Durante los últimos años, los peruanos han visto cómo carteles y logos de las boticas Arcángel, BTL y Fasa han sido reemplazados por los de Mifarma e Inkafarma. Este cambio —que empezó antes de la pandemia— fue una de las expresiones más visibles de la reducción de la competencia en las farmacias de todo el país. Desde 2018, se estima que más del 80% del mercado de boticas y farmacias se concentra en manos de InRetail Pharma, subsidiaria de Intercorp, el grupo económico propiedad del hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor.

En enero de 2018, InRetail Pharma S.A. adquirió por USD 591 millones el total de acciones de su principal competidor, Quicorp S.A., que agrupaba a Mifarma, Arcángel, Fasa y BTL. Esta compra —cuestionada en su momento por varias organizaciones de pacientes y autoridades del Estado— expuso en pandemia los potenciales riesgos de la concentración del mercado de farmacias: cientos de pacientes denunciaron el incremento de los precios de los medicamentos.

En julio de 2020, alertados por esta situación y en plena emergencia sanitaria, un grupo de ciudadanos, abogados de organizaciones de derechos humanos y exfuncionarios públicos —entre los que se encuentran la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, y la excongresista Rocío Silva-Santisteban—, presentaron una demanda de amparo contra InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. solicitando declarar la nulidad de la compra venta porque consideraban que vulneraba el derecho a la salud.

Aunque la acción de amparo fue presentada hace más de dos años por mesa de partes virtual, los demandantes aún están a la espera de la audiencia del próximo 2 de noviembre, luego de que el juzgado postergara la que tenían programada para el pasado 12 de setiembre. El argumento del juez para esa reprogramación fue que las partes debían presentar la demanda de manera física.

La medida —admitida por el Poder Judicial— se encuentra en manos del 9° Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso.

La acción de amparo sostiene que la compra de las acciones de Quicorp por parte de InRetail se contrapone a lo establecido en la Constitución Política del Perú. El abogado experto en salud pública y uno de los demandantes, Mario Ríos, señala a OjoPúblico que dicho contrato plantea una amenaza al derecho de la salud reconocido en el artículo 2.1 de la Constitución, puesto que dificulta el acceso a medicamentos.

También firman la demanda María Narváez, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Luis Lazo, coordinador nacional de la plataforma ciudadana Foro Salud; Saturnino Espinoza, padre de un niño con insuficiencia renal crónica terminal, y Sabino Pezo, paciente con diabetes avanzada.

 

Un gigante de los medicamentos

Esta compra modificó por completo la oferta de medicamentos en el sector privado. En 2013, según el informe Perú: The top 10.000, el 38% de farmacias le pertenecía a InRetail (Inkafarma), el 45% a Quicorp (Arcángel, Mifarma, BTL y Fasa), el 11% a otros establecimientos y el 6% a Deco S.A.C. (Boticas y Salud). Sin embargo, luego de la compra, más del 80% de la oferta se concentró en InRetail, el 11% a otros y el 6% a Deco S.A.C.

Durante el 2020, las ventas de este conglomerado crecieron en un 5,94% respecto al año anterior y alcanzaron una facturación de S/5.333 millones. En su última memoria anual, Inretail Perú informó, para el rubro de medicamentos y farmacias, un crecimiento del 13% en las utilidades brutas de 2021, en comparación al 2020.

Las cadenas del grupo Intercorp terminaron el 2021 con un total de 2.252 farmacias en todo el país: 1.238 Inkafarma y 1.014 Mifarma.

La concentración del mercado en un solo grupo económico —en este caso, en manos de Intercorp— abre el camino para “manejar los precios, inducir la demanda y distorsionar la competencia”, advierte Fernando Cáceres, representante de Aprodeh.

Por la necesidad de no abandonar el tratamiento tuve que pagar precios abusivos [por medicamentos]”, contó Sabino Pezo.

Otro de los argumentos de la demanda de amparo es que limita el acceso a fármacos. “Esto afecta, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables y a las que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Mucha gente muere porque no tiene cómo cubrir los costos de medicamentos”, dice Mirtha Vasquéz.

Los demandantes piden que se reconozca que InRetail y Quicorp han vulnerado ocho derechos y principios fundamentales: el derecho fundamental a la salud, el derecho de protección al consumidor, el deber estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, la obligación de contratar con fines lícitos, el principio constitucional de libre competencia, la proscripción del abuso de posiciones dominantes y monopólicas, así como el principio del Estado social de derecho, el principio de protección de sectores excluidos y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales.

Además, solicitan la nulidad del contrato de compraventa del 26 de enero de 2018 celebrado entre InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. También piden que el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos y Drogas, elabore un protocolo para la fusión de empresas en la que se establezcan cinco directrices para evitar el monopolio o posiciones de dominio.

