Con colaboración de Gianfranco Huamán

 

El cielo está completamente despejado en el centro poblado Lupuna II Zona, provincia de Maynas, en la región amazónica de Loreto. Es un viernes de finales de marzo y esa no es una buena noticia: el tanque de agua, alimentado por las lluvias, está vacío en la única escuela del lugar.

Cerca de las 10 a.m., a la hora del recreo, un estudiante de cuarto de secundaria de la institución educativa N° 60117 camina unos 100 metros hacia una quebrada —como se conoce en la zona a una especie de riachuelo que desemboca en el río Amazonas— y sumerge un balde de plástico transparente. Con ese agua marrón, poco después, intentará limpiar los baños, los pisos de la escuela y sus manos. 

En Perú, de 66.642 locales educativos de gestión pública y privada, menos de la mitad (44,6%) cuenta con conexión al servicio de agua potable por red pública, de acuerdo a información del Ministerio de Educación (Minedu) proporcionada el 1 de marzo de 2024 a OjoPúblico por Ley de Transparencia.

El resto —es decir, más de 36.000 locales y 1,8 millones de estudiantes— carece de este mecanismo y debe utilizar otros. Dentro de este grupo, al menos, 11.933 escuelas (18%) —como la N° 60117 de Lupuna II Zona— dependen de los ríos, acequias, manantiales y fuentes similares, o de un sistema de captación de agua de lluvia.

Los establecimientos educativos, que se abastecen de agua de río o de lluvia, atienden a 461.945 niños y adolescentes de todo el país, una cantidad equivalente a nueve veces la capacidad del Estadio Nacional de Lima.

“Por el tema del agua sufrimos, debemos traerla de la quebrada, utilizamos baldes. Cuando no llueve, a veces, no hay agua. Y sufrimos nomás (...) Pediría que den lo más pronto agua potable para los niños, para nosotros mismos. Sufrimos de escasez de agua. Eso pediría”, dice Percy Palla García, alumno de 18 años de la escuela N° 60117, en una comunidad rodeada por un río turbio.

LORETO. Cuando no llueve, escolares del colegio N° 60117 de Lupuna II Zona deben recoger agua de un riachuelo cercano al Amazonas.

Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

En el registro del Minedu —con información recogida de 2023— también figuran otras modalidades sin conexión a la red pública. Así, por ejemplo, 7.459 locales educativos del ámbito nacional obtienen el recurso por medio de pozos (11,2% del total), 4.128 por pilón de uso público de agua potable (6,2%), y 4.150 por medios alternativos, como viviendas vecinas (6,2%).

Otros 2.192 locales acceden al agua canalizada por tubo (3,3%), 1.330 adquieren el recurso a través de una empresa proveedora sin RUC (2%), y 675 dependen de camiones cisterna u otro similar (1%).

En tanto, 329 escuelas son abastecidas por asociaciones o juntas administradoras (0,5%), 312 por las municipalidades del distrito o centro poblado (0,5%), y 60 por convenios (0,1%). De los 989 locales restantes (1,5%) no hay datos de 2023. 

A partir de esta información oficial, OjoPúblico ha podido determinar que 3.358 establecimientos de educación básica (5% del total) —donde reciben clases más de 173.000 estudiantes — han reportado que “no tienen” abastecimiento de agua. De este grupo, el 91% corresponde al área rural, mientras que el 9% a la urbana.

Más de 461.000 escolares dependen de ríos o del sistema de captación de agua de lluvia, lo que equivale a nueve veces la capacidad del Estadio Nacional".

“Como otros [sectores], el sistema educativo está atravesado por la desigualdad. En el área urbana, el porcentaje [de locales públicos con los servicios de agua, luz y desagüe] aumenta a 76%, pero, en el caso rural, baja al 17%. Ahí hay una brecha, la cual también corresponde, si uno lo ve por regiones. Las de la Amazonía presentan las mayores brechas”, dice Liliana Miranda Molina, investigadora adjunta de Grade y exviceministra de gestión pedagógica del Minedu.

