La anchoveta es extremadamente frágil. Si a este pequeño pez se le manipula varias veces, su carne se lastima y, literalmente, se destroza. Algo similar ocurre con su pesquería: si no se la gestiona de modo responsable, colapsa, como ya sucedió en Perú.

Entre 1961 y 1972, el país tenía una biomasa anual de anchoveta de, aproximadamente, 17 millones de toneladas. Sin embargo, entre 1975 y 1984, esta disminuyó en más del 80%, hasta limitarse a apenas 3’300.000 toneladas. ¿Qué ocurrió? El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sostiene que esta dramática reducción de los cardúmenes se dió por el fenómeno de El Niño y la sobrepesca, que prevalecía en esa época.

La paralización de esta pesquería, entre 1983 y 1985, y otras medidas más o menos drásticas de regulación de la intensidad con la que se venía extrayendo, permitieron su recuperación paulatina, sostiene un boletín del Imarpe, de 1996. 

Sin embargo, desde hace casi ocho años, cuando se emitió una norma —el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE— que, en la práctica, legalizó la pesca de juveniles, la especie ha enfrentado nuevos riesgos: desde entonces, las anchovetas más pequeñas, junto a otras de tamaño adecuado, son extraídas y convertidas en harina de pescado para la exportación, mucho antes de que puedan reproducirse o cumplir su rol como alimento para otros peces, aves o animales marinos.

Flexibilización de pesca de anchoveta juvenil no fue recomendada por el Instituto del Mar del Perú".

Según diversos especialistas y dirigentes del sector consultados, las beneficiadas con esta situación son las empresas que cuentan con cuota para pescar anchovetas. Entre estas figuran las siete pesqueras más importantes del país, agremiadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 

Tras revisar documentos oficiales, OjoPúblico determinó que la legalización de la pesca de estos pequeños peces —con el fin, según el Ministerio de la Producción (Produce), de evitar sus descartes en el mar—  no contó con el respaldo del Imarpe, organismo técnico especializado, cuya opinión es indispensable en la emisión de normas del sector. Por el contrario, este recomendó un mayor control para evitar la pesca de juveniles.

En paralelo, una consultoría legal —encargada por este medio— analizó el decreto, emitido en noviembre de 2016, y determinó que, en lugar de evitar la captura excesiva de anchovetas pequeñas, la fomenta. De hecho, en solo siete años y ocho meses, más de 3 millones de toneladas de estos pequeños peces fueron capturados, de acuerdo a datos de Oceana Perú, analizados por este medio. 

Para disuadir los descartes, concluyó el informe legal realizado por el especialista en derecho internacional Nicholas Fromherz, bastaba con implementar vigilancia e inspectores a bordo. Especialistas peruanos y extranjeros consultados para este informe coinciden con él.

DEPREDACIÓN. Desde que se emitió el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, en Perú se han pescado más de 3 millones de toneladas de anchovetas juveniles.

Foto: Produce

 

Sin sustento científico

El Imarpe es un organismo técnico especializado de Produce. Su principal función es generar conocimiento científico para que el Estado peruano tome decisiones que aseguren el aprovechamiento sostenible de las especies hidrobiológicas.

Para sustentar la emisión del Decreto Supremo 024-2016, Produce señaló que el descarte de anchovetas juveniles en el mar, una práctica de las embarcaciones para evitar sanciones económicas, era un problema grave para esta pesquería, la más importante de Perú y el mundo. 

Hasta entonces, si una nave capturaba más del 10% de individuos jóvenes, se hacía acreedora de una multa. Sin embargo, la cartera impulsó la despenalización de esas capturas y, tras la emisión de la norma, si un barco informaba haber pescado juveniles por encima del límite permitido (10%) —o, incluso, si llegaba a 100%— ya no sería sancionado al reportarlo.

Desde que entró en vigencia el decreto, la industria ha pescado más de 3 millones de toneladas de anchovetas juveniles".

