Actualización: 3 de junio del 2022 a las 9:30 a.m.

Hermenegildo Quispiyanqui está preocupado. El vendedor de abarrotes del Mercado Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, ruega que no llegue el momento en que los alimentos se vuelvan más caros. “Los medios de comunicación dicen que van a subir los precios, más todavía… Ojalá que no”, añade don Hermegildo, entre sus baldes llenos de arroz y menestras, botellas de aceite, paquetes de fideos. 

El vendedor de abarrotes sabe bien que, si los productos aumentan de precio, los más vulnerables serán los principales afectados. “Si sube el costo sufre el consumidor, el sueldo no alcanza para comprar, a nosotros los vendedores también nos afecta porque no vendemos”. A estas alturas, explica, apenas gana S/0,20 o máximo S/0,30 céntimos por cada kilo de azúcar y arroz que vende. Entre la incertidumbre y el temor también trabajan sus compañeros y compañeras del Mercado Huáscar: Luz, la vendedora de ajos y especerías; Flor, quien vende las papas, y otra joven que comercializa frutas. 

El camino para Hermenegildo y el resto de comerciantes y familias en Perú ha ido cuesta arriba: desde que empezó la pandemia, han enfrentado el aumento constante de precios. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y su Índice de Precios al Consumidor, de enero a mayo de 2022, la inflación en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 5,89% en el ámbito nacional.

En Perú, la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas es la más alta de todas las divisiones de consumo, según el INEI".

De junio de 2021 a mayo de este año el crecimiento fue de 13,68%. Es decir, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas es la más alta de todas las divisiones (transporte, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, comunicaciones, salud, agua, luz, entre otros). 

La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha estimado que en los siguientes meses el precio de los alimentos, a nivel global, aumentará entre un 8% y un 22% más. Una de las razones del alza es que Rusia y Ucrania, actualmente en guerra, son parte de los principales países exportadores de commodities agrarios, como el trigo o el maíz, y de fertilizantes, como la úrea.

Según esta proyección, en el último semestre del 2022 un kilo de papa amarilla (que actualmente cuesta S/2 en el mercado Huascar de San Juan de Lurigancho) podría aumentar hasta S/0,44 más. Esta semana, OjoPúblico recorrió ese y otros mercados de Pueblo Libre y Magdalena, en la capital del país: si bien los comerciantes perciben una fluctuación en los precios desde que empezó la emergencia sanitaria, todavía no lo califican como un problema crítico. 

Para Carlos Parodi, economista y docente de la Universidad del Pacífico, el incremento de la inflación en el país tiene una explicación internacional y otra local. En el plano internacional, señala que "hubo problemas vinculados con las cadenas de suministros. Y, también, dificultades con los puertos que siguen funcionando a una capacidad menor". En cuanto al tema local, indicó que la inyección de dinero al sistema, con bonos y otro tipo de apoyos sociales, trajo consigo el incremento de la inflación.

Este aumento de precios en Perú se enmarca en un contexto de inseguridad alimentaria, que se ha agudizado en los países de América Latina a raíz de la pandemia. Mariana Escobar, representante de la FAO en el país indicó a este medio que, a causa de la pandemia unos 15,5 millones de peruanos quedaron en esa situación. Es decir, no pueden acceder a tres comidas diarias y llevar una vida activa y saludable. La estimación de la FAO es que el hambre siga extendiéndose. "Es de prever que la cifra ya esté aumentando porque la inflación de los precios de los alimentos es muy drástica en este momento", dijo Escobar. 

En el grupo de ciudadanos más vulnerables se encuentran aquellos que pasaron a la pobreza durante la pandemia. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) indica que, en el 2020, esta población se incrementó en 13 puntos porcentuales, mientras que la cantidad de personas en situación de pobreza extrema subió 5,6 puntos porcentuales en Perú. También son susceptibles el 11,5% de menores de cinco años que sufren desnutrición crónica, y el 38,8% de niños y niñas de entre seis y 35 meses que tiene anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - Endes 2021. 