 

Los más afectados

Uno de los principales demandantes es Sabino Pezo, paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 desde hace 22 años. “En la pandemia las citas en Essalud se tuvieron que reprogramar, los análisis clínicos ya no se realizaban y algunos medicamentos no habían en sus farmacias. [Por eso], yo llamaba a boticas y farmacias del sector privado como Inkafarma y Mifarma”, contó.

El hombre de 55 años, que también se desempeñó como presidente de la asociación de pacientes con diabetes Sonriendo por la Vida, explicó que necesita consumir, al menos, cuatro tipos de medicamentos a la semana: metformina, glibenclamida, enalapril y pravastatina.

“Siempre que preguntaba [a las farmacias privadas] por los genéricos, que son los que me daba EsSalud, me decían que estaban agotados, pero que sí tenían la equivalencia de ese medicamento con el de marca y cuando preguntaba por el costo salía que era muy elevado”, relata a OjoPúblico.

Por ejemplo, la tableta de metformina de 850 mg en la versión de marca le costaba S/2 frente al S/1 que costaba el medicamento genérico como establece la Digemid, pero que en las farmacias no tenían disponible. La diferencia se agudiza si se tiene en cuenta que necesita de tres pastillas al día, es decir, 9 tabletas al mes. “Para no abandonar el tratamiento tuve que pagar precios abusivos”, insiste.

La demanda aún sigue en proceso. Hasta el momento, solo el Minsa ha brindado su respuesta al proceso legal pidiendo que se le exonere responsabilidades, mientras que InRetail no se ha pronunciado porque, de acuerdo con sus declaraciones a OjoPúblico, no han “sido notificados formalmente”.

“La decisión que emane del sistema de justicia está muy relacionado con que estas situaciones no se puedan repetir y se puedan corregir. [Resolver favorablemente a la demanda] sería una acción muy importante para ayudar en la situación de mucha gente en la que, realmente, su vida depende del acceso a los medicamentos”, resalta Mirtha Vásquez.

 

Los demandados

La demanda está interpuesta, en primer lugar, contra InRetail Pharma S.A., representada por su gerente general Juan Carlos Vallejo Blanco. Esta compañía se fundó en octubre de 1996 y, hasta 2018, funcionó bajo el nombre de Eckerd Perú S.A.. Ese año se constituyó InRetail Pharma con la finalidad de adquirir la totalidad de acciones y subsidiarias de Quicorp S.A.

InRetail Pharma pertenece a Intercorp, uno de los grupos económicos más importantes del Perú. Además del negocio de farmacias y su distribución, Intercorp tiene inversiones y subsidiarias en la banca, supermercados, tiendas por departamento, cadenas de cines, hoteles y educación.

El holding cuenta también con Interseguro, especializado en seguros de vida y rentas de jubilación; Clínica Aviva, un establecimiento de salud; Alivia y Consultapp, aplicativos de telemedicina. InRetail y sus subsidiarias tienen operaciones en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

La amplitud de inversiones del grupo Intercorp y la integración vertical —que se refiere al crecimiento empresarial donde el financiador de un servicio es el dueño de la empresa que lo ofrece— en el negocio de salud es un tema de fondo que preocupa a los expertos en salud pública. A pesar de que está prohibida en Chile y Colombia, en Perú aún no se plantea su regulación.

“Hay grupos que se están apropiando de todo el mercado de la medicina, desde las aseguradoras hasta las entidades que venden medicamentos”, alerta Mario Ríos, abogado y docente en temas de salud pública en la Universidad Cayetano Heredia.

Ese también es el caso, por ejemplo, de Credicorp Ltd., y su docena de subsidiarias relacionadas al negocio de la salud. La Empresa Prestadora de Salud (EPS) Pacífico S.A., su matriz Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., las clínicas San Borja, San Felipe, el Golf y el Laboratorio clínico Roe (en alianza con la chilena Banmédica), el Centro Odontológico Americano (COA), entre otros.

El carácter monopólico de la oferta hace que seamos inducidos a comprar medicamentos más caros”, explicó Eduardo Cáceres.

Otra de las compañías demandadas es Quicorp S.A., que en julio de 2020, de acuerdo con la demanda de amparo, estaba representada por su gerente general, Rafael Dasso Montero. Actualmente, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sus representantes legales son el gerente general José D’Angelo Dañino, que inició en el cargo en abril de este año, y los apoderados José Camere Cabrera, Viviana Crippa Mazzuccheli y Pablo Zapata Garate.

Esta empresa se estableció en 1939 y, en 2006, inició sus operaciones con dos locales de Mifarma. Además, en 2011, a través de su subsidiaria Química Suiza S.A.C., adquirió las boticas BTL. Asimismo, en 2012, compró Boticas Fasa y, en 2016, Arcángel.

Planteada la demanda, InRetail envió una carta notarial al Instituto de Defensa Legal (IDL) —cuyos abogados Juan Carlos Ruiz y Maritza Quispe Mamani acompañan el proceso— en la que señalan que no ejercen “una posición de dominio en el país”.