Marco García León, abogado chileno y consultor en derecho del mar y gobernanza de océanos, explica que despenalizar la captura de juveniles va en contra de la tendencia global y puede generar una sobreexplotación de la especie. “Para que un decreto sea funcional y efectivo, debe incluir sanciones claras y aplicables, que aseguren el cumplimiento de regulaciones”, dice.

Antony Apeño Arias, biólogo marino responsable del Programa de Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, tiene una opinión similar: “Se está atentando no solo contra la especie, sino contra las otras especies que dependen de esta. Esto va a llevar a un colapso (...). Estamos yendo por un camino que podría ser irreversible ”, advierte.

SIN PESCA. Debido a que la anchoveta no se encontraba en tamaño adecuado, en 2023 no hubo primera temporada de pesca en la zona norte-centro.

Foto: OjoPúblico

 

OjoPúblico consultó a Produce si el Imarpe recomendó la flexibilización de la captura de juveniles previo a la emisión del cuestionado decreto, entre otros aspectos. Sin embargo, la cartera no se pronunció sobre el tema.

Este medio, también, solicitó al Imarpe —apelando a la Ley de Transparencia— el documento técnico que elaboró para la emisión de la norma. De ese modo, accedió a dos informes: Situación actual del stock norte-centro de la anchoveta peruana y perspectivas de explotación, de abril de 2013 y Proyecciones de pesca de anchoveta en la región norte-centro, de octubre de 2012. Es decir, documentos emitidos entre tres y cuatro años antes de la entrada en vigencia del decreto.

Según Produce, estos concluían que los descartes de ejemplares de tallas menores en el mar estaban afectando considerablemente “a la población de la anchoveta”. No obstante, los documentos incluyen una breve mención al tema y ninguno contempló la posibilidad de incrementar la tolerancia de pesca de juveniles para reducir la práctica. Todo lo contrario: recomendaron reforzar el control para evitar la captura y arrojo de las especies más pequeñas. 

El proyecto de Decreto Supremo hacía referencia, asimismo, a un informe de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, de setiembre de 2016. Este cita, a la vez, otros dos informes del Imarpe sobre descartes de juveniles. OjoPúblico también accedió a ellos a través de la Ley de Transparencia.

SIN RESPUESTA. Para Produce, el Decreto Supremo 024-2016 está cumpliendo con sus objetivos. Por eso, no tiene planeado modificarlo.

Foto: OjoPúblico

 

El primero, de 2013, señala que lo más común para evitar el descarte es permitir un porcentaje de tolerancia de juveniles. Pero, tras analizar la posibilidad de incrementar el tope, recomendó mantenerlo en 10%.

El segundo documento analizó tres estrategias para reducir los descartes. En la primera, el Imarpe explicó que una simulación matemática había concluido que la práctica se reducía “mientras se incrementa la tolerancia”. Para bajarlos en 50%, por ejemplo, se debía aplicar una tolerancia de pesca de juveniles del 37%. Y, si se quería reducirlos solo en 25%, bastaba con elevar la tolerancia al 22%. 

La segunda estrategia evaluada planteaba la despenalización de la captura de juveniles, pero solo para el primer día de pesca, de los de alrededor de 60 que suele tener una temporada. Esto con el objetivo de recabar información y cerrar zonas con alta incidencia de peces pequeños.

La tercera y última estrategia estudiada sugería implementar un monitoreo más eficiente, con observadores del Imarpe e inspectores de Produce a bordo de los barcos industriales. Para eso —precisaba el documento— se requerían entre 271 y 319 profesionales. Aunque Imarpe dijo que las tres posibilidades eran aplicables y podían ayudar a evitar los descartes, al final, recomendó la última.

 

“Nosotros hemos sido promotores”

Oficialmente, el Decreto Supremo 024-2016 fue promovido por Produce. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) —gremio empresarial que tiene en sus filas a las compañías pesqueras industriales más importantes del Perú— también ha tenido un rol importante.