De acuerdo al economista agrario e investigador de Grade, Eduardo Zegarra, el Perú ya enfrenta una crisis alimentaria que irá en ascenso en los próximos meses. “Estamos en una fase grave que se puede tornar aguda”, dijo a OjoPúblico. “Creo que ya estamos un poco tarde para organizar mejor una respuesta. De los tres Gobiernos que hemos tenido en este proceso, ninguno ha sido capaz de enfrentar esto. El Gobierno actual parece que no está entendiendo el problema ni su magnitud”, añadió. 

INFLACIÓN. La FAO estima que en los próximos meses el precio de los alimentos aumentará entre un 8% y un 22% más a nivel global.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón.

 

Las causas y los antecedentes 

Eduardo Zegarra divide la crisis alimentaria nacional en tres fases distintas. La primera se vivió al inicio de la pandemia y generó “el primer efecto negativo sobre el sector agrario, que se vio reflejado en una caída de su ingreso”. En base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el especialista estimó que, de 2019 a 2020, la pobreza de los hogares agrarios había crecido seis puntos porcentuales: de 43,8% a 49,3%. Estas cifras equivalían a 700.000 personas más en pobreza agraria. 

La segunda fase comenzó mientras el país ya estaba saliendo de la peor parte de la covid-19. “Los ingresos agrarios estaban reprimidos y viene el fuerte incremento en sus costos de producción [debido a la inflación de la pandemia] que les da problemas para generar ingresos”, comenta. Finalmente, la tercera etapa la inauguró la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha traído una serie de consecuencias profundas y complejas no solo para el Perú, sino para varios otros países. 

La investigadora Ana María Acevedo Tovar explicó a OjoPúblico que, si bien Perú es un país productor de alimentos, también se encuentra expuesto al incremento del precio internacional de los commodities causado por la guerra. Productos como el trigo, la soya y el maíz amarillo provienen mayoritariamente del extranjero. Según el reporte de importaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), el año pasado, el maiz amarillo duro fue el producto agrícola más importado por el Perú. 

El alza de precios también alcanzó a los fertilizantes, empleados por la mayoría de agricultores".

El alza internacional de precios también alcanzó a los fertilizantes, insumos empleados por la mayoría de agricultores nacionales para mejorar el rendimiento de sus cultivos. El elevado costo que ahora poseen los agroquímicos causó que, entre enero y marzo pasado, las importaciones de urea solo alcanzarán las 15.300 toneladas. Es decir, un volumen 84,3% menor al importado en el mismo periodo del 2021, de acuerdo a los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 

Mariana Escobar, de la FAO, señala que durante la pandemia hubo muchas disrupciones del comercio internacional, y eso hizo que el precio de los fertilizantes subiera considerablemente en el segundo semestre del  2021. "Los fertilizantes ya venían en subida, lo que pasa es que se exacerbó con el tema de la guerra", indicó.

El descenso en la disponibilidad de los fertilizantes es algo que los agricultores e importadores de urea anunciaban desde hace meses, recuerda Beatriz Salazar, responsable del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes): “El Gobierno pudo, desde el año pasado, preveer esto, atendiendo lo que los gremios agrarios ya estaban pidiendo”, remarca. 

El creciente malestar agrario

Mientras que en los mercados de Lima persiste el clima de incertidumbre por los costos de los productos de primera necesidad, en los campos de cultivo ya se vive la crisis. El informe técnico de producción nacional de marzo pasado, elaborado por INEI, indica que ese mes se redujo la producción de tomate en 38,77% en comparación al mismo período de 2021, a causa de menores áreas sembradas en las regiones de Arequipa, Lima, Ica, La Libertad y Amazonas. 

El mismo documento indica que otros productos que tuvieron menor producción mensual por la reducción de áreas de sembrío y problemas climáticos fueron el café, la caña de azúcar y la palta. Dicho informe detalla, también, una disminución del 25,10% en la producción pesquera para consumo humano a causa del fenómeno de La Niña. 

Además, entre los meses de agosto de 2021 y enero de 2022 se sembraron 0,2% menos hectáreas de terreno agrícola que en las últimas cinco campañas previas, indica el Plan de Emergencia Agrario aprobado por el Midagri. La subida del costo de los fertilizantes fue la principal razón por la cual se dejó de sembrar, señaló Ángel Misayuri, presidente del Frente de Defensa de Productores Agropecuarios de Junín, región de la sierra peruana que abastece de hortalizas y tubérculos a las ciudades. En 2022, cree Misayuri, la extensión de áreas agrícolas que se quedarán sin producir será mayor. 

