EN PIE. Ruth Buendía continúa viviendo en Satipo, donde ella y otros lideresas se enfrentan al avance del cultivo de hoja de coca y el narcotráfico en sus territorios.

La lucha asháninka en el Vraem contra el narcotráfico y la tala ilegal

La lucha asháninka en el Vraem contra el narcotráfico y la tala ilegal

EN PIE. Ruth Buendía continúa viviendo en Satipo, donde ella y otros lideresas se enfrentan al avance del cultivo de hoja de coca y el narcotráfico en sus territorios.

Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde operan grupos criminales vinculados al narcotráfico y a remanentes terroristas, los líderes asháninkas denuncian amenazas y el avance incesante de la hoja de coca que ya ha afectado 1.962 hectáreas de bosque en sus comunidades. Un equipo de OjoPúblico visitó la provincia de Satipo, en la región Junín, para conocer la situación que enfrentan los defensores en esta zona del país donde el pasado 20 de abril fue asesinado de Ulises Rumiche Quintimari, líder indígena nomatsiguenga. Hasta el momento, no hay avances en la investigación, informan los deudos.

29 Mayo, 2022

Ruth Buendía Mestoquiari aún recuerda el día que su padre se negó a entregar a su hermana de 15 años para un matrimonio forzado con un hombre que le triplicaba la edad. Rigoberto Buendía fue atacado a flechazos por aquel hombre al no acatar una costumbre que hasta hoy se sigue practicando en algunas comunidades asháninkas del río Ene, que forman parte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El ejemplo de su progenitor marcó su destino a sus 12 años. “Si mi padre defendió a mi hermana y también me defendió a mí, por qué yo no puedo hacer lo mismo por los demás”, reflexiona la lideresa indígena de la Amazonía peruana, de 45 años.

En 1991, cuando Ruth tenía 13 años, su padre fue asesinado. Luego de este hecho, ella y su familia abandonaron la comunidad de Cutivireni, ubicada en la provincia de Satipo, región Junín. Cuenta que lograron escapar de las "masas cautivas", como se denominaban a los campos de adoctrinamiento forzoso que crearon los terroristas para someter a centenares de indígenas entre 1980 al 2000 en la selva central. Aunque las huestes terroristas fueron reducidas a remanentes, lo cierto es que, en alianza con el narcotráfico, estos grupos siguen sembrando el terror en las comunidades indígenas del Vraem, especialmente entre quienes se oponen a la siembra de hoja de coca.

El pasado 20 de abril, el asesinato de Ulises Rumiche Quintimari, quien fue hallado muerto en la carretera Naylamp de Sonomoro, recordó la vulnerabilidad en la que estas comunidades permanecen. El líder indígena nomatsiguenga, quien se desempeñaba como gerente de Pueblos Originarios en la Municipalidad distrital de Pangoa (provincia de Satipo), fue asesinado de un disparo en la cabeza. Hasta el momento, no hay avances en la investigación, según información de los deudos.

Los remanentes terroristas en alianza con el narcotráfico siguen sembrando el terror en las comunidades del Vraem.

Frente a esta situación, la respuesta del Gobierno no ha sido la más adecuada. El último jueves 26 de mayo debía realizarse en Satipo una sesión descentralizada de ministros, sin embargo, esta fue cancelada. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) y la Central Asháninka de Río Tambo (CART) rechazaron la postergación de esta reunión en la que esperaban exponer la inseguridad en la que viven sus comunidades. Demandan que esta se realice el próximo 18 de junio.

Al día siguiente, el viernes 27 de mayo, las amenazas continuaron. Los líderes de CARE alertaron sobre el hallazgo de pintas en las que se amenaza directamente a los miembros de la comunidad nativa Unión Puerto Asháninka, perteneciente al distrito de Mazamari, provincia de Satipo. Esta comunidad es parte de la ruta de trasiego de la droga proveniente de Vizcatán del Ene y que tiene como meta llegar hasta Río Tambo, lugar desde donde será trasladada vía fluvial hasta Atalaya en la región Ucayali. 

El pueblo asháninka de Satipo fue diezmado con la llegada de Sendero Luminoso a sus territorios en los años 90, por lo que sus líderes demandan el rápido accionar del Estado para evitar otro contexto de violencia similar.

