Europa es el tercer socio comercial del Perú y uno de los principales destinos de los alimentos producidos en el país. Una parte importante de estos productos tienen su origen en uno de los ecosistemás más frágiles y amenazados por la deforestación: la Amazonía. Las cifras oficiales de la Unión Europea señalan que el consumo de esta región del planeta ocasionó alrededor del 10% de la deforestación global del mundo.

Es por eso que en abril de este año el Parlamento Europeo aprobó una norma que busca garantizar que los productos importados por los países de la Unión Europea no provengan de áreas deforestadas. La medida, pendiente de su ratificación en el Consejo del Parlamento Europeo, exige a las compañías importadoras a revisar que su mercadería, producida después del 31 de diciembre del 2020, "no provenga del desbosque ni haya ocasionado degradación forestal".

La ley aprobada, que tendrá vigencia 20 días después de su ratificación, alcanza a la carne, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso. Y, como requisitos adicionales se ha establecido que estos productos, deben de garantizar el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, durante toda su cadena de valor.

Una producción importante de estos productos peruanos, provienen precisamente de la Amazonía y son exportados hacia España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia.

Y como varios estudios han documentado, el avance de los cultivos agrícolas en la Amazonía están asociados en varios casos a la deforestación; y productos como la madera que aún presentan serios problemas para garantizar su origen legal.

Solo entre 2019 y 2020, la deforestación en Perú alcanzó niveles históricos, y según las proyecciones de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), estas pérdidas –entre el 2021 y 2025– podrían ser de 857.000 hectáreas de bosques, un área equivalente al doble de la superficie de la región Tumbes.

OjoPúblico analizó las cifras de exportación e identificó los principales negocios y empresas que trabajan en territorio amazónico y que tendrán el desafío de adecuarse a la norma europea si buscan continuar exportando sus productos a esta región. Se trata de compañías dedicadas a la comercialización de madera, aceite de palma, café y cacao.

 

Madera, café y cacao en la mira

La exportación de madera es uno de los negocios más relevantes desde la Amazonía hacia Europa. En este sector el Grupo Maderero Amaz S.A.C., con actividades desde 2016, es la compañía más destacada del rubro. Durante el 2022, duplicó sus envíos de enero a junio del año pasado respecto al mismo período del 2021. Sus principales destinos fueron China, Francia y Dinamarca.

A partir del análisis de un grupo de guías de movilización de madera emitidas en Ucayali, OjoPúblico identificó que, entre febrero y junio del 2021, esta compañía tuvo a Segundo Santos Montenegro Dávila como proveedor de 144 metros cúbicos de la especie shihuahuaco, un árbol con riesgo de extinción. 

Según la información revisada, el Grupo Amaz adquirió el shihuahuaco proveniente de una concesión que, en 2018, tuvo una alerta del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) por considerar 34 árboles inexistentes en su plan de manejo forestal, de acuerdo al observatorio Madera Legal de Proética. 

Esta supervisión también generó un proceso sancionador contra Montenegro Dávila y Osinfor le impuso una multa de poco más de S/4.500 por extraer 57 metros cúbicos de la especie copaiba y amparar el producto no autorizado con documentos de movilización de madera.

 

SALIDAS. Las principales exportadoras madereras de Ucayali han tenido como proveedor a una persona sancionada por movilizar producto forestal sin documento que sustente su transporte. 

Foto: OjoPúblico. 

 

Grupo Amaz cuenta con la certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), aprobado hasta el 2026, que asegura la sostenibilidad en toda la madera que adquiere y exporta la empresa. Sin embargo, al analizar la documentación de su proveedor para este reportaje, se identificó que uno de sus proveedores ha sido observado por la autoridad forestal. 

Este medio se comunicó con la empresa para conocer cómo garantizaban la sostenibilidad en la madera que exportan y si sabían los antecedentes de su proveedor Montenegro Dávila, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta de su parte. 

Ucayali es el corazón del comercio de madera en la Amazonía Peruana. En la primera mitad del 2022, en esta región también destaca la empresa Forestal Cumaru S.R.L., que incrementó casi 10 veces sus exportaciones de enero a junio del año pasado, respecto al 2021.

Al igual que el Grupo Amaz, Forestal Cumaru tuvo entre sus proveedores a Segundo Montenegro Dávila a quien, en octubre de 2022, le compró 106 metros cúbicos de madera mashonaste. El origen de esta madera también fue la misma concesión donde, en 2018, Osinfor alertó la inexistencia de árboles. Pero, mientras continúan las sospechas sobre el origen de la madera, las ventas al exterior no se detienen.

Consultados sobre el tema, la empresa tampoco respondió. 

Otro producto sensible que se cultiva en la Amazonía y que también deberá cumplir los estándares de origen libre de deforestación, si es que se busca continuar exportando a Europa, es el café. El segundo y cuarto territorio con mayor producción de café se ubican precisamente en este ecosistema, en las regiones San Martín y Amazonas, respectivamente.