Hernán Malpartida Banducci, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma, señaló en la carta que “el Estado es el principal abastecedor de medicinas en el Perú, atendiendo al 80% de la población, mientras que el 20% restante corresponde a farmacias y boticas del sector privado”.

Esta afirmación estuvo acompañada por datos de un estudio realizado por Apoyo Consultoría, a pedido de Inretail Pharma, que, según su representante, evidencian que “los consumidores peruanos tienen diversas alternativas para su compra, tanto en locales de otras cadenas, como de farmacias y boticas independientes”.

OjoPúblico se contactó con las empresas InRetail y Quicorp para obtener sus propias observaciones a la demanda. Heidi Paiva, especialista en comunicaciones, respondió en representación de ambas empresas e indicó que las compañías no se han pronunciado hasta el momento porque aún no han sido notificadas formalmente. Por ese motivo, “no podemos emitir ningún pronunciamiento”, añadió.

Consultado sobre la postura de las empresas al considerar que la mayor cantidad de abastecimiento de medicamentos se da por el Estado, Luis Lazo, uno de los demandantes y representante de ForoSalud, explica que, a pesar de que la cantidad de farmacias de InRetail sean inferiores a la del sector público, estas sacan ventaja cuando hay desabastecimiento en los hospitales y las postas médicas.

“El gran problema que ha ocurrido con InRetail Pharma es que se ha generado una especie de monopolio que ellos niegan en términos proporcionales. Puede ser que ellos tengan pocos puntos de atención comparados con los 8.000 establecimientos públicos que hay, pero estos últimos no tienen medicamentos. Los medicamentos los tienen ellos”, destaca el representante de Foro Salud.

INTEGRACIÓN VERTICAL. InRetail, propietaria de las cadenas Mifarma e Inkafarma, pertenece al grupo Intercorp que tiene inversiones en el sector salud, entre otros.

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

 

La demanda no solo alcanza a InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A., también señala como responsable al Minsa, por ser la entidad encargada de regular todo lo vinculado al derecho a la salud. Esta institución está representada por Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, procurador público de dicha entidad. En contraste a InRetail y Quicorp, el Minsa sí ha respondido a la notificación virtual realizada luego de la interposición de la demanda.

La institución sostuvo que el proceso legal debería ser declarado improcedente porque no se presentó en los 70 días hábiles posteriores a enero de 2018, fecha en la que se celebró el contrato.

Además, indicó que no se encuentra dentro de sus competencias regular las compras y fusiones empresariales y que, según la Ley N° 31112, Indecopi es la entidad competente para “evaluar y aprobar las fusiones que se produzcan en cualquiera de los sectores económicos del país”.

Al respecto, el abogado Mario Ríos explicó a OjoPúblico que el Minsa sí es competente para actuar, porque es la autoridad sanitaria. “Esta situación está poniendo en riesgo la vida y la salud de millones de peruanos, entonces no puede sustraerse de esa responsabilidad”, dijo.

Asimismo, el representante legal Juan Carlos Ruiz señaló al juzgado que la demanda no debe prescribir porque “nos encontramos frente a una afectación continuada, pues el contrato sigue surtiendo efectos” y que las competencias de Indecopi fueron atribuidas luego de la interposición de la demanda.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que “el Estado puede implantar una serie de medidas para regular la investigación, la comercialización y las actividades de promoción de la industria farmacéutica”.

OjoPúblico también se contactó con el área de prensa del Minsa y con el área de prensa de Indecopi para conocer sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no respondieron.

 

Sobre la concentración del mercado

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado asesor del proceso, sostiene que la concentración en el mercado no es compatible con los artículos 61° y 65° de la Constitución, que prohíben la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. “La constitución dice libre mercado y estas son prácticas dominantes”, afirma.

Además de la vulneración a los artículos citados de la Constitución, explica Eduardo Cáceres, representante de Aprodeh, la adquisición de Quicorp se opone a las recomendaciones de entidades internacionales. Por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) establece que la posición de dominio en el mercado equivale al control del 40% o más de un mercado, y que ello es contradictorio con la economía de competencia de libre mercado.

La OPS, en paralelo, ha manifestado que la influencia excesiva de la industria farmacéutica puede traer, como algunas de sus principales consecuencias, “las actividades de mercadeo destinadas a prescriptores, dispensadores y consumidores, la publicidad dirigida a los consumidores para inducir el consumo independiente de la medicamentos (automedicación), así como la incorporación de tecnologías sanitarias con dudosas ventajas terapéuticas”.

“Esos son argumentos de organismos internacionales, no solo de grupos de pacientes. Ya no solo es un hecho de derechos humanos, sino también de economía de mercado y política, en el sentido del poder que existe en el ámbito de la salud, que se ha ido privatizando cada vez más”, remarca Cáceres.