En los bosques de la Amazonía la madera de un árbol de 9 metros de altura —apto para su venta luego de cuatro años de crecimiento— es el insumo para la construcción de los molinos de viento que generan energía eólica en China y Europa. Se trata de la topa (Ochroma pyramidale) o también llamada balsa en Ecuador, el país que se ha convertido en el principal exportador de esta especie en el mundo y que desde 2020 ha tenido al Perú como un importante proveedor. 

La presencia de la topa o balsa es común en bosques secundarios y en plantaciones donde también hay otras especies en lugares denominados rodales puros, áreas que en el pasado fueron deforestadas. Además, en territorios indígenas este árbol es usado en la fabricación de artesanías y —en menor medida— pequeñas balsas para el transporte local.

El elevado incremento de la exportación de esta madera de Perú hacia Ecuador el 2022 llamó la atención de las autoridades y acentúo las sospechas sobre su origen legal. Desde el 2020, de acuerdo a la información a la que accedió OjoPúblico, se han intervenido 193 metros cúbicos de origen ilegal que iban a ser comercializadas.

En noviembre del año pasado, 18 personas, entre peruanos y ecuatorianos, fueron detenidos por la policía y la fiscalía de crimen organizado en Lima por el presunto delito de tráfico de madera y corrupción de funcionarios. La investigación fiscal del caso, conocido como Los clanes de la topa, alcanza a representantes de empresas, transportistas y exfuncionarios del gobierno regional de San Martín. 

Las indagaciones partieron de un trabajo de inteligencia policial en coordinación con la fiscalía de crimen organizado de Lima, instituciones que tienen como hipótesis —al igual que en otras investigaciones de tráfico de madera— la extracción ilegal de producto forestal respaldado por documentos oficiales emitidos por los gobiernos regionales para su posterior exportación. 

Asimismo, la fiscalía sostiene que este presunto grupo criminal está dividido en dos bloques: los denominados Clan Vera y Clan Herrera.

De acuerdo a documentos de la Fiscalía, a los que accedió OjoPúblico, los involucrados iniciaron sus actividades ilegales en 2020, precisamente el año en el que la comercialización de esta madera de Perú a Ecuador comenzó a incrementarse.  A partir de esa fecha, según las indagaciones, los entonces funcionarios regionales comenzaron a omitir sus funciones de control y supervisión para favorecer el tráfico de topa a cambio de sobornos. 

La investigación fiscal se encuentra en etapa preparatoria por 36 meses. A diferencia de otras maderas amazónicas, la topa o balsa tiene un débil control debido a que su producción está declarada dentro de plantaciones forestales, una modalidad que no cuenta con inspecciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), sino que recae en el trabajo de los gobiernos regionales.

Además, entre el 2020 y el 2023, el valor de las salidas de topa desde Perú a Ecuador se triplicó: pasó de más de USD 1’200.000 a más de USD 4’300.000, respectivamente. Sin embargo, en el mismo período, los volúmenes presentan una ligera caída: 9.809 metros cúbicos; en 2020, a 8.378 toneladas, en 2023. Las diferencias en los rubros evidencian el valor económico que los últimos años adquirió este tipo de madera.

De acuerdo al volumen declarado en las exportaciones, los principales destinos de balsa peruana fueron Ecuador (95,5%), China (4,2%) y Estados Unidos (0,1%). Y si se ven los datos por montos, los países líderes se mantienen con Ecuador (86,8%) y China (11,9%). Más abajo aparecen Finlandia (0,4%) y Estados Unidos (0,3%). 

Entre los datos de aduanas revisados, hay un grupo de más de USD 1’047.000 en salidas de topa que no cuentan con registro del exportador. Esta cifra representa el 9,3% de la cantidad total registrada, entre 2020 y 2023. Y el 20,9% de todo el volumen de topa peruana que salió en el mismo periodo revisado.  

El análisis de OjoPúblico revela que el 2021, año en que hubo más volumen en salidas desde Perú, hubo una diferencia de casi el doble de lo declarado como producido. Las exportaciones de topa peruana superaron los 31.981 metros cúbicos, pero la producción declarada solo fue de poco más de 13.300 metros cúbicos. En 2021 también se registraron denuncias por la extracción ilegal de esta especie.    

