Si los discursos y promesas de un candidato en campaña son un indicativo de sus prioridades e intereses como presidente, las palabras pronunciadas por Donald Trump en los últimos meses auguran un futuro sombrío para millones de personas en América Latina.  

De manera recurrente, Trump retrató a los latinoamericanos, y en especial a los migrantes venezolanos, como “asesinos”, “criminales”, “pandilleros”, “monstruos” que ocupaban apartamentos en Colorado o “acuchillaban” mujeres en Carolina del Norte. Decía que usaban armas largas, tipo AK-47,  y equiparaba la violencia brutal del  Tren de Aragua con la de la legendaria Mara Salvatrucha o con la del Congo africano. 

Dijo que había que detener a esa “invasión” de maleantes que no era espontánea, sino un plan de los otros países de la región que consistía en vaciar sus cárceles y sus asilos para “exportar” a los más peligrosos y enfermos –incluso en avión– hasta la frontera con México, convirtiendo a los estados limítrofes como Arizona en un “vertedero de criminales”. No fueron pocas las veces que mintió al afirmar que los índices de criminalidad en Venezuela y Colombia habían bajado gracias a esa estrategia.

En sus discursos Trump mencionó a Venezuela o a los venezolanos 348 veces, y cuando no los criminalizó, dijo que su petróleo era puro “alquitrán” y que si Kamala Harris ganaba, los Estados Unidos sería “como Venezuela en esteroides”. A los demás países de Sudamérica los nombró poco (Colombia seis veces, Perú tres, Chile dos y Ecuador una), y la mayoría de las veces los pintó como lugares que exportan criminales: “Kamala dejó entrar al líder de una banda peruana que había cometido 23 asesinatos”, dijo en uno de sus discursos. 

Estos datos fueron parte de un análisis realizado por el medio aliado La Silla Vacía (Colombia), con la ayuda de la inteligencia artificial a las transcripciones de todos los discursos en 148 eventos de campaña en diferentes estados, y que fueron compartidos con nuestro equipo para este reportaje.

En su campaña Trump mencionó a Venezuela o a los venezolanos 348 veces, y cuando no los criminalizó, dijo que su petróleo era puro “alquitrán”.

Trump solo se expresó de manera menos peyorativa o positiva de Brasil (nombrado cuatro veces), como un país “fuerte” que cobra demasiados aranceles a los Estados Unidos, y Argentina (cinco veces), un lugar donde un “tipo” (Javier Milei) utilizó la plataforma MAGA (siglas de Make Argentina Great Again) para ganar las elecciones y ahora, como presidente, “lo está haciendo muy bien”. 

Esta misma retórica estigmatizante sobre los “bad hombres” que vivían al otro lado de la frontera lo llevó por primera vez a la Casa Blanca en 2017. No fue simplemente una estrategia para exacerbar los miedos de los electores en campaña, sino que Trump mantuvo su narrativa antiinmigrante durante los cuatro años de gobierno, en los que endureció sus medidas de control, expulsó a cientos de miles de personas que llegaban a la frontera sur a pedir asilo bajo una medida extraordinaria conocida como Título 42, y canceló varios acuerdos de TPS (Estatus de Protección Temporal). 

Los demás asuntos con América Latina le importaron poco. Aunque renegoció el tratado de libre comercio con México, dejó de buscar nuevos acuerdos comerciales con otros países de la región. El presidente Trump también redujo la cooperación y la financiación internacional, socavó el multilateralismo y otros espacios de trabajo conjunto en todo tipo de temas, y mantuvo una postura dura de sanciones y no diálogo hacia los países que considera enemigos (Venezuela, Cuba y Nicaragua), lo que no consiguió sino agravar la crisis política y económica en estos países. 

De todos los presidentes estadounidenses de las últimas décadas, Trump ha sido el menos interesado en lo que sucede en América Latina

De todos los presidentes estadounidenses de las últimas décadas, tal vez Trump ha sido el menos interesado en lo que sucede en América Latina, que otrora fue considerada como el “patio trasero” de los Estados Unidos por mandatarios injerencistas, tanto republicanos como demócratas. Esa doctrina, sin embargo, se ha transformado y perdido fuerza. 

“Latinoamérica ha sido un asunto secundario para los Estados Unidos en las últimas décadas y solo surge como preocupación cuando hay problemas, crisis políticas o factores que impactan a los Estados Unidos de forma más directa”, dijo Michael McKinley, exembajador en Perú, Colombia y Brasil, al analizar las relaciones en un reciente podcast de la organización, Network 20-20, especializada en política exterior. 

