“Antes me dolía, pero hoy no me duele”. La lideresa del pueblo indígena yanesha, Teresita Antazú López, recuerda el día que retornó llorando a su casa porque, en la escuela, la habían llamado “chuncha”. “Se han burlado de mí por mi cushma [túnica], se han burlado porque yo hablo otro idioma”, le decía a su madre en la comunidad de Tsachopen, provincia de Oxapampa, en la región Pasco. Entonces, como respuesta, recibió una frase que no olvida: “Hijita, nosotros somos yaneshas, somos ‘chunchas’, somos ‘campa’ —y añadió—: lo que sea somos, pero somos”.

Estas palabras las repite desde que se convirtió en lideresa, una labor asediada por múltiples violencias en un contexto de presión sobre los recursos naturales y las economías ilícitas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, OjoPúblico comparte los testimonios de lideresas y defensoras de los pueblos indígenas yanesha, awajún, quechua, asháninka y kichwa, quienes subrayan que hoy no solo enfrentan amenazas, agresiones físicas, verbales, o sexuales, sino otras modalidades menos visibilizadas: la discriminación, el machismo, la estigmatización y hasta la criminalización.

“La principal violencia es la estructural, la estigmatización. No podemos ejercer nuestro liderazgo, ni tener el derecho a defender nuestros territorios, defendernos como mujeres. No hay que ver solo la violencia en el cuerpo. La violencia estructural afecta nuestros derechos humanos. Eso van a heredar nuestras hijas y nietas”, añade Ketty Marcelo López, también dirigenta yanesha y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

Las mujeres indígenas que protegen sus territorios de actividades extractivas como la minería ilegal, las que lideran organizaciones locales, o las que buscan justicia para cientos de víctimas de violencia sexual también son atacadas, excluidas y hostigadas. Un reciente estudio del Instituto Igarapé de Brasil, de este año, confirma que defensoras del medio ambiente en Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Loreto enfrentan amenazas a su integridad y violencia de género. 

“Todas las mujeres entrevistadas [para este estudio] dicen haber sufrido amenazas de muerte, pero ven su lucha como una forma de proteger a sus hijos de la implicación con grupos criminales”, añade la publicación con relación a las economías ilícitas.

Otro estudio de junio último, elaborado por Oxfam y el proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), alerta sobre el aumento de la violencia contra las defensoras en la Amazonía peruana. Y, precisa, que además de los riesgos de sus pares defensores, las mujeres también enfrentan vulneraciones basadas en género, como el acoso, las campañas de difamación, las agresiones físicas y verbales contra ellas, sus familiares o personas cercanas, e intentos de desalojos forzosos.

HISTORIA. Teresita Antazú, del pueblo yanesha, se convirtió en la primera mujer lideresa de Aidesep, donde comenzó su labor hace 25 años.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Solo entre enero y el 30 setiembre de 2024, se reportaron 39 situaciones de riesgo —incluyendo reincidencias— de mujeres defensoras de derechos humanos en el ámbito nacional. Esto representa casi cinco veces lo reportado en 2021 (8) y más del doble de 2022 (18), según información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) a la que accedió OjoPúblico por Ley de Transparencia.

En el periodo analizado este año, además, las cuatro regiones con más casos fueron Loreto (8), Lima (7), Amazonas (4) y Ucayali (3).

En los Centros de Emergencia Mujer (CEM) solo se han reportado cinco casos de violencia contra defensoras de DDHH, entre el 10 de octubre de 2023 y octubre de 2024. Sin embargo, este año, figuran cero atenciones, según las estadísticas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

En paralelo, el Servicio de Atención Rural (SAR), también del MIMP, reporta 20 casos atendidos de violencia contra defensoras de DDHH, de mayo a octubre de 2024. La mayoría (15) corresponde a violencia psicológica, seguida por la violencia económica o patrimonial (3) y, finalmente, física (2).

“La violencia no solo es física, sino psicológica. Está la discriminación (...). Incluso, vemos violencia económica, porque hay mujeres que no pueden trabajar libremente. En algunos hogares existe el patriarcado y el machismo. En las comunidades no dan opciones a las mujeres y prefieren que los hombres hagan esas actividades”, dice la lideresa yanesha Teresita Antazú, hoy responsable del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). 

 

Más de 150 defensoras en riesgo

Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umakai Yawi, cuenta que su vida ha cambiado desde que, en mayo pasado, denunció que más de 500 escolares indígenas habían sido víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 

Ahora —dice—, ya no recorre las comunidades con el ánimo de siempre. Camina con cuidado. Siente que está bajo amenaza. “Yo a mi familia le he dicho: esto [la denuncia] ya salió. No descuiden a sus hijos. Todos pongamos los ojos que no tenemos”, refiere como una advertencia ante posibles represalias. 

