“Tengo tres días trabajando, pero todo sigue igual y, a partir de las 4 de la tarde, se pone más negro”, relata Roberto, mientras labora en la limpieza de la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, una de las más afectadas por los 10 mil barriles de petróleo derramado, pertenecientes a Refinería La Pampilla, de Repsol. Ha pasado casi un mes de este desastre ecológico y la empresa no logra remediar el daño ni contener el crudo, que sigue llegando y contaminando playas de la costa peruana. Roberto, así como otros jóvenes que no tienen más de 20 años y que han sido contratados para limpiar el desastre, reconoce que no cuenta con experiencia en este rubro ni han sido capacitados. Él aceptó trabajar para una de las empresas contratadas por Repsol para la limpieza de la playa, por la promesa de un pago quincenal que él consideró atractivo: 50 soles por ocho horas al día. 

OjoPúblico constató en un recorrido por las playas afectadas de la zona que los trabajos de remediación continúan, pero no avanzan. Los jóvenes contratados cuentan con uniformes y herramientas que parecen insuficientes para la labor encomendada: pala en mano, botas y guantes de goma, overol blanco, lentes y un gorro para protegerse del sol. La marea trae a la orilla, una y otra vez, una espuma sucia y con olor a crudo que, pese a los esfuerzos, parece nunca acabar.  

Cada día, casi a las seis de la tarde, empleados contratados por la empresa Lamor Perú recogen en diferentes playas la arena con restos de petróleo, así como piedras impregnadas de crudo. En declaraciones del último 3 de febrero a la prensa extranjera, Repsol informó que la limpieza del derrame culminará recién a fines de marzo.

 

TRABAJO. Desde las siete y media de la mañana, empleados de empresas contratistas continúan con la remoción del crudo en la orilla de la playa Cavero en el distrito de Ventanilla. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 
 

 

Si bien las responsabilidades del desastre apuntan como principal protagonista a Repsol Perú, hay instituciones del Estado que tienen un papel en la fiscalización, vigilancia y remediación, sobre todo cuando este no ha sido el primer incidente de similares características (aunque con menos cantidad de petróleo) en los que se ha visto involucrada esta empresa. Hace nueve años (2013) el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también registró un derrame en la playa Cavero, debido a un agujero en la tubería submarina usada para la operación de La Pampilla. 

De acuerdo a la versión preliminar de la misma empresa, el derrame del 2013 fue de menos de un barril de petróleo. Pero luego, en el documento final, se indicó que el volumen vertido fue de siete barriles. Sin embargo, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) terminó estimando que lo derramado había sido mucho más: 195 barriles. OEFA los sancionó inicialmente con 15,40 UIT (S/ 58.000) pero, debido a la vigencia de la Ley 30230 que exoneró de multas a las empresas de industrias extractivas, no recibió sanción económica alguna.

Por ello, el actual desastre ambiental evidencia, según especialistas y exfuncionarios entrevistados, los vacíos y tareas pendientes en el país respecto a la supervisión y fiscalización ambiental en el rubro hidrocarburos, liderado por la empresa estatal PetroPerú y Repsol, a través de Refinería La Pampilla. “Lo que está fallando es el control periódico. Los sistemas [de contingencia y emergencia] están respondiendo a lo que el documento aprobado describe, pero esa verificación se debe hacer de manera periódica”, resume Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía.  

Este hecho ha transcurrido, además, en medio de una tensa coyuntura política y cambios en el Ejecutivo. La cartera del Ambiente tuvo como nuevo titular a Wilber Supo Quisocala, cuyo perfil ha sido cuestionado por la escasa experiencia en un sector que requiere de medidas urgentes para atender el derrame. 

Luego de la paralización de las actividades en altamar de La Pampilla, y en medio de la crisis política, las investigaciones de OEFA y la fiscalía ambiental de Lima Norte siguen en curso. Pero, ¿qué herramientas ha tenido el Estado en el sector hidrocarburos para garantizar una adecuada fiscalización, prevenir que ocurran más derrames y, darse el caso, remediarlos adecuadamente? 