Precisamente, la región Loreto —la quinta con mayor cantidad de locales escolares en el país— es la que tiene más escuelas con sistema de captación de agua de lluvia: 538. También, la que reporta más locales que “no tienen” acceso al agua (1.104) y la segunda, si se tiene en cuenta aquellas que se abastecen de ríos (1.030), según datos oficiales del Minedu. 

El agua contaminada y el saneamiento deficiente contribuyen a la transmisión de cólera y otras enfermedades diarreicas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Otra grave enfermedad es la anemia, que afectó al 43,1% de la población de seis a 35 meses en 2023. La mayor incidencia, otra vez, se encontró en el área rural.

“Puede contribuir al desarrollo de la anemia, especialmente si la contaminación involucra metales pesados como el plomo o sustancias químicas que interfieren con la capacidad de absorber o utilizar el hierro (...). Además, las enfermedades transmitidas por el agua, causadas por bacterias o parásitos, pueden provocar inflamación crónica o pérdida de sangre”, explica Magaly Blas Blas, médica investigadora de salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

 

La desigualdad entre las áreas rurales y urbanas

El viernes 22 de marzo, ocho maestros viajaron durante una hora en la embarcación fluvial Marco César por los ríos Nanay y Amazonas. Llegaron a la ribera de Lupuna II Zona, saltaron desde la proa de su pequeño bote y siguieron la trocha —de tablones alineados— hacia la escuela  N° 60117, en el distrito de Belén, provincia loretana de Maynas. 

El camino estaba rodeado de vegetación, agua estancada y mosquitos. Los maestros tenían las piernas cubiertas con botas de plástico y los brazos, con mangas largas: estaban sofocados. En el trayecto, de unos 10 minutos, se sumaron varios estudiantes.

De lunes a viernes, esa es su rutina para llegar a la escuela rural, de apenas dos ambientes construidos sobre pilares de madera y debajo de techos de calaminas. Parte de la infraestructura, que acoge a cinco niños de primaria y 21 de secundaria, fue reconstruida tras un desborde del río Amazonas, señala la directora Celia Babilonia Reátegui. “El problema del agua [para consumo] es una emergencia. La principal fuente es la lluvia”, cuenta.

En el país, la cantidad de locales educativos de áreas rurales (42.927) casi duplica a los de zonas urbanas (23.715). En las primeras, siete de cada 10 escuelas carecen de conexión a red pública de agua potable y, más bien, deben abastecerse por río, acequia, pozo u otras fuentes. En el área urbana, en cambio, la red pública está presente en ocho de cada 10 colegios. 

 

En el servicio de desagüe, la proporción es similar. En el área urbana, más del 80% de locales cuentan con conexión a red pública. En contraparte, solo el 17% de las escuelas rurales tienen este mecanismo, mientras que el resto depende de pozos sin tratamiento, tanques sépticos, Unidades Básicas de Saneamiento con compostera (UBS), biodigestor, acequias o sistemas similares.

Los datos oficiales sobre servicios básicos en los locales educativos, proporcionados por la Unidad de Estadística del Minedu, tienen como fuente al Censo Educativo 2023, a cargo de dicho sector, y al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 2023, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Censo Educativo recoge información de escuelas públicas y privadas, así como programas no escolarizados, de manera anual. Tiene carácter obligatorio, aunque no es una forma de fiscalización, y el responsable de brindar la información es el director de cada establecimiento. No obstante, en este análisis solo se ha considerado a los locales educativos de educación básica regular, especial y alternativa, de gestiones públicas y privadas.

RURAL. Todos los días, los maestros de la escuela de Lupuna II Zona, en Loreto, deben viajar por río y atravesar una trocha para dictar clases.

 Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

Los resultados de 2023 —el último censo realizado antes del inicio del actual año escolar— arrojaron que, aproximadamente, siete de cada 10 locales públicos de educación básica no contaban con alguno o ninguno de los tres servicios básicos (conexión a desagüe, agua o electricidad dependiente de la red pública).

Para el exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, las brechas en los servicios básicos se encuentran relacionadas a las de infraestructura educativa —equivalente a S/164.000 millones—. Esto, remarca, no solo depende de la construcción y reconstrucción de colegios, sino a una planificación multisectorial de saneamiento y electricidad.

“La brecha de los colegios sin acceso [a servicios básicos] está bastante concentrada en sectores rurales, donde, efectivamente, todavía no han llegado esos servicios. Y es ahí donde no solo depende del Minedu. También de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas. El caso de servicios básicos es multisectorial”, remarca Alfaro Paredes.

DERECHO. La mayor brecha de escuelas sin acceso a servicios básicos está concentrada en sectores rurales, donde también la comunidad carece de ellos.

Foto: OjoPúblico / Miguel Contreras

 

La escuela rural N° 70620, del centro poblado Uros Chulluni, en la provincia y región de Puno, empezó sus clases el último 11 de marzo. "No tenemos agua [de red pública], ni desagüe. Es un centro poblado que no tiene estos servicios básicos en pleno siglo XXI", señala el director Marcos Arcata Flores. Esta escuela, con casi 90 estudiantes de primaria, recibe agua de pozo y usa un tanque séptico como desagüe. 

Uros Chulluni se encuentra a solo 15 minutos de la Plaza Mayor de Puno. Según su director, el pozo obtiene agua del suelo y, luego, a través de un sistema de bombeo, sube hacia los tanques. "Es agua contaminada, pero no tenemos otra alternativa", cuenta a este medio.

En Perú, 7.459 locales educativos —con más de 451.000 estudiantes— se proveen a través de un pozo, dentro o fuera de la escuela, que extrae agua del subsuelo. El 18% de esos locales educativos se encuentra en la región de Puno, y atienden a 36.596 estudiantes. La segunda región con más escuelas abastecidas a través de este sistema es Cajamarca. 

Para el director de la escuela puneña de Uros Chulluni, resulta un "sueño a muchos años" obtener el agua de mejor calidad, que provee la empresa municipal de saneamiento básico. "Para eso, se necesita miles de miles de soles de presupuesto. En la realidad, [una solución] podría ser que nos capaciten para nosotros mismos hacer el tratamiento", cuenta a este medio.

El agua que obtienen del pozo se usa para el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, para el lavado de manos y los servicios higiénicos. "Solicitamos apoyo del Minsa (...) Algunas veces han utilizado pastillas [para clorar]", refiere el director Marcos Arcata. Gran parte de sus pequeños alumnos, añade, tiene anemia. 

Javier Calisaya Ramos, especialista en infraestructura de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Puno, señala que, aunque en el sistema rural pueden existir conexiones de agua, estas son solo para algunas comunidades. Tampoco hay canalización de aguas subterráneas o represas. 

El agua contaminada y el saneamiento deficiente contribuyen a la transmisión de cólera, diarrea, hepatitis A, fiebre tifoidea y la anemia, que reporta un incremento".

En ese contexto, refiere, cada escuela hace una excavación de dos a tres metros de profundidad —también denominados pozo caisson— para extraer agua del subsuelo. Luego, con un sistema de bombeo, trasladan el recurso a tanques elevados para, más tarde, distribuirlo a baños, usarlo en lavado de manos y, previo hervido, para el consumo.

“El trámite es engorroso [para el acceso al agua segura]. Si abro el pozo caisson, debo solicitar a la ANA (Autoridad Nacional del Agua) un permiso de S/2.000. Una vez abierto el pozo, tengo que llevar [el agua] al laboratorio para analizar si es potable. La Diresa (Dirección Regional de Salud) hace las evaluaciones sobre la alcalinidad del agua y, con base a eso, se determina si es potable o no. Cuesta S/300 por punto. Un director tiene que gastar S/2.300 para determinar si el agua es potable y es factible hacer el pozo. Entonces, no hacen todo el trámite. Hacen empíricamente su pozo, lo bombean y lo consumen”, explica Calisaya Ramos.

