Bonos extraordinarios en tiempos de recesión, recortes de sueldo a los trabajadores de los despachos congresales, presuntas organizaciones criminales al interior de las bancadas, proyectos de ley que debilitan la separación de poderes. Los cuestionamientos al actual Legislativo son múltiples y abarcan, entre otros temas, intereses particulares y escasa transparencia.

En este contexto, OjoPúblico revisó la información de los 684 aportantes que declararon los 130 congresistas —cuando todavía eran candidatos— ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la contrastó con la relación histórica del personal contratado en el Parlamento, desde julio de 2021. Es decir, desde que los congresistas asumieron en el cargo.

Así, este medio encontró que 47 personas que aportaron financieramente a la campaña electoral de 31 actuales legisladores fueron contratadas, posteriormente, en ese mismo poder del Estado. Los vínculos laborales abarcan tanto a los despachos de los parlamentarios para los que colaboraron económicamente, como en comisiones donde ellos tienen participación.

Entre los involucrados hay congresistas que llegaron al Legislativo con nueve partidos políticos distintos (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Perú Libre, Somos Perú y Renovación Popular). Sin embargo, destacan tres legisladores: Patricia Chirinos (Avanza País), Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y José Jeri (Somos Perú), por la cantidad de financistas contratados.

47 aportantes a la campaña de 31 actuales legisladores fueron contratados, posteriormente, en ese mismo poder del Estado".

A nivel general, los aportantes contribuyeron contribuyeron con dinero en efectivo —desde S/50 hasta S/11.100— o en especies —paneles publicitarios y merchandising, entre otros—. De los 47 aportantes identificados en total, 27 continúan trabajando en el Congreso a la fecha.

Aunque la contratación de un financista no está prohibida por la ley peruana, el director de Proética, Samuel Rotta, considera que genera “riesgos de abuso” sobre la transparencia que debe existir en el Legislativo. 

“Definitivamente estamos ante un problema de ética en la administración, pero es un problema político también. Eventualmente, si se pusiera orden y se establecieran criterios [normativamente], las infracciones podrían tener un giro legal inclusive”, indicó a OjoPúblico.

Cabe resaltar que, de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2021-2026, siete no presentaron el detalle de sus aportantes ante la ONPE y 20 se declararon a sí mismos como únicos contribuyentes. Además, otros seis presentaron su informe financiero, pero no incluyeron el apartado de financistas y siete declararon no tener ninguno. 

 

Asimismo, de los 47 aportantes identificados por OjoPúblico que, tras la campaña, fueron contratados en el Congreso, 12 no cuentan con grados ni títulos, según información registrada en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). 

Entre ellos, sobresalen los financistas —que actualmente laboran en el Congreso— Jeuseph Mondoñedo Ruiz, del legislador Alejandro Cavero (Avanza País); Charlie Marca Paulet, de Auristela Obando (Fuerza Popular); Rubén Monge Alvarez, de Guido Bellido (Perú Libre), y Willam Guzmán Morales, de Pasión Dávila (Perú Libre), entre otros.

 

De aportante a las planillas del Congreso

Al analizar a los parlamentarios con más aportantes que consiguieron un puesto, destacan Patricia Chirinos (Avanza País), con cuatro; seguida por Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y José Jeri (Somos Perú), con tres cada uno. En este primer grupo se concentran, además, trabajadores con serios cuestionamientos.

Los aportantes de Patricia Chirinos, la congresista que agrupa a la mayor cantidad de personas vinculadas al Legislativo, son: Carlos Martinez Hernandez, Gloria Lara Ávila,  Roberto Saavedra López y Jimmy Trujillo Melgarejo. 

Los tres primeros fueron contratados en la Oficina de Enlace al Ciudadano, que está a cargo de la Tercera Vicepresidencia del Congreso desde que inició el periodo legislativo, en agosto de 2021. En esa primera legislatura Chirinos fue elegida, precisamente, como tercera vicepresidenta del Legislativo.

Gloria Lara Ávila colaboró con S/4.590 en especies, representado en merchandising. Según el registro de Sunedu, es licenciada en Administración. Tras su paso por la Oficina de Enlace al Ciudadano, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, trabajó en la Oficina de Protocolo, desde febrero hasta setiembre pasado. 

