A finales de junio de 2018, Ana* fue internada en la Clínica Padre Luis Tezza ―ubicada en el distrito de Surco, en Lima― por una dificultad respiratoria. Luego de pasar más de dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos con una neumonía, la hija de la paciente se dio cuenta de que a la mujer le había salido una escara ―una lesión necrosa de la piel― en la parte baja de la espalda. Avisó de su hallazgo al médico responsable, y este le dijo que se harían cargo de la herida. 

A poco más de un mes de su ingreso a la clínica, Ana fue dada de alta, aunque su lesión en la piel había empeorado. El compromiso de la institución fue continuar con las curaciones en su casa. Pero pronto la neumonía reapareció y, en los primeros días de agosto, la mujer regresó a la Clínica Tezza. Falleció una semana después, debido a complicaciones en la infección de sus pulmones, provocadas por la septicemia que ocasionó la escara. 

Entre 2020 y 2021, Susalud multó a 24 instituciones de salud privadas y públicas de Lima Metropolitana".

En noviembre de 2018, la hija de Ana puso una queja en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) contra de la clínica que atendió a su madre por no tratar como era debido la herida de la paciente y, por eso, ocasionar su empeoramiento y muerte, como consta en la Resolución N° 050-2021-SUSALUD/TRI-TSE. La superintendencia, luego de un proceso que duró alrededor de dos años, encontró responsable a la institución de salud. 

Por esta infracción ―una “lesión grave de un paciente como resultado de la falta de diligencia en el seguimiento”, que califica como muy grave según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud―, la Clínica Tezza recibió una multa de 219 UIT, la más alta que se dio en 2021, casi tres años después de la muerte de la mujer. Sin embargo, hasta ahora no ha pagado nada. “El caso está en el Poder Judicial porque no estamos de acuerdo con la resolución de SuSalud”, dijo Otoniel Osso, director médico del establecimiento, a OjoPúblico. 

La lentitud de los procesos administrativos sancionatorios y las multas impagas a Susalud no son excepcionales. A partir de una solicitud de acceso a la información pública, este medio pudo establecer que, entre 2020 y 2021, la superintendencia multó a 24 instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) privadas y públicas de Lima Metropolitana —entre ellas la Clínica Padre Luis Tezza— por infracciones leves, graves y muy graves. Solo una de esas multas corresponde a una infracción cometida durante la pandemia, en 2020. 

 

Dentro de las Ipress sancionadas en ese periodo hay 13 instituciones privadas y 11 públicas. En conjunto sus multas suman un total de 1.944,24 UIT. Sin embargo, hasta el momento solo tres de las 13 instituciones privadas han pagado el total de su deuda, mientras que dos de las 11 públicas sancionadas han cancelado solo una parte. 

En otras palabras, si sumamos las deudas de las 21 Ipress públicas y privadas que tienen multas pendientes, a febrero de 2022 aún hay sanciones impagas por 1.755,68 UIT, equivalentes a S/8’075.990 (considerando el valor de las UIT de 2022: S/4.600). Dicho monto no incluye los intereses acumulados por la demora en la cancelación, de entre uno y dos años a la fecha.

La infracción grave más frecuente (cinco veces detectada) en las instituciones privadas fue “no realizar el control de los stocks o el abastecimiento oportuno de productos farmacéuticos o la baja respectiva a los productos farmacéuticos, sanitarios o dispositivos médicos vencidos, deteriorados, sustraídos o robados”. Los establecimientos infractores fueron el Centro de Diagnóstico San Isidro (ubicado en dicho distrito), Biolab & Inmunomed (en Los Olivos), Hogar Clínica Monte Sinaí (en Lince), e Institutos Oftalmológicos Especializados Dr. Carlos Wong Cam (de San Isidro). 

Otras infracciones graves o leves cometidas fueron “exhibir o difundir imágenes del asegurado o de la información relacionada a su enfermedad en contravención de la normativa vigente, salvo la requerida por Susalud” y “lesión grave de un paciente como resultado de la falta de diligencia en el seguimiento del caso". Esta última infracción es la misma que se cometió con la señora Ana.

 

 

En cuanto a las instituciones públicas, la infracción grave más recurrente fue “postergar injustificadamente el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud, provocando o no el agravamiento de su enfermedad”. Las instituciones en falta fueron: el Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú Gral. Luis N. Saenz, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (ambos del distrito de Jesús María), el Hospital Rosalía de Lavalle Morales Macedo (ubicado en Miraflores), el Hospital Marino Molina Scippa (en Comas), el Instituto Nacional Materno Perinatal (del Cercado de Lima) y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (en La Victoria). 

