Actualización: 13 de abril de 2022 - 12:41 

A inicios de 2021, cuando todavía era candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones era visto como una promesa de cambio por los sectores más postergados del país. Sus propuestas de redistribución de la riqueza, una segunda reforma agraria y una mayor fiscalización del Estado para evitar el abuso de las grandes corporaciones privadas —entre otros zigzagueantes anuncios de campaña— le valieron el apoyo mayoritario de las regiones. 

A poco más de ocho meses de gobierno, esos mismos sectores son los que han puesto en jaque su gestión. “Si antes las regiones eran un alivio para el presidente, donde contaba con la aprobación mayoritaria y se sentía cómodo, estas se están transformando en los lugares donde es más cuestionado por el incumplimiento de las promesas de una mejor calidad de vida”, resume la politóloga Paula Távara.

Su pasado como maestro rural y sindicalista tampoco se ha traducido en una visión estratégica para abordar los problemas del país. Durante las últimas semanas, la subestimación inicial de un conflicto social, concesiones a sectores informales de transportistas, subsidios con escaso impacto para los más afectados por el alza de precios y otros anuncios tardíos o improvisados han evidenciado el manejo errático de Castillo Terrones frente a las demandas gremiales y ciudadanas.

Conflictos en cadena

Las protestas —que, hasta el cierre de esta edición, registraban cinco fallecidos—  iniciaron el 28 de marzo con bloqueos de calles y carreteras en nueve regiones del país por parte de transportistas de carga pesada. Pero fue en Junín, cuna de Perú Libre, donde el desborde social se agudizó. Allí, en las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y La Oroya, los agricultores se sumaron a las demandas de los transportistas y, de manera conjunta, bloquearon las principales vías de la región.

Candy Magaly Hinostroza De La Cruz —una agricultora de 35 años que formaba parte del grupo que se concentró en Puente La Balsas (provincia de Concepción)— murió luego de ser atropellada por un vehículo que escapaba de los manifestantes el mismo día que empezaron los reclamos. Ella protestaba por el alza del precio de los fertilizantes usados en los cultivos de papa y maíz, contó su esposo Christian Salazar.  

El 31 de marzo, en el cuarto día de movilizaciones, el presidente Castillo Terrones dijo, durante una actividad oficial en Piura, que los paros y bloqueos de carreteras que se venían desarrollando eran malintencionados y pagados por dirigentes y cabecillas. En opinión de Alipio Montes, sociólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, esta afirmación fue especialmente contraproducente. "Lo peor que pudo hacer [el presidente] es decirle que estaban pagados. [Sorprende porque] ese discurso se lo dijeron a él, cuando era dirigente, y ahora se lo dijo a sus compañeros”, agregó.  

Tras las declaraciones del mandatario, el malestar en Junín era evidente: el sábado 1 de abril se registró una masiva manifestación en las ciudades de Huancayo y Jauja. Las sedes del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huancayo fueron atacadas a pedradas y un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto de Jauja. Cuando la Policía buscaba recuperar el control de los alrededores del aeropuerto, un adolescente de 13 años murió ahogado en el río Yacus, mientras intentaba escapar de la represión policial.

Ese mismo fin de semana se produjo la muerte de Jorge Maldonado Landeo, quien según indica el Ministerio Público, habría fallecido por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de EsSalud-Huancayo. Este deceso no fue reportado por los familiares al Ministerio Público, según informó esta institución. Sin embargo, fue confirmado a este medio por la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur, a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú.

DUELO. Cinco personas fallecieron en las protestas registradas en Junín, Huánuco e Ica. Yhony Quinto, quien murió en Ica, fue sepultado el jueves 7 de abril en su natal Huancavelica.

Foto: Frentagri 

Recién a cinco días de iniciado el conflicto llegó a la ciudad de Huancayo una comitiva —conformada por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Interior, Transporte y Comunicaciones, Economía y Finanzas, congresistas (Waldemar Cerrón y Ilich López) y el cardenal Pedro Barreto— para consensuar acuerdos con representantes de los gremios de transporte y de los productores agrícolas del centro del país. 

Aunque se llegaron a una serie de acuerdos en Junín, que incluyeron la suspensión del paro de los transportistas de carga pesada, para el lunes 4 de abril las protestas se daban en 14 regiones. 