 

La destrucción de sus bosques

Pero volvamos a la historia de Ruth. En su huida del terror, llegó a Lima donde trabajó como empleada de hogar. Esta etapa, refiere, le permitió conocer un territorio aún más salvaje y adverso en el que no podía adivinar el peligro de la misma manera que en el bosque. A los 17 años de edad volvió a Satipo y con apoyo de Guillermo Ñaco Rosas, quien se encargaba de capacitar a los líderes de las comunidades, ella tomó conciencia de que era parte de los pueblos indígenas y empezó su formación como lideresa.

El bosque que conoció de niña y donde vivió junto a sus seis hermanos y a sus padres ya no era el mismo. Si bien la pacificación había llegado, surgieron nuevos retos y peligros que enfrentar, entre ellos la invasión de sus territorios para proyectos sin consulta previa como el intento de la construcción de la hidroeléctrica de Pakitzapango y el silencioso avance del narcotráfico, que inicialmente los asháninkas no vieron como amenaza. 

Ruth Buendia

RECONOCIMIENTO.Es complicado ejercer el liderazgo en una cultura patriarcal, pero lideresas como Ruth Buendía han abierto el camino para que otras mujeres participen en sus comunidades. 
Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

Como presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ruth se opuso a este proyecto —derivado de un acuerdo energético entre Perú y Brasil y que iba a ocasionar la inundación de 9.000 hectáreas de territorios indígenas y el desplazamiento obligado de asháninkas— . Esta tenaz resistencia le hizo ganar el Premio Goldman en el 2014, un reconocimiento internacional al esfuerzo de los defensores del medio ambiente y la naturaleza. En la actualidad sigue viviendo en la provincia de Satipo.

Custodiada por tres cachorros que la acompañan por donde vaya, Ruth camina hasta su parcela ubicada en lo alto de una montaña boscosa desde donde se ve la capital de Satipo y Río Negro. Desde allí describe cómo los sembríos ilegales de hoja de coca se acercan a las comunidades y destruyen hectáreas de bosques donde antes los asháninkas podían desplazarse libremente. 

Los asháninkas no se conciben como un amo o señor de la naturaleza, sino como parte o componente de ella, según una investigación de la Universidad Nacional de San Marcos en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Por ello, perciben que el daño a sus bosques es un daño directo a ellos. 

Desde su parcela, describe cómo los sembríos ilegales de hoja de coca se acercan a las comunidades y destruyen hectáreas de bosques.

En el bosque ellos obtienen semillas, frutos, tubérculos, agua, pescado y otros animales que son parte de su alimentación. La tala de los bosques para sembrar coca destruye esa vida que los asháninkas necesitan y los abonos que se usan en el cultivo de la hoja de coca contaminan los suelos impidiendo la recuperación de bosques primarios; mientras que la construcción de pozas de maceración en las cabeceras de los riachuelos y ríos contaminan el agua que beben, explica Ruth.

Una de las comunidades que más ha sufrido la reducción de la cobertura boscosa de sus territorios a manos de cocaleros es Catungo Quempiri, ubicada en el distrito de Río Tambo en la provincia de Satipo, en Junín. Esta comunidad limita con la región Cusco y desde el 2018 empezó a denunciar la presencia de colonos invasores para sembrar hoja de coca. 

Según la asesora legal de CARE, Irupé Cañari Aragón, esta organización ha registrado 10 denuncias por tala ilegal de bosques de Catungo Quempiri ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Hasta diciembre del 2021 se contabilizaron 1.962 hectáreas deforestadas a causa del avance del sembrío de coca y otras actividades ilegales en esta comunidad.

Satipo

COMUNIDAD.Los asháninkas no se conciben como un amo o señor de la naturaleza, sino como parte de ella, por lo que perciben que el daño a sus bosques es un daño directo a ellos. 
Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

Ante la creciente presencia de colonos cocaleros, amenazas y hostigamientos, gran parte de la población de Catungo Quempiri ha optado por abandonar su territorio. De 200 habitantes en el 2015, en la actualidad solo quedan 40 comuneros. Esta comunidad tiene a la cabeza a Clementina Shinquireri, la primera mujer jefa de Catungo Quempiri y la segunda lideresa de comunidades en la historia de CARE. Su padre, quien fue fundador de la comunidad que ahora ella dirige y que participó activamente en la obtención del título de propiedad en 1999, fue asesinado por Sendero Luminoso. Ahora, ella también es amenazada por remanentes terroristas.

