Fotos: OjoPúblico / Aldaír Mejía

Segundo Zumba Macuyama, mototaxista de 52 años, extiende una gigantografía con el rostro sonriente de su padre. Es el mediodía del domingo 27 de agosto de 2023 en Iquitos, que arde a más de 30 grados de temperatura. Rodeado de césped seco y cruces tambaleantes sobre las tumbas de las víctimas de una pandemia, Segundo recuerda a su padre, vendedor de dulces, hincha del Sporting Cristal, fallecido en el Hospital Regional de Loreto por covid-19. Se limpia los ojos, examina el área donde le dijeron que debía estar enterrado y se niega a rezar una oración más.

— Ya no puedo hablar si él no está acá.

Hace un año, el mototaxista estaba en ese mismo terreno —en la parte posterior del cementerio municipal de San Juan Bautista, a 40 minutos del centro de la ciudad— cuando se enteró que, durante dos años, estuvo rezando y dejando flores a una tumba donde su padre Segundo Zumba Reátegui no estaba.

Ese 27 de agosto de 2022 se había programado la exhumación para darle un entierro digno a su familiar. Según recuerda, durante las excavaciones, abrieron una zanja que tenía más de diez cadáveres contiguos —la mayoría envueltos en bolsas negras de plástico— y a ninguno identificaron como su padre, fallecido durante la primera ola del nuevo coronavirus. Ha pasado una pandemia y los Zumba Macuyama aún lo buscan en el denominado cementerio covid-19 de Loreto, kilómetro 18 de la carretera Iquitos-Nauta.

Desde abril de 2020, 430 víctimas mortales del nuevo coronavirus, según las cifras oficiales, fueron enterradas sin autorización de la totalidad de los deudos en ese descampado de dos hectáreas cedido temporalmente por la Municipalidad de San Juan Bautista al Gobierno Regional (GORE) de Loreto ante el colapso de los servicios funerarios de la ciudad. En ese grupo, con base a dichos registros, entre 12 y 15 cuerpos aún se encuentran sin identificación (NN).

En medio de la incertidumbre, un colectivo de deudos presentó solicitudes por la vía administrativa e interpuso una demanda judicial —que aún no tiene sentencia final— para la exhumación e identificación de sus familiares. Sus pedidos no fueron atendidos ese año, pese a que otras cuatro exhumaciones sí fueron aceptadas.

Dos años después de las inhumaciones, desde inicios de 2022, solo 44 desentierros —lo que apenas representa el 10% del total— se han llevado a cabo, previo pago administrativo y aprobación de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto, informó la entidad a este medio. No obstante, este proceso ha puesto en evidencia la cadena de vulneraciones a los derechos humanos de los deudos de las víctimas de covid-19 en Loreto, la región amazónica más afectada en la pandemia con 4.506 fallecidos.

OjoPúblico visitó Iquitos, conversó con testigos de las exhumaciones y accedió a documentación, lo cual, en palabras de especialistas, revela la violación a los derechos humanos desde el manejo de los fallecidos, la búsqueda de las exhumaciones, hasta la identificación de las víctimas. Pese a ello, el Estado no ha activado mecanismos de apoyo a los deudos.

ABANDONO. Un terreno habilitado en 2020 se ha convertido en un improvisado cementerio con problemas para identificar a los fallecidos.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

En la primera etapa, se identificó que fallecidos en abril y mayo de 2020 —cuando se reportó hasta más 30 decesos diarios— fueron trasladados a ese descampado sin la autorización de sus familiares, quienes incluso ya habían contratado servicios funerarios en otros cementerios. Los más antiguos, como reconoce la versión oficial, se encuentran enterrados en filas de tres, agrupados en una sola fosa.

Muchos de los cuerpos fueron envueltos en bolsas plásticas negras, contrario a la directiva sanitaria vigente en ese momento, la cual también establecía, por ejemplo, que antes del traslado del cadáver desde la sala de aislamiento o unidad de cuidados críticos, dos parientes directos pueden visualizarlo como apoyo del duelo. El fallecido, además, debía ser introducido en una bolsa hermética.

A esto se suman los problemas para identificar a las víctimas. Testigos de las exhumaciones detallaron a OjoPúblico casos donde los cadáveres no han sido hallados en la ubicación dada por la autoridad sanitaria a los familiares o, como ocurrió con la familia Zumba Macuyama, el cuerpo de su padre aún no ha sido encontrado e identificado.