 

Según el representante de la DRE de Puno, la excavación muchas veces la realiza la misma comunidad, mientras que, para el sistema de bombeo, pueden usar el fondo del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos. 

Este año, el programa dispone de más de S/295 millones para 55.073 escuelas públicas. Ese dinero, a cargo de los directores, solo se puede usar para el “mantenimiento” preventivo y/o correctivo, “mejoramiento” de agua, saneamiento y electricidad; así como el de bicicletas de “Rutas solidarias” y equipamiento de seguridad. 

En otras palabras, con esos recursos, pueden arreglar instalaciones sanitarias, como lavaderos, también ventanas, cubiertas o techos, los muros, pisos y puertas, pasamanos o barandas, instalaciones de gas, áreas verdes en exteriores y pinturas.

“Para este 2024, los S/5.000 han sido destinados para el arreglo de los servicios higiénicos. No se puede comprar batería para paneles solares, ni otros trabajos. No se puede construir un baño adicional, ni pozo artesiano. Solo para mantenimiento, como pintado, cambio de tazas, grifos”, añade la directora Celia Babilonia Reátegui.

 

Otras fuentes de agua para las escuelas

En lo alto del distrito limeño de Villa María del Triunfo, la escuela pública Manuel Casalino Grieve se abastece de agua con camión cisterna. El pago está a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), según su mismo personal. En esta escuela, que usa tanque séptico como sistema de desagüe, estudian alrededor de 500 alumnos de inicial, primaria y secundaria. 

No es un caso aislado. El 35% de los 675 locales educativos públicos y privados del ámbito nacional que se abastecen por camión cisterna, aguatero o mecanismos similares se encuentran en Lima Metropolitana y Lima provincias. 

En otras palabras, 48.603 estudiantes de educación básica, especial y alternativa dependen de este mecanismo, más inseguro que la red pública, solo si se considera a estas jurisdicciones. Lo mismo ocurre con más de 15.000 escolares de las regiones de Piura y Arequipa.

LIMA. El colegio Manuel Casalino Grieve, de Villa María del Triunfo, obtiene agua de camión cisterna. El almacenamiento del recurso obliga a prevenir el dengue.

Foto: Facebook Manuel Casalino Grieve

 

Las escuelas son un reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Al menos, 3,4 millones de peruanos —es decir, casi el 10% de la población— no tiene acceso a agua potable, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Solo el 3% de la población rural consume agua clorada y 7,6 millones carece de acceso a saneamiento. La brecha se ha incrementado en los últimos dos años, reconoció la titular de la cartera, Hania Pérez de Cuéllar, en el Foro “Unidos por el agua y el saneamiento”, en setiembre de 2023.

A partir del análisis del reporte de la Unidad de Estadística del Minedu, OjoPúblico ha identificado, asimismo, que 10.485 locales escolares y 399.064 alumnos se abastecen de río, acequia, manantial o una fuente similar. 

En tanto, otras 1.448 escuelas y más de 62.800 estudiantes dependen del denominado sistema de captación de agua de lluvia. El 37% de estos locales se encuentra en la región amazónica de Loreto, donde más 25.000 niños y adolescentes estudian en esas condiciones.

 

Según la ficha unificada de infraestructura educativa, el sistema de captación de agua de lluvia permite recolectar las precipitaciones y, "mediante un proceso de filtración, retiene las impurezas que pueda contener el recurso". Luego de esto, el agua se transporta a un espacio de almacenamiento para distribuirla y usarla en el local educativo. 

Este sistema ha sido registrado por la escuela inicial N° 539 del centro poblado Lupuna II Zona, en Loreto. No obstante, en la práctica, la lluvia se almacena en un tanque de plástico elevado y se distribuye al baño y a los grifos de este local de madera.