Otras comunidades afectadas por el sembrío de coca son Boca Anapate y Yaviro, quienes también han presentado denuncias por deforestación y tala ilegal de árboles. En tanto, las comunidades de Parijaro, Potsotinkani y Camantavishi han alertado a la organización de la presencia de colonos armados dedicados al trasiego de droga y el hallazgo de una pista de aterrizaje. 

El último informe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) indica que durante el 2020 el sembrío de hoja de coca se extendió a 61.777 hectáreas, con un incremento de 7.112 hectáreas  con respecto al año anterior. Esta cantidad equivale a 146.359 toneladas de hoja de coca, de los cuales el 98% es utilizado con fines ilícitos, es decir, se destinan al narcotráfico. 

Con un 69,3% del total de la hoja de coca producida a nivel nacional, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) continúa siendo el principal productor con 101.406 hectáreas destinadas para su cultivo. El informe muestra un incremento de estos sembríos en comunidades nativas del Vraem como Shimpeshariato, Gran Shinongari, Centro Tsomaveni, Catungo Quempiri, Pitirinquini y Shankimentiari, pertenecientes a la región Junín y Cusco. 

El Vraem sigue siendo el principal productor de hoja de coca, con 101.406 hectáreas destinadas para el cultivo.

Hay indígenas que alquilan sus terrenos para producir hoja de coca, lo que genera que los colonos se apropien de sus tierras o se expandan a espacios no autorizados, valiéndose del permiso concedido por quienes les arrendaron sus parcelas. Además, hay quienes incluso, participan del traslado de la droga a puntos de acopio, cuenta Ruth Buendía. 

El 25 y 31 de octubre del año pasado, el Comité de Autodefensa de Río Tambo, detuvo a embarcaciones fluviales que trasladaban 900 kilos de droga con destino a Atalaya. Como resultado de esta intervención, el último 18 de mayo, cuatro asháninkas del caserío Los Ángeles de Río Tambo y la comunidad nativa de Nueva Esperanza en Atalaya, región Ucayali, fueron sentenciados a 17 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas. 

El fiscal antidrogas José Malaverry Pinchi, quien participó en esta intervención, dijo a OjoPúblico que los narcotraficantes consiguen personas de bajos recursos económicos y les encargan trasladar la droga mientras son monitoreados telefónicamente. Además, sostuvo, prefieren utilizar la ruta fluvial debido a la falta de vigilancia policial y a la cantidad superior de droga que se puede llevar en comparación a la vía terrestre.
 

El avance del narcotráfico

Yanet Velasco Castillo, miembro del consejo directivo de CARE, indica que la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca ha sufrido un retroceso desde la designación de Ricardo Soberón como jefe ejecutivo de Devida. “Nosotros no sentimos el respaldo al pueblo indígena, más parece que está del lado de los cocaleros y esto es indignante y preocupante”, refirió.

Devida ha propuesto la implementación del Pacto Social Ciudadano (PSC) como parte del Plan Nacional Contra las Drogas al 2030. Tiene como propósito que las comunidades andinas y amazónicas dedicadas a la siembra de hoja de coca asuman compromisos contra la producción, el tráfico y el consumo de las drogas abandonando voluntariamente sus cultivos a cambio de mejores condiciones de vida garantizadas por el Estado, lo que incluye recursos económicos para actividades de desarrollo alternativo. 

Satipo

SELVA. El 7,1% de la población del Vraem se identifica como parte del pueblo indígena y señala que tienen como lengua materna el asháninka, awajún, shipibo- konibo.
Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

Al respecto, Ruth Buendía refiere que no le convence el Pacto Social Ciudadano impulsado por Devida, pues, según sostiene, nada garantiza que los cocaleros cumplan con su palabra de abandonar este cultivo ilícito una vez que hayan recibido los beneficios del Estado. 

Además de la expansión de los sembríos de hoja de coca en sus tierras, los asháninkas denuncian que la presencia de los colonos armados involucrados en la siembra, el procesamiento y el traslado de droga a puntos de acopio ha transformado sus bosques en un terreno hostil, lo que les hace recordar las masacres perpetradas por Sendero Luminoso hace ya dos décadas. 