Desde estas regiones, productores locales abastecen a las principales exportadoras del país, pero a la fecha estas empresas no se encuentran obligadas a reportar sobre el origen de sus proveedores. La falta de detalle abre la posibilidad para que la pérdida de bosques se infiltre en este sector económico. 

El sector cafetero peruano tiene como líder histórico a la empresa Perales Huancaruna S.A.C., con actividades desde 1986 y una facturación de más de USD 210'000.000 el año pasado. Además, entre 2021 y 2022, esta empresa concentró el 17,8% de todas las exportaciones de café y casi duplicó sus envíos hacia Alemania, Bélgica y los Estados Unidos, principalmente. 

La compañía señala que tiene distintos sellos verdes y otros certificados de sostenibilidad, pero no da más detalles sobre sus proveedores. OjoPúblico solicitó información sobre las zonas de origen de donde proviene su café y lugares de producción, pero no obtuvo respuesta.

La identificación de la cadena de suministro, así como la transparencia de los proveedores es una herramienta útil para garantizar cadenas de valor sostenibles y libre de deforestación. Diversos estudios nacionales e internacionales han señalado que en varios lugares existe un vínculo entre la deforestación y el cultivo de café. Sin embargo, en Perú no existe información oficial para garantizar una ruta transparente del café.

El Ministerio del Ambiente, a través del programa Geobosques, solo cuenta con información hasta el 2016 respecto al cambio de uso de suelos, un indicador que —de estar actualizado— permitiría conocer los motivos o categorización que tiene el sector para la pérdida de bosques. 

Asimismo, recién desde fines del 2019 las empresas peruanas exportadoras de café cuentan con un sello del sector público, establecido por PromPerú, que certifica la calidad del producto para su salida del país. Sin embargo, este documento no garantiza que los insumos no provengan de la deforestación. 

Desde el lado privado, la Junta Nacional del Café (JNC) y la Cámara Peruana del Café y Cacao otorgan un certificado de origen para acreditar que el cultivo ofrecido por productores y exportadores tiene su comienzo en el Perú. Pero como en otros documentos, este tampoco respalda la sostenibilidad en la cadena de suministro. 

El gerente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo Castillo, señaló a OjoPúblico que para su gremio —integrado por 56 organizaciones de 14 zonas del país— existe una dificultad para asegurar que el café cosechado en el Perú no ha tenido un vínculo con la pérdida de bosques del país, como manda una ley recién aprobada por el Parlamento Europeo. “La norma afecta a los pequeños productores. Estamos en riesgo de no poder cumplir con los embarques con destino a Europa”, alertó. 

Castillo Castillo también mencionó que el gobierno peruano no exige a las exportadoras que informen sobre sus proveedores y puntos exactos desde donde cultivan o combinan el producto. “Nadie quiere confesar cómo hacen esa ‘cocina’. Es como la gastronomía donde cada uno tiene una forma de hacer su lomo saltado”, explicó. 

La norma de la Unión Europea afecta a los pequeños productores, dicen en la Junta Nacional de Café.

OjoPúblico también consultó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) sobre sus competencias en las exportaciones de café y señalaron que no brindan ninguna certificación a empresas, sino que solo otorgaban un documento fitosanitario exigido por los países importadores con el fin de prevenir y controlar plagas o enfermedades. 

Para el caso de los destinos internacionales, las compañías exportadoras de café pueden tramitar de forma voluntaria diferentes sellos independientes como el Rainforest Alliance o la etiqueta UTZ Certified, otorgados para respaldar la protección a la vida silvestre, ecosistemas, buenas prácticas agrícolas, así como los derechos de los trabajadores y comunidades.

Un tercer producto que ha aumentado el valor de sus divisas es el cacao en grano. El análisis de exportaciones peruanas, entre 2021 y 2022, señala que las ventas crecieron en un 4%. En el sector destacan Cafetalera Amazónica S.A.C., Sumaqao S.A.C y Agro San Gerardo E.I.R.L, que concentran el 44,2% de todas las exportaciones de cacao, entre 2021 y 2022. 

 

ALERTA. El aumento de la exportación de cacao, en las regiones Ucayali y San Martín, se ha desarrollado en distritos donde también se ha detectado el aumento de pérdida de bosques. 

Foto: Gobierno Regional de San Martín. 

 

Ucayali es la región con mayor crecimiento de cultivo de cacao, pero es también una de las más afectadas por la deforestación. El crecimiento de los cultivos de cacao en zonas como el distrito de Campoverde, coinciden con el incremento de pérdida de bosques amazónicos. Solo en este distrito la deforestación aumentó de 891,1 hectáreas en 2020; a 994,7 en 2021.

Una situación similar de afectación de bosques en zonas de cultivo de cacao se repite en Juanjui y Tocache, en San Martín, donde la deforestación se duplicó entre 2019 y 2020.

Desde el gobierno peruano, en julio de 2020, se aprobaron cuatro normas técnicas que, en conjunto, permiten que el cacao nacional sea “sostenible y trazable”, es decir, que el origen de esta actividad se desarrolle sin dañar al medio ambiente. Sin embargo, no hay un registro público para conocer si las principales exportadoras han adoptado estas medidas.