Teniendo en cuenta los antecedentes de su primera administración y el olvido creciente de la política exterior estadounidense hacia la región, es poco probable que Donald Trump le preste mayor atención a lo que suceda al sur de la frontera en los próximos años, a menos que pueda sacar provecho de ello. Lo paradójico es que aunque le dé la espalda –¿el patio como botadero?–, su presidencia terminará afectando política, económica y socialmente a la región. 

 

Más allá del discurso demagógico: cambiar las reglas y el balance de poder 

 

“Creo que a Trump solo le importa la inmigración con América Latina, aunque no pueda pararla ni con deportaciones masivas”, dice a OjoPúblico el economista James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago y galardonado con el Nobel junto con Daren Acemoglu y Simon Johnson por sus investigaciones sobre la relación entre la calidad de las instituciones, el crecimiento económico y la democracia. Son las instituciones las que pueden hacerle un contrapeso a la idea de las deportaciones masivas, que, en principio, serían inviables, ya que no existen ni los recursos, ni la capacidad institucional, ni la legislación que permitan llevarlas a cabo. 

Pero es posible que, sintiéndose envalentonado porque ahora tiene el Senado y a la Corte Suprema de su lado, Trump intente reformar la ley para violar el debido proceso que existe en el mecanismo del deportación actual. Varias veces ha mencionado que invocará el Alien Enemies Act de 1798, una medida de guerra que autoriza al presidente a deportar a extranjeros de ciertos países considerados enemigos. También ha dicho que va a cambiar las reglas para usar a la Guardia Nacional en labores que solo le corresponden al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). 

“Creo que a Trump solo le importa la inmigración con América Latina, dice el Nobel de Economía James Robinson a OjoPúblico.

Y aunque no hay presupuesto para llevar a cabo este tipo de operaciones que son muy costosas, Trump le dijo a una periodista de NBC que “no es una cuestión de precio. No lo es... de verdad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, y cuando los capos de la droga han destruido países, tienen que volver a esos países porque aquí no se van a quedar”. ¿De dónde sacará los recursos? 

“Creo que su política fiscal será muy imprudente y arbitraria. Así lo ha sido con sus empresas y negocios”, dice Robinson. Considera que una de las primeras batallas institucionales de Trump será con el Banco Central, una movida clásica de los mandatarios populistas que buscan socavar su independencia para imprimir papel moneda y así financiar sus proyectos políticos, aunque en el proceso lleven a sus países a la ruina económica, como sucedió en Venezuela. 

El Migration Policy Institute estima que hay alrededor de 11,3 millones de indocumentados en los Estados Unidos. El 65% son mexicanos y centroamericanos, pero también hay un 10% de sudamericanos, principalmente venezolanos, colombianos, y brasileños, y un 4% de isleños del Caribe. 

Para deportarlos en avión, el Gobierno de Estados Unidos tendría que reanudar relaciones con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, o llegar a un acuerdo con terceros países para que los reciban, como lo hizo antes con México y los países del Triángulo Norte centroamericano, mientras estuvo vigente el Título 42. “Es un modelo que se está utilizando en todas partes. Los italianos están tratando de exportar personas a Albania, los ingleses a Ruanda. Así que es muy posible que [Trump] lo haga”, dice Robinson. 

 

Los métodos transaccionales y punitivos de Trump

 

Teniendo en cuenta lo difícil y costoso que resultaría deportar a 11 millones de personas en avión, Trump podría llevar a cabo algunas operaciones muy mediáticas para mostrar que está cumpliendo su promesa. Su recién nombrado “zar de la frontera”, el exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, dio a entender que se harán detenciones selectivas y operaciones en plantas de trabajadores. Si las realizan en los estados limítrofes, será más fácil expulsar a los indocumentados detenidos por la frontera con México. 

Lo más probable es que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, colabore con los nuevos planes, tal como lo hizo su antecesor, después de que Trump amenazara con subir los aranceles en un 25% a todos los productos mexicanos. Esa misma amenaza la está repitiendo ahora. 

Lo más probable es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colabore con los nuevos planes, tal como lo hizo AMLO.