Los procesos de desentierro se han realizado, generalmente, en horas de la madrugada e intervienen panteoneros y maquinaria para la excavación. En la mayoría de los casos no ha participado la Fiscalía, ni la Policía. Tampoco se cuenta con registro gráfico oficial de los desentierros, dado que, incluso, el protocolo de la Geresa prohíbe a los asistentes el uso de cámaras fotográficas.

Estos detalles son confirmados por familiares que han asistido a los procesos y por la misma Geresa de Loreto, la cual señala que los problemas para hallar a los cadáveres responden a un supuesto “margen de error” de tres metros.

VISITANTES. Madel Ríos viaja desde el Datem del Marañón para visitar la tumba de su madre que falleció por covid. Pide claridad en las ubicaciones.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

REPORTE. Fragmentos de informe de julio de 2021, elaborado por la Dirección de Salud Ambiental de Loreto, muestra las cifras manejadas por la autoridad regional sobre los fallecidos.

Imagen: OjoPúblico

 

Los testimonios de los familiares ratifican la presencia de fosas y la manipulación de los cadáveres para que sean identificados de manera visual. Es decir, los panteoneros abren las bolsas y comparan los cuerpos con una fotografía o el deudo debe distinguirlo por alguna característica física. Tras ello, lo retiran, lo colocan en un ataúd y el pariente lo traslada a otro cementerio.

En el proceso al que han sido sometidos los deudos desde el 2020 no solo se han detectado irregularidades en los protocolos sanitarios, sino también en los estándares internacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su resolución 4/2020, de julio de 2020, establece como directrices que los familiares puedan conocer el destino y paradero de sus seres queridos cuando fallecen de covid-19.

Desde abril de 2020, 430 víctimas de covid-19 fueron enterradas en un descampado. Entre ellos figuran varios sin identificación (NN).

El documento también recomienda a los Estados que se abstengan de realizar la inhumación en fosas comunes generales y también que prohíba la incineración de los restos de las personas fallecidas por covid-19 que no hayan sido identificadas o, bien, destinar el uso de fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de covid-19, que posteriormente faciliten su identificación y localización.

“Las acciones como las de Loreto, con un entierro masivo de personas, sin consentimiento de familiares, sin respetar protocolos e identificación violan derechos humanos, el derecho a la integridad personal, a la salud mental de los familiares, a la libertad religiosa, el derecho a la verdad. Involucra violaciones de derechos humanos que si no son remediadas, podrían alcanzar una responsabilidad internacional del Estado”, señala la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) Mar Pérez a OjoPúblico.

 

El camino por la exhumación

Un parche en la pierna izquierda de su madre le permitió al contador Mario Bardales Ríos poder identificarla dos años después de su fallecimiento. La exhumación de María Dolores Ríos Panduro, quien perdió la vida el 25 de abril de 2020 en el frontis del Hospital III Iquitos de EsSalud, estaba programada para el 5 de mayo de 2022. Pero ese día —cuenta su hijo Mario— no la encontraron. “Nadie está preparado para buscar a un ser querido en esa situación”.

INCUMPLIDO. En junio de 2020, el GORE Loreto se comprometió a obtener la autorización de exhumación, pero esto no se llegó a concretar.

Imagen: OjoPúblico

 

El improvisado cementerio covid-19 se encuentra en un terreno de greda, rodeado de vegetación y nichos abandonados, donde se ingresa libremente, por el costado de un portón. En ese lugar, cruces con nombres distintos comparten tumbas. Gigantografías acompañan los entierros. Paraguas pequeños y de colores cubren las lápidas. “Te queremos para siempre”, dice una de ellas.

Al inicio, en cada cuadrícula, colocaron banderines con códigos para la supuesta identificación de los fallecidos. Los nombres de las víctimas de covid-19 estaban reducidos a una letra y un número.En ese terreno reza Madel Ríos Tello, quien visita a su madre Sadith, aunque no tiene la seguridad de que esa tumba sea la de su progenitora. “Quisiera saber si ella está ahí”, comenta. En otra fila, Wilson Aricama Macuyama prende una vela al nicho de su hijo fallecido.