En el caso de la institución educativa N° 60117, de la misma localidad, el sistema de agua de lluvia lo conforman una canaleta y un tubo conectado a un tanque elevado, con 1.100 litros de capacidad. Desde allí, el recurso se distribuye directamente a los grifos y a los baños. Estos últimos están conectados a un tanque séptico, que debe recibir mantenimiento de los mismos maestros. 

Eventualmente, el colegio recibe el apoyo de una iglesia evangélica, con un pozo artesiano que capta agua del subsuelo y la almacena en un tanque elevado con motor a corriente. Para la directora Celia Babilonia Reátegui, ese sistema sería necesario para el plantel. Sin embargo, existe otro impedimento: no cuentan con energía eléctrica para hacer funcionar el motor. 

SERVICIOS. En el colegio N° 60117, de Loreto, limpian los baños con el agua de lluvia que se almacena en un tanque. Cuando no tienen, van a la quebrada.

Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

Entre los diversos tipos de abastecimiento de agua que tienen las escuelas del país también figuran el pilón de uso público (agua potable) y el agua canalizada por tubo. 

El primer caso ha sido reportado por 4.128 locales educativos, con más de 163.000 estudiantes. Estas escuelas obtienen el recurso de un pilón ubicado en la calle u otro lugar público, independientemente de cómo sea acumulada y distribuida el agua en la escuela, según la ficha técnica. El 20% de este grupo se encuentra en Cajamarca.

El mecanismo denominado “agua canalizada por tubo”, en tanto, es empleado en 2.192 locales —con más de 115.000 estudiantes—. En este caso, se trata de instituciones que reciben el recurso mediante tuberías instaladas dentro o fuera de su local. No se precisa la procedencia del agua, ni el tratamiento que recibe. Las regiones que encabezan esta modalidad son Cajamarca y Cusco. 

A estos se suman 3.358 locales educativos —con más de 173.000 alumnos— que, según han notificado al Minedu, “no tienen” abastecimiento de agua. El 91% de ellos se encuentra en el área rural.

La mayor proporción (32,9%) pertenece a la región amazónica de Loreto, con más de 56.000 estudiantes en esa condición. Le siguen Piura (9,7%), Amazonas (8,9%), Cajamarca (5,6%), Junín (5,1%) y Ucayali (5%).

En un informe de 2023, el Minedu reconoció las brechas significativas que afectan a escuelas públicas en zonas rurales y las que están alejadas de Lima".

Luis Reátegui Dávila, director de gestión pedagógica de Loreto, sostiene que la brecha de acceso a servicios de agua obedece a la falta de inversión pública en las zonas más alejadas. “Loreto es una región que, durante mucho tiempo, ha sido abandonada por el gobierno de turno y, lógicamente, eso hace que los proyectos de inversión relacionados a servicios básicos no se estén dando de la mejor forma”, señala.

El exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes explica que, cuando el Perú buscó cerrar la brecha de acceso a la educación y universalizar este derecho, empezó a habilitar infraestructura que, en varios casos, no estaba preparada para brindar clases. También incluyó a docentes que tampoco estaban listos. 

“Somos uno de los países de la región que ha avanzado más en esa universalización, pero a costa de calidad de infraestructura y calidad docentes, que se remite en calidad de aprendizaje. Por eso, ahora tienes esta brecha grande de colegios que no están preparados para los servicios básicos”, detalla el también director de Pirka consultoría.

En un informe publicado en 2023, con base a datos del año previo, el Minedu reconoció que, en Perú, aún se evidencian brechas significativas en el acceso a servicios básicos. Esto afecta, sobre todo, a las escuelas públicas, las ubicadas en zonas rurales, las que están alejadas de Lima y las escuelas ubicadas en distritos con mayores tasas de pobreza monetaria.