Durante el II Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras y Liderazgos desde los Territorios, realizado en octubre pasado en la región San Martín, la defensora señaló a OjoPúblico que faltan espacios promovidos por el Estado para que las mujeres tomen decisiones en la lucha contra la violencia de menores en Amazonas. Solo hasta setiembre de este año se han reportado 334 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en esa región. 

Siempre he dicho que la mujer va con un problema en las manos, pero en sus espaldas lleva la solución”, dice la lideresa quechua Rosalía Clemente.

El Consejo de Mujeres también está conformado por Georgina Paz Rivera, defensora awajún de la provincia de Bagua, en Amazonas, quien ha sido víctima de amenazas y hostigamiento al denunciar casos de violencia sexual. “[Un acusado de violación] me dijo: ‘La voy a matar con cartucho de 250’. Amenazas de muerte sí recibí directamente de él”, recuerda la lideresa. 

Rivera Paz está incluida en el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de DDHH, a cargo de Minjus, que gestiona el registro de situaciones de riesgo y que debe garantizar el acceso a justicia para los afectados. 

No obstante, defensores como Quinto Inuma Alvarado —asesinado en noviembre de 2023— advertían que, pese a contar con las medidas de protección, estas no se materializaban y quedaban en el papel.

EN DEFENSA. Rosemary Pioc Tenazoa hizo pública una realidad desconocida para un sector del país: la violencia sexual contra cientos de niñas awajún.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Según el Ministerio de Justicia, entre 23 de abril de 2021 y 31 de octubre de 2024, se registraron 124 situaciones de riesgo que involucraron directamente a 153 mujeres defensoras de derechos humanos, así como a 27 de sus familiares. 

La mayoría de casos reportados por las 153 defensoras corresponden a amenazas a la seguridad personal o familiar (121). Le siguen las agresiones (física, sexual o psicológica), así como el acoso y hostilización; agravios contra el honor, la imagen o la reputación; estigmatización y mensajes de odio.

Luego, figuran actos de seguimiento y vigilancia, destrucción de propiedad o medios de vida, detención arbitraria, secuestro o desaparición forzada, obstrucción del derecho de libre tránsito o derecho de reunión o agrupación, entre otros.

Detrás de las estadísticas hay otras mujeres indígenas como Betty Mandruma de Inuma, esposa del fallecido líder kichwa Quinto Inuma. Tras el asesinato del dirigente, y en medio de amenazas, ella y sus hijos debieron abandonar la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. 

 

Ahora —cuenta— recibe asistencia psicológica y resguardo policial en Tarapoto, pero no tiene recursos suficientes para la educación de sus dos menores hijas. Tampoco, una vivienda propia. “Hay un señor que ha dicho así: Vamos a matarle a su hijo también del apu [Quinto Inuma], al mayor y a su señora”, comenta.

Dos años después de la creación del Mecanismo Intersectorial —en junio de 2023— el Ministerio de la Mujer (MIMP) aprobó una directiva para atender a las defensoras de derechos humanos, cuya implementación está a cargo del Programa Aurora y el despacho viceministerial de la Mujer. Una de las obligaciones es mantener actualizados los casos de violencia de género y brindar asistencia psicológica, social y legal.

Desde el 10 de octubre de 2023 hasta octubre de 2024, solo cinco casos han sido registrados en los CEM, según los datos oficiales. La totalidad corresponde al 2023. Es decir, en 2024 no se han registrado atenciones.

En contraste, la estadística del Servicio de Atención Rural (SAR) de defensoras de derechos humanos, también del MIMP, reporta 20 casos de mujeres que se identificaron como defensoras de DDHH, entre mayo y octubre de 2024. 

De estos, 11 corresponden al distrito San Pedro de Coris (Huancavelica), dos a Imaza (Amazonas), y otras dos a Tapo (Junín). En tanto, Anco (Huancavelica), Palcazu (Pasco), Santa Rosa (Ayacucho), Tahuamanu (Madre de Dios) y Yanama (Áncash) registran un caso. 

No hay que ver solo la violencia en el cuerpo. La violencia estructural afecta los derechos. Eso van a heredar nuestras hijas y nietas”, dice Ketty Marcelo.

De los 20 casos, además, 15 fueron reportados como violencia psicológica, lo que incluye agresiones verbales o discriminación. Otros tres, violencia económica o patrimonial y dos física. La mayoría de víctimas (18) tenía entre 18 y 59 años. El resto superó los 60 años.