“Sinceramente eso [el entierro] ha sido por falta de recursos, no tenemos para buscarle otro sitio”. En Lima, Patricia Cárdenas, una de las fundadoras del colectivo de deudos, confiesa que su abuela Hilda se niega a visitar el entierro de su esposo Antenor. “Yo no quiero ir a una tumba donde no esté”, le dice.

En el caso de Mario Bardales, su familia comenzó la búsqueda para exhumar a su madre, junto con el resto del colectivo, en plena cuarentena de 2020, decretada por el gobierno de Martín Vizcarra. 

Tras las protestas de las decenas de deudos, el 11 de junio de 2020, el Gobierno Regional de Loreto, entonces encabezado por Elisbán Ochoa Sosa, firmó un acta en el que se comprometió, entre otros puntos, a obtener la autorización de exhumación de los cadáveres y poner a disposición maquinaria pesada y personal necesario para el proceso de exhumación. Para ello, los familiares debían presentar una solicitud. 

Según el artículo 26 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, la exhumación de un cadáver o resto humano para su cremación, traslado a otro recinto o establecimiento funerario se efectúa previa autorización de la autoridad de salud, a petición de sus deudos, o por orden judicial.

Entonces, las familias —como las de Mario Bardales, Segundo Zumba y Patricia Cárdenas— presentaron, entre junio y julio de 2020, sus solicitudes a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, lo cual incluyó que costeen una serie de trámites y que compren una sepultura en el cementerio a donde iban a trasladar a su ser querido.

Sin embargo, la autoridad de salud declaró improcedente el pedido. El argumento era que las exhumaciones no podían realizarse antes del primer año del entierro, salvo que haya sido embalsamado o lo solicite una autoridad judicial. Para ello se basaron en el reglamento de la ley que regula a los cementerios públicos y privados, como los tradicionales o los parques ecológicos.

PADRE. Wilson Aricama limpia la tumba de su hijo y señala que no pueden trasladarlo a otro espacio, principalmente, por razones económicas.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

A las familias del colectivo no se les otorgó la aprobación ese año, pero sí pasó en otros cuatro casos. “Por una orden fiscal tengo entendido [se dieron las cuatro exhumaciones]. Yo simplemente me allané a cumplir órdenes del director [de Salud Ambiental que era Elvis Sandoval; y de la Geresa, Carlos Calampa]. La posición que tenía no me permitía pedir una explicación”, dice Ricardo Shupingahua Mendoza, entonces responsable del equipo humanitario del recojo de cadáveres de la Geresa y actual funcionario del área de Ecología de la Dirección de Salud Ambiental de Loreto.

Tras esa negativa, los deudos presentaron el 21 de agosto de 2020 una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, primero, para pedir la nulidad de estas resoluciones y, luego, para solicitar la exhumación.

Ante la dilatación de este proceso judicial, que aún no concluye, y pasado el año exigido por la autoridad sanitaria, a inicios de 2022, las familias que podían costear el trámite volvieron a solicitar la exhumación por la vía administrativa, y de manera individual. Para ello, tuvieron que desistir del proceso judicial contra el Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto). El colectivo, entonces, empezó a dividirse.

El improvisado cementerio se encuentra en un terreno de greda, con cruces que comparten tumbas. Las víctimas solo eran identificadas con un código.

De acuerdo a los gastos estimados de cuatro familias consultadas por este medio, la exhumación superaba los S/3.000, los cuales incluían la tasa por la autorización sanitaria de dicho servicio (S/192.60), el pago a los panteoneros (entre S/1.200 y S/2.000), alquiler de las maquinaria (entre S/180 y 350 por hora), así como Equipos de Protección Personal (EPP) y otros implementos (S/500). 

Jovita Zumba Macuyama, vendedora como su padre Segundo, cuenta que su familia organizó parrilladas y colectas para juntar el dinero que permita la exhumación. Al igual que otros deudos, comenta que la Geresa solo les entregó un recibo al cancelar la tasa para la autorización sanitaria. El resto de servicios fueron pagos contra entrega.

INVISIBLE. Al inicio, se colocaron banderines con los supuestos códigos de las víctimas que estaban enterradas en ese descampado.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

CÓDIGOS. Los deudos y la Defensoría del Pueblo ratificaron problemas en la ubicación de los entierros. Incluso, hubo conflictos entre familias por coincidencias del lugar.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

“El Estado no debería exigir ni un sol al ciudadano para identificar a los familiares. El Estado ha violado sus derechos y debería correr con los gastos. Es una nueva violación de sus derechos que les obliguen a pagar y sobre todo cuando por la falta de recursos económicos, las familias se ven imposibilitadas. Eso constituye una traba para acceder a la restitución. La situación es más grave”, agrega la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez.