“En el sector público el problema es, sobre todo, la disponibilidad y el acceso a sus servicios, por la infraestructura con la que cuentan, los insumos y los medicamentos, la falta de personal y de atención personalizada. Estas denuncias llevan la batuta en la Defensoría”, explicó Carlos Almonacid Flores, jefe del Programa de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo a este medio. 

Las Ipress públicas también cometieron infracciones muy graves como “retención no intencional de un objeto extraño dentro de un paciente luego de una cirugía o procedimiento invasivo”, “muerte (…) de un paciente como resultado de la falta de diligencia en el seguimiento del caso” y “brindar el servicio de salud con personal no autorizado por la normatividad vigente”.

La mayoría de las sanciones de 2020 y 2021 corresponden a procesos que comenzaron entre 2016 y 2019".

Ahora bien, no solo las instituciones sancionadas se demoran en pagar sus multas, sino que Susalud también tarda en emitirlas. La gran mayoría de las sanciones que esta superintendencia impuso entre 2020 y 2021 en Lima Metropolitana corresponden a procesos administrativos que comenzaron entre 2016 y 2019 (solo uno es de 2020, el caso de la Clínica San Borja). Es decir, en algunos casos, las Ipress cometieron las infracciones hasta cuatro años antes de ser sancionadas.

Las demoras de Susalud en este tipo de investigaciones son comunes, de acuerdo al abogado especialista en salud pública Mario Ríos Barrientos. “Susalud ha dejado prescribir procesos y, por lo tanto, no se producen las sanciones administrativas correspondientes. A veces, pasan cuatro años [tiempo límite para la prescripción del proceso] y no terminan con las investigaciones”, contó el especialista. “Los informes se traban en la IFIS [la Intendencia de Fiscalización y Sanción] y no terminan acusando a las instituciones. El argumento es que no tienen personal”, agregó. 

Por su parte, Carlos Almonacid Flores, de la Defensoría del Pueblo, considera que las fallas en la tarea supervisora de Susalud tienen que ver con el poco tiempo que lleva funcionando. Esto teniendo en cuenta que la superintendencia, con su actual denominación y competencias, se implementó en 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso. 

“Con la gestión anterior recién se ha puesto más fuerte el tema de supervisiones preventivas y su cumplimiento. Han sido pocos los casos donde hemos visto que Susalud haya aplicado un procedimiento sancionador con multa”, explicó Almonacid Flores.

Una larga lista de infracciones y deudas

Entre 2020 y 2021 Susalud emitió las resoluciones de 59 procesos administrativos sancionatorios para 18 Ipress públicas y 29 privadas de Lima Metropolitana. En total, estas habían cometido 105 infracciones leves, graves y muy graves entre 2016 y 2020. De esos 59 procesos, algunos (gráficos 1 y 2) concluyeron con multas y, en otros casos, solo se impartieron amonestaciones escritas, principalmente por haber cometido infracciones leves.

Del total de infracciones, 41 fueron identificadas en instituciones de salud públicas. Estas tienen entre uno y cinco procesos administrativos sancionatorios cada una. Las 11 Ipress que recibieron sanciones con multa deben, en total, 8282,19 UIT. Es decir, alrededor de S/4’058.074 (tomando en cuenta el valor de la UIT de 2022), sin incluir los intereses por la mora. 

 

 

La institución pública que cometió más infracciones y, a la vez acumula más procesos administrativos sancionatorios es el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins: nueve infracciones identificadas en cinco procesos. 

Estas faltas leves y graves (“no atender con propiedad los reclamos de los usuarios”, “no cumplir con las indicaciones vigentes en el contenido de la historia clínica” o “postergar injustificadamente el acceso a los servicios”, entre otras) sumaron 182 UIT. 

Hasta febrero de 2022, el hospital había cancelado 78 UIT. Por eso, actualmente su deuda asciende a 104 UIT (aproximadamente S/478.400) más los intereses. Solo uno de sus tres procesos que implicaron multas está judicializado. OjoPúblico se puso en contacto con Essalud para solicitar mayor información sobre los procesos del hospital, pero no obtuvo respuesta. 

 

 

Por otro lado, las 29 instituciones de salud privadas que fueron sancionadas cometieron un total de 66 infracciones. Estas Ipress tienen entre uno y dos procesos administrativos sancionatorios cada una, pero solo 13 de ellas recibieron una multa. Tres de estas ya han pagado sus sanciones económicas y las 10 restantes adeudan, en conjunto, 873,49 UIT (alrededor de S/4’018.054) más intereses. 