Pero hay una diferencia importante: Trump suele menospreciar a las mujeres, aunque sean jefes de Estado, y no tratará a Scheinbaum como trataba a Andrés Manuel López Obrador. Además del tema migratorio, la presionará para que obtenga mayores resultados en la guerra contra los carteles que producen y comercializan el fentanilo, mucho más de lo que presionó a AMLO en su anterior administración. 

CRISIS MIGRATORIA. Si Venezuela y Estados Unidos no normalizan sus relaciones, es posible que Trump presione a Colombia para que reciba más venezolanos deportados.

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El estilo de política exterior de Trump se basa en las relaciones personales bilaterales y se divide entre aliados y adversarios. No obstante, estas categorías pueden ser acomodaticias y pasan por otras consideraciones: qué tanta fuerza, autoridad, recursos y mano dura exhiben otros mandatarios, aunque sean de ideologías contrarias, como Vladimir Putin. 

En ese sentido, es una interrogante cuál será su relación con Nicolás Maduro. “Trump utiliza a Venezuela como instrumento retórico para decir que es lo peor que hay en el planeta, pero hemos visto que ha hecho pactos con el diablo si le conviene”, dice Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group. 

Nicolás Maduro lo sabe. Horas después de conocerse el resultado electoral, se apresuró a felicitar a Trump y a enviarle un mensaje conciliador para entablar una relación distinta a la que mantuvieron en el pasado, cuando Maduro lo llamaba “miserable” y “mafioso” y Trump lo tildaba de “títere de Cuba” y “tirano”. Fue un momento en que se impuso la línea dura desde Washington, máxima presión y sanciones colectivas, y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino en  2019.

Pero, según Geoff Ramsey, experto en las turbulentas relaciones entre ambos países y senior fellow del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, el momento ahora es distinto: “Trump solo está viendo a Venezuela a través del lente de la migración; no ha dicho nada sobre la democracia ni los derechos humanos, y no ha mencionado a María Corina Machado ni a Edmundo González”. 

Es previsible que el tema migratorio sea utilizado, tanto por la oposición venezolana y por el gobierno de Maduro para buscar algún tipo de transacción y apoyo de Trump. Uno de los mensajes en la red social X de María Corina Machado resaltaba que, solo con el regreso de la oposición al poder, los venezolanos que se han ido, regresarán a su país y existirán condiciones favorables para la inversión económica. Y es posible que Maduro le ofrezca un nuevo entendimiento, que incluya recibir vuelos de deportados en Caracas y un mayor control por parte de los militares en la frontera con Colombia, a cambio de nuevos negocios petroleros y cierta normalización de relaciones para llevar una coexistencia, si bien distante, al menos pacífica.

El estilo de política exterior de Trump se basa en las relaciones personales bilaterales y se divide entre aliados y adversarios.

Es lo que más le conviene a Maduro, pero para Trump sería políticamente costoso legitimarlo tras el fraude electoral del 28 de julio, especialmente ante su base de votantes “magazuelans” [como se denomina a un grupo de venezolanos que apoyan a Donald Trump y su estrategia Make America Great Again]  y cubanos en Florida, que más bien esperan que se cumplan las amenazas y castigos. Una señal clave de hacia dónde orientaría su postura, al menos a corto plazo, ha sido  el nombramiento de su secretario de Estado, Marco Rubio. 

El republicano de origen cubano y de línea dura considera al régimen de Maduro como una narcodictadura. Sin embargo, quien tendrá la última palabra en política exterior no será Rubio, sino el presidente. Y Rubio es consciente de ello, o al menos así lo expresó en un breve comunicado al aceptar el cargo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de los EE.UU. por encima de todo lo demás”. 

En cualquier caso, lo que suceda en Venezuela en las próximas semanas y en su relación con Trump tendrá un impacto directo en el resto de países de la región. La ruta que miles de venezolanos –pero también, colombianos, ecuatorianos, peruanos y chilenos, entre otros– han utilizado para tratar de llegar a Estados Unidos, ha sido la del paso por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Siguiendo la costumbre de externalizar los controles y aduanas, Trump presionaría a Colombia y Panamá para frenar el flujo de migrantes que atraviesan por allí. 

“Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional”, escribió en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tras felicitar a Trump, mientras que el colombiano Gustavo Petro marcó mayor distancia ante las formas de entender el problema migratorio: “La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos”.    

Si Venezuela y Estados Unidos no normalizan sus relaciones, es posible que Trump presione a Colombia para que reciba más venezolanos deportados y combata de manera más activa al Clan del Golfo, grupo criminal que controla el paso por el Darién, pero que hace parte de las negociaciones de Paz Total de Petro.