BARRILES. En las labores de limpieza, los trabajadores colocan los restos de crudo en contenedores que luego son recogidos por camiones que llegan a la playa.  

RECOLECCIÓN. En las orillas de las playas de Ventanilla y Ancón se han instalado sistemas improvisados para colocar el petróleo que se extrae del mar. 

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro.

 

Supervisión débil y normas relegadas

En los días posteriores al derrame, Repsol insistió que, de acuerdo a sus protocolos, aplicó su plan de contingencia donde consideró la activación de su sistema ‘Heads’ —desarrollado por la misma compañía y calificado como “pionero” en su rubro— para la detección temprana de fugas de petróleo. Luego de que se conociera el desastre, el OEFA sustentó el pedido de paralización de La Pampilla en que el método de la empresa para la alerta de filtración de hidrocarburos “no estaría funcionando adecuadamente”.

El origen de este documento se remonta a agosto del 2016, fecha en la que la entonces directora de certificación ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Milagros Del Pilar Verástegui Salazar, aprobó el informe técnico sustentatorio de este sistema. Desde diciembre del 2020, Verástegui Salazar se desempeña como directora de Calidad Ambiental en el Ministerio del Ambiente. 

En el expediente ambiental presentado por Repsol, como parte del estudio de su sistema ‘Heads’, se menciona que para el caso de los terminales 1 y 2 de La Pampilla se contaba con un plan de contingencia, aprobado en noviembre del 2015. Precisamente, en el terminal 2 ocurrió el derrame del pasado 15 de enero y una de las primeras medidas ordenadas por el OEFA fue actualizar este documento presentado por la empresa hace casi siete años. 

En el sistema en línea de Senace no hay mención a otro plan de contingencia referente al terminal 2 y el área de prensa de esta institución confirmó que el portal registraba los documentos actualizados a la fecha. 

Pese a las alertas y los eventos climáticos que se presentan en altamar, el Estado no ha podido garantizar una participación activa en la supervisión constante del sector hidrocarburos. El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, considera que en la actualidad se encuentra vigente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero todavía no tiene una reglamentación aprobada para, entre otros puntos, especificar los periodos de actualización en planes de contingencia o emergencia. 

“Hay una obligación de presentar un plan para situaciones de riesgo, pero falta precisar cuándo es que se actualiza. Además, existe una necesidad de que las multas tengan un resarcimiento a terceros afectados. Es otro tema importante”, explica Gamio.

RUTINA. Cada 40 minutos, los trabajadores contratados tienen un descanso de 15 minutos para rehidratarse y retomar la limpieza del mar. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

 

La falta de celeridad en la limpieza del petróleo también impide que continúen las actividades de las instituciones reguladoras. Ese es el caso del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que, de acuerdo a sus competencias, tiene un papel técnico en el funcionamiento del sector hidrocarburos. Cuando ocurrió el derrame anunció el envío de muestras de válvulas y tuberías a un laboratorio especializado para determinar las causas del desastre ecológico.

Sin embargo, Osinergmin señaló a este medio que la empresa primero debía limpiar todo el petróleo alojado dentro de las tuberías que impiden retirar una estructura submarina, denominada PLEM, para la posterior toma de muestra y envío del análisis anunciado. 

Respecto al plazo anunciado por la empresa para la culminación de la limpieza, el exdirector del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) de la Universidad Nacional de Ingeniería, Miguel Estrada Mendoza, indica que es un período “razonable”, pero Repsol debería presentar qué “técnica va a utilizar y frentes de trabajo a intervenir en el tiempo prometido”. Estrada Mendoza también señaló que en estos casos el tiempo es fundamental porque el retiro de hidrocarburo se torna complejo cuando se expande en el ecosistema marino. 