Al mes siguiente, en octubre, fue condenada a 10 años de prisión e inhabilitación por dos años y cuatro meses para trabajar en el Estado por el desvío de fondos públicos para la construcción irregular de un sauna en el Cuartel General del Ejército “Pentagonito”, en 2008.

MÚLTIPLES. Cuatro aportantes de Patricia Chirinos (Avanza País) obtuvieron un empleo el Legislativo trás la juramentación de la congresista.

Foto: Congreso de la República

 

Además, la Contraloría identificó responsabilidad administrativa y penal de Lara Ávila por haber firmado expedientes de pago de adquisiciones que no ingresaron al Gobierno Regional del Callao, cuando trabajaba allí.

Roberto Saavedra López, otro de los aportantes a la campaña de Chirinos, se desempeñó como auxiliar en la Oficina de Enlace al Ciudadano, entre agosto de 2021 y julio de 2022, cuando culminó la gestión de Chirinos en la Tercera Vicepresidencia del Legislativo. 

Según la ONPE, Saavedra López colaboró con S/685 en especie a la campaña de la legisladora de Avanza País. Su formación académica, en tanto, no guarda relación con la labor parlamentaria: solo cuenta con estudios técnicos en Mecánica de Producción Industrial, de acuerdo a información de Sunedu. 

En paralelo, Carlos Martínez Hernandez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, aportó S/7.350 en especies para la campaña de Chirinos. Como en el caso anterior, trabajó en la Oficina de Enlace al Ciudadano, desde agosto de 2021 hasta el cambio de la Mesa Directiva, en julio de 2022.

El abogado Jimmy Trujillo Melgarejo, por último, contribuyó con S/625 en especies a la campaña de la legisladora. Tras la instalación del actual Congreso, se desempeñó como asesor de la bancada Perú Libre y del congresista Abel Reyes, miembro de ese partido. Sin embargo, el vínculo laboral duró muy poco, de agosto a octubre de 2021.

Patricia Chirinos es la que más aportantes contrató en el Congreso. Una de sus financistas fue condenada por desvío de fondos públicos".

Luego, entre setiembre de 2021 y agosto de 2022, Trujillo Melgarejo fue designado como jefe de la Oficina de Enlace al Ciudadano, también durante la gestión de Chirinos en la Tercera Vicepresidencia del Congreso. En junio de este año, finalmente, el aportante llegó al Ejecutivo: fue designado director de Lurawi Perú, un programa social del Ministerio de Trabajo, donde labora hasta la actualidad.

Antes de trabajar en el Congreso, Trujillo Melgarejo se desempeñó como jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Callao, también durante la gestión de Félix Moreno. Asimismo, fue regidor de la municipalidad de La Perla cuando Patricia Chirinos era alcaldesa de la jurisdicción. 

En general, los cuatro financistas de Chirinos que, luego de su juramentación tuvieron un trabajo en el Legislativo, realizaron aportes en especies a su campaña: entregaron banners, paneles y merchandising. Las contribuciones sumaron, en total, S/13.250. Meses después, recibieron honorarios que fluctuaron entre S/3.500 y S/16.675.

OjoPúblico se comunicó con la congresista de Avanza País para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no contestó las llamadas ni los mensajes enviados.

En paralelo, en el caso de Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) —el segundo legislador que destaca por la cantidad de aportantes a su campaña que, luego, tuvieron una relación laboral con este poder del Estado— los involucrados son: Rafael Pérez Reyes, Kevin Haro Rodríguez y Franco Mora Contreras.

SIN RESPUESTA. El congresista de Acción Popular, vinculado al caso "Los Niños", no respondió las consultas sobre sus tres aportantes que tuvieron un cupo en el Congreso.

Foto: Andina.

 

El primero de ellos, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, aportó S/1.000 en especies a la campaña. Al alcanzar una curul, Espinoza Vargas —investigado por el caso Los Niños, un grupo de congresistas presuntamente dedicado a beneficiar con sus votos al expresidente Pedro Castillo a cambio de favores— lo designó como su asesor principal, con una remuneración de S/10.924, hasta noviembre de 2022. 

El hermano de este aportante, Javier Pérez Reyes, también obtuvo un puesto de trabajo en el Estado, pero en el Ejecutivo. En diciembre de 2021, este último fue designado como director general de Pesca para Consumo Humano en el Ministerio de la Producción, donde laboró hasta junio de 2022. Antes de eso, se reunió hasta en tres ocasiones con el parlamentario Espinoza Vargas. 