“En consecuencia, el cierre de brechas de acceso de los servicios básicos en las escuelas constituye una prioridad, que debe ser atendida a través de un trabajo articulado en los ámbitos local, regional y nacional, tanto en el sector público como en el privado”, concluyó el documento. 

 

¿Quiénes se hacen cargo?

La red pública provee a los colegios de agua potable procedente de un sistema de tuberías ubicado en el subsuelo de la vía pública. Se trata de más de 29.000 establecimientos que atienden a 6,5 millones de escolares. La mayoría de casos (25%) corresponde a Lima, que también concentra la mayor cantidad de locales educativos en el país.

En Loreto, por ejemplo, alrededor del 10% de las escuelas tiene conectividad a la red pública de agua; mientras que cerca del 90% lo hace por otras vías, como ha reconocido la Gerencia Regional de Educación. En esa región, casi nueve de cada 10 establecimientos se encuentran en el área rural.

“Es probable que las instituciones educativas, a nivel de comités de aula o los padres de familias, busquen abastecerse de agua (...) Hay una asociación, que tiene un convenio con la Gerencia Regional, que instala servicios de agua potable, o sea extrae agua de subsuelo y la procesa (...). Otro grupo de escuelas son abastecidas, por sus propios peculios, con agua tratada”, cuenta el director de gestión pedagógica Luis Reátegui Dávila.

Respecto a los establecimientos educativos de Loreto que tienen conexión a la red pública —lo cual no garantiza que el agua sea de buena calidad—, Reátegui Dávila precisa que el Minedu transfiere un presupuesto de servicios básicos a las gerencias regionales para que estas, a través de las UGEL, se encarguen del pago.  

ABANDONO. La falta de acceso al agua está vinculada con la brecha de más de S/164.000 millones en infraestructura, según el exministro Daniel Alfaro.

Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

Este 2024, el Estado cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/125’138.472 para el servicio de agua y desagüe en la función Educación, teniendo en cuenta los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Hasta el 8 de abril último, de ese total, más de S/44 millones estaban destinados a los gobiernos regionales. 

El año pasado, el PIM de los tres niveles de gobierno fue de S/147’811.741, y la ejecución alcanzó el 98%. En esa oportunidad, se dispuso de más de S/58 millones para los gobiernos regionales, con una ejecución también del 98%.

El último 14 de febrero, durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, la entonces ministra de Educación Miriam Ponce Vértiz señaló que el costo de los servicios (agua, saneamiento y energía eléctrica) se ha incrementado en los últimos años. Ante ello, es probable que, este 2024, la asignación presupuestal “no sea suficiente para el consumo que muestran las instituciones públicas”. 

 

“Para este año, lo asignado supera lo ejecutado el 2023, lo cual probablemente indica que hay una mayor necesidad que deberá ser cubierta, de corresponder, y que tendremos que tramitar ante el MEF”, afirmó Ponce Vértiz.

Hasta el 31 de enero último, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) había identificado 3.134 escuelas públicas con deudas a las empresas prestadoras del servicio de agua potable por dos meses a más o que ya presentaban cortes. La deuda era de S/5,1 millones y ponía en riesgo el servicio destinado a más de un millón de alumnos.

“La gestión o el pago le corresponde a las UGEL (...) Todos los años, los gastos de agua, electricidad, gas y todos estos elementos entran en el presupuesto de las instituciones y los gobiernos regionales. Entonces, sí hay planificación de estos recursos. Lo importante no es solo que estén disponibles, sino que se ejecuten”, señaló Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de Sunass, entidad que manifestó haber informado de estos casos al Minedu.

NECESIDAD. Al menos, 3,4 millones de peruanos no tiene acceso a agua potable, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

 

Gutiérrez Martínez también ha reconocido, según los reportes que reciben de zonas urbanas, que no todas las escuelas disponen de agua de red las 24 horas. “Hay colegios donde el nivel de servicio puede estar en una continuidad menor a seis horas. Hemos identificado en el orden de 20% aproximadamente”, dijo en RPP.

