En un contexto de avance de la minería ilegal en la Amazonía peruana, se ha incrementado considerablemente la cantidad de derechos para explotar minerales como el oro. Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali concentran 783 concesiones otorgadas —entre 1979 y 2024— a personas naturales, pero también a empresas de exploración minera. De este total, el 65,1% se entregó entre el 2020 y lo que va de este año. 

El análisis de OjoPúblico, basado en la información que actualiza el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), excluye a Madre de Dios debido a que, desde el 2010, se encuentra vigente un decreto de urgencia que aprobó no otorgar más concesiones en la región a interesados que no cuenten con título minero y certificación ambiental. A la fecha, esta región tiene 1.351 concesiones bloqueadas, es decir, cuya zona no se va a otorgar para ningún interesado.

De las otras cuatro regiones revisadas, San Martín y Amazonas son las que tienen mayor presencia de personas naturales y empresas dedicadas a la exploración de minerales, con 313 y 221 concesiones vigentes, respectivamente. En Amazonas, la minería ilícita y la presencia de dragas ilegales se han extendido en la cuenca del río Cenepa.                                                                       

Además, entre 2021 y 2024, el Estado ha otorgado 117 concesiones ubicadas en 32.500 hectáreas de Amazonas. De este grupo, el 28,2% los maneja la Sociedad Minera Vicus Exploraciones SAC, subsidiaria de la canadiense Aurania Resources LTD y con operaciones en Perú desde 2019.

Las demás concesiones en Amazonas, otorgadas en el mismo período revisado, corresponden a otras 15 personas jurídicas y 47 personas naturales. El distrito de El Cenepa agrupa al 17,9% de solicitudes mineras de toda la región. En esta localidad fronteriza con Ecuador, como reveló OjoPúblico en abril último, un policía tenía una concesión de 500 hectáreas superpuesta sobre un territorio de la comunidad indígena de San Antonio.

Amazonas y San Martín son las regiones que más atención convocan de parte de personas naturales y empresas.

En El Cenepa la pérdida de bosques también ha sido una característica de los últimos años. De acuerdo a los datos oficiales más actualizados, este municipio casi duplicó sus cifras de deforestación: pasó de 336 hectáreas, en 2021; a 618, registrados el año pasado. 

En el caso de San Martín, de las 313 concesiones vigentes en esa región, el 58,4% se otorgó entre 2020 y 2024, lo que evidencia —como en Amazonas— un interés por la extracción de metales. Los permisos vigentes están liderados por la minera de exploración Hannan Metals Limited Perú S.A.C., de capital canadiense y con actividades en Perú desde el 2020.

Esta compañía posee 61 licencias mineras en 44.300 hectáreas de esta región amazónica. Le sigue la Sociedad Minera Vicus Exploraciones con 57 concesiones. 

En 2021, Hannan Metals —la matriz de la compañía peruana— anunció desde Canadá el descubrimiento de pórfido de cobre y oro en las áreas de Previsto y Belén, en Ucayali; región donde tiene 21 concesiones con la razón social Hannan Resources Perú S.A.C.. 

“El área representa una verdadera última frontera dentro de la cadena montañosa de los Andes, rica en metales”, dijo en su nota de prensa corporativa Michael Hudson, director ejecutivo de la firma. 

SUPERPOSICIÓN. En el distrito de Balsapuerto, en Loreto, las concesiones en trámite de la empresa minera FQP Perú SAC se sobreponen a territorio del pueblo shawi. 

Fuente: Plataforma Sicar del Midagri

 

Junto con Loreto, Ucayali es una de las regiones que reportan más afectaciones por deforestación, y en algunas de sus provincias, como Atalaya, se registra un incremento acelerado de los cultivos de hoja de coca y pistas clandestinas de aterrizaje del narcotráfico.

Por su parte, Loreto es la región más grande del Perú y también otra de las amenazadas por el avance de las dragas que remueven el valle del río para extraer oro. A la fecha, en este territorio existen 68 concesiones mineras tituladas.

Entre enero y abril de este año, las autoridades han otorgado 17 de estas licencias en el distrito loretano de Manseriche, también afectado por la deforestación: pasó de 460 hectáreas de bosque perdido en 2021, a 641 en los registros del 2022. 

