OCULTAS. Pistas de aterrizaje se ubican en distritos como Masisea, Curimaná y Nueva Requena.

Narcotráfico en Ucayali: decenas de pistas de aterrizaje clandestinas en el corazón de la Amazonía peruana

Narcotráfico en Ucayali: decenas de pistas de aterrizaje clandestinas en el corazón de la Amazonía peruana

OCULTAS. Pistas de aterrizaje se ubican en distritos como Masisea, Curimaná y Nueva Requena.

Foto: Gobierno Regional de Ucayali

Entre 2020 y 2022, el gobierno regional de Ucayali ha identificado –tras el análisis de imágenes satelitales– 63 presuntas pistas de aterrizaje para el tráfico de drogas en Ucayali. La tercera parte de estas se encuentran dentro de áreas administradas por concesiones forestales, 16 en territorios de comunidades indígenas, 7 en predios privados, dos en reservas de Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci). Líderes y comuneros de esta región entrevistados por OjoPúblico alertan que el número de narcopistas es mayor, pero que hace falta geolocalizarlas. Solo en 2022, la policía ha decomisado 2.909 kilos de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana en la región y ha podido destruir solo 8 de estas pistas. Estas rutas áreas tienen como destino Bolivia y Brasil para el traslado de droga y otros insumos ilegales.

24 Marzo, 2023

En la región amazónica de Ucayali, en la frontera con Brasil, el crimen organizado se extiende cada vez más de la mano del narcotráfico. Solo entre el 2020 y el 2021, los cultivos ilegales de hoja de coca se triplicaron, y con esto, también la invasión de territorios indígenas. Desde el 2014, siete líderes indígenas han sido asesinados por mafias dedicadas al tráfico de drogas y la tala ilegal, la deforestación se ha incrementado y la violencia contra estas comunidades indígenas aumenta.

Los sembríos ilegales de coca en Ucayali pasaron de 3.822 a 10.151 hectáreas, solo entre 2020 y 2021, según el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Este aumento del 266% la ha convertido en la región con el mayor crecimiento de superficie ilegal sembrada. Le siguieron Loreto (en la frontera con Brasil y Colombia, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla) y Puno (Sandia), con un incremento del 163% y 122%, respectivamente.

Pero en esta zona con mayoritaria presencia de territorios indígenas, los traficantes de droga ya no solo amenazan, asesinan líderes indígenas, invaden tierras y producen cocaína, durante los últimos años se ha intensificado la extracción de la cocaína en avionetas a través de decenas de pistas de aterrizaje clandestinas. Solo entre 2020 y 2022, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerffs) de Ucayali identificó y georeferenció –tras el análisis de imágenes satelitales (que permite una resolución espacial de hasta 10 metros)– por lo menos 63 presuntas pistas, 18 pistas más a las identificadas el 2020.

Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas han destruido varias de estas pistas, pero las organizaciones criminales vuelven a utilizarlas o a hacer otras. Solo durante el 2022, las fuerzas del orden destruyeron en todo el país 64 narcopistas, la mayoría en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Huánuco y Ucayali.

En Ucayali, la Dirección Antidrogas de la policía, ha identificado e intervenido con frecuencia avionetas tipo Cessna, en su mayoría con matrícula de Bolivia. Estas naves aterrizan en las pistas clandestinas para cargar la cocaína y trasladarla hacia Bolivia o Brasil.

Clandestinas

ATALAYA. La provincia ubicada al sur de la región concentra la mayor cantidad de pistas de aterrizaje: 34 en los distritos de Raimondi, Masisea y Tahuanía.
Fuente: Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali

 

De acuerdo al análisis de las imágenes satelitales, la tercera parte de estas presuntas narcopistas se encuentran dentro de áreas administradas por concesiones forestales, 16 en territorios de comunidades indígenas, 7 en predios privados, dos en reservas de Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci). 

