Las promesas del gobierno con las rondas incluyen una amnistía general

El Viceministerio de Interculturalidad se ha comprometido con la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) a promover una agenda legislativa sobre cuatro proyectos de ley que los benefician. Uno de ellos incluye la amnistía general para los integrantes investigados por delitos en el ejercicio de sus funciones. Además, el gobierno ha incorporado a los ronderos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), lo que ha generado el rechazo de Aidesep, la organización indígena más importante de la Amazonía.

CERCANÍA. Las rondas campesinas son próximas al presidente Pedro Castillo, quien en su perfil de Twitter se identifica como rondero.

CERCANÍA. Las rondas campesinas son próximas al presidente Pedro Castillo, quien en su perfil de Twitter se identifica como rondero.

Foto: OjoPúblico / Mayer Abanto

* Con apoyo de Mayer Abanto

 

El 10 de agosto –un día después de que la Fiscalía buscara a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yennifer Paredes, en Palacio de Gobierno– el mandatario se reunió con una delegación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P).

Los dirigentes solicitaron al presidente darle prioridad a una serie de proyectos legislativos que los benefician. Después de la reunión en Palacio, durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció la creación de un registro de pueblos indígenas, comunidades campesinas y rondas. El gobierno explicó que este registro permitirá que estas organizaciones tengan personería jurídica y sean inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para que "puedan celebrar contratos y tener créditos".

Sin embargo, lo que el gobierno no dijo es que las rondas campesinas ya cuentan con un registro especial en la Sunarp. Hasta junio de este año, habían 2.958 rondas campesinas inscritas en 24 regiones. Piura (798), Cajamarca (523) y La Libertad (376) concentran la mayor cantidad.

El presidente de la Cunarc-P, Santos Saavedra Vásquez, indicó a OjoPúblico que estima que el número de rondas en el Perú es mayor, pero algunas no están inscritas porque el Estado pide que se cumplan una serie de requisitos como la formalización a través de una minuta, la elaboración de un reglamento y la celebración de elecciones para elegir a sus autoridades.

La creación de un nuevo registro puede significar modificaciones a estos requisitos, pero el principal beneficio que se otorgará a la Cunarc-P es que sus bases distritales y regionales podrán ser inscritas como parte de las rondas campesinas, ya que en la actualidad solo se reconoce con esta personería a las bases más pequeñas asentadas en una comunidad o caserío. Los comités que agrupan a distintas bases serían reconocidos por primera vez como parte de las rondas campesinas, desde que se emitió la Ley de Rondas Campesinas en el 2002.

Presidencia-Rondas

ALIANZAS. Un día después de que la Fiscalía buscara a su cuñada en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo se reunió con los ronderos. 
Foto: Presidencia.

 

La creación de este registro está relacionado a uno de los acuerdos a los que llegaron el gobierno y los dirigentes de la Cunarc-P en febrero del 2022. Esa fecha, la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, y los representantes de la organización de ronderos firmaron un acta donde el Ejecutivo se compromete a promover cuatro medidas que los beneficia.

Tres de los proyectos aludidos directamente en el acta son el 552-2021 (que crea el registro de pueblos dentro del sistema nacional de registros públicos), 547-2021 (sobre la titulación de la propiedad de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos), el 546-2021 (que impulsa la coordinación intercultural entre sistemas jurídicos de pueblos originarios y afroperuanos y entidades del Estado). Todos ellos se encuentran en comisión y fueron planteados por integrantes de la bancade del Frente Amplio, durante el Congreso anterior.

El cuarto proyecto de ley que el gobierno se comprometió a impulsar es el 588-2021 y propone una amnistía general para "los integrantes de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas".

Esta iniciativa –impulsada por la congresista Margot Palacios (Perú Libre)– menciona que la amnistía alcanzará a todos los ronderos, campesinos o integrantes de comunidades indígenas que "se encuentren denunciados, investigados, procesados o condenados por cualquier ilícito penal –por hechos desde el 17 de diciembre del 2001 hasta la fecha de la promulgación de la ley–, como los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, extorsión, coacción, usurpación de funciones y por todo hecho derivado del ejercicio de su autonomía y funciones jurisdiccionales".

El gobierno y Cunarc-P firmaron un acta que promueve la amnistía para ronderos, campesinos e integrantes de comunidades indígenas.

Según la propuesta, la amnistía también alcanzará a las personas cuyos procesos penales se iniciaron por hechos relacionados con el "objetivo de luchar contra la corrupción y defender los derechos colectivos, territorios y bienes jurídicos colectivos de pueblos originarios o indígenas". El proyecto de ley precisa que el beneficio excluye a las personas condenadas por los delitos de terrorismo, narcotráfico y delitos contra la libertad sexual.