El 14 de setiembre de 2022, Javier Pérez Reyes participó, incluso, de una reunión en Palacio de Gobierno, donde estuvo presente Espinoza Vargas y otros miembros de la bancada Acción Popular que fueron sindicados como Los Niños.

Kevin Haro Rodríguez, otro de sus financistas, es asesor técnico del despacho de Espinoza Vargas, desde agosto de 2021. Fue contratado cuando todavía estaba cursando estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo.

De acuerdo a los registros de Sunedu, Haro Rodríguez recién terminó su formación académica en agosto de 2022. Dos meses después, obtuvo su diploma de bachiller y, en marzo de este año, se tituló como licenciado. Esto le permitió pasar de un sueldo de S/6.092 a S/6.143. Para la campaña del congresista, el actual funcionario aportó S/1.800 en efectivo y S/1.100 en especies.

Franco Mora Contreras, por último, aportó S/5.350 a la campaña de Espinoza Vargas. El máster en Administración de Empresas y Negocios fue contratado como asesor en la Comisión de Vivienda del Legislativo entre setiembre de 2021 y julio de 2022. Es decir, durante todo el periodo en el que el parlamentario se desempeñó como presidente del grupo de trabajo.

A la fecha, dos aportantes a la campaña de Espinoza Vargas están trabajando en el Congreso".

En marzo de este año, Mora Contreras fue contratado nuevamente, pero esta vez como asesor de la bancada del Legislador, donde labora hasta la fecha. 

En suma, los tres aportantes de Darwin Espinoza Vargas mencionados realizaron aportes valorizados en S/9.250, de los cuales S/2.200 fueron en especies. Este último concepto incluyó movilidad y polos. OjoPúblico se comunicó con el congresista de Acción Popular para solicitar sus descargos. Pero, como en el caso anterior, no respondió llamadas ni mensajes.

En paralelo, José Jeri Ore (Somos Perú) —el tercer parlamentario de este grupo— tiene entre sus aportantes, que luego fueron contratados en el Congreso, a Ever Ramírez De la Cruz, Daysi Clerque Rodas y Jorge Lima Quispe.

El primero de ellos aportó S/6.860 en especies a la campaña del legislador. Trabaja en el Congreso desde agosto de 2021, aunque se licenció en Ciencias Políticas un mes después, de acuerdo a información de Sunedu.

Inicialmente, Ramírez De la Cruz obtuvo el cargo de técnico en el despacho de Jeri Ore, con una remuneración mensual de S/5.297. En enero de 2022, fue promovido a asesor, con un sueldo de S/8.957. Y, finalmente, desde marzo del año pasado, trabaja como asesor principal del congresista, cargo que tiene un pago mensual mayor: S/10.924.

Al ser consultado por este aportante, el parlamentario de Somos Perú reconoció que Ramírez De la Cruz labora en el Legislativo desde el inicio de su gestión. “Además de ser un profesional, es una persona de mi confianza y participó en mi campaña. No lo veo irregular en tanto cumpla con los requisitos”, dijo en conversación con OjoPúblico.

MOTIVOS. José Jeri Ore señaló que el personal que contrató tiene la experiencia y cumple con las cualidades para el cargo.

Foto: Andina.

 

Daysi Clerque Rodas, en tanto, aportó S/4.800 en especies a su campaña. Esta licenciada en Marketing y Negocios Internacionales se desempeñó como coordinadora en el despacho del congresista entre mayo e inicios de julio de 2022, con un sueldo mensual de S/2.561. Según Jeri Ore, es una persona con experiencia en el Legislativo. “No es una persona nueva en el entorno parlamentario”, sostuvo.

Jorge Lima Quispe, finalmente, contribuyó con S/3.000 en efectivo para la campaña del congresista. Este abogado se desempeñó, entre agosto de 2021 y marzo de 2022, como técnico de la bancada de Jeri Ore, con una remuneración mensual que fluctuó entre S/5.297 y S/6.092. Luego, entre abril y setiembre de 2022, se desempeñó como asesor del congresista, con un sueldo de S/8.957. 

Meses más tarde, las buenas noticias continuaron para Lima Quispe. Al inicio del periodo 2022-2023, se creó una comisión investigadora multipartidaria sobre presuntas irregularidades en las licitaciones de empresas chinas en el Ministerio de Transportes. 