El 5 de mayo de 2022, como figura en el cronograma de exhumaciones de GORE Loreto, Mario Bardales llegó al kilómetro 18 de la carretera Iquitos-Nauta. Eran las cuatro de la mañana, según recuerda, y los trabajadores ya habían retirado metros de tierra en busca de los cuerpos. Su madre debía estar en una fosa compartida del pabellón B. “Sacaron ocho cuerpos y no la encontrábamos. Donde supuestamente estaba mi mamá, no encontramos nada. Solo había restos de madera (...). Cada cuerpo que hallábamos era un dolor”, comenta. 

Entonces, dice, empezó a caer la lluvia y el proceso se suspendió hasta el día siguiente: más excavaciones y personas desenterradas —sin identificación visible— hasta hallar a su mamá. “La reconocimos por una herida que tenía en la pierna izquierda. Ella era diabética, tenía una herida que no sanaba”, cuenta Mario. Su madre finalmente pudo recibir un entierro digno.

La familia Zumba Macuyama señala que ha pasado por este proceso tres veces y en ninguna halló a su padre. La primera vez solo descubrió que cerca del E39 —código designado a su familiar— había una mujer y, a unos metros, un hombre que —aseguran los tres hermanos— no comparte las características de su padre, quien falleció al llegar a emergencias del Hospital Regional de Iquitos, sin ser internado. Ellos, dicen, han tenido que observar de cerca la ropa, los objetos que portaba el cadáver y hasta su dentadura. 

“Lo volvieron a enterrar, lo cerraron. Pero no es mi papá, no es mi papá. Me dicen que hay que hacerle un ADN. No está en nuestras posibilidades. Nosotros no hemos pedido llevarlo. Al menos si me hubieran llamado, hubieran solicitado a un familiar. Queremos exhumarlo, que nos digan dónde está mi papá”, señala Jovita Zumba.

La doctora en antropología social de la Universidad Paris Cité (Francia), Valerie Robin, quien ha investigado el conflicto armado interno en Perú y también ha analizado lo ocurrido en el denominado cementerio covid-19, señala que se trata de una nueva figura del desaparecido. 

“Esta pandemia, por lo menos en Iquitos, ha acabado —y eso es inaceptable y absurdo— produciendo desaparecidos. Los que eran muertos, pero a priori identificados, acabaron siendo desaparecidos. Con el registro falso, con errores probablemente de identificación y de ubicación, ahora [cómo] saber dónde están exactamente los cuerpos. Es imprescindible que se haga la exhumación lo más pronto posible. Ya pasaron tres años”, señala a este medio.

 

Faltas y responsabilidades

“Solo una persona no ha llegado a identificar el cuerpo”, sostiene Ricardo Shupingahua, exresponsable del equipo humanitario y actual funcionario de Ecología de la Dirección de Salud Ambiental de Loreto, quien reconoce que se trata del caso de la familia Zumba Macuyama.

A LA ESPERA. Desde hace tres años, la familia Zumba Macuyama busca la exhumación de su padre Segundo, fallecido en abril de 2020.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Según argumenta, existe un margen de error de alrededor de tres metros en los entierros producto del trabajo de habilitación en el terreno y, en el caso de esta familia, sí se ha encontrado un cadáver, pero ellos no lo reconocen, por eso les han recomendado que soliciten ante el Ministerio Público una prueba de ADN.

El funcionario no responde al ser consultado sobre quién asumirá la responsabilidad de este caso. “Este fallecido nos lo ha entregado el hospital regional y en caso que el cadáver no fuera quien tendría que responder ese el hospital. Asumo que ellos deben tener algún escrito con todos los fallecidos”, refiere.

Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), advierte otras irregularidades en este proceso. Por ejemplo, señala, cualquier intervención forense, así como las de este caso, debe estar registrada paso a paso con fotografías, lo cual está prohibido en el protocolo de exhumación de la Geresa de Loreto.

