Al promediar las 9 p.m. del 23 de mayo del año pasado, los ladridos de los perros alertaron a los habitantes de San Miguel del Ene de la llegada de personas extrañas a este centro poblado, perteneciente a la región Junín y ubicado en el corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Los desconocidos se dirigieron hacia el río Shimpishariato, donde hasta hace un año funcionaban bares y cantinas. Media hora después oyeron una balacera. Quienes vencieron el temor y se asomaron a ver lo que ocurría observaron como el fuego consumía La Quebradita y Mangal, dos bares de propiedad de los hermanos Edison y Paul Atao.

Dieciséis personas, que se encontraban en el interior y en las inmediaciones de ambos locales, fallecieron por impactos de bala de fusiles AKM y Galil, según las necropsias de ley practicadas a los cuerpos. Entre ellas figuraban tres menores de edad y trabajadores de diversas parcelas que, tras acabar su jornada, habían bajado al río Shimpishariato. Luego de la masacre, los atacantes rociaron gasolina sobre cinco de los cuerpos ya sin vida, y dejaron afiches vinculados a los remanentes terroristas y abandonaron la zona.

Ha transcurrido un año desde esta matanza y hasta el momento no hay ningún responsable detenido. Según el expediente fiscal de este caso al que OjoPúblico tuvo acceso, minutos antes de la balacera dos personas que aún no han sido identificadas, dirigidas por quien ha sido sindicado por la fiscalía como el cabecilla Carlos, de la organización narcoterrorista autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), llegaron a San Miguel del Ene en busca de medicamentos y alimentos. Los víveres fueron solicitados a algunos habitantes y las medicinas sustraídas del centro de salud de la localidad. Después de esta incursión, los testigos indicaron que se produjo la balacera.    

San Miguel del Ene es la capital de Vizcatán del Ene, uno de los nueve distritos de la provincia de Satipo, en la región Junín. Desde los años 90, remanentes terroristas —encabezados por el clan Quispe Palomino— se asentaron en Vizcatán del Ene y no la han abandonado desde entonces. 

Desde el 2010, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los EE.UU. (DEA) considera que el grupo armado que dirige Víctor Quispe Palomino ‘José’ en el Vraem es una organización narcoterrorista vinculada a las mafias nacionales y extranjeras que procesan y exportan cocaína procedente de esta región.

San Miguel del Ene es la capital de Vizcatán del Ene, uno de los nueve distritos de la provincia de Satipo, en la región Junín.

El miedo y la falta de energía eléctrica en la zona impidió que los pobladores se acercaran tras la balacera. Al día siguiente, Alejandro Atao Guerra, alcalde de Vizcatán del Ene, y el juez de paz, Leónidas Casas Marmolejo, llegaron al lugar, hicieron un registro fotográfico de los hechos y asentaron la denuncia en la comisaría de La Natividad en Pichari – Vraem, perteneciente a la región Cusco. 

La Fiscalía Especializada en Temas de Terrorismo y Delitos de Lesa Humanidad de Huánuco, dirigida por Eneida Salazar Solórzano, abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables de este atentado que enlutó a 16 familias. Hasta la fecha, dichas pesquisas continúan en etapa preliminar. OjoPúblico intentó comunicarse con la fiscal, pero refirió estar en una diligencia y no pudo responder nuestras preguntas.

 

El dolor sin fin de los deudos 

Las víctimas de este asesinato múltiple eran en su mayoría agricultores y comerciantes provenientes de las provincias de Satipo, Tarma y Huancayo de la región Junín, Lima y Cusco. Tres de las 16 personas acribilladas eran menores de edad, y dos apenas habían cumplido la mayoría de edad.

La muerte de Luis Fernando Laura Lapa (20), una de las víctimas, afectó a su madre, una adulta mayor de 65 años, al punto de llevarla a un cuadro depresivo y hacerle abandonar el lugar por temor, cuenta Yover Laura Lapa, su hermano mayor. 

Luis Fernando se preparaba para seguir una carrera técnica en Ayacucho. Ese sueño quedó estancado aquel domingo 23 de mayo del 2021, cuando, horas después de salir de una parcela donde trabajaba como agricultor, fue acribillado. 

“El caso quedó como si nada hubiera pasado, no hemos tenido ayuda del Gobierno. No sabemos cómo está avanzando la investigación y debido a nuestra baja economía tampoco podemos hacer mucho”, dijo Yover Laura a este medio. Desde la muerte de Luis Fernando, sus familiares temen que otro ataque vuelva a ocurrir en la zona. 