DESCONTENTO. Agricultores evalúan reiniciar sus protestas el próximo 6 de junio.

Foto: Andina

 

Los agricultores de Junín se encuentran en pleno periodo de cosecha, y la siembra de papas y maíz inicia a partir de julio; mientras que en la costa están en periodo de siembra. “Nosotros estimamos que la producción se reducirá a un 40%, porque los fertilizantes se han elevado [alrededor de] un 300%. La urea que costaba S/60 el saco, ahora está llegando a S/220. Además, sube el costo del alquiler del terreno”, contó el dirigente de Junín. 

Ermitaño Rojas Rafael, presidente de la Asociación de Productores de Arroz (Apear) tiene sus terrenos de cultivo en el Alto Huallaga, en la Amazonía peruana. En esta zona, los arroceros también son golpeados por el aumento en el precio del fertilizante. “En agosto del año pasado empezó a crecer el precio levemente, aduciendo los importadores que los fletes estaban caros. Así ha ido subiendo, de S/ 65 a S/ 85 y cuando nos dijeron S/160 nos pareció una locura”, explica Rojas. El agricultor cuenta que los precios llegaron a estas cifras a finales del año pasado y, en febrero, volvieron a incrementarse a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

Según información de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), el costo del saco de urea para uso agrícola pasó de S/82, en junio de 2021, a S/184, en diciembre del año pasado. El sulfato de amonio pasó de S/36 a S/61, el nitrato de amonio de S/48 a S/81, el fosfato di amónico de S/112 a S/146, el cloruro de potasio de S/56 a S/143 y el sulfato de potasio de S/99 a S/156. Estos son los principales insumos utilizados por los agricultores peruanos para fertilizar sus cultivos. 

El descontento con las medidas adoptadas por el Gobierno podría estallar en los próximos días".

Diversos gremios agrícolas han pedido que el Gobierno los ayude con la compra de fertilizantes, para evitar que la campaña de este año sufra graves mermas. Sin embargo, cuestionan el apoyo que se está brindando en estos momentos. Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, dijo a OjoPúblico que a más de dos meses del paro agrario, no ha llegado ningún kilo de fertilizante comprado por el Estado al país. Este era uno de los pedidos de la jornada de protestas de marzo y abril de 2022. 

Recién el 19 de mayo pasado, el gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 013-2022 que asigna S/348’887.735 para la compra de urea destinada a organizaciones agrícolas y productores individuales de todo el país. Dicha entrega, indica el documento, debe realizarse al inicio de la campaña agropecuaria 2022-2023. Sin embargo, durante una entrevista, el nuevo titular del Midagri, Javier Arce, detalló que las compras recién se harían efectivas en un mes.  Algunos productos, como la papa —que inició su periodo de siembra en la costa—, no serán beneficiarios de esta ayuda. 

“Lo que se ha dado [por el Gobierno] es insuficiente y, además, solo se destina para comprar urea, cuando nosotros evidenciamos que se utilizan, al menos, seis fertilizantes a nivel nacional”, dice el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas. El representante agrario señala, además, que el dinero transferido no alcanzará para satisfacer la demanda de 1’200.000 toneladas de fertilizante, que de manera anual se utilizan en el país. Por eso, calcula que la producción nacional se reducirá en aproximadamente 30%. 

El descontento con las medidas adoptadas por el Gobierno podría estallar en los próximos días: Ángel Misayuri informó que se está promoviendo el inicio de un nuevo paro agrario para el 6 de junio, como protesta por el incumplimiento de las actas suscritas en la mesa de diálogo instalada a raíz del último paro de agricultores. 

El dirigente sostiene que el Gobierno se comprometió a solucionar las demandas de fertilizante, como máximo, en los primeros días de junio. Sin embargo, según las declaraciones del ministro, estos agroquímicos recién podrían comprarse en julio, ya que estimó que demoraría un mes en llevar a cabo los preparativos para la adquisición de la urea. 

 

Medidas insuficientes

Distintos especialistas han planteado que el decreto de urgencia emitido para destinar dinero a la compra de urea es una medida que no ha sido bien diseñada para enfrentar las actuales circunstancias. El economista agrario Eduardo Zegarra señala, por ejemplo, que el mismo no considera un mecanismo importante para acelerar la adquisición de estos insumos: la compra de gobierno a gobierno. En otras palabras, el documento solo contempla la compra por los canales regulares.