 Presidencia-Rondas

DEMANDAS. Los dirigentes regionales de las rondas campesinas pidieron al presidente que viabilice una agenda de proyectos legislativos a su favor.
Foto: Presidencia. 

 

El presidente de las Rondas Urbanas de Cajamarca, Fernando Chuquilin Ramos, dijo a OjoPúblico que ante la falta de autoridades, con frecuencia las personas recurren a ellos para buscar justicia en sus localidades; aunque reconoce que se han cometido algunos excesos. 

En diciembre del 2020, Chuquilin Ramos, junto al integrante de las rondas campesinas del Comité Zonal 20 de Mayo, Emiterio Celis García, y el dirigente de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Juan Carlos Guevara Pérez, fueron sentenciados a 30 años de prisión por el delito de secuestro agravado. En abril del 2021, el Poder Judicial de Cajamarca determinó la nulidad de sentencia de 30 años de cárcel.

La fiscalía acusó a los dirigentes de coautoría de secuestro agravado contra Belisario Terán, una persona acusada por los ronderos de estafador y quien fue detenido y encadenado en el Comité Zonal 20 de Mayo durante 14 días. Durante la detención se le obligó a pagar sus deudas.

¿Defensa a cambio de beneficios?

La politóloga Paula Távara Pineda refiere que la presencia de la Cunarc- P en Palacio de Gobierno se entiende como un respaldo de esta organización al mandatario, al que han sido cercanas desde épocas previas a su elección. “Lo que se está tratando de demostrar es que el presidente no está solo, que era una percepción que se estaba instalando, entonces ahora aparece con la idea de que estas bases son más cercanas a él, están asumiendo esta posición de defensa”, señaló a OjoPúblico.

Por su parte, para el también politólogo Omar Coronel, si bien la Cunarc-P es una organización antigua que reúne la mayor cantidad de bases ronderas del país y tiene de legitimidad en la zonas donde trabaja, considera que en general las organizaciones sociales son débiles en el Perú. “Si el Presidente Castillo quisiera utilizar estos movimientos sociales yo creo que le sería muy dificil, porque no tienen mucha capacidad para coordinar con todos los actores. Además, son organizaciones muy heterógeneas. En una sociedad donde las organizaciones civiles no son robustas, mi temor es que al final las rondas particularmente terminen deslegitimándose cuando este gobierno acabe o le encuentren más cosas".

Durante la gestión de Pedro Castillo, la Cunarc-P también ha logrado ser incluida en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) como una institución representativa. Sin embargo, en diciembre del 2019, el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra negó su inclusión. 

La BDPI brinda información oficial para la elaboración y desarrollo de políticas públicas relacionadas a los pueblos indígenas u originarios del Perú. Asimismo, establece qué organizaciones pueden participar de los procesos de consulta previa.

Expediente N° 73803-2022 by OjoPúblico Periodismo de Investigación

 

OjoPúblico accedió al expediente que aprobó la inclusión de la Cunarc-P a la BDPI. Este proceso se inició el 18 de noviembre del 2021. Mediante un oficio dirigido por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre) a la Secretaría de Coordinación de la PCM, se pidió una reunión con dirigentes de la Cunarc-P a fin de alcanzar propuestas de implementación de políticas públicas.

El 23 de diciembre del 2021 se llevó a cabo una reunión entre el Viceministerio de Interculturalidad y la Cunarc-P, en la cual se acordó conformar una comisión bilateral para elaborar un informe técnico respecto a la identificación de esta organización como representativa de pueblos indígenas u originarios para determinar su incorporación a la BDPI.

Luego de diversas reuniones, el 18 de febrero del 2022 el Viceministerio de Interculturalidad firmó un acta de compromiso para incluir a la Cunarc-P en la BDPI, durante su participación en la I Asamblea Nacional de las Rondas Campesinas del Perú.

El viceministerio aprobó la inclusión de la organización ronderil en la base, indicando que las bases de la Cunarc-P suman un total de 1.175 en todo el país. 

Para determinar si había bases ronderas en territorios indígenas, se hizo un cruce de información, y se determinó que habían solo 153 bases de rondas en zonas de pueblos indígenas.

A pesar de esta información, el viceministerio concluye que "existe evidencia suficiente de la representatividad de pueblos indígenas u originarios a nivel nacional de la Cunarc-P, y que, en ese sentido, corresponde su incorporación a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)".

Mapa Territorio Cunarc-P - ... by OjoPúblico Periodismo de In...