La que cometió más infracciones fue la Clínica Delgado: ocho faltas identificadas en un solo proceso administrativo sancionatorio. Sin embargo, estas fueron de carácter leve (“no contar con las unidades productoras de servicios implementadas” según correspondía a su categoría). Por eso, no recibió ninguna sanción económica, solo amonestaciones escritas. 

 

Las deudas más altas

Entre las instituciones públicas y privadas, la Ipress que más dinero adeuda y, a la vez, ha sido más fuertemente multada por Susalud es la Clínica Padre Luis Tezza: 219 UIT (alrededor de S/1’007.400), por la sanción muy grave en el caso de Ana, la paciente que falleció luego de sufrir una septicemia.

Dentro de las instituciones privadas con multas altas por infracciones graves, y que no han pagado sus deudas, también sobresalen el Policlínico Natclar, con sedes en Surco y La Victoria, con 141,90 UIT (alrededor de S/652.740 más intereses), y la Clínica Santa Beatriz, de Jesús María, con 156 UIT (alrededor de S/717.600 más intereses). 

En esta última la superintendencia señaló, entre otras infracciones, “el ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñan en el establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondan a estos”. OjoPúblico se contactó con ambas instituciones para solicitar sus descargos, pero no recibió respuesta hasta el cierre de este informe. 

 

DESACUERDO. La Clínica Tezza ha llevado su proceso al Poder Judicial, pues no está de acuerdo con la multa de Susalud, según su director médico, Otoniel Osso. 

Foto: Facebook Clínica Padre Luis Tezza

 

Las Ipress públicas también recibieron multas altas por infracciones leves, graves y muy graves. De ellas, la que más dinero adeuda es el Centro Materno Infantil César López Silva, ubicado en Villa El Salvador: 156,10 UIT. Su caso se encuentra en un proceso contencioso administrativo, por lo que Susalud no puede cobrar la multa. Este medio se comunicó con la Dirección de Redes Integradas (Diris) de Lima Sur para solicitar información sobre el tema. Sin embargo, como en los casos previos, no obtuvo respuesta.

En paralelo, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado en el Cercado de Lima, adeuda 143,85 UIT (aproximadamente S/661.710) más intereses. Sus dos procesos sancionatorios, ambos con resoluciones emitidas en 2020, están judicializados. “Los casos están en la Procuraduría del Minsa, en ese sentido el hospital no puede brindar mayor información”, indicó el área de comunicaciones de la institución.

Mientras que el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen tiene dos multas por un total de 137 UIT (equivalente aproximadamente S/630.200) más intereses, por postergar injustificadamente el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud, “provocando o no el agravamiento de su enfermedad (...)". Aunque se solicitó mayor información a Essalud sobre el tema, no hubo respuesta hasta el cierre de edición. 

La Ipress que ha sido más fuertemente multada por Susalud es la Clínica Padre Luis Tezza: 219 UIT".

Al analizar las resoluciones de estos procesos, OjoPúblico identificó que, en algunos casos, Susalud aplica criterios diferentes para imponer las multas. Por ejemplo, el Centro de Diagnóstico San Isidro fue multado con 0,73 UIT por una infracción grave: “no realizar el control de los stocks o no realizar el abastecimiento oportuno de productos farmacéuticos o no dar la baja respectiva a los productos farmacéuticos, sanitarios o dispositivos médicos vencidos, deteriorados, sustraídos o robados”. Sin embargo, Biolab & Inmunomed recibió una multa de S/ 358.800 por haber cometido la misma infracción. 

Esto se debe, según el abogado especialista en salud pública, Mario Ríos Barrientos, a la diferencia en el capital de las Ipress. “Si es una entidad con bajo capital, la multa es menor porque la quiebras si le pones la misma multa que a una entidad que tiene alto nivel de capital. Más que la actividad que realice la entidad, ahí manda el capital”, señaló.

Su explicación se puede corroborar en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud: “Dentro de la metodología de cálculo de las sanciones se incorporará el porcentaje máximo sobre las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor u otros parámetros presupuestales sobre el cual se aplicarán las multas, a fin de no generar un efecto confiscatorio que pudiera afectar la sostenibilidad”.
 

La efectividad de las sanciones 

De acuerdo a Carlos Almonacid Flores, de la Defensoría del Pueblo, las instituciones de salud públicas y privadas no suelen cancelar sus multas a Susalud. Esto se verifica en la información analizada por OjoPúblico: solo tres de las 24 Ipress de Lima Metropolitana sancionadas entre 2020 y 2021 habían cancelado el total de sus deudas, hasta el 21 de febrero pasado. 