En 2021 se identificaron a 12 comunidades indígenas afectadas directamente por la presencia de pistas en su territorio; un año después, las comunidades afectadas directamente ya suman 16, según el reporte del gobierno regional. Cada pista tiene aproximadamente tres kilómetros de extensión.

Los distritos con mayor cantidad de pistas detectadas en estos tres años son Raimondi (22), Masisea (11) y Sepahua (9). A nivel provincial, Atalaya —en el sur de la región— encabeza la lista, con 34 pistas de aterrizaje. Le siguen Coronel Portillo, con 18, y Padre Abad, con 11. Las pistas afectan los territorios de 16 comunidades indígenas.

En esta zona, como informó OjoPúblico el año pasado, opera el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, dedicado al narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato. Esta organización controla las rutas de insumos ilegales y cobra cupos a otras actividades ilícitas de la zona, como la madera ilegal.

 

Distritos con sembríos ilegales

En Ucayali, las principales zonas de producción de hoja de coca ilegal son Callería —que abarca el distrito del mismo nombre y Masisea, en la provincia de Coronel Portillo—, con 6.004 hectáreas; y Aguaytía —que comprende dos distritos de Loreto y nueve de Ucayali, estos últimos ubicados en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad—, con 2.475 hectáreas.

La información evidencia que este avance del narcotráfico impacta a un número cada vez mayor de comunidades indígenas de la región.

Destrucción de pozas de maceración en Ucayali

PROCESAMIENTO. Destruccón de laboratorios rústicos para elaboración de Pasta Básica de Cocaína en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo.
Foto: Dirección Antidrogas de la PNP

 

Sin embargo, el área de influencia de los sembríos ilegales de hoja de coca, las narcopistas y las rutas terrestres utilizadas por los traficantes para extraer la droga, es muy amplio y afecta a más comunidades indígenas.

Según la Organización Regional de Aidesep - Ucayali (ORAU), hasta el 2021 el narcotráfico afectaba a por lo menos 80 comunidades en Ucayali. Esto representa más del 20% de las comunidades indígenas de la región.

Berlín Diques Ríos, presidente de esta organización, cita como ejemplo el caso de la comunidad kakataibo de Sinchi Roca —en el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad—, donde “los cultivos de hoja de coca están a la vista”.

Esta comunidad perdió 360 hectáreas de bosque en 2022. No obstante, el caso más grave es el de la comunidad asháninka de Colpa, en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, que perdió 426 hectáreas en el mismo año.

El dirigente de la ORAU sostiene que la deforestación a gran escala y de manera muy rápida corresponde a actividades vinculadas directamente al narcotráfico. “No es hecha solamente por taladores ilegales. Ahora, es el narcotráfico el que depreda el bosque con más rapidez para sembrar coca”, dijo el líder asháninka a OjoPúblico.

Franz Tang Jara, titular de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, alerta sobre la vulnerabilidad de estas comunidades. “Frente a la presencia de una pista de aterrizaje en su territorio, ellos no tienen alcance legal ni seguridad para actuar, se encuentran completamente vulnerables”.

En lo que respecta a la erradicación de cultivos ilegales, en 2021, estas tareas abarcaron 3.260 hectáreas en Coronel Portillo (distrito Nueva Requena) y Padre Abad (distritos de Padre Abad, Irazola y Curimaná), según Devida.

ORAU

RESISTENCIA. Dirigente indígena Berlín Diques denuncia el crecimiento acelerado de cultivos ilegales y amenazas a comunidades indígenas.
Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Toneladas de drogas decomisadas

El rango de influencia de una pista varía según la existencia de caminos, ríos o quebradas para articularse con las zonas productoras, explica el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali de ORAU, Propurús y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El narcotráfico también emplea mochileros, que trasladan la droga a pie por algunos kilómetros hasta alcanzar las pistas de donde las avionetas salen con destino a Brasil o Bolivia.

