ABORTO TERAPÉUTICO. En 2021, solo 13 menores de entre 12 y 17 años lograron acceder al procedimiento.

El daño oculto: la salud mental de niñas y adolescentes embarazadas por violación

El daño oculto: la salud mental de niñas y adolescentes embarazadas por violación

ABORTO TERAPÉUTICO. En 2021, solo 13 menores de entre 12 y 17 años lograron acceder al procedimiento.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

El aborto terapéutico está permitido en Perú casi desde hace un siglo, pero recién en 2014 se reglamentó su aplicación cuando la vida o salud de la gestante está en riesgo. Las estadísticas no permiten conocer cuántas de las menores de edad abusadas logran interrumpir estos embarazos, pero sí revelan que el suicidio es la primera causa de muerte indirecta en niñas y adolescentes gestantes. El año pasado, solo 13 menores, de 12 a 17 años, lograron acceder a un aborto terapéutico. Al mismo tiempo, 1.906 fueron atendidas en los hospitales por abortos espontáneos o inducidos, y 1.430 niñas, de 11 a 14 años, dieron a luz producto de una violación.

25 Septiembre, 2022

El 21 de abril de 2021, una niña de 12 años ingresó al área de emergencia del centro de salud Tambo, en la región Ayacucho. En la sala de triaje, el personal no entendía cuál era la gravedad de su estado —estaba consciente, no presentaba heridas visibles ni dolores físicos—, hasta que su madre contó, casi a los gritos, que la menor ya no quería vivir porque había sido víctima de violación. La evaluación psicológica confirmó que la menor tenía depresión e ideación suicida, y las pruebas médicas revelaron un embarazo de seis semanas y cuatro días. 

La madre de Laura ‒como llamaremos a la menor para proteger su identidad‒ había notado cambios en la actitud y ánimo de su hija, pero recién ese día la niña se atrevió a contarle que fue abusada sexualmente por un vecino de 33 años. De inmediato la madre envió una carta al director del centro de salud solicitando que se le practique a su hija un aborto terapéutico, el único mecanismo legal que existe en el Perú para interrumpir un embarazo. 

Este procedimiento solo aplica cuando la gestante padece alguna de las 11 patologías indicadas en la Guía Técnica Nacional del Ministerio de Salud (Minsa), entre ellas, lupus, cáncer, insuficiencia cardíaca o alguna “que ponga en riesgo su vida o genere en su salud un mal grave y permanente”. De acuerdo a la norma, estas condiciones deben ser evaluadas por una junta médica y, en caso de que se acrediten, el plazo desde que se solicita el aborto terapéutico hasta que se realiza el procedimiento no debe ser mayor a seis días.

El plazo desde que se solicita el aborto terapeútico hasta que se realiza no debe ser mayor a seis días".

El centro de salud respondió el 23 de abril de 2021 con el Informe N° 04-GOB-REG-AYA-RSSM/CS TAMBO, donde se detalla la historia clínica de la menor, su diagnóstico psiquiátrico y el marco legal que existe para aplicar el aborto terapéutico. Sin embargo, en el documento —al que tuvimos acceso— no se niega ni autoriza el procedimiento de manera literal. 

De acuerdo con fuentes de la Instancia Regional de Concertación (IRC), espacio que reúne a representantes del Estado y la sociedad civil para monitorear las políticas contra la violencia hacia la mujer, y que intervino en este caso, el informe del centro de salud fue enviado al Hospital de Apoyo San Miguel, en la misma región, pues, por su envergadura, sería el indicado para realizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, sus directivos optaron por devolverlo al considerarlo ambiguo, y porque no indicaba de manera expresa la existencia de riesgo en la vida o salud de la menor. 

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ABUSO Y GESTACIÓN. El año pasado, 1.430 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres tras ser abusadas sexualmente.
Foto: Andina

 

Transcurrió un mes sin que la familia de Laura recibiera una respuesta formal al pedido. Para entonces, la niña ya tenía un embarazo forzado de entre 10 y 11 semanas, y un cuadro de depresión y ansiedad que requería de un tratamiento a largo plazo. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir intervinieron en el caso, en coordinación con la IRC, para tratar de agilizar el proceso. Pero, a los pocos días, la madre de la menor reportó que su hija había sufrido un aborto espontáneo en su comunidad, cuando se bañaba en el río. 

La respuesta formal al pedido de aborto terapéutico nunca llegó, pero sí la Policía y la Fiscalía de La Mar, quienes acudieron al Hospital Regional de Huamanga a donde Laura fue derivada para contener el sangrado, con el objetivo de investigar un posible delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Un año y cuatro meses después, esta indagación sigue en curso, al igual que el proceso que mantiene a su violador en prisión preventiva. 