En este contexto de remediación por parte de la empresa, que ha alertado un eventual desabastecimiento por la paralización de sus actividades, también se abre el debate sobre los cambios pendientes en la renovación de la matriz energética del país. En la actualidad, el consumo de las fuentes de energías en el Perú —para todos sus sectores y todos sus usos— depende en un 45,7% del petróleo, un combustible fósil como el gas natural que contribuyen en el incremento del calentamiento global. 

CRUDO. En Ancón y Ventanilla, la limpieza también incluye el retiro de petróleo impregnado en rocas de las orillas de las playas. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro.

 

Frente a la actual crisis climática, varios países han empezado a reemplazar o limitar el uso de combustibles fósiles por energías limpias como el sol, agua o aire, sin embargo, apenas el 5,9% del total de la matriz energética del país está compuesta por estas fuentes renovables no convencionales.  

Paloma Sarria, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), señala que el Estado tiene en carpeta actualizar los términos de licitaciones convocadas por distribuidoras de electricidad para que se incluya a las centrales eólicas y solares. “Básicamente es que se les permita competir en el mercado”, indica y agrega que también es necesario que los diferentes sectores inicien un proceso participativo de planificación energética.  

“Tenemos que movernos a una producción limpia, uno tiene que empezar la movilidad eléctrica. Un proceso de planificación te permite apuntar cómo debe ser la política para los próximos 30 años tomando en cuenta todos los sectores, eso no se ha hecho y es algo que se debe hacer”, sostiene Sarria. 

Comunicación cruzada

Dos semanas después de que ocurriera el derrame de La Pampilla, como parte de sus actividades fiscalizadoras, el OEFA ordenó la paralización de carga y descarga de hidrocarburos en todos los terminales que tenía a su cargo la empresa. La medida, sin embargo, a casi una semana de haberse adoptado, encendió las alertas por un posible desabastecimiento del combustible que distribuye la empresa en el país: el 40% de todo el mercado nacional.  

La empresa, cuando se le notificó la decisión de OEFA, anunció que “realizará los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento”. Sin embargo, en diciembre del 2020, una resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó como barrera burocrática la obligatoriedad de contar con reservas de crudo por 15 días. Hoy, esta medida a favor de Refinería La Pampilla abre la posibilidad para que la compañía no tenga la exigencia de tener crudo por el periodo que dicta la norma. 

La Pampilla, según la propia Repsol, tiene una capacidad de producción de 117.000 barriles al día, es decir, el 45% de la demanda nacional de combustibles. Y, además, es la única refinería de crudo del centro y sur del Perú. Las cifras muestran la importancia de las operaciones en el país y las repercusiones en una prolongada paralización de sus actividades. Entre 2017 y 2021, la empresa también ha tenido exportaciones por más de USD 3.4000 millones, principalmente con destino a Estados Unidos y Panamá.

La gestión del exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, advirtió a su par del Ambiente sobre la posible afectación a varios sectores y el riesgo de “la estabilidad económica” por la decisión adoptada contra la refinería tras el derrame. Esta comunicación interna del Minem, expuesta por diferentes medios, evidenció una falta de coordinación entre los sectores involucrados de la medida administrativa. 

Durante su presentación ante la comisión de Energía y Minas del Congreso del último 2 de febrero, el viceministro de Hidrocarburos, Jorge Chávez Cresta, admitió que, de darse un eventual desabastecimiento, se podría comprar derivados del petróleo a Colombia o Ecuador para respaldar las reservas de Petroperú.

INCERTIDUMBRE. Más de 800 pescadores y otros 400 trabajadores de altamar todavía no tienen fecha de retorno a sus actividades.
 

PUERTO. En el muelle de Ancón, ante la falta de pescadores artesanales, algunas familias están generando ingresos a partir de la reventa de pescados.  

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro. 