Así lo reconoció, en 2019, Jorge Risi Mussio, gerente general del gremio empresarial, durante una entrevista con OjoPúblico para un informe que evidenciaba la extracción excesiva de anchoveta juvenil. “¿Se ha hecho alguna evaluación a la norma [Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE]?”, preguntó este medio. “Nosotros, en realidad, hemos sido promotores de este sistema”, respondió el directivo. 

En junio último, OjoPúblico le hizo llegar un cuestionario a la SNP. En el mismo, le consultó, entre otros temas, si tenía algún comentario sobre la afirmación de Risi Mussio. No hubo respuesta sobre este aspecto. El gremio solo señaló, de modo general, que la industria pesquera formal es la más interesada en cuidar la anchoveta y el ecosistema marino, pues su supervivencia depende de la sostenibilidad del recurso.

Se está atentando no solo contra la especie, sino contra las que dependen de esta. Esto va a llevar a un colapso", dice el biólogo marino Antony Apeño Arias.

Aunque la SNP lo ha negado, dirigentes sindicales y especialistas del sector aseguran que el gremio empresarial promueve y presiona a Produce para que emita regulaciones en la pesquería de anchoveta que les sean beneficiosas. 

En febrero de 2012, tras ser retirada del cargo de ministra de la Producción, Gladys Triveño Chanjan aseguró que su salida se debió a la presión del gremio empresarial. 

"Una vez a uno de los representantes de estas empresas le pregunté por qué esa reacción ante el ordenamiento. Y me dijo: ‘Nos había costado tanto tiempo tener la capacidad de influir en el sector y, de pronto, tú llegas sin ser una experta y, en dos meses, nos quitas la capacidad de controlar el sector. Va a ser muy difícil que te lo perdonen’", dijo en ese entonces.

BENEFICIADAS. La flexibilización de la pesca de anchovetas juveniles beneficia a la industria pesquera, sostienen dirigentes sindicales y especialistas.

Foto: OjoPúblico

EXPORTACIÓN. En Perú, no existen incentivos para no capturar anchovetas juveniles porque estas también pueden convertirse en harina que se vende al mercado extranjero.

Foto: OjoPúblico

 

No es necesario sacrificar a las pequeñas anchovetas

Un análisis de OjoPúblico —a partir de datos de Oceana Perú— muestra que, desde noviembre de 2016, cuando se emitió el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, hasta la segunda temporada de 2023, se habían capturado, al menos, 3’310.000 toneladas de anchoveta juvenil. 

¿Este problema se pudo evitar? Según un análisis contextual y comparativo de la regulación peruana con la legislación de otros países, sí. “Perú emplea herramientas reguladoras ortodoxas para reducir la captura de juveniles de anchoveta”, indica el informe elaborado por el abogado especializado en derecho internacional Nicholas Fromherz.

 

Si bien la amnistía fomenta la obtención de datos, explica el también profesor adjunto de derecho de la Universidad Lewis & Clark, en Portland (EE.UU.), “hace muy poco por reducir las capturas [de juveniles] excesivas en sí, e incluso puede fomentarlas porque no implican una multa, y [los peces pequeños] tienen un valor económico”. En efecto, estos ejemplares también terminan convertidos en harina y aceite de pescado.

Hugo Castrejón Mendoza, biólogo marino mexicano e investigador de la Universidad de Las Américas, se mostró preocupado por las consecuencias de esta norma. “No es conveniente explotarlas [a las anchovetas más pequeñas] porque estaríamos afectando el potencial reproductivo de la población, a mediano y largo plazo”, alertó.

 

Ejemplos internacionales

Al comparar la regulación de la anchoveta con la de otras especies en el extranjero, el abogado Nicholas Fromherz no encontró ninguna norma en otro país que despenalice la pesca de especies hidrobiológicas juveniles. 