Entre enero de 2019 y julio de 2022, 4.646 niñas de entre 11 y 14 años fueron forzadas a completar un embarazo producto de una violación, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo que administra el Minsa. Solo en el 2021, las niñas de este grupo etario que se convirtieron en madres tras ser abusadas sexualmente fueron 1.430. 

El año pasado, los hospitales públicos recibieron en sus salas de emergencia a 1.906 menores, de entre 12 y 17 años; y a siete niñas, de 11 años o menos, con secuelas de abortos espontáneos o inducidos. Las cifras contrastan con las apenas 13 menores (de 12 a 17 años) que sí pudieron acceder a un aborto terapéutico, según información del ministerio.

Estas estadísticas no contemplan un problema severo: las niñas y adolescentes embarazadas que optan por el suicidio, y de las cuales el Minsa no recopila información para saber si intentaron acceder a un aborto terapéutico. Según los registros anuales del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, al menos entre 2016 y 2019 este fue el principal motivo de muerte entre las gestantes menores de 19 años, por causas ajenas a las complicaciones obstétricas, lo que se conoce como “muertes maternas indirectas”. Esta causal solo fue desplazada en 2020 por el coronavirus.

En 2019, de acuerdo con estos datos, el 10,7% (6) de las 53 gestantes menores de 19 años que fallecieron lo hicieron debido a lesiones autoinfligidas o envenenamiento. En 2017, cuando se reportaron 90 decesos de embarazadas en este grupo de edad, el porcentaje atribuido al suicidio fue similar: 10,9%. En el mismo periodo, esta causa de muerte también se presentó en mujeres adultas, pero solo en un 3,7%

El corte etario que hace el Minsa al recopilar esta data impide distinguir cuántas de las muertes maternas indirectas corresponden a niñas y adolescentes y, desde el inicio de la pandemia, sus boletines públicos ya no desglosan el motivo de este tipo de fallecimientos. A través de un pedido de acceso a la información se solicitaron las cifras detalladas y actualizadas, pero el ministerio no respondió. Sin embargo, fuentes del sector salud revelaron que en 2020 se registraron, por lo menos, seis suicidios de gestantes en las regiones de Cusco, Piura, Madre de Dios, Junín y Lambayeque. Una de las fallecidas tenía apenas 15 años. 

 

Las secuelas de las que no se habla

Diferentes investigaciones han documentado los efectos psicológicos y psiquiátricos en adultas y menores forzadas a ser madres. En 2009, por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto Materno Perinatal de Lima confirmó un mayor riesgo de depresión en aquellas que enfrentan embarazos no planificados y, en 2013, otro informe realizado en Brasil identificó mayor incidencia de esta enfermedad en adolescentes gestantes que en adultas.

Un año antes, investigadores de Honduras ya habían determinado que las niñas de 9 a 14 años son propensas a sufrir estrés postraumático, disociación, depresión y ansiedad tras un acto de violencia sexual. Más recientemente, la organización Planned Parenthood Global realizó una investigación para conocer las consecuencias en la salud integral de niñas y adolescentes embarazadas en América Latina. Este estudio, realizado en 2016, identificó que el 7% de las menores de 9 a 14 años entrevistadas en Perú había considerado suicidarse, envenenándose o cortándose las venas, durante la gestación.

El 10,7% de las gestantes menores de 19 años que fallecieron en 2019 lo hicieron por lesiones autoinfligidas o envenenamiento".

El informe El impacto del embarazo luego de una violación —elaborado por Marta Rondón, psiquiatra y consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal— consolida otros importantes hallazgos de académicos y entidades especializadas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre las consecuencias de los embarazos forzados y el abuso sexual en adultas, adolescentes y niñas.

El documento destaca que el embarazo en las víctimas de violación es un recordatorio permanente de esta experiencia traumatizante. “Cuando el Código Penal dice que el aborto no es punible si se realiza para evitar daños en la salud de la gestante, se entiende que se refiere a la salud mental o física, con la misma equivalencia e importancia. La salud mental y física es indivisible. Hay ocasiones en que el embarazo va a dejar un sufrimiento psicológico que afectará su resiliencia de por vida, por ejemplo, cuando el feto está malformado, cuando es una gestación producto de una violación o, si somos estrictamente técnicos, en los embarazos no deseados”, explica Rondón.