En Ica, por ejemplo, productores agrícolas comenzaron un bloqueo en la Panamericana Sur. Ese mismo día un grupo de manifestantes quemó las casetas del peaje, a la altura del kilómetro 273, y se produjeron saqueos en dos minimarkets. En la ciudad de Trujillo, en el norte del país, el paro de transportistas urbanos también fue aprovechado por vándalos para robar cajas de cerveza de la tienda Makro. En la capital, mientras tanto, corrieron falsos rumores de saqueos a lo largo del día. 

Si antes las regiones eran un alivio para el presidente, [ahora] se están transformando en los lugares donde es más cuestionado”, dice Paula Távara.

Cerca de la medianoche, el jefe de estado anunció, de manera sorpresiva, la inamovilidad social para Lima Metropolitana y Callao durante el martes 5 de abril. La medida fue considerada inconstitucional por abogados especializados, cosechó críticas de diversos sectores y cacerolazos en algunos puntos de la ciudad. 

A las 5:20 p.m., mientras mantenía una reunión con la Junta de Portavoces y voceros de las principales bancadas en el Congreso, el presidente anunció que la inmovilización obligatoria sería levantada y se retiró argumentando que firmaría la derogatoria de esta medida. Sin embargo, la derogación nunca se llegó a oficializar. Para entonces, decenas de manifestantes se concentraban en la avenida Abancay y la Plaza San Martín. Horas más tarde, alrededor de las 8 p.m., un grupo atacó las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y comercios.

La crisis también se agudizó en el centro del país, con protestas por parte de los agricultores. Ese mismo 5 de abril, Alexander Trujillo Nolasco se convirtió en la cuarta víctima mortal del paro. El agricultor, natural de la comunidad de Ramosragra (distrito de Cayna, en Huánuco), falleció durante un enfrentamiento entre manifestantes y agricultores en la Carretera Central, a la altura del peaje de la ciudad de Ambo.  

OjoPúblico se contactó con Percy Trujillo Nolasco, hermano de la víctima, quien contó que Alexander se dedicaba a la agricultura junto con sus padres y participó de las manifestaciones por el alto costo de los fertilizantes, utilizados para producir papa y maíz. “Salió a protestar por primera vez y murió. Pedimos justicia, que se investigue el caso con celeridad”, dijo. El caso está a cargo del fiscal Marco Acuña Urquizo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo.

Luego de la muerte del agricultor, la protesta se levantó en Huánuco a la espera de la llegada del ministro de Agricultura, programada para el lunes 11 de abril.

Hasta el momento, se ha corroborado el fallecimiento de cinco personas en el contexto de las protestas. Además, se han registrado 129 heridos".

Yhony Quinto Contreras, un trabajador agrícola de 25 años y padre de dos niños, falleció un día después, el 6 de abril, durante las protestas a la altura del kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en Ica. Se dirigía a su trabajo cuando fue impactado en la cabeza por un proyectil de arma de fuego, mientras se producían enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloqueaban la vía. 

Tras la muerte de Quinto Contreras, el Frente de Trabajadores Agrícolas (Frentagri) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Agrícola, Similares y Afines del Perú (Sintagri) llegaron a un acuerdo con representantes de la PCM, la Policía Nacional y gobierno regional para dar una tregua de cinco días en la Panamericana Sur, que vence el 12 de abril. 

Además de las muertes de Candy Hinostroza De La Cruz, un menor de edad, Alexander Trujillo Nolasco y Yhony Quinto Contreras —quienes constan en los reportes de la Defensoría del Pueblo— y Maldonado Landeo —cuya deceso es de conocimiento del Ministerio Público y fue corroborado a OjoPúblico por la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur, a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú—, entre el 28 de marzo y el 6 de abril otras 129 personas resultaron heridas en las protestas de Junín, Huánuco, Huancavelica, Ica y Lima Metropolitana, de acuerdo al reporte de la Defensoría del 7 de abril. Este recuento considera 42 civiles y 87 policías. 

Entre los heridos de gravedad en las protestas de Junín figuran Frayan Toribio Yaranga, quien perdió el ojo derecho debido al impacto de un perdigón, y Erwin Romero Corilloclla, quien perdió el ojo izquierdo al recibir el impacto de un cartucho de bomba lacrimógena. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, hay 16 heridos por perdigón y tres por impacto de bomba lacrimógena. 