Esos diálogos con ese grupo y otros similares han avanzado poco y seguramente no contarán con el visto bueno del presidente entrante. En Colombia se teme  incluso  una “descertificación” por parte del nuevo gobierno en Washington si no se emprende una guerra más frontal contra el narcotráfico –como lo hicieron gobiernos anteriores de derecha– y sobre el posible regreso de las fumigaciones, ya que los cultivos de coca han alcanzado cifras récord en los últimos tres años. 

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa tratará de forjar una alianza con la nueva administración en Washington a toda costa. Noboa quiere ser reelegido y necesita mostrar resultados rápidos en su apuesta de “mano dura” contra el crimen organizado y la violencia del narcotráfico que ha azotado al país en los últimos años. Si la condición es que Ecuador se convierta en un destino de deportaciones, tanto de connacionales como de personas de otros países, lo más seguro es que lo acepte. 

 

Al diablo la “responsabilidad compartida” y sin fondos

 

Todos los acuerdos bilaterales entre los mandatarios de la región y Trump romperían con la idea de que la migración es una “responsabilidad compartida”, ya que las medidas que un país adopta pueden afectar a otros. Las iniciativas y espacios de diálogo hemisférico con Estados Unidos en materia migratoria, como la Declaración de Los Ángeles, se verían debilitados por el estilo de diplomacia de Trump. Y es dudoso que iniciativas más regionales, como el Proceso de Quito (que busca articular una estrategia latinoamericana para atender la crisis migratoria venezolana), tengan la suficiente cohesión y fuerza para plantear otras alternativas. 

La situación política en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití no mejorará en el corto plazo. Tampoco se resolverán pronto las condiciones económicas de Argentina ni los problemas de violencia e inseguridad en Colombia, Ecuador, Chile o Perú. Ante esta situación, los latinoamericanos van a seguir buscando otros destinos y rutas si Estados Unidos cierra aún más sus fronteras. ¿Lo harán Brasil, Uruguay y otros países de la región? Habrá que ver qué decisiones se adoptan en la reunión de Santiago de Chile, con motivo de la celebración de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, en la que se han propuesto trazar un plan de acción y una estrategia de cooperación regional para atender a los desplazados. 

En los últimos años, los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda en el continente, han ido endureciendo su legislación, los requisitos de visas, documentos o permisos de permanencia hacia los migrantes. También ha cambiado el tono del discurso. Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric dijo en la asamblea general de las Naciones Unidas, tras las elecciones en Venezuela, el 28 de julio, que su país no estaba en capacidad de recibir más migrantes.

En parte, es porque los recursos de cooperación internacional destinados a atenderlos se han reducido significativamente en los últimos años. 

Si Estados Unidos, con la visión criminalizadora y punitiva de los migrantes de Trump, corta los recursos destinados a entidades clave como ACNUR, OIM, OMS o la plataforma de coordinación interagencial RV4 (que también incluye a organizaciones religiosas y oenegés de la sociedad civil), la situación para los migrantes latinoamericanos puede ser dramática, pues siempre ha sido el principal financiador. “Los kits de atención primaria o la píldora del día después, que se reparten como medidas de atención humanitaria, dependen de esos fondos”, afirma una persona que trabaja en una organización de derechos humanos en la región.  

 

¿La agenda 2025?: la revancha de la derecha contra el Estado profundo

 

Trump dos no será igual que Trump uno; es un hombre impredecible. Pero no cabe duda de que esta vez irá mucho más lejos en su confrontación con el llamado Deep State o Estado profundo —los más de dos millones de funcionarios públicos que, en su primera administración, actuaron como contención ante sus planes más controvertidos—, y que incluye también al servicio diplomático y a entidades y agencias con presencia en otros países, como la USAID.

Esta vez designará únicamente a personas de absoluta lealtad, posiblemente más radicales, y ha amenazado con purgar a quienes no se alineen con su visión ideológica, declarando enfáticamente: “O el Estado profundo destruye a los Estados Unidos, o nosotros destruimos el Estado profundo”.

Más allá de su retórica, este es uno de los puntos explícitos de su plan de gobierno, conocido como Agenda 47, que fue presentado en varios videos de campaña y pueden verse en su página web. Así está estipulado también en un documento de más de 900 páginas conocido como el Proyecto 2025: mandato para un liderazgo conservador, elaborado por el Heritage Foundation, en el que participaron varias de las personas de su primer gobierno y que comparte las mismas ideas que la Agenda 47, que es la oficial. 