Según la experta, las mujeres que fueron madres tras una violación sexual quedan con secuelas cercanas a un estado ansioso depresivo o paranoide y no podrán efrentar el estrés como una persona sana durante el resto de su vida. Ese, remarca, es el resultado de la exposición a la violencia. “Aunque no llegue a tener una enfermedad psiquiátrica, su salud mental se ha dañado para siempre, y esto se podría evitar si aplicamos el aborto terapéutico y les ofrecemos la oportunidad de detener un embarazo impuesto por su violador”, añade. 

El embarazo en víctimas de violación es un recordatorio permanente de la experiencia traumatizante".

En sus comunicados oficiales, el Minsa reconoce que el suicidio lidera el rubro de muertes indirectas de niñas y adolescentes gestantes. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de la Defensoría del Pueblo, en sus establecimientos no se prioriza la salud mental como un factor para determinar si la gestación está poniendo en riesgo la vida o la salud de las niñas y adolescentes que piden un aborto terapéutico. 

De acuerdo con dicho informe, solo en cuatro (16%) de los 25 establecimientos de salud supervisados se considera la salud mental como uno de los factores a evaluar cuando se analiza el riesgo a la salud o la vida de una menor embarazada. En otros 11 centros de salud (44%) se enfocan en evaluar enfermedades preexistentes que pueden agravarse con la gestación, y en los 10 establecimientos restantes (40%) se consideran otros criterios.

Matilde Cobeñas, adjunta para la Niñez de la Defensoría del Pueblo, explica que la Guía Técnica del Minsa no incluye una causal taxativa de salud mental, ni siquiera en casos de violación sexual. “Hechos tan terribles como este tienen grave impacto sobre la salud de cualquier niña o adolescente porque su cuerpo no está preparado para ser madre. Solo su edad constituye un factor de riesgo obstétrico y de mortalidad. A eso hay que sumar que muchas tienen intentos suicidas, entonces la salud mental es algo que una junta médica no podría dejar de considerar”, añade.

Enrique Guevara, exdirector del Instituto Nacional Materno Perinatal y secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, explica que los casos que llegan a la antigua Maternidad de Lima son, en su mayoría, aquellos en los que se identifica un potencial daño a la salud física y mental de las solicitantes, principalmente porque se trata de embarazos donde el feto presenta malformaciones. Guevara asegura que en esa institución el personal sí está capacitado para evaluar el impacto físico y psicológico en las solicitudes de aborto terapéutico, incluso en los casos de abuso sexual.

“Es ilógico que a una mujer que ha sido violada se le fuerce a continuar con el embarazo, es parte de un sistema de tortura (...) Si se revisan los casos de muerte materna indirecta en adolescentes, se puede encontrar que la mayoría es por suicidio. Esto es una muestra de cómo se afecta la salud mental. Si supieran que pueden interrumpir el embarazo en condiciones seguras, que es su derecho, esto seguro se podría evitar”, sostiene el especialista.

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HOSPITAL. La ex Maternidad de Lima atendió 442 abortos terapéuticos entre enero de 2009 y setiembre de 2021, principalmente por daño a la salud física y mental de las gestantes.
Foto: El Peruano

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal, el principal centro de referencia para gestantes de todo el país, recibió 117 solicitudes de aborto terapeútico entre enero y diciembre de 2019, de las cuales 105 fueron aprobadas. El primer año de pandemia los pedidos se redujeron a 59, y se aceptaron 55. De acuerdo con datos proporcionados por la misma institución, entre enero de 2009 y setiembre de 2021, sus médicos realizaron 442 interrupciones legales de embarazos. La mitad de estas intervenciones se realizaron a las pocas semanas de gestación, pero 220 (50%) se concretaron en el periodo límite que establece la Guía Técnica, es decir, cuando la solicitante tenía entre 19 y 22 semanas de embarazo. 

Marta Rondón explica que los establecimientos de salud del primer nivel de atención y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) —que dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)— son los primeros en conocer de un caso de violencia sexual, por lo que se convierten en el principal canal para informar a las víctimas sobre la posibilidad de acceder al aborto terapéutico. Pero, de acuerdo con la especialista, no todos lo hacen.

“Hay funcionarios del sector público que se atreven a decir que al aborto es un crimen y que no está permitido. Las ciudadanas no conocen cuáles son sus derechos en salud sexual y reproductiva. Por eso, las niñas llegan al hospital tarde, casi para dar a luz. Todo se traba en la primera instancia por desconocimiento del personal, pero también por la falta de empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes”, añade la también expresidenta de la Asociación Internacional de Salud Mental para las Mujeres (IAWMH).