Dos aportantes del congresista Jeri Ore trabajan en el Legislativo, actualmente".

El congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, fue elegido presidente y José Jeri, vicepresidente. Así, entre octubre y diciembre de 2022, Lima Quispe ingresó como asesor del grupo de trabajo, con un sueldo de S/8.658.

Tras esa experiencia, en enero y febrero de este año, el abogado regresó al despacho de Jeri Oré como técnico. En junio y julio pasado, mientras tanto, laboró con Valer Pinto como asesor, con un sueldo de S/6.143. Al mes siguiente, fue designado también como asesor, pero de la bancada Somos Perú, donde permanece hasta la fecha, con una remuneración de S/10.975. 

“Mientras cumpla con los requisitos y sea de confianza, no le veo ningún problema”, dijo el congresista al ser consultado por este aportante.

En síntesis, estas tres personas acumularon aportes valorizados en S/14.400 a la campaña de Jeri Oré. La mayor cantidad de ellos (S/11.400) fueron en especies. Bajo este concepto figuran, por ejemplo, contribuciones en polos, mochilas y banderas, entre otros.

 

“Todos son competentes”

Así como los legisladores antes mencionados, hay nueve congresistas que registran dos aportantes que, luego de su juramentación, obtuvieron un empleo en el Congreso. Entre ellos hay personas que continúan trabajando en este poder del Estado, y otros que ya han cesado en sus funciones. 

En este grupo hay tres congresistas que ingresaron al Legislativo con Juntos por el Perú (Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes), dos de Avanza País (Alejandro Cavero y Diana Gonzáles), dos de Fuerza Popular (César Revilla y Leslie Olivos); uno de Alianza para el Progreso (Segundo Acuña), y otro más de Acción Popular (Raúl Doroteo).

El congresista Segundo Acuña (Alianza para el Progreso), al ser consultado por la contratación de dos de sus aportantes, reconoció que la designación de Carolina Asís Valladares, bachiller en Administración y Gestión, que fue coordinadora y técnico de su despacho hasta enero de este año, se dio a petición de ella misma. 

“Carolina trabajó conmigo bastantes años. Ella tenía un familiar en Lima a quien atender, me preguntó si podía venir y se le dio la opción, pero es una persona de confianza”, dijo. 

¿FAVOR? El congresista Segundo Acuña dijo que una de sus aportantes le pidió que le ayudara con un empleo en Lima.

Foto: Congreso de la República

 

Pese a ello, negó que se haya tratado de algún favor. “Lo único que se le dio fue la oportunidad de que venga a Lima a trabajar y a atender a su mamá”, señaló. Asís Valladares aportó S/1.785 a la campaña del congresista. Como trabajadora en el Legislativo, inicialmente, ganó S/2.227 y, luego, S/6.092 mensuales.

El otro aportante contratado por el hermano gobernador regional de La Libertad y dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, es el ingeniero de Minas Manuel Sulca Miguel, a quien el congresista conoció en el Colegio de Ingenieros. 

Sulca Miguel fue designado asesor de su despacho, donde trabajó hasta agosto de 2022. La contribución que realizó a la campaña fue de S/6.500, mientras que sus honorarios en el Congreso alcanzaron los S/8.957.

Por otro lado, la congresista Sigrid Bazán tiene como asesora a Zoila Margarita Romero Rojas. Esta abogada contribuyó a su campaña con S/300. Al ser consultada por el tema, la legisladora explicó que la contrató por su alto nivel profesional. Según contó, al momento de convocarla, la abogada no se encontraba desempleada “ni necesitada de algún favor”.

“Es una persona que ha estudiado mucho, que tiene un impecable currículum, y que ha dejado un trabajo para venir a laborar aquí. Además, el aporte ha sido bastante pequeño”, agregó. Asimismo, remitió el currículum vitae de su asesora, donde registra experiencia en DEMUS, una organización para la defensa de los derechos de la mujer; en Electroperú; en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Ministerio de Trabajo.

Otro de los aportantes a su campaña se encuentra trabajando en el despacho de la congresista Ruth Luque. Se trata de César Zarzosa González, quien brindó un aporte de S/50 y, según comentó Bazán, es una persona cercana a la bancada. 