Demandas desatendidas

Los reclamos de los transportistas de carga y pasajeros fueron identificados por primera vez por la Defensoría del Pueblo en marzo del 2021, es decir hace más de un año. En el último informe de la entidad, actualizado hasta fines de febrero de 2022, se advirtió sobre su demanda de devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) y la reducción del precio del diesel. 

En las regiones, la Asociación de Transportistas de Carga Pesada y Camioneros del Centro, que agrupa a 3.600 transportistas de seis gremios de Junín, y la Organización Regional de Defensa y Desarrollo de los Transportistas, de Huánuco, manejan el mismo pliego de reclamos. Juan Carlos Lagos, dirigente del gremio de Junín, indicó a OjoPúblico que sus principales demandas se centran en la reducción del precio del combustible y la eliminación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la cual consideran que cumple una función de recaudación más que de supervisión. 

Este último reclamo no aparece en los reportes de la Defensoría del Pueblo y coincide con las demandas de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm), representado por Geovani Diez. Además, este grupo de transportistas que convocó a la paralización del 4 y 5 de abril, solicitó la condonación de las multas durante el periodo de pandemia y la reestructuración de la Autoridad de Transporte Único (ATU).

BLOQUEOS. La Carretera Central, a la altura de la Oroya, se mantuvo bloqueada desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril por las protestas regionales.

Foto: PCM

Otro conflicto reportado por la entidad fue el de los trabajadores temporales de las empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad, quienes exigen la aprobación de una norma laboral especial, que incluya la eliminación de contratistas intermediarios y se incremente su remuneración diaria. Estas demandas también son antiguas: empezaron en noviembre de 2020 y, un mes más tarde, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, desencadenaron  en un paro agrario que dejó dos muertos y decenas de heridos.

Ante la desatención de sus pedidos y el alza internacional de los precios del petróleo, el maíz y el trigo, que afectan al costo de toda la canasta básica, el conflicto volvió a estallar en Ica a fines de marzo, con la participación de un sector de los trabajadores de la agroindustria, representados por el Frente de Trabajadores Agrícolas (Frentagri) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Agrícola, Similares y Afines del Perú (Sintagri). 

Julio Carbajal, secretario de Defensa y Disciplina del Frentagri, señaló a OjoPúblico que en el actual contexto su principal reclamo es la reducción de precios de la canasta básica familiar. 

De ser ignorados por los gobiernos de turno, los conflictos sociales pasan a ser reprimidos de forma indiscriminada”, dijo José Alejandro Godoy.

Como en los casos previos, otro conflicto identificado por la Defensoría del Pueblo desde noviembre de 2020, tiene que ver con las demandas de las organizaciones agrícolas de Huánuco para que se declare en situación de emergencia al sector agropecuario y la seguridad alimentaria nutricional en la región. La institución señala que durante el mes de febrero no hubo diálogo con el Midagri.

Ante la falta de respuestas, el último 5 de abril, la Coordinadora Agropecuaria de las Comunidades Campesinas de la Región Huánuco bloqueó la Carretera Central. El gremio es dirigido por Luis Malpartida Garay, quien también participó en la protesta agraria nacional de los productores de papa, en 2018. “Buscamos que el gobierno industrialice la producción. El campesino vende el producto que saca de la tierra, pero con un valor agregado ganaría más”, dijo el agricultor a OjoPúblico. 

En cuanto a la demandas del sector agrario en Junín, estas se centran en la modificación de la Ley N° 31071, para que permita que los productos cosechados en la región sean integrados en los programas sociales como Qali Warma, la mejora de la infraestructura hídrica, la creación de un programa de reactivación agraria, crédito agrario para pequeños agricultores y la reducción del precio de los fertilizantes e insumos agrícolas. 

Este conflicto no fue identificado por la Defensoría del Pueblo previamente y recién el 28 marzo inició con una débil protesta en distritos de la provincia de Concepción, que fue empeorando con el pasar de los días. 

Luis Quispe Candia considera que el paro de los transportistas de carga fue aprovechado por el gremio
de transporte multimodal". 

