombia y México —donde empezó operaciones en 2021— son mayores: 35% y 30% de manera respectiva. En Chile y Uruguay, mientras tanto, tienen tasas cercanas, de entre 27% y 25%.

Complejo Agroindustrial Beta es la segunda más beneficiada por la propuesta de ley. Como en el caso anterior, pertenece a un grupo económico familiar, fundado por Victor Matta Curotto. Ese mismo empresario es propietario de la pesquera Exalmar y de la compañía hotelera El Sausal.

Al cierre de 2023, los ingresos por ventas de la empresa —con 5.500 hectáreas, 42 fundos y nueve plantas empacadoras en Lambayeque, Piura e Ica— ascendieron a más de S/813 millones, según su reporte anual. Las estimaciones de facturación de Lionel Arce, gerente general de Agroindustrial Beta, para este 2024 son todavía más prometedoras. 

Danper Trujillo, que inició operaciones en 1994, tiene ingresos por ventas que ascienden a S/831 millones al año". 

La tercera más favorecida con el proyecto es Danper Trujillo, una de las tres compañías que integran la corporación Danper. Rosario Bazán Cabellos, fundadora y gerente del grupo, fue incluida en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según Forbes. Bazán Cabellos también es la primera vicepresidenta de la Asociación de Gremios Agroindustriales (AGAP), grupo que mantuvo reuniones con los congresistas que impulsan la nueva Ley Agraria.

Danper Trujillo, que inició sus operaciones en 1994, tuvo ingresos por ventas de más de S/831 millones en 2023. Entre sus exportaciones destacan los arándanos, espárragos verdes, uvas y paltas, producidas en La Libertad y en Arequipa. También las conservas y congelados de alcachofas, pimientos verdes y fresas, entre otros.

A fines del año pasado, el grupo logró ser propietario del 100% de sus acciones, que antes compartía con capitales daneses. En este nuevo escenario, esperan que su facturación crezca en 50% para el 2030, de acuerdo al portal Redagrícola.

AUGE. En 2023, el sector agroexportador peruano reportó ventas por USD 10.544 millones.

Foto: Senasa

 

En cuarto lugar, se encuentra Cerro Prieto. Esta empresa es parte del grupo Corporación Financiera de Inversiones Holdings, que también tiene inversiones en el sector energético, tecnológico e inmobiliario. El gerente general del grupo es Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). 

Al cierre de 2023, Cerro Prieto registró ventas por USD 191 millones. Esto significó “un máximo histórico”, a pesar de los factores climáticos negativos, de acuerdo a su informe anual.

Sociedad Agrícola Drokasa (Agrokasa), en tanto, es la quinta más beneficiada. Esta empresa empezó sus operaciones en 1995, con José Chlimper Ackerman, como uno de sus fundadores. Fue una de las favorecidas con la Ley Agraria previa, promovida mientras Chlimper Ackerman era ministro de Agricultura.

A mediados del año pasado, la empresa anunció que había traspasado el 100% de sus acciones al conglomerado guatemalteco Grupo Hame, dedicado a la producción y exportación de aceite de palma y bananas. 

Desde entonces, la compañía —especializada en producción de paltas, uvas, espárragos y arándanos— pasó a manos extranjeras, de acuerdo a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Al cierre de 2023, sus exportaciones ascendieron a USD 175 millones, según datos del MEF.

Ecosac Agrícola es parte del grupo Costa del Sol, conglomerado que maneja una de las cadenas de hoteles más importante del país".

Otra de las más beneficiadas es Ecosac Agrícola. En 2023, sus exportaciones de uvas, paltas y limón tahití (frescos y congelados) y otros productos envasados, como conservas de pimiento y mango, alcanzaron los USD 175 millones.

Ecosac opera desde hace dos décadas y forma parte del grupo Costa del Sol, fundado por Mario Mustafá Aguinaga. Este conglomerado tiene una de las cadenas de hoteles más importantes del país, así como negocios en los sectores automotriz, industrial, entretenimiento y centros comerciales. Este año, el grupo anunció que Ecosa incorporó entre sus accionistas a Atitlán Grapes SL. Algo que le permitirá “impulsar su crecimiento”, según la Agencia Agraria de Noticias. 

Agrovisión Perú completa la lista de las más beneficiadas por la propuesta de ley. Esta empresa es parte de Agrovision, una compañía estadounidense dedicada a la producción de arándanos, que también opera en México y Marruecos. Con 11 años en Perú, exportan entre 250 y 280 contenedores de arándanos por semana, y proyectan que el auge de los envíos de esta fruta continuará.

OjoPúblico envió un cuestionario a todas las empresas mencionadas y a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), pero ninguna contestó. 

SUPERALIMENTO. La preocupación por una alimentación más saludable ha favorecido a la comercialización de super foods, como el arándano. Tendencia continuará, según Agrovisión.

Foto: Andina

 

Intereses empresariales en el Congreso

La Ley de Promoción Agraria previa —aprobada en el 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori— se impulsó con el argumento de fortalecer al sector con beneficios tributarios y laborales. Así, las agroexportadoras tuvieron la posibilidad de pagar solo la mitad del impuesto a la renta: 15%.

El privilegio debía caducar en 2010. Sin embargo, diferentes gobiernos aprobaron su ampliación. A fines de 2020, en plena crisis por la pandemia, los trabajadores agroindustriales de Ica y La Libertad iniciaron manifestaciones que paralizaron el país para pedir mejoras laborales y la derogatoria de un decreto que había extendido el beneficio. 