En diálogo con OjoPúblico, Laura Agama Fernández, directora de la Unidad de Atención y Protección del Programa Aurora, dijo que recién en octubre de 2023 se incorporó la variable de mujer defensora en las fichas de registro de casos. “Puede ser que personas que se hayan acercado a los CEM no se hayan identificado como defensoras”, afirmó.

Añadió que muchos de los casos vinculados a las defensoras ocurren en zonas rurales, las cuales no cuentan con CEM, pero sí Servicios de Atención Rural (SAR), que registran 20 casos en cinco meses. “No obstante, tenemos estadística que nos señala a la población autoidentificada como indígena de la Amazonía [204 casos]. Dentro de esta estadística puede ser que se encuentren incorporados [los casos de defensoras]”, dijo.

La directiva del MIMP, de 2023, ordena que el Viceministerio de la Mujer informe al Minjus los casos contra defensoras identificados por sus órganos de línea o el Programa Aurora. En tanto, el Mecanismo Intersectorial, de 2021, dispone que el MIMP realice informes sobre violencia o discriminación por razones de género contra esta población.

 

Al respecto, el Ministerio de Justicia señaló a OjoPúblico que no han identificado casos derivados por el MIMP, ni que han recibido informes o reportes en ese sentido. “De la revisión realizada en nuestro registro, se ha verificado que el MIMP no ha gestionado ante el Minjus solicitudes de alerta temprana”, añadió por escrito. 

Este medio también se comunicó con el Programa Aurora, el cual señaló que las preguntas referidas a los informes y reportes deben ser atendidas por la Dirección General contra la Violencia de Género. 

Con relación a las alertas tempranas, subrayó que la derivación al Minjus “está supeditada al consentimiento expreso de la víctima” para su atención en servicios distintos a los suyos. Dijo, además, que “garantizan la atención especializada” a las mujeres en coordinación con operadores de justicia.

Para la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) Mar Pérez Aguilera, aunque el decreto supremo que crea el Mecanismo Intersectorial hace referencia a la violencia de género, en la práctica, esos casos no son atendidos y son considerados de menor relevancia.

Cuestionó que si bien el MIMP cuenta con la directiva para atender casos de mujeres defensoras, no haya registrado ningún tipo de atención en los CEM este año, ni elaborado un informe sobre la situación de ellas. 

 

El machismo que frena los liderazgos

Rosalía Clemente Tacza, mujer quechua de la comunidad campesina de Chala (Junín) y presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), dice que aún existe una fuerte resistencia de los hombres para aceptar que las mujeres asuman cargos de liderazgo. El rechazo —comenta— se hace más evidente con las indígenas, y a ello se suman otros factores como la discriminación y el racismo.

“Como dirigente nacional mujer, indígena quechuahablante y campesina sufrí discriminación. Lastimosamente en las calles no nos ven con buenos ojos, no nos respetan. En la vida, tanto machismo está bien enraizado en el pueblo indígena”, comenta a OjoPúblico. 

El estudio Desafíos y recomendaciones para la Amazonía desde la voz de mujeres defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, del Instituto Igarapé, de este año, señala que la ampliación del papel de las mujeres más allá del espacio doméstico se percibe de manera negativa por compañeros y líderes comunitarios. El activismo es visto como una amenaza para la estabilidad laboral y los “debidos cuidados” con los hijos y la casa, añade la publicación.

En otro informe, la misma institución estimó que el 83% de defensoras de la Amazonía peruana no recibe remuneración por su trabajo de protección ambiental, lo que representa una capa más de violencia a su integridad física y emocional.

CULTURA QUECHUA. Rosalía Clemente encabeza una organización que agrupa a 21 federaciones regionales enfocadas en los pequeños agricultores.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Teresita Antazú, dirigenta de Aidesep, recuerda cuando sus abuelos le decían que dedicarse a la cocina y atender al esposo era la tarea prioritaria de toda mujer. Ese discurso no la convenció y persistió en cambiar. “Yo veía que los hombres estaban al frente [en las reuniones comunales] y yo pregunté por qué las mujeres no estaban sentadas ahí, y me decían que era un sitio solo para hombres”, cuenta. 

Laura Agama, directora de la Unidad de Atención y Protección del MIMP, refiere que, muchas veces, cuando las defensoras denuncian situaciones de abusos o trato desigual, la respuesta de algunas autoridades de turno es la estigmatización, discriminación o no les brindan atención adecuada. “Que pueda ser físico o psicológico, [igual] es una vulneración de sus derechos, más aún cuando tiene una representación como defensora”, refiere. 

Como dirigente indígena, quechuahablante y campesina sufrí discriminación. En las calles no nos ven con buenos ojos", dice Rosalía Clemente.