Liliana Miranda Molina, exviceministra de Educación e investigadora de Grade, considera que la brecha de acceso a servicios básicos, como el agua, resulta una responsabilidad intersectorial, que involucra, por ejemplo, a los ministerios de Educación, Vivienda, Economía, Cultura; así como a gobiernos regionales y locales. Destaca, además, que se trata de una tarea a largo plazo, en medio de una crisis política que paraliza el diálogo entre los distintos niveles de gobierno.

“Hay muchos actores, pero no un responsable. ¿Quién es el responsable en general de la infraestructura? Ahí creo que tenemos graves problemas de diseño y arquitectura institucional en el Estado (...) Hay un vacío respecto a cómo se operativizan estas responsabilidades. Porque, finalmente, sea agua, luz, desagüe, hablamos de condiciones básicas que deberían tener todas las instituciones educativas para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera adecuada”, explica.

El último 17 de marzo, tras el inicio del año escolar 2024, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz aseguró que su sector estaba priorizando, en articulación con la cartera de Vivienda, los servicios de agua potable, desagüe y saneamiento. “Tenemos una comisión multisectorial que hemos activado inmediatamente para que los diferentes sectores puedan también, en articulación con nosotros como ministerio, intervenir en las escuelas”, dijo en una entrevista en Canal N. 

Con base a ello, este medio solicitó una entrevista con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero manifestaron que la información vinculada a colegios y su acceso al agua la maneja el Minedu. Añadieron que su sector ejecuta o financia obras integrales para toda la población, lo que incluye viviendas, escuelas, centros de salud; y cuentan con data de conexiones que se instalan sin diferenciar si son para colegios, hospitales u otros.

De igual modo, OjoPúblico se contactó con el Minedu para gestionar una entrevista. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.

 

El impacto en la salud

“Para que tomen el agua de la quebrada, en las casas la hacen hervir. Aunque sería mejor si se le echara algo para [que se] asiente lo sucio”, dice Pablo Bardales Arbildo, alumno de 18 años del colegio N° 60117, de Lupuna II Zona, en el río Amazonas. Cuenta que muchos vecinos no usan el cloro porque el agua tiene “otro sabor” y que, una vez hervida, las madres la emplean para preparar los alimentos del Programa de Alimentación Escolar Qali Warma para los más pequeños.

Las variables de agua y saneamiento están fuertemente asociadas a la prevalencia de anemia en menores. El artículo Impacto del acceso a los servicios de agua y alcantarillado en anemia en niños menores de 5 años en Perú, publicado en 2021, concluyó que contar con estos servicios incide en disminuir la anemia en 14,8% en hogares con infantes menores de cinco años. 

Tener solo el servicio de agua, de acuerdo al estudio, contribuye en una disminución de 12,4% de la anemia; mientras que, al tener solo alcantarillado, la reducción es de 7,6%. Esto tomó como base la data de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2019.

Dicha investigación, cuyos autores formaban parte de la Sunass, también refiere que el acceso al servicio de agua en el área urbana tiene un mayor impacto en la reducción de anemia en menores de tres años que en el ámbito rural, lo cual puede estar vinculado a la incidencia de acciones de cloración. En contraparte, el impacto del alcantarillado en la prevalencia de anemia resulta mayor en la zona rural.

ALERTA. Según la Endes 2023, el 43,1% de menores de 6 a 35 meses han presentado anemia, afección que también está asociada al limitado acceso al agua segura.

Foto: Minedu

 

El Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en Perú (2024-2030), aprobado por el gobierno de Dina Boluarte, reconoce que la enfermedad está asociada al limitado acceso a agua adecuadamente clorada para un consumo seguro e insuficiente saneamiento básico.

Entidades internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), han destacado los vínculos de la anemia con la falta de acceso al agua, saneamiento e higiene en Perú. 