Ana Leyva Valera, responsable del programa amazónico de la ONG Cooperacción, recordó que el Estado peruano debería prohibir la “minería aluvial” en zonas amazónicas del país, debido al impacto socioambiental que genera esta actividad. “No se puede otorgar concesiones en ríos, así debería estar en la norma pero no eso no ocurre”, indicó. 

La especialista también criticó que los distintos niveles de gobierno abandonen a la población indígena dedicada a este sector, que también enfrentan conflictos internos. “La minería fragmenta a las comunidades y debilita la organización. Es un poder que está asociándose incluso al crimen organizado”, explicó.

 

Un nuevo escenario

En la Amazonía, la minería se ha concentrado mayoritariamente en Madre de Dios, pero de manera ilegal. De acuerdo a un reporte del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), esta actividad generó la deforestación de 30.846 hectáreas de bosque primario en solo tres años.

En Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, el panorama empieza a cambiar en 2020 con el incremento del otorgamiento de las concesiones mineras, que pueden ser metálicas y no metálicas. De las 783 concesiones hoy vigentes, el 65,1% se entregó solo entre el 2020 y mayo de 2024.

Este periodo coincide con el inicio de la pandemia —año con cifras históricas de pérdida de bosques—, el incremento del precio de los metales, el avance de la minería ilegal de oro y otras economías ilegales dominadas por grupos criminales en zonas de frontera de la Amazonía peruana.

Martín Arana Cardó, especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), sostiene que “nunca antes habíamos tenido la posibilidad de proyectos, en este caso de mediana o gran minería, en espacios amazónicos”, por lo que precisa que su implementación “tiene que ser analizado con bastante detalle”.

 

 

Pendiente de aprobación

En el sistema del Ingemmet también hay concesiones que todavía no han sido autorizadas para sus operaciones, pero que muestran un interés por la Amazonía para su exploración minera. A la fecha, hay 250 procesos en trámite en áreas amazónicas de los cuales el 60,4% pertenecen a Loreto y Amazonas.

En la primera, el listado se encuentra encabezado por FQM Perú SAC, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que opera minas y plantas de procesamiento de cobre en varias partes del mundo. La filial peruana explora dicho metal en Cajamarca y Apurímac. 

En Loreto, FQM Perú SAC inició en noviembre de 2023 los trámites para obtener 11 concesiones, ubicadas en 11.000 hectáreas del distrito de Balsapuerto. Estas concesiones son las únicas que aparecen en dicha localidad. Mientras que, según la plataforma Sicar del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, estas solicitudes se superponen a ocho comunidades indígenas del pueblo shawi.

En tanto, en Amazonas, la firma Nexa Resources Perú SAA (ex Minera Milpo) —parte de la brasileña Votorantim— tiene 10 concesiones en trámite en el distrito de El Cenepa, una zona caracterizada en los últimos años por el avance de la extracción ilegal de oro. En esa misma región, la compañía tiene 11 concesiones aprobadas en 10.499 hectáreas donde opera su proyecto Cañón de Florida, dedicado a “una mina polimetálica subterránea de zinc y plomo”. 

Esta compañía, con actividades en el país desde hace más de 70 años, se dedica a la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de concentrados de cobre, plomo y zinc, siendo uno de los mayores productores de este último metal en el mundo. Tiene operaciones en las regiones Áncash, Ica, Huancavelica y Pasco.

 

 

Concesiones sobre ríos

En la región Loreto, se ubica la concesión de 1.000 hectáreas Raíces Gaddaffy —del ciudadano Ricardo Moreno Valderrama— que el Ingemmet otorgó en agosto de 2023 y que generó el rechazo ciudadano por encontrarse superpuesto a una tramo del río Nanay. Este permiso hoy aparece en “trámite” en los sistemas del Ingemmet. 

A raíz de las protestas en Iquitos —capital de Loreto— contra la concesión minera, el Ministerio de Energía y Minas emitió, en noviembre de 2023, un decreto supremo que suspende la admisión de petitorios mineros “en el área del río Nanay” por un año.

Aunque desde entonces no se ha vuelto a otorgar una concesión minera sobre dicha área, las autoridades han autorizado permisos sobre otros ríos. Ese es el caso del Marañón, en la región Loreto. En esta zona, el Ingemmet otorgó 19 concesiones sobre el cuerpo del río, y otras 16 que se sobreponen a la misma zona fluvial se encuentran en trámite. 