“La dirección [de salud] tiene que registrar lo que están haciendo porque si no, cómo saben en qué fecha le han entregado a esa familia tal o cual persona. Es un desorden, ahí deben tener una metodología, porque es como desaparecer doblemente a las personas (...). Los familiares tienen derecho a que les devuelvan a su familiar porque lo que han hecho es una brutalidad en un carácter humanitario”, señala.

Con relación a las fotografías, Shupingahua Mendoza señala que los deudos solo pueden tomarlas cuando ya retiraron el cuerpo, pero no durante el proceso para evitar que se publique en redes sociales. “Creo que el morbo muchas veces existe y, a veces, se suele publicar esas fotos para atizar o fomentar la violencia”, refiere. Reconoce que ellos tampoco toman fotografías de los procesos.

La antropóloga forense también cuestiona la ubicación de tres cadáveres en fila en una sola fosa, así como la manipulación de estos en la búsqueda de cada uno. "Están mezclando los cuerpos. Los que no se reclaman, se devuelven [a la fosa]. Si no cierran bien las bolsas, los restos pueden mezclarse. Ahí se tiene un problema mayor, porque la identificación va a ser más compleja"

Por esas inconsistencias, considera necesaria la intervención del sistema médico legal. “No puedes poner en manos de personas que manejan con máquinas y lampas cualquier tipo de nichos o de fosas, por lo tanto deberían rescatar según los niveles que tengan, llevar a la morgue los cuerpos y el familiar identificar la ropa, la herida, etc. A los otros se les tendría que poner un código y la fecha", señala la especialista de EPAF, quien ha participado en exhumaciones vinculadas a la época del conflicto armado interno.

Varios testimonios recogidos por este medio, así como lo señalado por el representante de la Geresa coinciden que en estos procesos no ha participado la Policía, ni la Fiscalía. En la exhumación, solicitada por vía administrativa, intervienen los panteoneros, un representante del municipio y de la autoridad de salud, así como, al menos, dos familiares. El responsable de salud verifica la identificación del cadáver, señala Shupingahua Mendoza, quien justamente asume ese rol.

El Estado no debería exigir ni un sol al ciudadano para identificar a los familiares. Ha violado sus derechos y debería correr con los gastos"

"Mientras no haya delito alguno no tendrían por qué participar ellos [la Policía y la Fiscalía], simplemente estar presente la autoridad del municipio y de salud ambiental”, señala Shupingahua Mendoza, ingeniero en ecología de bosques tropicales.

PARTICIPANTES. Fotografías de familiares muestran la intervención de panteoneros y maquinarias en procesos, en muchos casos, arrancaban en la madrugada y se extendía hasta la mañana.

Imagen: Deudos de víctimas de covid-19

 

De acuerdo a la Ley 30868, de noviembre de 2018, el fiscal provincial de turno acompaña el proceso de exhumación, a solicitud de la municipalidad o autoridad, cuando se trata de un entierro realizado en una ubicación o sepultura sin autorización, del cementerio público, la municipalidad o la autoridad sanitaria o cuando se infrinjan los requisitos del cementerio. En ese caso, su función es garantizar la intangibilidad del cadáver.

Jaime Canelo, antropólogo social de la Unidad de Medicina Legal II de Loreto, explica a OjoPúblico que este equipo especializado puede intervenir en los procesos de exhumación en el denominado cementerio covid-19; sin embargo, para ello necesitan una autorización judicial o solicitud de la autoridad sanitaria o de los deudos al Ministerio Público. “Llamamos a que sea más un análisis científico: ADN, odontología, antropología, medicina, biología, con profesionales, para que tengan más certeza al recibir a su pariente”, señala.

Según explica, la identificación de un cadáver no solo se trata del contexto social y cultural; es decir, la ropa, los aretes o tatuajes, sino también se puede verificar el ADN, el sistema dentario, los restos óseos cuando no existe el tejido blando. Asimismo, se elabora una ficha de antecedentes, en el que las familias brindan todas las características: accidentes, operación, fractura, golpes, piercings, cicatrices, tatuajes, lo que sea relevante para la identificación.

Uno de los planteamientos es elaborar una base de datos de los más de 400 inhumados en ese espacio. Para ello, se debe trasladar el laboratorio al campo y realizar el proceso de identificación especializado que puede durar alrededor de dos años y medio. “Ya son tres años y si se sigue demorando va a llegar otro año más y podemos correr el riesgo de que los cuerpos que han sido manipulados estén descompuestos y va a ser más complejo hacer el perfil”, agrega Diana Bicerra, también de la Unidad de Medicina Legal II de Loreto.