 

El docente de Pacífico Business School y especialista en cadena de suministros en hidrocarburos, Manuel Carpio-Rivero, indica que existe un riesgo de desabastecimiento y de acabarse las reservas que tiene en sus inventarios la empresa puede presentar “ciertos problemas” debido a que los operadores, grifos que usan el diésel de Repsol, tendrían que importar crudo y este proceso “no se resuelve en una o dos semanas. No es tan rápido en términos logísticos”. 

Carpio-Rivero también recordó que el impacto del eventual desabastecimiento de La Pampilla recaería en el sector industrial, como el minero, que emplea el combustible de Repsol para sus operaciones en los principales proyectos del país.  

El OEFA señaló a este medio que la empresa todavía tenía pendiente la entrega de un informe técnico sobre las instalaciones de las multiboyas para su revisión y posterior reinicio de actividades en La Pampilla, refinería que cuenta con la mayor capacidad entre las seis operativas del país y abastece al 40% del mercado interno de combustibles. En una eventual multa por el desastre ambiental, la empresa tendría que pagar USD 35 millones. Esta cifra, como informó OjoPúblico en un informe anterior, representa apenas el 1,8% del total de ventas que obtuvo en 2020, uno de sus peores años.

Expertos consultados coincidieron en que el mandato de paralización de las actividades se tomó de forma apresurada, sin evaluar todos los aspectos técnicos y consecuencias que puede tener una medida de este tipo. El expresidente de PetroPerú, Humberto Campodónico, considera que al haberse afectado una boya podría haber seguido el desembarco de crudo en otra, sin la necesidad de paralizar toda la refinería.  

ACUMULACIÓN. Los restos de crudo también son almacenados en bolsas para su posterior traslado en camiones que esperan en la entrada de las playas. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro. 

 

“[La paralización] es una cosa hecha a la desesperada y con buena voluntad, pero no sirve. No lo han coordinado porque el Ministerio de Energía y Minas habría dicho ‘hay que tener cuidado’. ¿Qué se va a hacer con las colas en las calles porque no hay gasolina en los grifos?”, comenta Campodónico. 

Por su parte, la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, considera que la actual coyuntura política refleja falta de “coordinación y liderazgo” frente a un desastre ambiental de este tipo, sumado al perfil de las recientes designaciones en sectores clave como el Minam. “En el gobierno se están tomando decisiones sobre las que no puedo dudar de su buena voluntad, pero en capacidades, conocimiento y experiencia pareciera que no cuentan con ello”, explicó. 

Compromiso pendiente

La Refinería La Pampilla ha reiterado su promesa de mitigar el daño provocado por el derrame. Sin embargo, desde el inicio ha cambiado su discurso, primero, respecto a la magnitud del impacto y también sobre la fecha en que terminarán los trabajos de limpieza en la costa peruana donde cientos de jóvenes, contratados por empresas tercerizadas de Repsol, reciben entre 50 a 60 soles por jornada. 

En los últimos días, el desastre también llamó la atención del gobierno español, territorio donde opera la matriz de Repsol. Entre el 3 y 4 de febrero, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, realizó diversas actividades con el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Luis Enrique Chávez, y se ofreció a brindar una cooperación técnica para atender el daño ambiental. En declaraciones a la prensa, el representante de España señaló que existía “voluntad” para superar “las posibles deficiencias de los primeros momentos”. 

En medio de la responsabilidad corporativa y anuncios de remediación del desastre ambiental, Repsol registra proyectos que buscan ampliar la capacidad de producción de combustible. En octubre del año pasado, la firma comunicó la inversión de USD 30 millones para “ampliar y mejorar su capacidad de producción de gasolinas” que sean “más amigables con el medioambiente”, una promesa que suena contradictoria para los más de 800 pescadores artesanales y otros 400 trabajadores de altamar que han detenido sus actividades por el derrame. 

Los daños, registrados en playas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, también han alcanzado a más de 150 especies de fauna silvestre marina, principalmente aves como piqueros o pingüinos que, por el momento, se han quedado privados de su hábitat natural y sin fecha de retorno asegurada.