Para Beatriz Salazar, especialista del Cepes, es difícil calcular el plazo en el que se podrían conseguir los fertilizantes, con o sin acuerdos de gobierno a gobierno, y solo se pueden hacer estimaciones. “Habría que tomar como referencia el caso de las vacunas. No se pudieron conseguir hasta que se hicieron gestiones al más alto nivel, con la Cancillería ―explica―. Otro ejemplo es la reconstrucción post niño costero, que recién avanzó cuando se gestionaron los contratos gobierno a gobierno".

La misma postura tiene María Isabel Remy, socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP): “El Estado peruano tiene que involucrarse en la compra de fertilizantes, con pactos de Estado a Estado, en buscar, desde Cancillería, qué negociaciones se pueden hacer con otros países para conseguir la urea”, dice la exviceministra de Políticas Agrarias.

Por su parte, Beatriz Salazar explica que, incluso si se logra adquirir la urea, el proceso para traerla al país no es rápido ni sencillo: “Aún si consiguiéramos el fertilizante, el problema está en cómo transportarlo. Se trae por vía marítima, y eso demora de dos a tres meses”, detalla. La especialista considera que la urea no llegaría a tiempo para el inicio de la siguiente campaña de siembra. 

INSUFICIENTE. Especialistas y representantes del sector agrario advierten que la cantidad de urea que adquirirá el Gobierno peruano no basta para la necesidad real.

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Otro problema con esta medida es el de la distribución, es decir ¿cómo llegará a los agricultores qué más la necesitan? Para Eduardo Zegarra, el decreto de urgencia no define de qué forma se repartirá el fertilizante y, además, excluye a los productores que tienen más de cinco hectáreas. “Ahí estamos hablando de más de un millón de hectáreas que generan alimentos para todos los peruanos, y que han sido excluidas de manera absurda y sin criterio alguno”, dice. 

La socióloga María Isabel Remy considera que debería existir un equipo técnico especializado en la adquisición y distribución de los fertilizantes. “A diferencia de la compra de las vacunas, para lo cual sí hay un aparato de vacunación impresionante del Ministerio de Salud, en la compra de fertilizantes no tenemos el expertise del Gobierno”, explica. El problema, explica Remy, tiene que ver con que el negocio de los fertilizantes es privado desde hace alrededor de 30 años . 

Hace unos meses, el Gobierno tomó otra medida, en este caso, para reducir el incremento del precio de alimentos: la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) de ciertos alimentos, considerados indispensables en la canasta básica familiar. Este beneficio se planteó para contener el aumento de precios en el pollo, los huevos, el azúcar, los fideos y el pan. Sin embargo, a decir del economista Carlos Parodi, no sirvió para reducir costos. 

El especialista señaló a OjoPúblico que Perú tiene una economía mayormente informal. Entonces, cuando se quitó el IGV, solo se favoreció a una minoría que pagaba este tributo, como es el caso de los supermercados. “Con esta medida se beneficia a los que tienen más plata y no a los que menos tienen”, aseguró. También expuso que, para solucionar la agudización de la crisis, se deben dictar medidas focalizadas, que beneficien a quienes en realidad lo necesiten: “si se baja el precio de la gasolina [por la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC)] se beneficia por igual el mototaxista y una persona que usa su camioneta 4X4 para ir a la playa”, puntualizó. 

El impacto de la exoneración del IGV también ha sido cuestionado por los propios productores incluidos en el grupo de productos priorizados. Eliseo Ocas, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería (Aspan) filial Cajamarca, dijo a este medio que la medida no tuvo el efecto deseado porque no se eliminó el impuesto de toda la cadena de insumos que se utilizan para elaborar el producto. Además, el pan que se vende en las bodegas, por lo general no paga IGV porque el mercado es mayormente informal. 

María Isabel Remy:  "Necesitamos un equipo técnico para la adquisición de los fertilizantes".

 

Las necesidades urgentes

Para Eduardo Zegarra, la crisis alimentaria es un tema que excede las competencias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y, por eso, su solución debería comprender a más de una cartera. El economista agrario habla de la posibilidad de organizar una comisión de emergencia alimentaria: “La dimensión del problema rebasa, hace rato y ampliamente, al sector agrario”, dice. 