Otros, como el Banco Mundial, subrayan el impacto en los niños y niñas en edad escolar de las enfermedades diarreicas en un contexto sin servicios de agua y saneamiento en sus viviendas; y plantean la necesidad de asegurar un acceso de calidad. 

En 2021, el Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP) estimó que el 77% de las escuelas analizadas en Perú contaban con lo que denominan servicio básico de agua —cuando disponen de agua para consumo procedente de una fuente mejorada—, un 8% de acceso limitado —que tiene agua, pero al momento de la encuesta no había— y 15% sin servicio o fuente de agua no mejorada.

Se le llama “fuente no mejorada” de agua de consumo humano a los pozos y manantiales sin protección, carrito con un tanque o bidón pequeño suministrado por vendedores ambulantes, camión cisterna, agua superficial (río, represa, lago, laguna, arroyo, canal, canal de riego). En cambio, una fuente mejorada es aquella que, por la naturaleza de su construcción, se protege adecuadamente de la contaminación externa, en particular con materia fecal. 

En Perú, en tanto, la anemia en menores va en aumento. La última Endes advirtió que 43,1% de niños y niñas de seis a 35 meses sufrieron anemia en 2023. La desnutrición crónica, en paralelo, afectó al 11,5% de los menores de cinco años. Los mayores niveles, en este último caso, se han presentando en Huancavelica, Loreto y Amazonas.

Un estudio de 2019, publicado en Annals of the New York Academy of Sciences, concluyó, entre otros puntos, que no tener acceso a agua potable en instalaciones sanitarias básicas aumenta el riesgo de prevalencia de anemia tanto en niños como en mujeres. “La limitada evidencia existente resalta que las intervenciones con hierro por sí solas no resolverán la mayor parte de la carga de anemia entre los niños pequeños y las mujeres”, añade. 

INSEGURO. Los camiones cisterna y ríos no son considerados fuentes seguras de agua, señalan investigadores.

Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

Magaly Blas Blas, investigadora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explica que el no contar con servicios básicos, como agua potable, puede contribuir a una mayor prevalencia de diarreas o disentería, así como transmisión de cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea e, incluso, polio. A esto se suma, desde el dengue, hasta los golpes de calor.

“El hecho de que te dé, por ejemplo, una parasitosis, diarrea, hace que tengas más probabilidades de tener anemia y desnutrición crónica. Estas enfermedades que debilitan también te pueden deshidratar. Pueden causar la muerte, pero también efectos a largo plazo, como la anemia. Por eso, [es importante] el agua potable y el buen lavado de manos”, explica la médica con experiencia en la Amazonía, a través del programa de capacitación para parteras y agentes comunitarios conocido como Mamás del río.

 

Para Blas Blas, mecanismos como camiones cisterna o el abastecimiento a través de río o lluvias resultan “deficientes”, debido a las altas posibilidades de que se contamine el recurso en el camino o, incluso, durante su almacenamiento. “De hecho [se necesita] incrementar las redes de servicios públicos (...) Han habido algunas iniciativas, como tanques que se ponen en comunidades para potabilizar el agua del río (...) También [se necesita] educar a la población sobre cómo almacenar el agua”.

La investigadora subraya que una de las medidas de salud pública más importantes es el lavado de manos: previene uno de cada tres casos de diarrea en niños y uno de cada cinco de infecciones respiratorias. “Evitan hasta en 60% el ausentismo escolar a causa de infecciones en el estómago”, refiere. 

El viernes 22 de marzo, cuando no llovió en Lupuna II Zona, en Loreto, Pablo Bardales Arbildo y Percy Palla García, ambos de 18 años, acompañaron al estudiante de cuarto de secundaria a recoger agua a unos metros del río Amazonas.

El primero quiere ser mecánico, el segundo contador. Pablo dice que, en Iquitos, “lo que se necesita, se tiene”. Percy confiesa que nunca ha usado un celular porque no hay luz para hacerlo. Es la segunda semana de su último año escolar y piden algo que no será para ellos: solo un colegio con agua y luz.