“Con los sistemas satelitales hemos logrado ubicar las pistas y es tarea del Gobierno intervenir, pero parece que a las autoridades no les interesa la vida de los pueblos indígenas”, cuestiona el líder Berlín Diques.

A pesar del incremento del número de pistas en Ucayali, el año pasado la policía logró destruir solo ocho, según registros de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), a los que accedió OjoPúblico a través de un pedido de acceso a la información. Las pistas destruidas se encontraban en los distritos de Curimaná (4), Padre Abad (3), y Nueva Requena (1).

De acuerdo a la información entregada, en 2022 también en esta misma región, se decomisaron 2.909 kilos de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana. Los distritos con más decomisos fueron: Tahuanía (417 kilos), Raimondi (415 kilos), Masisea (362 kilos), Irazola (342 kilos), Alexander Von Humbolt (331 kilos), Sepahua (320 kilos), Callería (265 kilos) y Padre Abad (247 kilos).

Avioneta Cessna - Tráfico de drogas

VUELOS FRECUENTES. Avioneta modelo Cessna, de procedencia boliviana, utilizada para transportar droga y que fue intervenida por la policía en Ucayali el 2022.
Foto: Dirección Antidrogas de la PNP.

 

En cuanto a la hoja de coca seca, lo incautado y destruido fue de 13.979 kilos, informó la PNP. Los distritos intervenidos fueron Callería, con 5.161 kilos; Irazola, con 2.620; Masisea, con 2.266; Nuevo Requena, con 468; Padre Abad, con 3.416, y Raymondi y Tahuanía, con un kilo cada uno.

La exprocuradora antidrogas del Ministerio del Interior, Sonia Medina Calvo, aseguró a OjoPúblico que precisamente el problema del narcotráfico se debe enfrentar desde su producción por ser el origen de este producto ilícito.

"Tenemos la responsabilidad de [combatir] la producción, es decir, desde los cultivos de coca que es la materia prima y los insumos químicos que forman parte de este proceso", recordó y agregó que no se debe descartar a las organizaciones que operan la microcomercialización de la droga.

Medina Calvo también recomendó una mejora en las labores de "inteligencia operativa" de la Policía por ser quienes actúan en "primera línea", construyen los casos y trabajan de manera articulada con la Fiscalía, que se convierte en "director" de las investigaciones.


Mochileros y pistas en la frontera con Brasil

El distrito de Yurúa tiene cerca de 2.000 habitantes y se ubica en la provincia de Atalaya, en la frontera con Brasil. Solo se puede ingresar por avioneta o por río, intercalando tramos por carretera.

En la zona, de acuerdo a información de la Microred de Salud del distrito, son comunes las infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas, al igual que la anemia y las infecciones de transmisión sexual. 

Carmen Muñoz Pacaya, técnica en enfermería y responsable de la microred, informó a OjoPúblico que, desde diciembre, no cuentan con un médico ni medios para atender emergencias.

A mitad de mes, un hombre de 57 años de la comunidad Dulce Gloria falleció cuando era trasladado en una avioneta a Pucallpa por una neumonía grave. Otra mujer, de 42 años, fue llevada de emergencia a la misma ciudad, donde le diagnosticaron una obstrucción intestinal grave.

“En Yurúa no tenemos odontólogo, ni obstetra, ni una máquina para hacer ecografías. Si hay una emergencia, coordinamos con la red de salud de Coronel Portillo y se tiene que chartear un vuelo”, explicó la enfermera.

Yurúa tiene el doble del tamaño de la región Tumbes y no aparece en los registros de Devida sobre producción de hoja de coca. Sin embargo, comuneros que viven en las zonas más alejadas de Breu —la capital del distrito— sostienen que aquí también existen narcopistas.

En la comunidad asháninka de Paititi, por ejemplo, es común escuchar los sobrevuelos a baja altura de avionetas durante la madrugada, señaló una fuente a OjoPúblico. Comuneros que salen a cazar al bosque aseguran que existe una pista dentro de la Reserva Indígena Murunahua –para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial–, cerca a un afluente del río Yurúa. Otro punto donde algunos comuneros señalan la existencia de pistas de aterrizaje es cerca al río Breu.