Detrás de estas concesiones hay 31 personas naturales y cuatro personas jurídicas. En Amazonas, la historia se repite a la de Loreto. Sobre el río Cenepa, según una revisión de este medio, se sobreponen diez concesiones mineras: cinco tituladas y cinco en trámite. 

En Ucayali, en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, doce concesiones se sobreponen al río Aguaytía, nueve tituladas y tres en trámite. En tres casos los titulares son personas jurídicas y en el resto personas naturales. En San Martín, sobre el río Mayo se ubican diez concesiones, seis a nombre de la empresa Sociedad Minera Vicus Exploraciones SAC, el resto a nombre de otras empresas. 

Consultados por OjoPúblico, el Ingemmet sostuvo en una breve respuesta que los derechos mineros que otorga “no confieren ningún derecho al terreno, ni a las aguas, ni a los recursos forestales, y tampoco autoriza el inicio de ninguna actividad minera y no restringe ningún derecho individual o comunitario”. 

Martín Arana Cardó, especialista del FCDS, pone en entredicho los criterios del Ingemmet y del Ministerio de Energía y Minas para otorgar derechos mineros, al indicar que hay casos de titulares en procesos de formalización en Madre de Dios que están también a la espera de solicitudes en otras regiones amazónicas.

“Otros incluso tienen procesos por denuncias por minería, llevados por la Fiscalía y por la Procuraduría”, advierte.

INCONTENIBLE. En Madre de Dios la minería ha generado daños irreparables a la vida y el ambiente. Norma prohíbe que se otorguen nuevas concesiones en esta región. 

Fuente: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

La Amazonía de Puno y Huánuco

Las provincias puneñas de Carabaya y Sandia se encuentran en la Amazonía y también registraron un incremento de sus títulos mineros. Ambas localidades registran 2.099 concesiones vigentes. Entre el 2021 y lo que va del 2024, se otorgaron el 49,5% de los permisos en ambos municipios.

La empresa que tiene más concesiones en estas provincias puneñas es Fresnillo Perú SAC, filial de la británica Fresnillo PLC. Esta compañía, con actividades desde 2009, aparece con 87 licencias aprobadas. También cuenta con operaciones mineras en Ayacucho, La Libertad y Moquegua. 

En Huánuco, en las provincias amazónicas de Puerto Inca, Leoncio Prado, Huánuco y Pachitea, se otorgaron —entre 2021 y 2024— 229 concesiones mineras. La cifra representó el 62% de todo lo otorgado a la fecha en estos cuatro municipios, caracterizados por la pérdida de bosques en la región. 

Hannan Resources Perú SAC, que también figura con otras concesiones en otras regiones amazónicas como San Martín y Ucayali, tiene el mayor número de concesiones en las provincias huanuqueñas amazónicas: 39 ubicadas, principalmente, en Leoncio Prado. 

Las provincias puneñas de Carabaya y Sandia también registraron un incremento de sus títulos mineros.

En una respuesta enviada por correo electrónico, la empresa señaló que tenían un interés en desarrollar sus actividades en la Amazonía peruana, porque contaba con un tipo de suelo “similar a los depósitos sedimentarios de cobre y plata más grandes del mundo como son el caso de Europa del Este y en el cinturón de cobre africano”. 

Respecto a la sostenibilidad en sus actividades, Hannan Metals indicó que tienen una propuesta de procedimientos “amigables con las actividades agrícolas, forestal y cuidado en la gestión del agua”. También aseguró que contaban con un certificado ambiental para su proyecto de exploración en la región San Martín, un instrumento “que sirve para medir y controlar los impactos leves que podría generar nuestra futura actividad de exploración”. 

Por su parte, Nexa Resources Perú respondió que la viabilidad de sus proyectos “está sujeta a las evaluaciones técnicas, las condiciones socioeconómicas y ambientales de la zona, y del potencial mineral de la región.”

En los últimos años, la región Huánuco —y sobre todo la provincia de Puerto Inca— también se ha convertido en un territorio donde viven amenazados líderes indígenas por las distintas actividades ilegales de la zona. En 2022, tres indígenas fueron asesinados en la carretera de acceso a la comunidad Nueva Esperanza. 

Al cierre de esta publicación los representantes de las empresas Sociedad Minera Vicus Exploraciones SAC, FQM Perú SAC, ni Fresnillo Perú SAC respondieron a nuestras consultas.