El Comité Internacional de la Cruz Roja establece, en sus lineamientos sobre la gestión de cadáveres en relación con la covid-19, que la justificación de las decisiones sobre el lugar y el método de entierro, el traslado y el almacenamiento temporal u otros medidas referidas a los fallecidos debe comunicarse prontamente a los familiares.

También refiere que, para la inhumación, se debe implementar un sistema de registro que permita localizar eficientemente la tumba y se debe asignar un código único al cuerpo, tomar fotografías y el registro de datos del cadáver. Asimismo, se debe conocer la ubicación exacta de cada cuerpo y centralizar la información en un registro único, para una correcta trazabilidad.

PANORÁMICA. Desde la izquierda se muestra la carretera Iquitos-Nauta, luego el cementerio San Juan Bautista y a la derecha el descampado para víctimas de covid-19.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Expectativa por fallo judicial

En agosto de 2020, cuando les negaron las solicitudes por la vía administrativa, los deudos acudieron a la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde, inicialmente buscaron anular las resoluciones que declararon improcedente la solicitud de exhumación. 

En la actualidad, se trata de una acción contenciosa administrativa pendiente de la sentencia del juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, Sergio Antonio del Águila Salinas. 

La demanda está dirigida al GORE y Diresa (hoy Geresa) de Loreto, a fin de que autorice la exhumación de los cadáveres de sus familiares fallecidos por covid-19 y, como pretensión accesoria, se pide que se realice un examen de ADN a cada uno de ellos a fin de ser identificados plenamente. Los costos deberían ser asumidos por la Geresa.

“Se trata de restablecimiento de derechos. Han vulnerado los derechos de las mismas familias y de los fallecidos. Derechos como al nombre, a la dignidad, a tener información”, señala el abogado de los deudos, Pablo Casuso Chávez.

El 2 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia única, cuyo punto en controversia era si procedía o no la exhumación de los cadáveres y se realizaba el ADN. El juez lo declaró improcedente y los demandantes apelaron. 

A mediados de ese año, en el proceso figuraban 79 demandantes y litisconsortes. El 16 de agosto se emite una sentencia en segunda instancia, que declaró nulo el anterior fallo y ordenó al juez una nueva resolución.

Sin embargo, desde enero de 2022, varios deudos se han retirado de la demanda contra el GORE Loreto para que les aprueben el proceso administrativo de exhumación. Según el abogado Pablo Casuso, a la fecha, han desistido alrededor de 37 demandantes. “Si cada familia tuvo que gastar entre S/2.500 y S/3.000 para exhumar a cada cadáver, ¿qué pasa con los que no tienen ese monto? Tienen que esperar la sentencia judicial”. 

El 31 de agosto de 2023, el juzgado emitió una nueva resolución que dispone admitir como prueba de oficio el informe técnico y presupuestal que haga viable la exhumación de los cadáveres e identificación mediante prueba de ADN y entierro digno. Este documento debía ser elaborado por el GORE y la Diresa en un plazo de 10 días hábiles, lo cual ya venció.

TERRENO. En diciembre de 2020, tras el reclamo de las familias, se colocó distintivos para limitar las entierros, aunque estos no eran exactos.

Foto: Facebook Por un entierro digno

 

La Corte Superior de Loreto señaló por escrito a OjoPúblico que, a fin de visibilizar la exhumación e identificación se requiere de dichos informes por parte de las autoridades. “Se debe solicitar como prueba de oficio para emitir pronunciamiento de fondo”, dijo.

Este medio, además, pudo conocer que el caso del cementerio covid-19 ha sido sometido a investigaciones en la Fiscalía Provincial Especializada en Material Ambiental de Loreto por presuntos actos de contaminación, en la Segunda Fiscalía Especializada de Prevención del delito de Loreto, así como la de Delitos de Corrupción de Funcionarios de dicha región. 

Solo este último caso, vinculado al presunto delito de colusión, aún se encuentra en marcha y en etapa de investigación preliminar, con plazo cumplido y diligencias pendientes. 