Según el especialista, las instituciones públicas cuentan con un obstáculo mayor que las privadas para asumir sus pagos. “En el sector público es menor la tendencia a pagar las multas porque no solamente es difícil destinar recursos para ese fin, sino, además, porque los establecimientos de salud, cuando son supervisados, pertenecen al propio Minsa [ministerio al que también está adscrito Susalud]”, señaló.

Solo tres de las 24 Ipress de Lima Metropolitana sancionadas entre 2020 y 2021 han cancelado todas sus deudas".

Marío Ríos Barrientos, abogado especialista en salud pública, sostuvo que es frecuente que las instituciones recurran a la judicialización de sus procesos para evadir el pago de las sanciones. En los 24 procesos con multa de 2020 y 2021, casi la mitad se elevaron al Poder Judicial: 10 en total, de los cuales seis pertenecen a instituciones públicas y cuatro a privadas. 

Este proceder es más recurrente en las instituciones del Estado, aseguró Ríos Barrientos: “Lo que tienen las Iafas [Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud] y las Ipress del Estado es que van a procesos contenciosos administrativos. O sea, los mandan al Poder Judicial con el objetivo de anular la multa”. Esta instancia puede requerir varios años para resolver el caso. 

En cuanto a las medidas correctivas que se aplican (alguna acción que debe hacer la institución para no volver a cometer la misma falta y/o reparar a los afectados), independientemente de si las Ipress fueron multadas o no, estas son inusuales. En el caso de las instituciones públicas de Lima Metropolitana, Susalud solo aplicó tres medidas correctivas para las 44 infracciones identificadas dentro de 11 procesos, desarrollados entre 2016 y 2021. Las mismas fueron destinadas al Hospital Nacional de La Policía Nacional Gral. Luis N. Saenz, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral (este último, ubicado en San Juan de Lurigancho). 

Por otro lado, las Ipress privadas de Lima Metropolitana recibieron cuatro medidas correctivas para las 61 infracciones detectadas dentro 13 procesos, realizados entre 2016 y 2021. Susalud las aplicó a la Clínica Javier Prado (San Isidro), el Policlínico Natclar (Surco y La Victoria) y las Clínicas Dentales Americadent (sede Miraflores). En resumen, apenas se impusieron siete medidas correctivas para las 105 infracciones cometidas en los establecimientos de salud públicos y privados, de manera conjunta. 

“Lo que ha habido, sistemáticamente, es un debilitamiento de la capacidad sancionadora de Susalud”, sostuvo el abogado Ríos Barrientos. De acuerdo al especialista, esta entidad no cuenta con las mismas capacidades ni estándar de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). 

 

CONTROL. En las instituciones privadas, la infracción más frecuente fue la falta de control de productos farmacéuticos, equipos médicos y sanitarios.

Foto: Andina

Las supervisiones

Las supervisiones son otro punto importante en la labor de Susalud. Durante los dos primeros años de pandemia, es decir entre 2020 y 2021, dicha superintendencia realizó 519 supervisiones: 303 de ellas fueron a Ipress privadas y 216 a públicas. 

Sin embargo, estas no se realizaron en 519 instituciones distintas (en algunos casos, Susalud hizo más de una supervisión por institución en dicho periodo). Por eso, 228 supervisiones correspondieron a Ipress públicas y 86 a privadas. 

Solo se impusieron siete medidas correctivas para las 105 infracciones cometidas en las Ipress".

La institución que recibió más inspecciones durante la emergencia sanitaria fue el Hospital Cayetano Heredia (12), ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Este fue seguido por el Hospital Nacional Dos de Mayo, en el Cercado de Lima; el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, del Cercado de Lima; establecimientos que recibieron 10 supervisiones cada uno. 

Por el lado de las Ipress privadas, el laboratorio SuizaLab fue el que más inspecciones de Susalud recibió (8, distribuidas entre sus sedes de Miraflores, Surco, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y Breña), seguido por la Clínica Javier Prado (6).

OjoPúblico intentó comunicarse con algún vocero de Susalud, para pedir sus descargos sobre la continuidad de las supervisiones, la demora en los procesos administrativos sancionadores y en la cancelación de las multas. Sin embargo, hasta el cierre del reportaje tampoco tuvo respuesta por parte de la superintendencia.  

 

*No se detalla el apellido de la víctima para proteger su identidad y la de su familia.