En el II Encuentro de Mujeres Defensoras y Liderazgos desde los Territorios, las 50 lideresas y defensoras indígenas, que luchan en defensa de su territorio, de las infancias, y contra las actividades ilícitas y extractivas que rompen la estructura de sus comunidades, concluyeron que si bien a ellas no las asesinan como a los líderes varones, ejercen en su contra otros tipos de violencia que no se visibiliza con la misma relevancia. 

Entre estas violencias, según la abogada Mar Pérez, figuran la invisibilización de aportes, los discursos machistas, la minimización de esfuerzos y el aprovechamiento de estructuras patriarcales de dominación. Estos hechos, en sus palabras, no son abordados de manera adecuada por el MIMP y el Mecanismo Intersectorial para personas defensoras de derechos humanos.

La especialista del MIMP, Laura Agama, sostiene que existen limitaciones en servicios para la atención de las víctimas de violencia vinculada al personal de atención. “Tenemos deficiencia para poder contar con todo el equipo técnico debido a directivas del Ministerio de Economía y Finanzas [...]. Hay directivas que nos impiden hacer nuevas contrataciones”, explica. 

 

Criminalización, discriminación y salidas

“O sea, no podemos alzar la voz, no podemos decir nada. Si uno está en la calle es para que nos escuchen. Nosotros no pedimos nada, solo el diálogo —dice la lideresa quechua Rosalía Clemente Tacza en alusión a las protestas contra el Gobierno desde fines de 2022 y añade:— Yo siempre he dicho que la mujer va con un problema en las manos, pero en sus espaldas lleva una solución”.

Los recientes estudios del Instituto Igarapé, así como de Oxfam y el proyecto Prevenir de Usaid coinciden en que las defensoras enfrentan la creciente criminalización, una de las agresiones ahora más frecuentes. 

En Perú, esto fue alertado por relatores especiales de Naciones Unidas tras las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. “Recibimos con preocupación la información relacionada con las alegadas represalias y la supuesta estigmatización de [...] personas defensoras de DDHH como terroristas por su participación o pronunciamiento respecto a las manifestaciones”, se pronunciaron.

La presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Rosalía Clemente, alerta sobre los intentos de criminalizar el derecho a la protesta y debilitar los liderazgos, a través de iniciativas legislativas. En sus palabras, se busca atemorizar a las defensoras con procesos penales, como, inicialmente, se planteó con la denominada ley de terrorismo urbano. 

Para Mar Pérez, abogada de la Cnddhh, la criminalización es la principal forma de violencia contra las defensoras y tiene distintos impactos en las mujeres. En su condición de madres —señala— tienen problemas para acceder a su derecho a la defensa. “En Cajamarca hubo el caso de una mujer que tenía un bebé lactante y no podía participar en las audiencias [...]. Ella tenía que elegir entre estar presente para defenderse o estar al lado de su bebé que necesitaba lactar”.

ROLES. La lideresa kichwa Mariluz Quispe subraya la importancia de la autoprotección y la unidad entre mujeres indígenas para enfrentar las violencias.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Mariluz Quispe Cachique, lideresa kichwa y secretaria de Salud de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), cuenta que debieron pasar meses para ser aceptada como lideresa. “Antes no había ni una mujer, ni nos invitaban a las reuniones, todos eran varones. Uno no se enteraba de nada”, comenta a OjoPúblico.

La mujer kichwa, luego, reflexiona sobre la importancia de generar redes de autoprotección y la unidad con otras mujeres lideresas y defensoras para cuidar el territorio y enfrentar las amenazas. “Pido a todos que luchemos para enfrentar estos casos de violación de los territorios”, señala la dirigenta de una localidad afectada por la deforestación y los recientes incendios forestales. 

Para Yaneth Velasco Castillo, miembro del consejo directivo de la Central Asháninka del Ene (CARE), tejer esos lazos representa una oportunidad para abordar problemáticas de sus comunidades y hacer fuerza para que las demandas de los pueblos indígenas sean escuchados por el Estado y en el ámbito internacional.

Del 2 al 5 de octubre, con la coordinación del Fondo Socioambiental del Perú y otras organizaciones, 50 mujeres lideresas y defensoras de la costa, sierra y selva de país eligieron por votación a Rosemary Pioc Tenazoa como representante de la Red de autoprotección para mujeres lideresas y defensoras indígenas. 

En ella se buscará consolidar un espacio seguro para mujeres de todas las edades y etnias, donde las jóvenes puedan aprender de las lideresas. Allí se abordarán temas como la transmisión y revalorización cultural, participación política efectiva, economía indígena, y lucha contra la violencia a la mujer y juventudes.