Según el especialista, nos encontramos ante una amenaza mundial de crisis de alimentación, que requiere intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y, también, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Una idea similar plantea Beatriz Salazar, especialista del Cepes, “el problema alimentario no es solo un problema agrario, tiene que ver con los Gobiernos locales, con el Midis”, explica.

Por su parte, Silvana Vargas, extitular del Midis, recordó que durante el periodo de emergencia sanitaria que le tocó vivir como autoridad, se comprendió que las respuestas a emergencias deben ser asumidas por diversos sectores. En cuanto a lo avanzado por el Midis, recomendó actualizar el registro unificado y georeferenciado de las ollas comunes, para detectar a los beneficiarios directos de la entrega de alimentos. 

Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, sostiene que la subsistencia de la gran mayoría de estas iniciativas depende de la autogestión. Esto, entre otras razones, porque la ley que reconoce su financiamiento y la sostenibilidad ―y que recién fue aprobada en abril último por el Congreso, tras casi ocho meses desde su presentación― aún no tiene reglamento. Además, Qali Warma, el programa del Midis que este año destinó S/54 millones para la distribución de alimentos a ollas comunes y otras poblaciones vulnerables, no logra una repartición ordenada y a tiempo, sostiene Palomino. 

El recuento de la Red de Ollas Comunes de Lima identifica que en la capital peruana existen 2.440 ollas. “Se han reducido, antes había 2.447. Debemos seguir actualizando el registro”, indica Fortunata Palomino. 

SIN ESTRATEGIA. El fortalecimiento de las miles de ollas comunes, que han sido vitales durante la pandemia, aún no se consolida.

Foto: Andina

 

Las bases con las que se enfrenta el problema de la alimentación y la producción en Perú no son sólidas. De acuerdo con la socióloga María Isabel Remy, las propuestas y estrategias para promover la producción de alimentos están relegadas hace tiempo. “Si en este país de algo no se habla es de la producción de alimentos, en parte, porque es un problema intersectorial: tiene que ver con salud, con transporte e integra a todo el territorio. Pero aquí no tenemos nada”.

Además, los especialistas señalan la falta de políticas definidas y efectivas de seguridad alimentaria. En Perú existen la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2013-2021 y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2015-2021, creado por la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ambos continúan vigentes hasta que la comisión a cargo proponga nuevas políticas, según la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, promulgada en julio de 2021. 

Sin embargo, estas no son herramientas útiles, sostiene Remy. “Debes tener una estrategia de alimentación que termine en un conjunto de acciones, e indicadores que te digan que esas acciones están cumpliendo las metas, los impactos. Pero las estrategias que hay no tienen, por ejemplo, aparatos directamente ejecutivos que estén a cargo”, explica.

Mariana Escobar: "Lo único que nos espera en lo sucesivo son crisis alimentarias". 

Por otro lado, Ana María Acevedo señala que en el futuro, el país debe fortalecer la agricultura familiar. El Atlas de la Superficie Agrícola del Perú muestra que hay algunas regiones del país donde la mayoría de productores se dedican a la agricultura familiar. En Amazonas, por ejemplo, el 98% son agricultores familiares y apenas el 2% se dedican a la agricultura no familiar. De todos ellos, el 68% realiza una agricultura de subsistencia. En ese escenario es importante brindar mayor asistencia técnica a los agricultores. La especialista sostiene que también se debe reducir la dependencia a los alimentos importados y buscar migrar hacia una agricultura que no esté supeditada a los fertilizantes. 

Mariana Escobar también plantea la necesidad de mejorar la cadena de suministros, que hoy es altamente informal, encareciendo el costo final de los productos. “Los circuitos de comercialización en el Perú son muy largos”, dice. 

Por último, la representante de la FAO advierte que, además de solucionar la crisis a corto plazo con el reparto de alimentos, la apuesta del Perú debe ser hacia una agricultura sostenible, ya que es probable que vuelvan a presentarse crisis de este tipo en el futuro, esta vez causadas por el cambio climático. "Yo creo que lo único que nos espera en lo sucesivo son crisis alimentarias", alertó.