Las exportadoras de la Amazonía incrementaron sus ingresos, pero no han acreditado que sus productos no tengan algún vínculo con la deforestación.

El economista agrario e investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra Méndez, sostuvo a OjoPúblico que el incremento en las cifras de exportación del cacao o café apuntan a un alza en los precios globales de estos productos agrícolas. 

Sobre la norma impulsada por la Unión Europea, Zegarra Méndez también advirtió que será complejo el proceso de transición de los productores peruanos a la nueva norma que busca reducir la deforestación en productos que ingresan a territorio de la Unión Europea.

"[La implementación] será complicada porque una buena parte de esos productos vienen de zonas que han sido bosques. Al cortarle el mercado a los productores lo único que haces es empobrecernos y va a aumentar la deforestación", dijo. 

  

VACÍOS. En el sector de palma aceitera, las principales productoras y exportadoras no brindan detalle respecto a los compradores y destinatarios finales del producto. 

Foto: OjoPúblico. 

Aceite de palma y oro bajo sospecha

En la región amazónica de Ucayali, en los primeros seis meses del año pasado, las exportaciones de aceite de palma han superado a la madera. Este insumo —usado como suministro en diversos productos diarios— tiene como único exportador a Sol de Palma, empresa que, entre enero y junio del 2022, concentró el 59% del valor de todas las remesas en esta región. Sus destinos principales, que se duplicaron en los seis primeros meses del año pasado, fueron México, España y Ecuador. 

En 2021, OjoPúblico identificó los vínculos comerciales de Sol de Palma con el Grupo Ocho Sur. Desde 2016, esta última empresa ha tenido un conflicto con un grupo de miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, quienes denuncian que las actividades de palma aceitera se han desarrollado sobre territorios que ellos reclaman como suyos. 

A la fecha, ni Sol de Palma ni Ocho Sur forman parte de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), un gremio que otorga una certificación para garantizar la sostenibilidad en la cadena productiva de este sector.

La empresa E & M Company representa casi el 40% del total de exportaciones de Madre de Dios. 

En los últimos tres años, los registros oficiales también muestran un incremento en las exportaciones de esta materia prima, pero todavía no hay claridad respecto a todos los involucrados en su cadena productiva. Como reveló OjoPúblico en una publicación de marzo pasado, las principales compañías de esta región —Olamsa y Servicios Agrarios de Pucallpa, la última del Grupo Ocho Sur— no brindan información respecto a sus clientes en Perú, que luego exportan el producto a Europa y América Latina.

En Madre de Dios, dos compañías agruparon el 57% del valor de todas las exportaciones de oro de la región, registradas en los seis primeros meses del año pasado. Ambas firmas, E & M Company y A & M Gold Metal Trading, extrajeron el metal precioso de este territorio amazónico caracterizado por la expansión de la actividad ilegal aurífera.

E & M Company ha exportado oro a la India, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Su gerente general, Miguel Zinanyuca Cruz, forma parte de una investigación de la fiscalía ambiental de Madre de Dios por el delito de minería ilegal. El caso se encuentra en etapa preparatoria y su origen se remonta al 2013.

La empresa E & M Company representa casi el 40% del total de exportaciones de Madre de Dios. Al cierre de este de reportaje, la compañía no atendió a las comunicaciones ni correos electrónicos enviados por OjoPúblico.

 

Los desafíos para el Perú

Ada Lis Rosell Villavicencio, gerente en Perú de la organización Solidaridad, señala que la adecuación a esta ley europea requerirá un trabajo articulado entre el gobierno peruano, el sector privado y la sociedad civil para mitigar un impacto negativo en los pequeños productores nacionales, quienes podrían “irse a otra actividad productiva y que puede llevar a mayor deforestación”. 

También sostiene que la medida puede ser vista como una oportunidad, pero las autoridades nacionales deben priorizar este cambio. “El reto [en el cumplimiento de la norma] es gigante porque en la ley [peruana] hay vacíos y hay otros [requisitos] difíciles de cumplir. Puedes tener productores sostenibles, pero hoy no están en la capacidad de demostrar que no han deforestado”, indicó a OjoPúblico. 

Si bien habrá un proceso de adecuación de 12 meses, donde se clasificará a los países de acuerdo a su nivel de riesgo, las empresas exportadoras a territorio europeo deberán adoptar medidas como la implementación de coordenadas de geolocalización de las tierras donde operan, así como información detallada de la producción para asegurar que en el proceso se ha respetado los derechos humanos, según la legislación local. 

Al ser consultada por los potenciales riesgos en la pérdida de bosques alrededor de las exportaciones de la Amazonía, la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, recomendó un análisis a fin de establecer si el desarrollo productivo necesita "acciones complementarias" para enfrentar a la deforestación. "Las actividades de cacao y café así como otras pueden ser compatibles con cobertura boscosa", dijo. 

Sin embargo, Ruiz Ostoic reconoce que se requirará un trabajo activo de los gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo para "identificar zonas devastadas por la pérdida de bosques que pueden ser recuperadas por otra actividad y sancionar procesos de deforestación que se siguen dando y que actualmente tienen un velo de impunidad".