El último censo de 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisa que la población en el Vraem, conformada por las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, asciende a 508.966 habitantes. De este total solo el 7,1% se identifica como parte del pueblo indígena y tienen como lengua materna el asháninka, awajún, shipibo- konibo, entre otras.

 

Mujeres frente al crimen organizado

En un contexto de crimen organizado, las mujeres de los pueblos indígenas son invisibilizadas porque el rol de negociación pública o enfrentamiento con actores externos es asumida por los varones, quienes en la mayoría de los casos ejercen la jefatura y liderazgo de sus comunidades, al contar con mayores oportunidades de capacitación y educación, según un estudio realizado por el antropólogo Víctor Hugo Pachas para el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado en cooperación con la Unión Europea.

Ruth Buendía indica que, efectivamente, la estructura patriarcal en las comunidades lleva a la poca participación de las mujeres en la toma de decisiones. Pero tener mayor protagonismo es una tarea compleja porque la mujer indígena sin preparación académica es sumisa y temerosa, prefiere cuidar a su familia antes que ejercer responsabilidades comunales, refiere.

Yanet Velasco

AMENAZAS. Yanet Velasco Castillo, miembro del consejo directivo de CARE, abandonó la comunidad de Puerto Shampistiari, donde vivía, frente a los hostigamientos y para resguardar a su familia.
Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

Las mujeres y hombres que asumen liderazgos en las comunidades indígenas del Vraem enfrentan también las amenazas y acciones de violencia contra los defensores de la Amazonía. En los dos últimos años, en Junín se registraron la muerte de Estela Casanto Mauricio de la comunidad nativa de Shankivironi, en la provincia de Chanchamayo, y el asesinato de Ulises Rumiche Quintimari en Satipo 

Estela Casanto Mauricio fue fundadora de la comunidad de Shankivironi. Como miles de asháninkas soportó los años de la violencia terrorista y la expansión de los colonos y traficantes de las tierras de sus ancestros. Fue hallada muerta al interior de una cueva en marzo del 2021.

La necropsia practicada a su cuerpo indica que la causa de muerte fue por atragantamiento producido por hojas coca, sin embargo, sus familiares y el líder de la Central de Comunidades de Selva Central, Teddy Sinacay, señalan que el cuerpo de la lideresa fue hallado a varios metros de su vivienda y presentaba golpes. 

Sinacay fue citado por la Fiscalía de Selva Central, ubicada en la ciudad de La Merced, para dar su manifestación sobre los hechos, meses después del asesinato de Estela Casato. El día que acudió al Ministerio Público la fiscal que iba a recoger su testimonio no se encontraba en su despacho. Recién el pasado martes 17 de mayo, diez meses después del crimen, ha vuelto a ser citado. 

Debido a este contexto de violencia y amenazas, Yanet Velasco abandonó la comunidad de Puerto Shampistiari, lugar donde vivía junto a su familia. Prefiere no retornar hasta que su periodo de representación haya culminado para evitar que los suyos corran riesgos. El hostigamiento en su contra empezó cuando el comité ejecutivo de CARE reafirmó el compromiso de erradicación de la hoja de coca en el Vraem en el 2019.

Debido a este contexto de violencia, Yanet Velasco abandonó la comunidad de Puerto Shampistiari junto a su familia.

Para proteger a los líderes y lideresas del Vraem, CARE en alianza con la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) desarrollan el proyecto Amanakobenterone Inchatomachi (Cuidadores del Bosque), financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa ha permitido que la organización realice un diagnóstico territorial de las principales amenazas que enfrentan y genere alternativas legales con enfoque intercultural para enfrentar esta problemática capacitando a sus defensores ambientales.

Según el abogado Carlos Quispe de DAR , los pueblos asháninkas han identificado como principales amenazas la invasión de territorios por colonos, los cultivos ilegales de hoja de coca y la presencia del narcotráfico.

DAR busca que lideresas como Clementina Shinquireri, jefa de la comunidad de Catungo Quempiri, puedan acceder a la justicia y contar con mecanismos que mitiguen las amenazas, tal y como lo prevé el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos. Esta labor no es nada fácil. CARE solicitó en octubre del año pasado la activación del mecanismo para la seguridad de Clementina, sin embargo, este pedido no ha sido atendido, mientras que las amenazas contra la lideresa y su comunidad continúan. Se teme que aumente la lista de defensores ambientales asesinados.
 

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