En ese mismo despacho, laboró como coordinador, hasta febrero de 2022, Pablo Quispe. El antropólogo aportó S/700 en especies a la campaña de Luque. La misma contribución realizó el antropólogo Nelson Farfán, quien, desde setiembre último, trabaja como auxiliar en la Comisión de Pueblos Andinos, que preside la congresista.

Hay nueve congresistas que contrataron a dos aportantes y 19 que contrataron a uno".

Al ser consultada por estos trabajadores, la legisladora manifestó que todos cuentan con la experiencia y el nivel requeridos para los cargos que desempeñan, así como para los temas que suele ver en su gestión parlamentaria, como “derechos humanos, poblaciones indígenas y democracia”, entre otros.

“Yo, por lo menos, estoy tranquila porque son personas que tienen las competencias formativas y realizan trabajos específicos. Sé lo que hacen, tienen un horario y cumplen su labor. No son trabajadores que se están ganando el dinero sin trabajar”, respondió.

En el mismo sentido, se pronunció la congresista Susel Paredes. La legisladora registra dos aportantes que, actualmente, trabajan en su despacho: Renato Vela Silva —quien no registra grado ni título en Sunedu, y cuyo aporte a la campaña fue de S/180—, y la abogada Vilma Villarreal Magan, quien aportó S/50, según la información declarada a la ONPE. 

Vela Silva se desempeña como coordinador del despacho de la congresista, con un sueldo de S/2.612, mientras que Villarreal Magan es asesora, trabajo por el que recibe una remuneración de S/9.008 mensuales.

“No creo que nadie me pueda comprar ni con S/180 ni con un transatlántico. Ellos son personas que conozco hace muchísimos años, que han hecho pequeños aportes, de acuerdo a sus ingresos, porque me estiman, porque nos tenemos aprecio profesional mutuo. Son buenas personas y son honrados”, declaró. 

Si bien OjoPúblico contactó a los 31 congresistas cuyos aportantes laboran en el Congreso para conocer los motivos detrás de sus contrataciones. Hasta el cierre de esta edición, 21 no respondieron las consultas. Entre ellos, se encuentran legisladores que también registran dos aportantes.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) contrató a Rollin Throne Davenport, licenciado en Letras, quien aportó S/363,40 en efectivo y fue designado como asesor; y a Jeuseph Mondoñedo Ruiz, quien aportó S/1.360 en especies y fue contratado como auxiliar y coordinador, aunque no registra grados ni títulos en Sunedu.

 

A este caso se suma el de Diana Gonzáles, también de Avanza País. La parlamentaria contrató a Verónika Rodríguez Cardenas —licenciada en Ciencias de la Comunicación, que aportó S/5.297 en efectivo y S/6.347 en especies para su campaña y, luego, fue contratada como técnico de su despacho—, y al arquitecto Benigno Gonzáles Villavicencio —quien aportó S/9.499 en efectivo y S/900 en especies y fue designado asesor principal—. 

En simultáneo, el congresista César Revilla (Fuerza Popular) designó a dos aportantes que, según Sunedu, no registran grados ni títulos. Uno de ellos es Junyor Seminario Costa, quien aportó con S/1.930 en efectivo y S/2.699 en especies, y fue empleado como coordinador del despacho congresal. La otra persona involucrada es María Seminario Rodríguez, quien contribuyó con S/2.598 en efectivo y S/3.140 en especies, y trabaja como asistente. 

Finalmente, el congresista Raúl Doroteo, quien alcanzó una curul con Acción Popular, dio empleo como asesor principal a su aporte Juan Cassano Torres, abogado que aportó con S/900 en especies, y Mario Reyes Ortiz, ingeniero industrial que colaboró con S/1.000 en especies. Luego, trabajó como técnico y, ahora, ocupa el cargo de asesor.

 

Con un solo aportante

Hay otros 19 legisladores que solo registraron un aportante en las planillas del Congreso: cinco que postularon con Fuerza Popular (Auristela Obando, Héctor Ventura, Nilza Chacón, Raúl Huamán y Víctor Flores) y tres con Acción Popular (Carlos Alva, Carlos Zeballos y Karol Paredes).

A estos se añaden otros cuatro congresistas que ingresaron al Legislativo con Perú Libre (Guido Bellido, Janet Rivas, Pasión Dávila y Óscar Zea), tres con Alianza para el Progreso (Elva Julón, Magaly Ruiz y María Acuña), dos con Somos Perú (Hitler Saavedra y Bernardo Pazo), y dos con Renovación Popular (Esdras Medina y Héctor Valer).