La industria danesa de harina y aceite de pescado, por ejemplo, se basa, principalmente, en las capturas de espadín, lanzón, bacaladilla y arenque. La misma está sujeta a la obligación de desembarque total, por mandato de la Política Pesquera Común de la Unión Europea. En otras palabras, los descartes en el mar están prohibidos.

Además de las descargas completas, la Política Pesquera Común de la Unión Europea establece un seguimiento, control y vigilancia. Entre otras medidas, esto implica el uso obligatorio de circuitos cerrados de televisión en todos los buques de 18 metros o más, que puedan suponer un riesgo de incumplimiento.

Estados Unidos, por su parte, es un pequeño productor de harina y aceite de pescado. Su regulación no contiene ningún elemento similar a la amnistía peruana ante capturas superiores a la cuota y cuenta con supervisión a bordo, con observadores humanos o monitoreo por video, destaca el especialista.

Análisis comparativo de la regulación peruana con las del extranjero no encontró ninguna norma que despenalice la pesca de juveniles en otro país". 

Otro de los mecanismos usados en el mundo para reducir la extracción de especies juveniles son los incentivos para quienes evitan esa mala práctica. Estados Unidos tiene una norma sobre captura incidental de atún rojo que premia con una cuota adicional a las embarcaciones cuyos niveles de captura accidental son más bajos de lo permitido. Al otro lado del Atlántico, Escocia recompensa con días de pesca adicionales a las naves que reducen sus capturas accesorias de bacalao.

Por eso, Fromherz recomienda la “aplicación del seguimiento por vídeo a bordo de toda la flota industrial, un mandato claro de que una embarcación tiene que trasladarse inmediatamente a otra zona de pesca tan pronto como se detecte una captura por encima de la tolerancia, y un sistema recompensas para las embarcaciones que capturan juveniles significativamente por debajo del nivel de tolerancia”.

En este contexto, el abogado ambientalista Marco García León sostiene que la videovigilancia y observadores a bordo han demostrado ser de vital importancia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). “Y, ciertamente, pueden contribuir a disminuir la pesca incidental de anchovetas juveniles”, consideró.

La videovigilancia no solo evita la pesca en exceso de juveniles y los descartes en el mar. También puede beneficiar a la industria, al permitirle probar la trazabilidad de sus productos, señala el biólogo mexicano Hugo Castrejón Mendoza. 

Este mecanismo de control a bordo sí está establecido en el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE. La norma señaló que su implementación sería progresiva. Sin embargo, a casi ocho años de la emisión del decreto, no se ha concretado. Al ser consultada por esto, la cartera dijo que toda medida regulatoria tiene posibilidades de mejora, “siempre que no constituya una barrera de acceso al mercado para los agentes económicos".

CONSERVACIÓN. La talla mínima para la pesca de anchoveta es de 12 centímetros, cuando ya alcanzó su madurez sexual y se ha reproducido.

Foto: Abigail Díaz

 

Modificación frustrada

En octubre de 2021, OjoPúblico evidenció que las naves, amparadas en la amnistía para la pesca juvenil, extraían estos pequeños peces en varias calas seguidas y en una misma área de pesca. Ante las evidencias, Produce anunció que evaluaría el impacto del Decreto Supremo 024-2016. 

Seis meses después, en abril de 2022, el Ejecutivo publicó un proyecto de decreto supremo que buscaba modificar la norma. En concreto, quería establecer distancias mínimas de traslado de una nave al detectar pesca de juveniles.

Las recomendaciones del Imarpe —recogidas en el proyecto de decreto supremo— sugerían medidas de acuerdo a  tres escenarios: pescas en zonas de baja, mediana y alta presencia de juveniles. 

En el primero de estos, si se capturaba exceso de juveniles, la nave debía alejarse de tres a nueve millas para volver a calar. En el segundo, debía distanciarse de 17 a 25 millas y, en el tercero, abandonar la zona de pesca y cerrar la misma.

PERJUDICADOS. Los pescadores artesanales también son afectados por el exceso de pesca de anchoveta juvenil.