Esta vez irá mucho más lejos en su confrontación con el llamado Deep State. Esta vez designará únicamente a personas de absoluta lealtad.

Durante la campaña, Trump trató de distanciarse del Proyecto 2025, que habla de manera detallada de la necesidad de recortar masivamente los recursos, incluida la ayuda internacional, y el personal de varias entidades estratégicas, como la USAID, que, según ellos, ha alimentado a la izquierda progresista y “woke” en todas partes.

“La próxima Administración conservadora debería reducir la huella global de USAID, al mínimo…. Debería desradicalizar los programas y las estructuras de USAID y basarse en las reformas conservadoras instituidas por la Administración Trump”, dice el documento. 

Esto tendría serias implicaciones para la agenda de la democracia y los derechos en América Latina. También se habla de nuevo de la famosa Global Gag Rule, impulsada por los republicanos, que prohibiría cualquier financiación destinada a programas u organizaciones que promuevan los derechos sexuales y reproductivos.

De igual manera, se recortarían los fondos para la agenda de género, las comunidades LGBTQ+ y cualquier iniciativa, tanto pública como privada, o de la sociedad civil que promueva la igualdad o equidad, así como para los proyectos educativos y de periodismo independiente que se alineen con cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas, que lucha contra la pobreza y por el cuidado del medio ambiente, la paz y la justicia, entre otros.

Aún es demasiado pronto para saber si Estados Unidos no buscará tener un papel activo en situaciones de emergencia o crisis en la región, como en Haití, o cuando la democracia y el estado de derecho estén en peligro, como lo hizo el gobierno de Biden con los fiscales guatemaltecos que intentaron impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala.

En cualquier caso, por su actitud en su primer mandato, Donald Trump terminará debilitando aún más los esfuerzos multilaterales, como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Creo que Trump va a ser muy crítico de todo eso, incluso de los bancos, como el Banco Mundial, el BID o la CAF”, dice un funcionario que trabaja en este sector.  

"La próxima Administración conservadora debería reducir la huella global de USAID, al mínimo", dice el Proyecto 2025, al que lo han vinculado con Trump.

Lo que se avecina es la agenda de la derecha más conservadora, pero con un empaque 2.0, que tiene lazos cercanos con iglesias cristianas y evangélicas en América Latina y con proyectos políticos como los de Jair Bolsonaro, Javier Milei o Nayib Bukele, adversarios de la agenda global. 

Este mismos sector se ha acercado al Heritage Foundation (este artículo de Open Democracy señala como Milei ya ejecuta un programa de gobierno en la misma línea que el Proyecto 2025 y comparte el mismo lobista en Washington con Bukele). Aunque no son estadounidenses, han participado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), por sus siglas en inglés. 

CRISIS CLIMÁTICA. El regreso de Trump también es el regreso a la explotación sin freno de combustibles fósiles dentro y fuera de su territorio.

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Estos líderes políticos de derecha se sienten respaldados y envalentonados con el triunfo de Trump. Bukele lo llamó a las pocas horas, esta semana Milei viajó a Mar-a-lago (el refugio de Trump en Palm Beach, Miami) para participar en un evento de celebración con Trump, y Bolsonaro dio una entrevista al diario Folha de São Paulo al día siguiente, en la que aseguró que “ser presidente era una mierda”, pero que el regreso de su amigo a la Casa Blanca, era un paso importantísimo para que él pudiera regresar al poder en 2026, pese a estar inhabilitado porque “todo lo que sucede allá, sucede aquí (en Brasil)”, declaró. 

Es posible que el regreso de Trump también sirva de aliciente para otros políticos de la derecha más conservadora en el continente como José Antonio Kast en Chile, María Fernanda Cabal o Vicky Dávila en Colombia, y con perfiles más autoritarios en Perú, gobernado actualmente por la presidenta Dina Boluarte como parte de una alianza congresal integrada por bancadas de un sector de la derecha y la izquierda más conservadora. 

 

Un daño irreversible

 

En paralelo a esa agenda que avanza en detrimento de los derechos está una agenda económica que será proteccionista, pero también geopolítica. “Ya vimos en la primera administración de Trump un interés por priorizar la contención de la influencia china y rusa en el hemisferio, y creo que eso va a continuar”, dice Geoff Ramsey.  