En esta matanza también perdió la vida Joseph Tello Ñaco de 18 años, quien horas antes se había dirigido al campo deportivo ubicado cerca del lugar de la balacera, pero lo encontró cerrado y aprovechó para conversar con amigos, según contó Godoy Tello Aspur, padre del joven, a OjoPúblico. 

DESCANSO. Las víctimas eran agricultores y comerciantes provenientes de Junín, Lima y Cusco. Los restos de algunos están en el cementerio de Huichocruz.

Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

Tello Aspur llegó a San Miguel del Ene cuando su hijo tenía 6 años, se encargó de educarlo solo, debido a la pérdida de su pareja. “No quería dejarlo solo, por eso lo traje conmigo y vivíamos los dos, lo quería bastante”, dice. Tras la muerte de su hijo, refirió que buscó a los “tíos”, como se denomina a los remanentes terroristas, para encararlos. Sin embargo, según su relato, ellos le indicaron que no habían tenido participación en estos hechos y él, por su seguridad, decidió abandonar Vizcatán del Ene.

Alejandra Ccahuana de Ochoa perdió a sus hijas Marcelina, Dianee y Carmen Ochoa Ccahuana, así como sus nietas de uno y cuatro años de edad. Se vieron todas juntas por última vez en el día de la madre, cuando fueron a visitarla en Huancayo. Luego, dos semanas después, se enteraría de la masacre. Sufre de estrés postraumático y, por este motivo, no ha podido brindar su declaración a la Fiscalía. 

No sabemos cómo está avanzando la investigación y por nuestra baja economía no podemos hacer mucho”, dijo Yover Laura, hermano de una de las víctimas.

Desde hace un año, el juez de paz Leónidas Casas Marmolejo no vive tranquilo. “Los familiares de las víctimas me llaman para preguntar cómo está la investigación, si hay algún apoyo para ellos y yo no sé qué decirles, no sé qué hacer. Esos jóvenes no tenían culpa de nada”, dijo a este medio. La autoridad demanda a los congresistas evaluar con urgencia proyectos de ley a favor de la población de Vizcatán del Ene y para indemnizar a los deudos de los 16 fallecidos.

 

Los hallazgos del expediente fiscal

Dos personas han sido sindicadas como presuntos responsables de la matanza en San Miguel del Ene. En diciembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó el operativo “Cristal 2021” que permitió la captura del presunto terrorista Cristian Samaniego Herrera. Se informó que habría participado en el asesinato de 16 personas. Sin embargo, según el expediente fiscal del caso, se decidió excluirlo por no encontrar los elementos de convicción para demostrar su participación. Samaniego está con detención preventiva por nueve meses en el penal Ancón I por el delito de presunta afiliación terrorista.

Algo similar sucedió con Jhonatan Sicha Quispe, para quien se ordenó detención preliminar por este caso. Sicha Quispe se entregó en el Frente Policial Vraem y, posteriormente, también fue excluido de la carpeta fiscal del caso por carencia de evidencias. Tiene libertad con restricciones y es investigado por el presunto delito de afiliación terrorista.

Alexi Avilez Gutiérrez, abogado defensor de Cristian Samaniego y Jhonatan Sicha, interpuso un habeas corpus en defensa de las dos personas y argumentó que son agricultores de la zona de Vizcatán y miembros del Comité de Autodefensa. Ambos llegaron a Vizcatán del Ene entre el 2018 y 2019 procedentes de las regiones de San Martín (Samaniego Herrera) y Apurímac (Sicha Quispe), dijo.

Si bien el expediente fiscal del caso tiene testimonios de los agentes encubiertos que dan a conocer la participación de ambos en el MPCP, Avilez Gutiérrez sostuvo que se trata de “acusaciones fabricadas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para justificar los millones que gastan en inteligencia en el Vraem”. 

Por su parte, a fin de esclarecer estos hechos, el Congreso aprobó el 12 de agosto del año pasado la moción para conformar una comisión investigadora multipartidaria integrada por Silvana Robles Araujo (Perú Libre), Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú), José Cueto Aservi (Renovación Popular), Jeny López Morales (Fuerza Popular) y José Williams Zapata (Avanza País). Entró en funcionamiento en diciembre de ese año y un plazo de 120 días hábiles debía presentar los resultados de su investigación.  

OjoPúblico se comunicó con Silvana Robles Araujo, presidenta de la comisión y congresista por la región Junín. Aunque inicialmente se comprometió a brindar una declaración al respecto, luego se limitó a enviar un mensaje vía Whatsapp indicando que “la comisión investigadora tiene carácter reservado por su propia naturaleza”.

CAPITAL. Satipo es la provincia de Junín que alberga al distrito de Vizcatán del Ene, el cual está ubicado a más de 120 km de distancia y a 8 horas de viaje en auto.