 

Las barreras para acceder al aborto terapéutico

La coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho, Amadea Huamaní Palomino, es una de las funcionarias que conoció del caso de Laura cuando la niña ya había sufrido el aborto espontáneo. Tras este hecho, dijo, se reunió con el personal médico del centro de salud Tambo y del Hospital Regional de Huamanga, así como con funcionarios del Ministerio Público, para sensibilizarlos en torno a los riesgos que presentan los embarazos productos de una violación, sobre todo en menores de edad.

“Estamos insistiendo con las capacitaciones a los médicos para que aprendan a identificar cuándo se puede aprobar un aborto terapéutico, porque están interpretando la Guía Técnica de forma literal. También notamos un fuerte desconocimiento de las usuarias sobre sus derechos. Por ejemplo, recibimos el caso de una mujer con un embarazo avanzado y diagnóstico de cáncer. Ella no sabía que, por padecer de esta enfermedad, podía interrumpir su embarazo; por ello no inició un tratamiento oncológico oportuno y falleció”, señaló.

El año pasado [grupos antiaborto] denunciaron a uno de nuestros ginecólogos que hizo un aborto terapéutico", dice  Amadea Huamaní.

Huamaní Palomino explica que, así como están capacitando a los médicos, les gustaría extender campañas de información a los vecinos de Ayacucho, sobre todo a las mujeres y adolescentes. Pero no lo hacen porque la Dirección Regional de Salud (Diresa) ha optado por evitar conflictos con los colectivos religiosos y conservadores que se oponen al aborto. 

“Hemos tenido problemas con algunos de estos grupos. Ellos están presentes en zonas rurales y en colectivos integrados por médicos, incluso el año pasado denunciaron a uno de nuestros ginecólogos que hizo un aborto terapéutico. El caso no prosperó, pero eso trajo conflicto al interior del gremio médico. Ellos [los grupos antiaborto] sí salen a hacer sus campañas y desinforman a los vecinos”, dijo Huamaní Palomino.

 

En Ucayali, Katia Sarmiento Casavilca, miembro del equipo técnico de promoción de la salud de la Diresa, explica que en esa región de la selva el aborto terapéutico se está aplicando en casos extremos, cuando la gestante tiene insuficiencia cardíaca, neoplasias malignas o embarazos ectópicos. Allí los médicos tampoco priorizan la afectación de la salud mental como causal de riesgo porque no se especifica en la norma técnica. 

“En 2021 conocimos el caso de una niña de 11 años que llegó al centro de salud con un avanzado estado de gestación, a poco de dar a luz. Ni ella ni su familia fueron informados oportunamente que tenían la opción de pedir la interrupción del embarazo (...) Como parte de las políticas de salud sexual y reproductiva, deberíamos poder enseñar a las niñas y adolescentes, desde la etapa escolar, a identificar los factores que pueden poner en riesgo su salud física y mental, y cuando tienen derecho a acceder a un aborto terapéutico por ley. Pero el tema es un tabú y hacerlo nos podría costar hasta demandas legales”, sostuvo Sarmiento Casavilca.

Eleana Rodríguez, coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, coincide en que los nudos en la cadena de atención se encuentran en los establecimiento de salud del primer nivel de atención y centros maternos periféricos que no cuentan con profesionales informados o desprovistos de prejuicios. “A las menores de 14 se les realiza controles prenatales como si se tratara de un embarazo normal. La salud mental de ellas está invisibilizada. Es más fácil acceder a un aborto terapéutico cuando se tiene un feto anencefálico o cuando tiene malformaciones incompatibles para que sobreviva, que cuando se pone en riesgo la salud de la mujer”, añadió. 

Guillermo Atencio La Rosa, director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del Minsa, reconoció que existen casos en los que el personal sanitario puede negar el acceso al aborto terapéutico por creencias personales. “Hay personal de salud que no está capacitado, pero también otros que interponen su pensamiento individual en temas de salud pública. Estamos haciendo el seguimiento y coordinación intersectorial necesarios para evitar que esto suceda”.

Hay personal de salud que interpone su pensamiento individual en temas de salud pública”, reconoció Atencio La Rosa.

Sin embargo, señala que uno de los principales obstáculos que han detectado en los médicos y profesionales de la salud es el temor a la reacción social, en caso aprueben un aborto terapéutico. Por ello, dijo, están reforzando las capacitaciones sobre la legalidad del aborto terapéutico y la atención a víctimas de violencia sexual. “Entre enero y octubre de 2021 hemos capacitado a 1.143 médicos y personal asistencial en las regiones”, añadió.

Para el funcionario, no se requieren más leyes para especificar que las consecuencias del abuso sexual en la salud mental son factores para evaluar la interrupción legal del embarazo, solo emitir documentos administrativos más precisos para los establecimientos de salud. Sin embargo, sí reconoció que existe un vacío de información en su sector, pues no se está registrando cuántas de estas víctimas han solicitado acceder a un aborto terapéutico. “Estamos trabajando en el registro de las víctimas de violencia sexual y su vinculación con la interrupción voluntaria del embarazo, pues de momento no se recaba información de aquellas que son atendidas”, dijo. 