Para Ana Espejo López, representante de la Asociación Nacional de Centros (ANC) y especialista en desarrollo rural, la región y, en especial, el sector agrario ha notado que el gobierno de Pedro Castillo ha tergiversado sus promesas electorales y propuestas de cambio, lo cual ha generado numerosas marchas y ha reavivado conflictos sociales en torno al agro y otros sectores sociales. 

Sin embargo, para la especialista, el desarrollo de este conflicto tiene como antecedente que anteriores gestiones han descuidado la atención a los requerimientos. Y estos, a la vez, se han agravado con la pandemia y, externamente, por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Otros gremios grandes que también mostraron su disconformidad con la gestión de Castillo Terrones son el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). El 7 de abril realizaron una marcha en Lima y las regiones de Arequipa, La Libertad y Junín. 

El secretario general de Sutep, Lucio Castro, señaló a OjoPúblico que esta movilización ya estaba programada con anticipación y no fue producto de la seguidilla de protestas que enfrentó el gobierno en las últimas semanas. Sin embargo, el dirigente también dijo que podrían unirse a las manifestaciones iniciadas por otros gremios, si es que el presidente no atendía su pliego de reclamos, que tiene como puntos principales el nombramiento de docentes y el incremento de remuneraciones.

El analista José Alejandro Godoy señala que, desde hace 20 años, los conflictos sociales en el país se manejan de la misma forma: “De ser ignorados por los gobiernos de turno pasan a ser reprimidos de forma indiscriminada”, dijo.

No obstante, otros especialistas, como Luis Quispe Candia —director de la ONG Luz Ámbar— advierten que algunos gremios han aprovechado el paro inicial de los transportistas de carga para ejercer presión en favor intereses que no corresponden con las demandas originales. 

El contexto internacional y los anuncios

Para poder comprender esta crisis nacional, es importante no perder de vista el panorama internacional, resaltó el economista e investigador de Grade, Hugo Ñopo. La inflación, que provoca el aumento en los precios de los principales insumos “va a irse regulando, va a tender a un nuevo equilibrio”, dijo a este medio. Sin embargo, indicó que no sería un escenario próximo, pues el Banco Mundial ha advertido que es probable que la situación se extienda hasta 2023.

Tampoco se puede ignorar, afirma Ñopo, la incidencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está impactado directamente en el precio de los combustibles. “Toda guerra demanda mucha energía. Por otro lado, el combustible de esa zona está dejando de movilizarse. Hay unos desabastecimientos globales de combustible que hace que los precios suban. Después de eso, suben los precios de casi cualquier cosa”, explicó. 

Intervenir los precios es tentador, pero puede generar un efecto búmeran tremendo", dijo Manuel Carpio-Rivero.

Ante las demandas de los transportistas de carga pesada, los agricultores y los ganaderos, el Ejecutivo aplicó la exoneración al impuesto selectivo al consumo (ISC) para el diésel y las gasolinas de 84 y 90 octanos, y ha planteado la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) a ciertos productos de la canasta básica. La primera de las medidas tendrá una vigencia máxima de seis meses. El ministro de Economía, Oscar Graham, ha declarado que esta decisión restará aproximadamente S/ 250 millones mensuales al ingreso de la caja fiscal del país. 

Para Manuel Carpio-Rivero, especialista en cadenas de suministros, estas decisiones funcionan a corto plazo, pero pueden resultar peligrosas con el paso del tiempo. “Son muy tentadoras porque son medidas populistas. Una forma de comprar tranquilidad, como yo le llamo, es interviniendo los precios, pero esto puede generar un efecto búmeran tremendo”, dijo a OjoPúblico.  

DESABASTECIMIENTO. Los bloqueos en las principales vías de comunicación en el país impidieron el paso de los vehículos que transportan alimentos a las regiones.

Foto: PCM
 

El economista Hugo Ñopo tampoco considera que las exoneraciones de impuestos puedan sostenerse por mucho tiempo. Entre otras razones, porque estas no están concentradas en las personas con mayores necesidades, que deberían ser la prioridad. 

En cuanto a las demandas de los gremios de transporte multimodal, el Ministerio de Transportes (MTC) anunció, entre otras medidas, la reestructuración de la Sutran y medidas respecto a la ATU, la condonación de multas y papeletas o la renovación del brevete AIII-b sin rendir examen de reglas. Además, se acordó evaluar la petición para modificar el reglamento de la Ley N° 31096, respecto a las condiciones para acceder a la formalización del transporte de pasajeros en automóviles colectivos. 