Foto: OjoPúblico / Kattya Lázaro

 

En el expediente fiscal también hay testimonios que señalan que meses antes del ataque en San Miguel del Ene, se produjo en este centro poblado una reunión entre personas de nacionalidad colombiana con remanentes terroristas. También se incluye la versión de testigos que describen la presencia de una persona con características físicas diferentes (talla y color de piel) a los habitantes de Vizcatán del Ene la noche de la ejecución de los 16 ciudadanos. Sin embargo, ninguna persona de nacionalidad extranjera es investigada o ha sido detenida por estos hechos.

Respecto a los fusiles AKM y Galil utilizados en el crimen —de acuerdo a la necropsia practicada a las víctimas y cuyos resultados figuran en el expediente fiscal del caso— Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, explica que estas armas son usadas por remanentes terroristas. Las obtienen en emboscadas a policías o del narcotráfico, que se encarga de proveerles armamento para custodiar el ingreso de insumos químicos para el cultivo de la hoja de coca y la producción de droga.

Pedro Yaranga explica que los fusiles AKM y Galil utilizadas en el crimen son usadas por remanentes terroristas.

Tras la matanza en San Miguel del Ene, el juez de paz Leónidas Casas Marmolejo refiere que ha participado en el levantamiento de al menos 10 cadáveres encontrados en diversas fechas y lugares en Vizcatán del Ene incluyendo cuerpos de NN lanzados a los ríos Mantaro y Ene, en bolsas negras de polietileno.

Su testimonio es similar al del líder asháninka Ángel Pedro Valerio de la Central Asháninka del Río Ene CARE. Semanas antes de la matanza de 16 personas, el líder confirmó el hallazgo de cadáveres a las orillas del río Ene durante los años 2020 y 2021. Se trata de cuerpos de personas no identificadas y que no son de la zona debido a las características físicas y tatuajes que tienen los occisos. 

 

Más atención al Vraem

El pasado 8 de mayo, una pareja de esposos y padres de cuatro hijos fue hallada sin vida en Vizcatán. El asesinato de Jesús Flores Fernández y Emeliana Meza Girón, agricultores dedicados a la siembra de coca en la comunidad de Jesús de Belén en Vizcatán, revivió el miedo en la zona. Los esposos habían sido secuestrados días antes. 

Cerca de los cadáveres se encontró un papel donde se leía la palabra “venganza” escrita a mano y que no se parece a los volantes encontrados en el atentado en San Miguel del Ene, indicó el juez de paz Casas Marmolejo. Según Pedro Yaranga, este lenguaje es utilizado por los remanentes terroristas y los asesinatos en la zona son parte de un plan que ejecutan para “limpiar” la zona de posibles agentes de la policía infiltrados.

El expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rubén Vargas Céspedes, refiere que el Estado no está prestando la atención necesaria al Vraem, donde en los últimos años se está registrando asesinatos sistemáticos de dirigentes comunales, indígenas y campesinos acusados de colaborar con las fuerzas del orden. Estima que se habría producido el asesinato de cerca de 20 personas, desde lo ocurrido en la capital de Vizcatán del Ene.

“Estos asesinatos no deberían ser investigados como hechos aislados, el terrorismo y narcotráfico son caras de la misma moneda. Hay que entender esto como un problema integral de seguridad y estructurar una mejor respuesta”, indicó Vargas Céspedes.

En los últimos años, se están registrando asesinatos sistemáticos de dirigentes comunales, indígenas y campesinos en el Vraem.

El Vraem continúa siendo el principal productor de hoja de coca con una producción de 27. 994 hectáreas, según el último informe de Devida. De este territorio —que conforman los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Junín— procede el mayor porcentaje de la droga que sale del país y que es trasladada por vía terrestre, aérea o fluvial hacia Bolivia y Paraguay para luego salir al mercado europeo.

José Malaverry Pinchi, de la Fiscalía Especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de La Merced, refirió que las operaciones de erradicación e interdicción de droga en Vizcatán del Ene y en el Vraem son complejos por la presencia de grupos armados, como el MPCP, y porque hay casos en los que los propios habitantes se oponen a que la droga incautada sea retirada de su territorio. 

Rubén Vargas recomienda no desactivar las bases militares en el Vraem en el actual contexto y, por el contrario, dijo que estas deben ser convertidas en bases antinarcóticos lideradas por la Policía Nacional al tratarse de la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, sostuvo que es necesaria la presencia del Estado para generar propuestas de desarrollo, servicios básicos y conectividad para que los agricultores apuesten por sembrar y cosechar cultivos lícitos. De lo contrario, muchos tendrán que seguir optando por sembrar hoja de coca ilícita y estar expuestos al accionar de remanentes terroristas y el narcotráfico.