En el caso de Ecuador, los datos de los últimos años muestran una disminución tanto en el valor como en el volumen de las exportaciones. En 2020, salieron 82.705 toneladas de balsa ecuatoriana hacia otros países, mientras que en 2023 la cifra fue de 34.382. Los principales importadores de la madera estuvieron en China y Europa.
 

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Tras los pasos de los carteles de la topa 

Como parte de sus diligencias, la fiscalía ha aprobado requerir información sobre un grupo de empresas dedicadas a la comercialización de topa en Perú y Ecuador. Una de ellas es Plantabal S.A., una firma ecuatoriana (de capital estadounidense y suizo) que importó —desde el 2020 a 2023— el 16,9% del total de volumen de exportaciones de topa peruana al Ecuador y el 7,8% de toda la balsa peruana al mundo, según la información analizada por OjoPúblico. 

Si se revisan las cifras por precio, Plantabal S.A. concentró el 44,4% de todas las importaciones de balsa peruana hacia Ecuador y el 38,6% de las salidas de esta madera de Perú hacia otros destinos. La firma acumuló estos montos en dos años de actividades: importó madera balsa peruana solo en 2022 y 2023. 

La venta de este producto también ha aumentado al revisar el valor de las exportaciones desde Perú: siete compañías agrupan el 80% del monto de las salidas, realizadas entre 2020 y 2023. La lista la encabeza la Industria de Balsa Peruana S.A.C. Esta firma, creada en Lima en el 2022 y que según Sunat tiene un trabajador en planilla, concentró el 37,2% de todas las salidas de topa peruana hacia otros países. 

Entre el 2020 y el 2023, el valor de las salidas de madera topa desde Perú a Ecuador se triplicó: pasó de más de USD 1’200.000 a más de USD 4’300.000.

Industria de Balsa Peruana, que tiene como gerente general a Katherine Michelle Félix Moreno, también agrupó —en el período revisado— el 42,8% de todas las exportaciones de topa nacional a territorio ecuatoriano. Es el único producto y destino que ha tenido la compañía que también cuenta con una sucursal en el distrito de Juanjuí, en San Martín. 

OjoPúblico visitó el domicilio fiscal de la empresa, en el distrito limeño de Magdalena, pero en el lugar indicaron que no había ningún trabajador de la maderera y que las oficinas eran del estudio de abogados Picón & Asociados, que tenía a su cargo la asesoría de distintas empresas. En recepción no brindaron ningún teléfono ni correo de contacto. 

Si las cifras se revisan por el volumen exportado desde Perú, aparece en primer lugar Jalsuri Green S.A.C. con el 23,5% de todas las salidas realizadas de topa en el período revisado. Esta firma, con actividades desde 2016, tiene como gerente general a Frits Kener Ruiz Pérez, hoy investigado en libertad por el caso Los clanes de la topa. 

Al cierre de esta publicación, la firma incluida en la carpeta de la fiscalía de crimen organizado de Lima, tampoco respondió al correo electrónico enviado por OjoPúblico. 

Detrás del crecimiento de las cifras también aparecen personajes y otras empresas vinculadas al crimen organizado y el tráfico de madera amazónica. 
 

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Nuevos indicios

El 6 de junio de este año, según una nota de inteligencia a la que accedió OjoPúblico, Andrés Avelino Rodríguez Romero —exportador de topa hacia Ecuador a título personal—  tramitó ante el Gobierno Regional de San Martín el permiso o canje de tres Guías de Transporte Forestal (GTF) para trasladar 20.601 pies tablares de madera Ochroma pyramidale.

El canje de una GTF se realiza para obtener una autorización y movilizar madera hacia su destinatario final. En la Amazonía, suele haber sospechas de ilegalidad en este proceso porque se valida un documento que debe contener información real. Sin embargo, no hay una verificación en campo sino que el funcionario del gobierno regional solo verifica la información consignada en los documentos.

Según la nota de inteligencia, la madera tendría como ruta a Tarapoto y Tumbes para su posterior exportación vía terrestre a Ecuador donde el destinatario final sería la firma Plantabal S.A., a través de un trabajador de esta empresa que “estaría en permanente comunicación con Andres Avelino Rodríguez Romero”.