Estas decisiones, según Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, solo debilitarán la capacidad fiscalizadora de la Sutran y abrirán paso a la informalidad y el descontrol en el transporte nacional. “¿Quién se va a hacer responsable que se cumpla el reglamento de la Ley 31096? ¿Quién va a fiscalizar que estas unidades (colectivos) pasen revisión técnica de acuerdo al reglamento? ¿Quién va a fiscalizar que hagan la ruta establecida, las distancias?”, dijo a este medio. 

Luis Quispe Candia, por su parte, considera que la espiral de reclamos ha sido una forma de justificar el reglamento de la Ley N° 31096. “Es preocupante cómo las autoridades están destruyendo lo poco que se ha avanzado”, señaló.

Inestabilidad agravada

Los nombramientos cuestionados y la rotación en puestos ministeriales claves, además de una importante salida de funcionarios con perfil técnico, ha sido una constante desde que Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia, el 28 de julio de 2021. En poco más de ocho meses —considerando a los cuatro titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)—, el mandatario ha tenido cerca de 50 ministros distintos. Entre ellos, a investigados por apología del terrorismo y corrupción, promotores de pseudociencia y denunciados por violencia contra la mujer.

El politólogo Mauricio Zavaleta considera que esta alta rotación se relaciona con dos factores. Por un lado, la "improvisación de la campaña de Pedro Castillo" al admitir que Perú Libre solo pensaba en pasar la valla electoral. "Era un partido básicamente regional que sacaba votos en Junín con Vladimir Cerrón a la cabeza, que no quería perder la inscripción y que convoca a un dirigente externo para no perderla con ninguna intención de ejercer el gobierno", detalla. 

El segundo factor, para el analista, está relacionado con un apresuramiento de Perú Libre para establecer alianzas con otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta, sin pensar en relaciones de largo plazo: "Pedro Castillo parece ser un pragmático que busca objetivos de muy corto plazo y eso es lo que estamos viendo".

Pedro Castillo parece ser un pragmático que busca objetivos de muy corto plazo", sostuvo Mauricio Zavaleta. 

La inestabilidad que ha caracterizado sus primeros meses de gestión también ha alcanzado a las áreas encargadas de la resolución de conflictos, como el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Este despacho, que se sumó a la PCM en febrero de 2017, se encarga —entre otras funciones— de coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen las secretarías a su cargo: Descentralización, Gestión Social y Diálogo, y Demarcación y Organización Territorial. 

Desde el 14 de febrero pasado, dicho viceministerio tiene como titular a Jesús Oswaldo Quispe Arones, exafiliado a Perú Patria Segura (2009 - 2021). Antes de asumir este cargo, el ingeniero industrial se desempeñó como secretario de Descentralización —una de las secretarías de ese mismo viceministerio—, durante la gestión de Braulio Grajeda Belllido, exviceministro y militante de Perú Libre, quien dejó el puesto en noviembre pasado, un mes después de la llegada de Mirtha Vasquéz a la PCM. Ahora, a la cabeza de este viceministerio, Quispe Arones es el responsable de una oficina clave en estallidos y disputas: Gestión Social y Diálogo.

Dicha secretaría es dirigida por José Alberto Muro Ventura, exviceministro de Desarrollo Agrario en el gobierno de Martín Vizcarra, quien tiene la competencia de conducir e intermediar en controversias alrededor de conflictos sociales. Para eso, el área cuenta con tres subsecretarías —Gestión de Diálogo, Prevención y Gestión, y Seguimiento y Gestión de Compromisos—. Sin embargo, sus funcionarios hoy se caracterizan más por sus perfiles políticos que técnicos.

La inestabilidad ha alcanzado a las áreas encargadas de la resolución de conflictos".

La subsecretaría de Gestión de Diálogo y la de Prevención y Gestión —esta última de forma transitoria— son dirigidas por Cristian Quispe Montañez. El funcionario, afiliado a Perú Libre, llegó a esta oficina en setiembre de 2021, mientras Guido Bellido era premier. Dos meses después, cuando Mirtha Vásquez llegó a la PCM, Quispe Montañez fue retirado del cargo. Pero, con el nombramiento de Aníbal Torres como premier, volvió al puesto, a mediados de febrero de este año. 

La subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos, en paralelo, es liderada desde noviembre de 2021, y de manera temporal, por Jackelin del Pilar Mellado Alania. Esta funcionaria formó parte de las filas de Acción Popular entre 2011 y 2018, y se encuentra incluida en una denuncia de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra el Contralor Nelson Shack. La misma se vincula al presunto nombramiento ilegal de Mellado Alania como gerenta regional de la Contraloría en Moquegua, cargo que ocupó entre junio y setiembre de 2018.

La expremier Ana Jara considera que, en medio de la incertidumbre e inestabilidad política, el trabajo del Estado no solo debe recaer en el Poder Ejecutivo sino también en los gobiernos regionales y distritales cuyo presupuesto les permite desarrollar competencias de este tipo. “Antes todo lo manejaba el gobierno central, pero hay algunas que no puede hacer. Entonces, se debe sincerar hasta dónde es el alcance de esos compromisos [con la población]”, agregó. 

Para entender el rol y actividades realizadas por este viceministerio en la actual coyuntura, OjoPúblico se contactó con la oficina de prensa de la PCM. Sin embargo, al cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

Asesoría a Palacio

Además de esta alta rotación de funcionarios y nombramientos controvertidos, el presidente Castillo ha sido cuestionado por la falta de sustento en algunas de sus decisiones. Esto se evidenció, por ejemplo, en el estado de emergencia del 5 de abril de Lima Metropolitana y Callao, que —según informó el primer ministro Aníbal Torres al día siguiente— estuvo basado en reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que advertían sobre presuntos saqueos. La medida fue considerada como inconstitucional por diferentes abogados especializados. 

De acuerdo a las fuentes consultadas por OjoPúblico, los documentos de inteligencia mencionados por Torres se elaboran a partir de información recogida por la DINI —adscrita a la PCM— y con el aporte de la Dirección General de Inteligencia del Viceministerio del Orden Interno. Este último despacho no contaba con un responsable a cargo cuando el presidente anunció el toque de queda, pues su anterior director, Martín Gonzales Sánchez, fue destituido el 1 de abril, luego de estar apenas 14 días en el cargo.

El 7 de abril, mediante resolución publicada un día después en el diario El Peruano, el Ministerio del Interior designó a Jorge Fernando Cassanova Cubas como nuevo titular de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. En 2020 se desempeñó como jefe de la división policial de Barranca. 

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, explicó a este medio que los reportes de inteligencia suelen ser alarmistas, tienen distintos niveles de “calidad de información” y son la base para decretos que adopte el gobierno respecto a seguridad nacional, pero la decisión final se toma luego de un análisis de más variables, como el contexto o las consecuencias socio-económicas que pueden tener estas medidas. 

“La regla en la política, y en el Ejecutivo, es que una nota de inteligencia sirve como herramienta para la toma de una decisión, pero la evaluación final siempre será política. En ese contexto, decir que condicionaron al estado de emergencia en Lima no me parece que sea un razonamiento adecuado porque, junto a la nota de inteligencia, tendría que haberse evaluado un conjunto de aspectos”, dijo. 

DIÁLOGO. El presidente Pedro Castillo se reunió el martes 5 de abril, día de inmovilización social, con la Mesa Directiva del Congreso para tratar el tema de la crisis.

Foto: PCM
 

Meses atrás, teniendo en cuenta su condición de líder sindical y docente rural, algunos sectores consideraban que Castillo Terrones podría tener una mejor lectura que sus antecesores respecto a los conflictos sociales, si conseguía un equipo experimentado de asesores. Sin embargo, el presidente optó por rodearse de personas de su confianza, algunas de las cuales son investigadas por presuntos actos ilícitos. 

Uno de los casos más polémicos ha sido el de Bruno Pacheco Castillo, quien se desempeñó como secretario general de la Presidencia desde finales de julio de 2021 hasta su renuncia, en noviembre del año pasado. 

Pacheco Castillo es uno de los 11 investigados por tráfico de influencias y organización criminal en el caso Puente Tarata III, y pesa sobre él una orden de detención preliminar, pero a la fecha se encuentra no habido. Según la fiscalía tenía injerencia en la designación de funcionarios claves de Provias Descentralizado y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y en el direccionamiento de las obras que estaban a su cargo. Según la hipótesis fiscal, el presidente Castillo encabezó una mafia al interior de este sector. 