En ese contexto, dos trabajadores del sector murieron a manos de la Policía. Días después, el Congreso aprobó la derogación y promovió una nueva norma: la Ley 31110, que implementó un regreso gradual a las tasas que estas empresas debían de pagar, entre otros beneficios para los trabajadores. 

Así, se programó que, entre 2021 y 2022, el impuesto a la renta se mantendría en 15%. Los dos años siguientes pasaría a 20% —lo que pagan actualmente— y, de 2025 a 2027, subiría cinco puntos porcentuales más. De ese modo, para 2028, estas empresas llegarían a abonar la tasa del régimen general: 29,5%.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, buscó apoyo para que el proyecto de la nueva Ley Agraria prosperara".

En este escenario, la congresista Cruz Zeta Chunga (Fuerza Popular) presentó una propuesta para crear una nueva Ley Agraria. La iniciativa, ingresada el pasado 16 de setiembre, argumentó que el sector se volvió menos competitivo tras la norma de fines de 2020. Además, señala que factores climáticos —como el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño— perjudicaron la producción agrícola de 2023.

El proyecto fue respaldado públicamente por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso). Además, le encargó a la asesora de presidencia del Legislativo, Alejandra Aramayo Gaona, que “respalde” a la Comisión Agraria para “dictaminar pronto el proyecto [de ley]”, aseguró la misma funcionaria a OjoPúblico.

En esa línea, entre agosto y octubre de este año, la también excongresista fujimorista organizó cuatro mesas técnicas para consensuar la medida con diversos gremios, en calidad de asesora de la presidencia del Congreso. Dos de ellas figuran en la exposición de motivos del proyecto de ley.

“Se respalda el tema de la congresista Zeta Chunga porque ella fue presidenta de la Comisión Agraria y en el ejercicio de esa función realizó un número muy significativo de mesas de trabajo (...) Era el proyecto más socializado”, dijo Aramayo Gaona a este medio.

VISITA. En setiembre, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, visitó la planta Agropacking Fesol Perú, en Piura. Lo acompañó Gabriel Amaro, representante de AGAP.

Foto: Congreso

 

En octubre, la Comisión Agraria organizó otra mesa técnica para evaluar el proyecto sobre la nueva Ley Agraria y otros tres similares. El objetivo, según informaron, era escuchar la opinión de exministros de Agricultura.

Lo que pasó inadvertido fue una particularidad de los invitados. Además de ser exservidores públicos del sector, al menos, tres de ellos están vinculados de manera directa a la agroindustria: Ismael Benavides Ferreyros, Luis Sánchez Araujo y Juan Manuel Benites Ramos.

El primero es director del Grupo Huamaní, que se dedica a la agroexportación de uvas y mandarinas en Ica, y a la elaboración del pisco Huamaní. Benavides Ferreyros también es miembro del consejo directivo del Instituto Peruano de Tecnología, Innovación y Gestión (Innova Rural). 

El exviceministro Sánchez Araujo, otro de los asistentes identificados por OjoPúblico, tiene un cargo directivo en Innova Rural.

Encuentro. Mesa técnica de la Comisión Agraria presentó a tres exfuncionarios público del sector como especialistas. Sin embargo, se omitió precisar sus vinculos con la agroindustria.

Foto: Facebook de la Comisión Agraria

 

Benites Ramos, por último, es presidente del Instituto Crecer. Este centro tiene como parte de su consejo directivo a Alfonso Bustamante Canny, presidente de Agrícola Cerro Prieto, y a Víctor Carlos Arrese Pérez, gerente general de Agrokasa.

Al ser consultado por este medio, Benites Ramos dijo que recibió la invitación del Congreso en calidad de exministro. Agregó que toda la información sobre sus vínculos con la agroindustria es pública. “Mi opinión fue como especialista, no como representante del Instituto Crecer”, aseguró. 

OjoPúblico también intentó comunicarse con Benavides Ferreyros, Sánchez Araujo, y el congresista Salhuana Cavides. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. 

 

El impacto en pequeños productores y trabajadores

La Convención del Agro Peruano (Conveagro), que agrupa a más de 20 organizaciones agrarias, ha alertado que el dictamen incluye disposiciones que dejan en desventaja a los pequeños productores frente a grandes actores del sector.

Entre estas señalan la modificación a la Ley 31071. La misma prioriza que un 30% de las compras estatales se realicen a productores familiares. Con los cambios, se busca incluir a grandes agroexportadores. 

Algo similar ocurre con la sexta disposición complementaria final del dictamen. La misma establece que todos los beneficios para las mypes del sector agrario —como la promoción de sus exportaciones, acceso a financiamiento, fondos y programas, entre otros— se extiendan a grandes empresas.

Propuesta de nueva Ley Agraria busca incluir a agroexportadoras en beneficios desarrollados para mypes y familias agricultoras".

Si bien se retiró el capítulo que abordaba temas laborales, de acuerdo al exviceministro de Empleo Fernando Cuadros Luque “quedaron un par de medidas perjudiciales”. Una de ellas ordena a Sunafil dirigir el 75% de su actividad inspectora a las empresas informales.

En otras palabras, solo 25% de las órdenes de inspección, operativos y actividades de investigación de esta entidad estarían dirigidos al sector formal, lo que podría dejar desprotegidos a trabajadores agroindustriales.

Otro artículo cuestionado, en este caso por el MEF, es el que exime a los pequeños productores agrarios a contar con el registro de la planilla de trabajadores.