Los congresistas Carlos Zeballos (Podemos Perú), Nilza Chacón (Fuerza Popular), Víctor Flores (No agrupado) y Héctor Ventura (Fuerza Popular) aseguraron que han contratado personas idóneas en sus despachos. 

Ante las consultas, Carlos Zeballos señaló sobre Edwin Calisaya Quispe, quien se desempeñó como coordinador de su bancada desde agosto hasta diciembre de 2021: “Ha sido mi jefe de campaña, gente de mi confianza (…) Es un profesional con título. Si tuviera que pagar algún favor, entonces lo hubiese puesto en un cargo más alto (…) Yo no tengo ningún lobby”.

Uno de los aportantes a la campaña del legislador Héctor Ventura trabaja en el Congreso aunque no registra grado ni título en Sunedu".

Mientras que la legisladora Nilza Chacón enfatizó que, en su despacho, se ha contratado personal con experiencia o conocimientos del sector público. “No se ha considerado el tema de pagar favores [para contratar], lo que sí se ha revisado es que se cumpla con los requisitos mínimos que pide el Congreso”, dijo.

En tanto, Víctor Flores descartó que haya realizado algún tipo de favor político para uno de sus aportantes. “Yo vi que tenía ciertas cualidades como para trabajar en mi despacho. Yo no tengo personas que sean familiares, amigos o promociones. Desde que empecé a trabajar, lo hago con gente profesional y desde el punto de vista legislativo”, acotó.

Finalmente, Héctor Ventura tuvo una respuesta similar sobre la contratación de su aportante Marck Lozada, que no cuenta con grado ni título en Sunedu. “Está dentro de lo permitido legalmente. Sin duda alguna que, si fuese ilegal, no se le hubiera contratado”, indicó a OjoPúblico.

Si bien en el caso de la congresista Flor Pablo, que ingresó al Congreso con el Partido Morado, se identificó que una de sus aportantes, René Aguilar Borda, licenciada en administración, trabaja como jefe del Departamento de Servicios Generales, es un área administrativa del Congreso en la que no tienen influencia los parlamentarios. Por esa razón, no ha sido considerada en esta relación.

 

La repartición de puestos

Para el especialista Samuel Rotta, si bien el personal que es contratado por los congresistas debe ser de confianza, esta situación “debe ser lo más profesional y exigente técnicamente posible”. En otras palabras, independiente del poder político. De modo contrario, se dan designaciones “con muy pocos estándares de transparencia”. 

“El gran problema de la política en nuestro país es que se ve como un negocio, como una inversión que uno busca recuperar. Entonces, el empresario le pone plata a un candidato esperando conseguir contratos o una persona que está sin trabajo igual”, explicó.

Las designaciones a las oficinas administrativas del Congreso que estarán a cargo de la presidencia y vicepresidencias de este poder del Estado se realizan a través de acuerdos de la Mesa Directiva. El último de ellos fue el 007-2023-2024/MESA-CR, de agosto de este año, en el que se dispuso que el Fondo Editorial pase a depender de la Primera Vicepresidencia y ya no de la Tercera.

DESPRESTIGIO. Especialistas coincidieron en que la contratación de personal no calificado daña los estándares de ética y transparencia parlamentaria.

Foto: Andina

 

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, considera que esto conlleva, tal como sucedió en el caso de la congresista Patricia Chirinos, a que se contraten personas afines a quienes son elegidos como vicepresidentes y que se “contamine” el servicio parlamentario. 

“Esta mala práctica se usa, lamentablemente, para nombrar a gente allegada por política o amicalmente a los vicepresidentes y eso no está bien (…) Se van metiendo militantes de partidos políticos en el servicio parlamentario, cuando los empleados tienen que tener objetividad en sus decisiones y no ser vinculantes ni favorecer a los partidos políticos”, señaló a OjoPúblico.

En opinión de Samuel Rotta, esto afecta, incluso, a la institucionalidad del Legislativo debido a que, al rotar constantemente al personal, no existe una continuidad en el plan ni las funciones del servicio parlamentario.

“Esa práctica, en realidad, es una repartija. No tiene ninguna racionalidad administrativa. Es un premio al que llega a la vicepresidencia, y eso no está bien: perpetúa los problemas que existen. El servicio parlamentario debería ser lo más profesional e independiente posible”, comentó.