Esta no es la única indagación en su contra, pues la fiscalía también lo investiga por enriquecimiento ilícito tras el hallazgo de USD 20.000 en los servicios higiénicos de su despacho. Como parte de las diligencias de esta carpeta fiscal, el último 5 de abril, el Poder Judicial le dictó ocho meses de impedimento de salida del país.

Una nota de inteligencia sirve como herramienta para la toma de una decisión, pero la evaluación final siempre será política", explicó Wilfredo Pedraza.

El sucesor de Pacheco Castillo en la secretaría general de Palacio, Carlos Jaico Carranza, no duró más de tres meses en el puesto. El 1 de febrero último, el exfuncionario renunció al cargo y en su carta de salida indicó que en el gobierno existía un “gabinete en la sombra” con una “nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores del gabinete y funcionarios". Jaico Carranza también denunció la "interposición de denuncias falsas" en su contra "hechas por funcionarios subalternos".

En su corta gestión, Jaico Carranza retiró como asesor presidencial a Biberto Castillo León, quien estuvo implicado en la fallida designación del excongresista fujimorista Daniel Salaverry Villa, como presidente del directorio de la empresa estatal Perupetro. Semanas más tarde, el 17 de marzo, el exlegislador de Fuerza Popular y candidato presidencial por Somos Perú fue nombrado consejero de Pedro Castillo.

En la lista de asesores controversiales también se encuentra Beder Camacho Gadea, actual subsecretario de Palacio y citado a inicios de febrero por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre el “gabinete en la sombra”. En esta convocatoria del Legislativo también se convocó a la asesora y bachiller en Derecho, Sandra Paico Carrasco; y a los salientes funcionarios Carlos Jaico y Biberto Castillo. 

El costo de la crisis

El reciente conflicto en las regiones ha tenido como consecuencia política el pedido de interpelación contra el primer ministro Aníbal Torres. El legislador de Acción Popular, Elvis Vergara, ha presentado una iniciativa para que el premier responda sobre los motivos para ordenar la inmovilización del 5 de abril y analizar si se tomó como una forma de “represión contra el pueblo”. 

Por su parte, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, señaló en sus redes sociales que su bancada también presentará una moción para interpelar a Torres a raíz de que la “crisis persiste” y por las muertes registradas en las protestas.

El Legislativo también tiene bajo la mira posibles censuras contra los ministros del Interior, Alfonso Chávarry —por los enfrentamientos y fallecidos registrados en las protestas—, y de Defensa, José Luis Gavidia, quien está implicado en una denuncia por violencia familiar. 

En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) le dio plazo hasta el 21 de abril al presidente para renovar el gabinete ministerial y convocar a un acuerdo nacional para consensuar medidas ante la crisis social. 

El 8 de abril, el Pleno del Congreso aprobó una moción declarativa presentada por la congresista Rosselli Amuruz que exhorta al presidente Castillo a presentar su renuncia irrevocable al cargo ante el Parlamento “de forma inmediata por el bien moral de la nación”. Si bien se trata de una exhortación que, aunque no es vinculante ni obliga al mandatario a dejar el cargo, refleja la posición política del parlamento frente al gobierno. 

RECLAMOS. En el Centro de Lima se realizaron protestas para exigir la salida del cargo del presidente Pedro Castillo.

Foto: Renato Pajuelo / Andina
 

En este escenario político, un eventual tercer proceso de vacancia contra Castillo Terrones no parece descartado. Tampoco una renuncia como lo han pedido diferentes académicos, congresistas de oposición e incluso el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien el 9 de abril último envió una carta al despacho presidencial solicitando que el presidente deje el cargo “para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”. 

El analista José Alejandro Godoy considera que el costo político de las malas estrategias adoptadas por el gobierno durante las protestas debería ser asumido por los ministros de Defensa y del Interior. Añadió, además, que el propio primer ministro, Aníbal Torres, tendría que dejar el cargo, luego de elogiar a Adolf Hitler durante la sesión descentralizada de ministros en Huancayo.
 
"Por lo pronto el ministro del Interior y el de Defensa deberían asumir el costo político y, después de estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros debería hacer lo propio", dijo. En la última encuesta publicada por Datum, el mandatario llega a una desaprobación del 76%. “Eso, ya es un costo para Castillo”, explicó.
  