 

Los intentos para debilitar el derecho al aborto

Uno de los casos más emblemáticos de afectación a la salud y obstrucción al aborto terapéutico en el Perú es el de L. C., quien fue abusada sexualmente desde los 11 hasta los 13 años. En 2007, al enterarse que estaba embarazada, se lanzó desde el techo de su casa. En el hospital le diagnosticaron un daño severo en la columna, pero los médicos se negaron a operarla porque eso requería interrumpir la gestación, algo que ella misma había solicitado. Poco después, tuvo un aborto espontáneo y recién entonces, tres meses y medio después de la lesión, fue sometida a cirugia. Hoy, es una adulta que vive con cuadriplejía. 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) acompañó a L. C para llevar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), una organización que reúne a expertos independientes de todo el mundo para supervisar el cumplimiento del tratado homónimo que se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2011, el Comité Cedaw determinó que el Estado peruano vulneró cinco artículos de la Convención internacional y recomendó que el Estado revise su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

Aunque el aborto terapéutico es legal desde 1924, el procedimiento recién fue reglamentado hace ocho años".

Lo mismo sucedió en 2001 con Noelia Llantoy, quien a los 17 años fue impedida de acceder al aborto terapéutico, pese a que los médicos confirmaron que el feto no logró desarrollar su cerebro y, por lo tanto, no sobreviviría. La adolescente tuvo que amamantarlo hasta que murió, cuatro días después de nacer. Su caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual concluyó que Perú había incumplido con garantizar el derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recién en 2019 el Estado le pidió disculpas por vulnerar sus derechos.

La batalla legal de ambas mujeres fue la base para impulsar la puesta en marcha del aborto terapéutico en Perú, pues si bien este mecanismo es legal desde 1924 tuvieron que pasar nueve décadas para que el Minsa apruebe, en 2014, la Guía Técnica que estableció cómo implementarlo. Sin embargo, en vez de mejorar su aplicación, a la fecha se mantienen tres intentos por retrotraer este derecho.

Congresistas Barbarán y Aguayo_Despacho de la Congresista Jáuregui

BLOQUE. Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo y Alejandro Muñante (Renovación Popular), integran el denominado bloque parlamentario “Por la vida y la familia”.
Foto: Despacho de la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo.

 

El primero es la demanda de acción popular que presentó la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomas Moro para declarar inconstitucional el protocolo del aborto terapéutico, y que está a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie en última instancia. La organización religiosa —integrada, entre otros, por abogados del colectivo profamilia Padres en Acción (PEA)— tiene entre sus objetivos “la protección del derecho a la vida del embrión humano”, según se lee en su página web.

Los dos últimos son proyectos de ley que están avanzando su debate en el Congreso de la República. Uno de ellos, el Proyecto Nº 0785/2021-CR que busca modificar el artículo 1 del Código Civil para garantizar el “libre desarrollo intrauterino del concebido”, es impulsado por la legisladora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo. La propuesta también busca intervenir en la aplicación del aborto terapéutico, pues, de aprobarse, el conviviente, pareja o familiar de una gestante en riesgo de muerte tendrá el poder de decidir sobre el tratamiento médico que se debe adoptar. El documento se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo. 

La otra iniciativa legal es el Proyecto Nº 01520/2021-CR de la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, que propone “la protección del embarazo, de la madre gestante y del niño por nacer”. Sin embargo, no menciona el aborto terapéutico como parte del paquete normativo que protege la vida de la gestante. A través de un escrito enviado a la Comisión de Mujer y Familia, el MIMP indicó que esta omisión podría entenderse como excluyente y motivar la derogación de la interrupción legal del embarazo. 

Además, en la sustentación de motivos, la propuesta de Barbarán señala que el concebido es un sujeto de derecho “que tiene capacidad de goce respecto a su derecho a vivir”, y que el Estado le debe brindar protección especial. Al respecto, en la mencionada carta el MIMP respondió que tales conceptos no se ajustan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, respecto a la definición de concepción y el reconocimiento gradual y progresivo de sus derechos.

Pese a ello, la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Mujer y Familia, se convirtió en dictamen y pasó a ser debatida en el Pleno el pasado 15 de setiembre, pero fue devuelta a la Comisión de Salud porque el texto no incluye las opiniones técnicas del Minsa, el MIMP ni de la Defensoría del Pueblo.

 

 

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