 

 

Consultados sobre porqué los incorporaron, el Ministerio de Cultura señaló a OjoPúblico, a través de la respuesta a un cuestionario, que “no es un impedimento, en tanto la BDPI cuenta con una brecha de información sobre comunidades campesinas que no tienen información suficiente, confiable y actualizada para su identificación como parte de un pueblo indígena. Por tanto, la BDPI siempre es perfectible y aumentable en la medida que se cuenta con información suficiente, confiable y actualizada. Asimismo, la información contenida en la BDPI no excluye la existencia de otros pueblos que puedan habitar o ejercer sus derechos colectivos en el territorio nacional”.

La inclusión de las rondas en el registro de organizaciones de la BDPI generó malestar a las organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Esta institución emitió un comunicado rechazando la incorporación y denunció que desde hace años sus territorios son invadidos por colonos que promueven el tráfico ilegal de tierras, el narcotráfico, la minería y tala ilegal. Entre esos grupos, Aidesep identificó a algunos grupos organizados en rondas campesinas. Los pueblos awajún y wampis también denunciaron malas prácticas de parte de las rondas en sus territorios.

La inclusión de las rondas en el registro de organizaciones de la BDPI generó malestar en Aidesep.

Un ejemplo de ello es el ataque ocurrido en la comunidad indígena de Huascayacu, ubicada en la región San Martín, donde el pasado mes de julio se produjo un enfrentamiento entre los comuneros awajún y la ronda de Huascayacu por la invasión de terrenos. El resultado fue una persona muerta y al menos dos heridos. Aunque esta base no es parte de la Cunarc-P, la ley permite su existencia, ya que no es necesario integrar un gremio para formar una ronda.

 

El peligro de perder legitimidad

Las rondas campesinas surgieron en 1976 como respuesta al abigeato (robo de ganados) y delincuencia en la provincia de Chota (Cajamarca) y, desde hace 29 años, según la Constitución Política, pueden resolver contiendas dentro de su territorio, pero siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. 

Sin embargo, en estas tres décadas, además de contribuir a la administración de justicia comunal allí donde no hay presencia del Estado, se han registrado denuncias por hechos violentos y excesos. La retención de los periodistas del programa Cuarto Poder por los ronderos del distrito de Chadín (Cajamarca), así como el secuestro de siete mujeres y un hombre acusados de brujería por ronderos del distrito de Chillia (La Libertad) han puesto en entredicho sus intervenciones y competencias. 

rondas campesinas

LÍMITES. Las rondas han contribuido a la administración de justicia comunal allí donde no hay presencia del Estado, pero también han cometido excesos. 
Foto: OjoPúblico / Mayer Abanto

 

El accionar de las rondas tiene determinados límites como la detención de personas, que debe darse cuando están realizando acciones contrarias a la ley, indicó la abogada Diana Coz Barón, coordinadora del área legal de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Este no era el caso de los periodistas de Cuarto Poder que, al momento de la intervención, realizaban tomas de apoyo. Es decir, fueron privados de su libertad sin causa ni motivos razonables. 

Otro límite, indica Coz Barón, es la violación a los derechos humanos a través de violencia, amenazas o humillaciones para que las personas declaren en uno u otro sentido, como ocurrió con los periodistas, quienes fueron obligados a leer un comunicado donde se disculpaban por el reportaje sobre Yenifer Paredes.

Las rondas solo pueden detener personas cuando estas realicen acciones contrarias a la ley.

Sobre la presencia de los ronderos en Lima, que acompañaron a Yenifer Paredes cuando se entregó a la fiscalía, la politóloga Távara Pineda cree que se trata más de un "acto de respaldo que de una forma de ejército del pueblo alineado con Castillo o de justicia popular que le respalda", refirió.

Aunque la reunión en Palacio de Gobierno con los ronderos fue transmitida en canales oficiales, el presidente de la Cunarc-P dijo a OjoPúblico que lo señalado por los dirigentes regionales no es la posición oficial de la institución. "En la ronda hay gente de todo tipo, hinchas y no hinchas del gobierno. Estamos elaborando un comunicado aclarando, porque se generó incomodidad en algunos. Como institución nuestra posición es diferente", manifestó el dirigente.

Hasta el cierre de este informe, dicha comunicación no se difundió.Saavedra Vásquez afirmó que las rondas también se reunieron en Lima con representantes del Congreso, el Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.

En medio de este contexto, el pasado 9 de agosto se produjo un hecho de violencia contra las oficinas de la Confederación Nacional Agraria (CNA), ubicadas en pleno centro de Lima. La organización denunció, a través de un comunicado institucional, el ataque a la fachada de su local por impacto de un perdigón que destruyó una de sus puertas de vidrio. No se registraron daños personales. Dicho acto se produjo luego de una conferencia de prensa que las rondas campesinas realizaron en el auditorio de esta institución, en la que anunciaron acciones de respaldo a Pedro Castillo. 

 

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