Al respecto, la Presidencia de la Junta de Fiscales de Loreto no brindó mayores detalles de este caso, amparada en la reserva de la investigación fiscal. Tampoco precisó si el Ministerio Público ha participado en los procesos de exhumación en dicho espacio.

El gerente general regional de Loreto, Jhon Rivas Ochoa, señaló que, a partir del proceso judicial, van a definir responsabilidades, principalmente, de la anterior gestión, que terminó el 31 de diciembre de 2022. Aseguró que se llevará a cabo un control interno.

DESCANSO. Los entierros más antiguos datan de abril y mayo de 2020, durante el pico de la primera ola de covid-19.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

“No solamente en Loreto, sino en todo el mundo eran hechos inéditos. Que haya existido descuidos, malos protocolos, que no se respetó los protocolos debidos yo creo que sí. Y si tiene que haber responsabilidades, lo tendrán que asumir los que en su momento actuaron”, dijo a este medio.

Con relación a la posibilidad de costear las exhumaciones, el funcionario dijo que tienen que evaluar la cantidad de fallecidos, así como las pruebas y otros procedimientos. Añadió que si “el GORE tiene que invertir y sanear bajo un nuevo término administrativo, lo vamos a hacer”.

Sin embargo, también sostiene que no han recibido documentación formal, la relación de los cadáveres, ni la ubicación por parte de la anterior gestión. Según refiere, no tienen ninguna estadística referida a este espacio de entierro.

El caso del cementerio covid-19 aún está en manos del Poder Judicial y existe una investigación por colusión de la Fiscalía.

El 15 de abril de 2020, se suscribió un acta en la que el municipio de San Juan Bautista entregó de forma provisional en afectación en uso un terreno de dos hectáreas al GORE Loreto para implementar el cementerio covid-19. En esa zona, este último debía habilitar el terreno para trabajos de limpieza, nivelación, mejoramiento de vía de acceso y pórtico de entrada, así como gestionar la elaboración y ejecución de un proyecto de inversión para la construcción del cementerio covid-19.

El 5 de abril de 2023, el concejo municipal de San Juan Bautista aprobó la reversión de dicho terreno para que pase nuevamente a su poder y ya no esté en manos de GORE. Karen Ugaz, responsable de la Unidad de Servicios Funerarios Municipales (Userfum) de dicha comuna, señala que ese espacio ha sido denominado como pabellón covid y, actualmente, es intangible.

BÚSQUEDA. Los hermanos Zumba, junto a la esposa y el nieto de Segundo piden la intervención de las autoridades regionales para identificar a su padre.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

SIN REGISTRO. El protocolo de exhumación prohíbe a los familiares usar cámaras fotográficas. Si lo incumplen, se suspende el proceso.

Imagen: OjoPúblico

 

"No podemos tocarlo por el tema de cómo han sido inhumadas esas personas (...). Son objeto de denuncia pública”, señala la funcionaria municipal. Las exhumaciones aún deben ser autorizadas por la Geresa. 

Tanto la gerencia general del GORE Loreto, así como el municipio de San Juan Bautista coincidieron en un punto: ninguno contaba con información oficial o estadística de este espacio cuando dialogaron con este medio. Ambos se señalaron mutuamente como responsables de entregar dicho material, lo cual evidencia opacidad y falta de claridad en este proceso.

Abel Chiroque Becerra, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, considera que el GORE podría intervenir, de forma humanitaria, con apoyo en maquinarias o logística para reducir los costos de la familia. “Hay una necesidad de responder a las familias en su derecho al duelo, a los ritos funerarios y poder facilitar cualquier proceso de exhumación, porque tiene un costo elevadísimo”, señaló. 

En respeto y homenaje a las personas fallecidas durante la pandemia, dice el funcionario, se requiere una buena administración y que el Estado cuente con información precisa sobre la ubicación de los cadáveres. 

En mayo pasado, los hijos de Segundo Zumba Reátegui visitaron el llamado cementerio covid-19, pese a que sabían que su padre no estaba enterrado donde creían. Lo hicieron porque los panteoneros les habían sugerido que le “hablen” a su ser querido y que le pregunten: "¿Dónde está?". Quizá, así, podían soñar y saber dónde está enterrado. Ellos lo hacen porque no encuentran otra solución. 

Solo van y se sientan en el descampado, “¿Dónde estás, papi?”, dice que preguntan. Y nadie aún responde.