Esta mercadería, de acuerdo al documento, tenía como destino a un domicilio de la compañía Inversiones Carin S.A.C. que “carece de Libro de Operaciones”, documento de uso obligatorio donde se debe especificar los ingresos y salidas de madera. 

“Las características que presenta el cargamento de madera hace insinuar el uso de maquinaria especial y personal calificado, detalle que al parecer carece la empresa Inversiones Carin S.A.C”, agrega el escrito en unas líneas y detalla que la empresa tiene como gerente a la hija de Rodríguez Romero.   

El mismo documento de inteligencia policial menciona que más del 90% de las trozas de madera topa enlistadas en las guías de transporte forestal tramitadas por Rodríguez Romero tenían un diámetro menor a 41 centímetros, un tamaño menor a la que autoriza una norma vigente desde 2002. Este hecho “no ha sido advertido por la autoridad competente”, alerta la nota de inteligencia. 

En el reporte de inteligencia también se destaca el vínculo entre un implicado de Los clanes de la topa y Teófilo Llanos Chávez, responsable de una de las GTF que Rodríguez Romero pretendía aprobar. El año pasado, Llanos Chávez otorgó un poder a José Gilberto Herrera Cruz y Silman Pérez Ríos, ambos con prisión preventiva por la investigación que tiene a su cargo la fiscalía de crimen organizado. 

El poder entregado por Llanos Chávez a los investigados tenía como objetivo la aprobación de una declaración de manejo ante la gerencia forestal de San Martín. Este documento técnico, según el informe de inteligencia, lo elaboró Frits Kener Ruiz Pérez, hoy investigado en libertad por el caso Los clanes de la topa y gerente general de Jalsuri Green S.A.C. 

La guía de movilización de la madera de Llanos Chávez, emitida en noviembre del 2023 y revisada por OjoPúblico, también registra a un personaje relacionado al Caso Saweto, de reciente sentencia en primera instancia por los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, ocurridos en 2014. 

Se trata de Josimar Atachi Félix, condenado en primera instancia en abril de este año a 28 años de cárcel por ser el autor directo de las muertes de los líderes ashéninkas. Atachi Félix nunca asistió a las sesiones del juicio oral ni cuando se realizó la lectura de sentencia. El documento policial lo menciona como conductor del camión que salió del permiso forestal de Llanos Chávez, en el distrito de Alto Saposoa, en San Martín. 

En una entrevista con OjoPúblico, Rodríguez Romero, el tramitador de las GTF, reconoció que había tramitado guías para movilizar madera topa y señaló que había “rematado” el producto porque no le genera muchas ganancias. 

Al ser consultado sobre el destinatario final del producto respondió que lo “había vendido a un señor del Ecuador”, pero no recordaba su nombre ni empresa. Declaró no conocer a Teófilo Llanos Chávez ni a su entorno.

Sobre el mismo tema, la empresa Plantabal, respondió vía correo electrónico que a la fecha no han sido notificados de ningún proceso que tuviera la fiscalía peruana o ecuatoriana. También señaló que en la actualidad no tienen ninguna compra de madera del Perú y que las realizadas "se limitaron a un período corto de tiempo, en parte por la dificultad de encontrar proveedores que cumplan con los requerimientos". 

Sobre las importaciones realizadas entre los años 2022 y 2023, declararon que ellos cuentan con  todos los "documentos emitidos por el estado peruano que nos daban garantía de su origen".

En una siguiente comunicación, Plantabal señaló a este medio que no encontraron en el Perú “condiciones para hacer algo de largo plazo” y que no reexportaron la balsa de forma directa sino que lo incorporaron a su proceso para agregar “valor” y luego lo salía “como producto terminado” a sus clientes. 

OjoPúblico contactó al Gobierno Regional de San Martín para conocer los motivos respecto a la aprobación de una autorización forestal a favor de Llanos Chávez, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta de su parte. 

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El factor Ecuador

En 2020, el inicio de la pandemia representó un año histórico en la pérdida de bosques amazónicos. En ese momento, los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís denunciaron la presencia de madereros ilegales de topa en zonas de frontera entre Perú y Ecuador, en  Amazonas. 

Estos grupos ilegales han estado en la zona hasta el año pasado, dice el vicepresidente de la Nación Wampis, Galois Flores Pizango, quien también indicó a OjoPúblico que continúan recibiendo amenazas tras sus denuncias y solicitaron protección.