Para el politólogo Mauricio Zavaleta la crisis que enfrenta el presidente es comparable con lo que ocurrió en 2018, con Pedro Pablo Kuczynski. “Estamos en una situación en la que la legitimidad del gobierno está mermada de forma seria. [Esta es similar] al 2018, cuando PPK entra con una alta desaprobación, su control es endeble y su legitimidad como presidente, luego del indulto a Fujimori y las revelaciones del caso Lava Jato, se ve complicada”. 

Estamos en una situación en la que la legitimidad del gobierno está mermada de forma seria", indicó Mauricio Zavaleta.

Según Zavaleta, la situación de Castillo, tal como ocurrió con Kuczynski, no se podría superar ni con la renuncia de Aníbal Torres o algún otro ministro, pues el propio presidente es quien está involucrado con las razones de la crisis.

Por su parte, la politóloga Denisse Rodríguez-Olivari considera que aún no se ha podido encontrar una salida legal, legítima, institucional y pacífica para la crisis que el Perú está atravesando. “No hay una respuesta clara que pueda conducirnos, de una forma ordenada, al final del túnel —dijo a OjoPúblico—. Muchas de las soluciones que plantean los sectores de la oposición no respetan la legislación, el ordenamiento jurídico y pactos internacionales en los que participa el país”.

Estos factores y las figuras polarizantes que aglutinan dichos sectores, explica Rodríguez, han impedido que la oposición logre articular un gran movimiento. Teniendo en cuenta esto, considera que la gestión del Castillo Terrones seguirá siendo mermada por su “propia inoperancia”.

De renunciar el presidente Pedro Castillo, el escenario que se presentaría sería el mismo que ocurrió con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, afirmó la abogada constitucionalista Beatríz Ramírez. Es decir, quien asumiría la presidencia sería la primera vicepresidenta Dina Boluarte. Si está, a su vez, sale del cargo, pasaría lo que ocurrió cuando vacaron a Martín Vizcarra: asumiría la actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. 

"La presidenta del Congreso tendría que terminar su mandato en 2026 para la convocatoria a elecciones generales", dijo Beatriz Ramírez. Este es el camino a seguir que está amparado por la Constitución, explicó. 

La crisis continúa 

En tanto se define el escenario político que deberá enfrentar el gobierno de Castillo, los conflictos sociales continúan en el país. Según la Defensoría del Pueblo, solo en Loreto se registran 16 conflictos por explotación de hidrocarburos en comunidades indígenas. Esto contradice las afirmaciones del primer ministro Aníbal Torres, quien indicó en una conferencia de prensa que “solo faltaba por resolver” el pedido la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap), que representa a las comunidades dentro del área de influencia del Lote 95. 

Si bien el Ejecutivo y la empresa PetroTal acordaron crear una mesa de trabajo para analizar los problemas de la población, el conflicto petrolero lleva más de 50 años en el territorio y, solo entre el año 2000 y 2019, se produjeron 474 derrames que han afectado a las comunidades indígenas.

Otro conflicto que se reactivó esta semana fue el vinculado a la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El 5 de abril, las comunidades de Ayllopongo, Yanacona y Racchi Ayllo —de la zona de influencia del proyecto— bloquearon las vías de acceso a las obras porque la empresa no contrata los servicios de hospedaje y restaurante de los comuneros, como se acordó al inicio del proyecto, señaló el líder campesino Efrain Achahui. Hay un periodo de tregua hasta el 12 de abril para solucionar sus reclamos. 

En Moquegua, por otro lado, el conflicto entre la Comunidad Campesina Tumilaca, Pocota, Coscore y Tala y la minera Southern Perú lleva activo más de 40 días. Según reportó la Defensoría del Pueblo, el 28 de febrero los pobladores cerraron las válvulas del reservorio Viña Blanca, que abastece de agua al campamento y las operaciones de la mina Cuajone. 

Los comuneros solicitan el pago de USD 5.000 millones en compensación por el área que ocupa la minera en la comunidad, además del pago del 5% de utilidad bruta anual de la empresa.  

A menos de un año en el gobierno, Pedro Castillo no solo continúa enfrentando a una oposición que busca removerlo del cargo, sino que también va perdiendo el respaldo de sectores que lo apoyaron para llegar a la presidencia.