Foto: Abigail Díaz

 

Aunque se dio 15 días de plazo para recoger comentarios ante el proyecto, este nunca se convirtió en norma. El junio pasado, al ser consultado por este medio, el ministerio dijo que, hace tres años, el Imarpe evaluó el impacto del decreto supremo y el resultado fue que “existe una menor ocurrencia de descartes de juveniles”. 

Agregó que todas las normas pueden ser modificadas, pero que esta específica ha dado “buenos resultados” y “viene cumpliendo adecuadamente (...) el objetivo de hacer la pesca de anchoveta sostenible”.

El biólogo marino Antony Apeño Arias, en cambio, considera que debería ser derogada. “No hay una base que sustente que le permitan pescar una gran cantidad de juveniles a la industria (...) Vamos por un camino en el que estamos en el punto límite”, dijo. 

Los representantes sindicalistas, en tanto, tienen posiciones diferentes: el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos considerada que el decreto debe ser derogado, mientras que el Sindicato de Pescadores de Chimbote José Olaya Balanda cree que debe ser adaptado, a través de un proceso en el que participen pescadores, patrones de pesca, el Imarpe y Produce.

 

Conflictos de interés en el Imarpe

El tránsito de funcionarios y servidores públicos de las filas del Estado hacia las empresas u organismos privados de ese mismo rubro, y viceversa, es conocido como puerta giratoria. 

Teniendo en cuenta el riesgo que existe de que las decisiones o recomendaciones de estas personas pueden favorecer a las empresas involucradas, desde 2001, Perú tiene la Ley 27588, que establece condiciones para esas rotaciones. La norma dispone que los funcionarios o servidores públicos no pueden prestar servicios en paralelo y hasta un año después en compañías o entidades privadas del sector.

Sin embargo, su reglamento, que data de un año después, debilitó la prohibición. Este dispuso que la restricción solo aplica si el funcionario tiene competencia directa sobre la empresa aludida y si ejerce esa facultad mediante normas o acciones.

En febrero de 2020, funcionarios y servidores del Imarpe fueron acusados de manipular datos para incrementar la cuota de pesca de anchoveta, en favor de la industria. La indagación se archivó. Sin embargo, poco después, el Ministerio Público abrió otra investigación por lavado de activos en contra de dos funcionarios y de un servidor del organismo por el mismo hecho.

Ahora, al contrastar información pública en perfiles de Linkedin y redes sociales con fichas del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y normas legales publicadas en el diario oficial El Peruano, OjoPúblico identificó cinco casos de presunto conflicto de interés. Estos comprenden a un actual servidor del Imarpe, un exdirectivo y tres exinvestigadores del organismo científico.

COLAPSO. En Perú, entre 1975 y 1984, la pesca de anchoveta colapsó debido al fenómeno de El Niño y la sobrepesca, según Imarpe. 

Foto: OjoPúblico

 

Uno de ellos corresponde a José Arturo Sarmiento Madueño. Entre agosto de 2016 y junio de 2023, este ingeniero fue miembro del Consejo Directivo del Imarpe. En 2018, se detectó que era directivo del organismo científico y, al mismo tiempo, tesorero de la SNP, por lo que se le abrió un proceso administrativo. 

En julio de 2019, la comisión de Produce a cargo del caso determinó que Sarmiento Madueño había incurrido en conflicto de intereses y recomendó su suspensión por 30 días. Sin embargo, dos meses después, la entonces ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, ordenó el archivo del caso. ¿El argumento? Sostuvo que las funciones que cumplía Sarmiento Madueño en el Imarpe y en la SNP no colisionaban “entre sí”, porque las últimas eran únicamente de carácter económico y financiero. 

No obstante, el vínculo del ingeniero con el gremio empresarial no se había limitado al de un tesorero. En 2015, este lo había acreditado ante Produce como su representante ante el Consejo Directivo del Centro de Innovación Tecnológica Pesquero (CITE Pesquero), donde fue designado como integrante. 