Yurúa

COMUNIDADES ABANDONADAS. Instalación para el tratamiento del agua no sirve, puente que comunica con la orilla no se reconstruye.
Foto: Desarrollo Ambiental y Social Perú (DAS)

 

Para la policía de Brasil, como detalló OjoPúblico en un reportaje anterior, Yurúa es un corredor del narcotráfico en la frontera. En esta zona transitan los denominados mochileros y constituyen otro factor de presión para los indígenas.

Según Stany Pérez, de la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Sharakoiai (Aconadiysh), estas personas viajan armadas y generan miedo en las comunidades.

Señala, además, que no hay forma de pedir auxilio, pues no hay a dónde llamar y los pocos policías que están asentados en un puesto de vigilancia fronteriza —localizado, irónicamente, a dos horas de la frontera— no reciben denuncias.

Testimonios recogidos en Yurúa también dan cuenta de enfrentamientos entre mochileros e indígenas, sin que estos casos sean de conocimiento público, explica el informe de ORAU sobre defensores indígenas en Ucayali.


Flor de Ucayali y la presión del narcotráfico

La comunidad shipibo-conibo Flor de Ucayali se ubica en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo. Para llegar hasta allí, hay que viajar desde Pucallpa en una embarcación rápida, que demora dos horas, o en peque-peque. En esta última embarcación con motor, el viaje requiere unas cinco horas aproximadamente.

Mariela Guimaraes Rojas, quien lleva cinco meses como presidenta de la comunidad, cuenta que desde hace varios años son amenazados por personas vinculadas al narcotráfico.

En 2021 un grupo de hombres armados ingresó a la comunidad para amedrentar a los entonces dirigentes, que habían denunciado la actividad ilegal.

Los habitantes señalan que, a la fecha, se ha deforestado unas 3.000 hectáreas de bosque. “Nos están apretando y no permiten que hagamos nuestra vida con normalidad”, dijo Guimaraes Rojas a OjoPúblico.

Flor

DENUNCIA. Comunidad Flor de Ucayali pide que autoridades intervengan en su territorio y que cesen las amenazas.
Foto: Archivo de la comunidad Flor de Ucayali

 

El fiscal adjunto Daniel Valera Barco, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, reconoce que el narcotráfico aprovecha zonas alejadas y con poca presencia del Estado. “Así, tienen carta blanca para operar. Los únicos que le ofrecen resistencia son los pobladores locales”, explicó.

Hace más de ocho meses —el 15 de julio de 2022— el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ordenó brindar medidas de protección para los líderes de Flor de Ucayali, en el marco del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, estas no se hicieron efectivas porque la PNP no aprobó un plan de actividades.

El informe de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de la región revela que en el 2022 en esta comunidad se deforestaron 102 hectáreas de bosque.

De acuerdo con el Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siridedh), Ucayali registra 39 situaciones de riesgo —el 32% de casos de todo el país—, que involucran a 76 personas defensoras de derechos humanos. De esas 39 situaciones, 24 (el 62%) fueron causadas por actores presuntamente vinculados al narcotráfico.

Hace poco más de dos años, en esta misma región, Herasmo García Grau y Yenser Ríos Bonzano —líderes indígenas del pueblo kakataibo— fueron asesinados en Sinchi Roca (provincia de Padre Abad) y en Puerto Nuevo (Coronel Portillo).

Ambos eran voluntarios del comité de vigilancia y control forestal en sus comunidades. También en esta región, el 2014, muy cerca de la frontera con Brasil, un grupo de traficantes de madera asesinó a los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Antes de que lo mataran, Chota había estado denunciando, por años, la presencia del crimen organizado en su territorio, incluso había geolocalizado los campamentos ilegales, pero en ese momento ninguna autoridad le hizo caso. 

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