Las alertas descritas por la Nación Wampis coinciden con las conclusiones identificadas por la organización ambientalista WWF de Ecuador de 2022. En uno de sus informes destacan la alta presencia de madera topa o balsa proveniente de bosques peruanos y la falta de fiscalización a este comercio en las provincias de Sucumbíos y Morona Santiago, territorios donde también hay altos niveles de deforestación.

“No se observó ningún sistema de control fronterizo y mucho menos la tributación o el cumplimento de protocolos arancelarios propios de las zonas limítrofes”, señala la publicación respecto al avance de la madera entre Colombia y Perú hacia Ecuador, país donde el estudio señala que hubo “un pico intenso” de extracción de balsa a mediados del 2020. 

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Falta de vigilancia

Sobre la topa existe una débil supervisión en el bosque, debido a que —según los registros del Servicio Nacional Forestal a los que accedió OjoPúblico— esta especie tiene su producción en plantaciones forestales, una modalidad donde el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) no tiene competencias para realizar inspecciones.     

“Las plantaciones forestales deben inscribirse en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales y solo requieren de una actualización de su registro antes de la cosecha, información que podrá ser verificada por la autoridad regional forestal mediante inspección en campo. Dicha verificación no es requisito para el aprovechamiento y el transporte”, señala el reglamento de la ley forestal.

Respecto a esta escasa supervisión en la cadena productiva de la topa, el exjefe del Osinfor y especialista en el sector forestal, Rolando Navarro Gómez, señala que a la fecha la autoridad no ha podido “regular claramente el tema” a pesar de que las plantaciones forestales se producen en espacios sin títulos y que “es bien raro poder identificar en el país plantaciones de topa”. 

Al no haber competencias para que el Osinfor realice inspecciones en la mayoría de zonas de madera topa, Navarro Gómez trasladó la responsabilidad al Serfor que “debería fiscalizar a las regiones desde el otorgamiento de los permisos”.

Consultados sobre su responsabilidad en el tema, el Serfor aseguró a este medio que cuentan con puestos de control obligatorios y protocolos para garantizar el origen legal de la topa. La institución también indicó que, desde 2020, habían recibido tres denuncias por extracción de esta madera con presunto destino a Ecuador y que dos fueron derivadas al Gobierno Regional de Loreto y la otra al de Amazonas. 

En una siguiente comunicación, este medio consultó a la autoridad forestal los motivos de haber trasladado las denuncias a los gobiernos regionales y no a la fiscalía ambiental. También consultó sobre el estado de las mismas, pero al cierre no hubo respuesta de su parte. 

El Serfor, en una respuesta a un pedido de información, señaló a OjoPúblico que tiene registradas 345 plantaciones forestales donde hay producción de topa. De este grupo, las principales se encuentran en la región Loreto, con 146 (42,3%); San Martín, con 132 (38,2); y Ucayali, con 39 (11,3%). 

En total, se tienen más de 8.900 hectáreas para la producción de topa en la Amazonía peruana. Según un cálculo preliminar, validado por especialistas forestales, se trata de más de 5’560.000 árboles disponibles, considerando que pueden haber 625 unidades por cada hectárea de bosque.  

Además, entre 2019 y 2023, la producción de esta madera se incrementó 16 de veces y el año pasado superó los 11.000 metros cúbicos. La región donde hubo mayor aumento fue Ucayali que creció más de diez veces: pasó de 531 metros cúbicos a más de 5.700 en el período revisado. Le sigue San Martín, donde la producción pasó de 180 metros cúbicos, en 2021, a más de 1.400; en 2023. 

La presencia de topa en las regiones varía si se revisa la superficie aprobada para plantaciones de la especie. En este listado, Amazonas lidera con 3.242 metros cúbicos disponibles para su producción. Muy de cerca le sigue Loreto con 3.218 y, en tercera ubicación, Ucayali 1.811 con metros cúbicos.

Por su parte, Ecuador tiene 20.000 hectáreas de plantaciones industriales de balsa ubicadas en las provincias de Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, la alta demanda de esta madera en la pandemia convirtió al Perú en un nuevo punto para su extracción y, en algunos casos, una oportunidad para el tráfico ilegal fronterizo.