Algo similar pasó con Salvador Erasmo Peraltilla Neyra. El ingeniero pesquero fue investigador en Acústica Pesquera del Imarpe, de marzo de 1998 a marzo de 2012. Al mes siguiente de su salida, pasó a ser jefe de Oceanografía y responsable de Prospección Pesquera de Tecnológica de Alimentos S. A. (TASA) —una de las pesqueras más importantes del Perú—, según su currículo de Concytec. 

OjoPúblico identificó cinco casos de presunto conflicto de interés en el Instituto del Mar del Perú".

Jhon Robles Trujillo también tuvo una transición similar: entre julio de 2012 y marzo de 2018, fue investigador hidroacústico del Imarpe. Al mes siguiente, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, pasó a ser analista de Gerencia de Flota de Pesquera Exalmar S.A.A.

A la lista se suma Aníbal Jacinto Aliaga Rosales. Desde enero de este año, el ingeniero pesquero es especialista en evaluación pesquera del Imarpe. Menos de un año antes de ingresar al puesto (entre junio de 2013 y abril de 2023), fue miembro del Comité de Investigación Científica de la SNP, detalla en su LinkedIn. 

Aliaga Rosales tuvo otros vínculos con el sector pesquero industrial: de junio de 2013 a octubre de 2020, estuvo a cargo de la investigación y monitoreo de la flota de Pesquera Diamante S.A. Y, ni bien dejó ese puesto, pasó al área de Oceanografía y Sostenibilidad de la Pesquera de TASA, donde estuvo hasta febrero de 2023. 

Al ser consultado por OjoPúblico, dijo que postuló para ingresar a ambas pesqueras y que su participación en la SNP fue ad honorem. Además, aseguró que no conoce a los actuales gerentes de las pesqueras y que, aunque entiende la suspicacia, el área del Imarpe donde trabaja no hace el cálculo de la cuota de pesca: solo investigan a la anchoveta al igual que a otras especies.

FINAL. Concluida la primera temporada de pesca de anchoveta de 2024, en el Callao, pescadores dejan los barcos para regresar a sus ciudades de origen.

Foto: OjoPúblico

 

A estos casos se añade, por último, el de Mariano Sergio Gutiérrez Torero. El ingeniero pesquero fue director general de Investigaciones Pesqueras, entre 1997 y 2001, y jefe de la Unidad de Tecnologías de Detección del Imarpe, entre enero de 2002 y octubre de 2007. El mismo mes que dejó el cargo, pasó a ser jefe de Prospecciones de Pesca en TASA, hasta 2011, según su currículo en Concytec. 

Gutiérrez Torero, quien actualmente es miembro del Consejo Directivo y del Comité Científico del Instituto Humboldt, dijo a este medio que, como los profesionales especializados en pesca no abundan en el país, sus conocimientos son valiosos tanto para el sector privado como el público. 

OjoPúblico también contactó por correo electrónico a los otros exfuncionarios mencionados para solicitar sus descargos. Ninguno respondió.

El abogado Marco García León, especialista en Gobernanza Marina, explica que, aunque la experiencia de los funcionarios que provienen del sector privado puede ser útil para la toma de decisiones e implementación de políticas, también puede acarrear conflictos de intereses.

“Los funcionarios podrían tomar decisiones que beneficien, desproporcionadamente, a la industria pesquera en la que previamente trabajaron, en detrimento del interés público, la sostenibilidad de las pesquerías y el equilibrio del ecosistema marino. Beneficiando a unos pocos y afectando a muchos”, señaló el especialista. 

El decenio de 1975-1984, cuando la anchoveta atravesó su peor crisis debido a la sobrepesca, aún vive en la memoria de los pescadores peruanos. Ellos solicitan que se modifique o derogue el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE. Su temor es que la historia se repita.

*Este reportaje fue desarrollado como parte de la Red de Informes Oceánicos del Centro Pulitzer.