Según el Proyecto 2025, el objetivo de su apuesta económica no es solo hacer grandes negocios, sino asegurar importantes recursos minerales en el continente  y sacar a China de la carrera. El gigante asiático ha avanzado a grandes pasos en Sudamérica en los últimos años, invirtiendo en proyectos importantes de infraestructura como el metro de Bogotá o el puerto de Chancay, y ha prestado miles de millones a distintos países de la región. Se estima que la deuda con China asciende a 130 billones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a Venezuela. 

China también ha negociado toda clase de acuerdos comerciales con varios países, entre ellos Perú. “Esto tiene un impacto positivo y uno negativo. Lo positivo es que el país ya no depende de los cambios de la política norteamericana, porque lo que se avecina es bastante preocupante, con los aranceles y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Lo negativo es que China no necesariamente se preocupa por temas de derechos humanos, de respeto de las libertades políticas, etc. por parte de sus socios”, dice Paolo Sosa, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El regreso de Trump también es el regreso a la explotación sin freno de combustibles fósiles dentro y fuera de su territorio.

En esta competencia económica, se habla de la idea de “nearshoring” (trasladar procesos, servicios o funciones a países cercanos geográficamente) y en ese sentido, para Estados Unidos será prioritario lo que pueda lograr con su país vecino, México, y con algunos países de Centroamérica. Según James Robinson, no se trata de una idea descabellada, si se tiene en cuenta el contexto: nos estamos moviendo hacia una situación similar a la de la Guerra Fría, especialmente si China trata de anexarse a Taiwán.

El regreso de Trump también es el regreso a la explotación sin freno de combustibles fósiles dentro y fuera de su territorio. Queda la pregunta de si otros países de la región, como México y Brasil, van a seguir el mismo camino en el sector petrolero. También hay que ver qué pasa con la minería en el continente, ya que se calcula que el 60 % de las reservas de litio, cobre y otros minerales clave, se encuentran en países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. 

La primacía de la explotación sin restricciones en el hemisferio, sin embargo, afectaría a varios de los planes y compromisos internacionales logrados en los últimos años para tratar de frenar los peores efectos del calentamiento global. La Agenda 47 de Trump plantea explícitamente la retirada de los Acuerdos de París. Queda la incógnita de cuál será la posición de algunos gobiernos de la región ante esta realidad. 

Quizás el líder más vehemente contra el calentamiento global en Sudamérica ha sido Petro, pero no tiene el mismo peso que Lula. Y aunque su gobierno ha hecho esfuerzos por detener la deforestación en la Amazonía que avanzó con Bolsonaro, es dudoso que Lula esté dispuesto a ser el líder de la región que se enfrente a Trump por la defensa del medio ambiente. 

La Agenda 47 de Trump plantea explícitamente la retirada de los Acuerdos de París.

Tampoco se vislumbra una alianza fuerte como bloque de países —ni la Unasur, ni la Alianza del Pacífico, y mucho menos la CELAC o la CAN— que pueda hacerle contrapeso a Trump. Al igual que en los otros temas, Trump solo negociará de manera directa y bilateral cualquier acuerdo con cada país, si ve que le conviene, baipaseando cualquier esfuerzo diplomático conjunto. 

Mientras tanto, avanzará en el desmonte de lo poco ha logrado Estados Unidos en materia ambiental. Dentro del Proyecto 2025 está contemplada la revisión minuciosa y el posible congelamiento de cada uno de los acuerdos internacionales firmados en los últimos tiempos, así como el recorte de los fondos destinados a esta causa en otros países. 

“La próxima Administración conservadora debería rescindir todas las políticas climáticas de sus programas de ayuda exterior (en concreto, la Estrategia Climática 2022-2030 de USAID); cerrar las oficinas, programas y directivas de la agencia diseñados para promover el Acuerdo Climático de París; y limitar estrictamente la financiación a los esfuerzos tradicionales de mitigación del cambio climático”, dice el documento de Proyecto 2025. También recomienda dejar de patrocinar y colaborar con organizaciones progresistas, fundaciones y ongs de activistas del “fanatismo climático”. 

Para Donald Trump y varias de las personas que lo rodean, el calentamiento global es un “gran engaño”. No creen en la ciencia ni en la evidencia científica al respecto, dice Renata Segura, y añade: “De todas las cosas graves, lo más grave es lo del clima. La erosión democrática tiene reverso; el calentamiento global, no”.